La Dirección de Control de Convencionalidad Jurídica constituye una instancia técnica especializada orientada a incidir en los procesos de armonización del ordenamiento jurídico interno, mediante la promoción de los estándares internacionales de derechos humanos, a fin de coadyuvar al fortalecimiento institucional del Estado y a la garantía efectiva de los derechos fundamentales. En ese marco, desarrolla funciones de asesoría técnica especializada y elaboración de análisis jurídicos en materia de control de convencionalidad, encaminados a verificar la compatibilidad de la actuación estatal con las obligaciones internacionales asumidas por el Estado.