DCCJ

Resumen del Caso

LOS PETICIONARIOS DENUNCIAN UNA SERIE DE ACTOS DE NEGLIGENCIA OCURRIDOS EN EL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA EN PERJUICIO DEL NIÑO FÉLIX AMADO CRUZ CABRERA (EN ADELANTE LA “PRESUNTA VÍCTIMA” O EL “NIÑO”) Y DE SU MADRE, ALBA GLORIA CABRERA GARCÍA (EN ADELANTE LA “SRA. CABRERA”). ALEGAN QUE TANTO LA PRESUNTA VÍCTIMA, COMO LA SRA. CABRERA FUERON VÍCTIMAS DE LA FALTA DE PROTECCIÓN JUDICIAL EFECTIVA FRENTE A LA MALA PRAXIS DEL SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, DEBIDO A LA FALTA DE INVESTIGACIÓN EFECTIVA DE LAS DENUNCIAS EFECTUADAS POR LA SRA. CABRERA, AUNADO A LA NEGATIVA DEL ESTADO PARA QUE EL NIÑO TUVIERA ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS DESPUÉS DE DETERMINADA EDAD. SOSTIENEN QUE AL NIÑO NO SE LE HABRÍAN PROPORCIONADO LAS ATENCIONES MÉDICAS NECESARIAS POSTERIORES A SU NACIMIENTO, LO CUAL LE HABRÍA PROVOCADO UNA DISCAPACIDAD FÍSICA Y MENTAL PERMANENTE, AUNADO A UNA SERIE DE ENFERMEDADES CRÓNICAS QUE LE HABRÍAN PROVOCADO LA MUERTE A LOS DIECIOCHO AÑOS. ASIMISMO, INDICAN QUE EL ESTADO LE NEGÓ AL NIÑO EL ACCESO A LOS SERVICIOS MÉDICOS DESPUÉS DE LOS DIECISÉIS AÑOS, Y QUE LA SRA. CABRERA NO RECIBIÓ LAS ATENCIONES MÉDICAS DILIGENTES POSTERIORES A UNA CIRUGÍA EFECTUADA POR EL MISMO SISTEMA DE SALUD PÚBLICA, LO CUAL LE HABRÍA PROVOCADO GRAVES PROBLEMAS DE SALUD. NARRAN LOS PETICIONARIOS, A MANERA DE CONTEXTO, QUE LA SRA. CABRERA GOZABA DE LOS SERVICIOS DE SALUD BRINDADOS POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (EN ADELANTE EL “IHSS”) POR SER EMPLEADA DEL SISTEMA EDUCATIVO OFICIAL DEL ESTADO. A LAS DIECISÉIS SEMANAS DE EMBARAZO LOS MÉDICOS DEL IHSS DETECTARON UN CUADRO DE INCOMPATIBILIDAD SANGUÍNEA EN LOS PADRES DEL NIÑO. LA SRA. CABRERA RECIBIÓ ATENCIONES MÉDICAS DURANTE SU EMBARAZO Y LUEGO DEL PARTO, NACIENDO SU HIJO EL 9 DE DICIEMBRE DE 1995; CUATRO DÍAS LUEGO DE SU NACIMIENTO, EL NIÑO FUE HOSPITALIZADO Y DIAGNOSTICADO CON HIPERBILIRRUBINEMIA. SOSTIENEN LOS PETICIONARIOS QUE A CONSECUENCIA DE LA MALA PRAXIS DEL PERSONAL MÉDICO DEL IHSS, SE AGRAVÓ LA HIPERBILIRRUBINEMIA, CAYENDO EN ESTADO DE COMA POR CUATRO DÍAS, LO QUE LE DESENCADENÓ PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL Y CUADROS DE EPILEPSIA GRAVE. MANIFIESTAN QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA VIVIÓ CON UNA DISCAPACIDAD PERMANENTE, TENIENDO QUE RECIBIR TRATAMIENTO MÉDICO ESPECIALIZADO DE POR VIDA. LOS PETICIONARIOS EXPONEN QUE LA SRA. CABRERA REALIZÓ UNA SERIE DE ACTUACIONES A CAUSA DEL CESE DE LOS SERVICIOS MÉDICOS, DEBIDO A QUE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL LIMITA EL GOCE DE LAS ATENCIONES MÉDICAS EN FAVOR DE LOS HIJOS DE LOS ASEGURADOS HASTA LOS ONCE AÑOS; ASÍ COMO DENUNCIAS EN CONTRA DE LAS ALEGADAS MALAS PRAXIS MÉDICAS EN SU PERJUICIO Y DEL NIÑO: (I) EN DIVERSAS OCASIONES SOLICITÓ AL IHSS PRÓRROGAS AL LÍMITE DE EDAD ESTABLECIDO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ANTE LA NEGATIVA DE DICHAS SOLICITUDES INICIÓ UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO; (II) INTERPUSO UNA DENUNCIA EN CONTRA DE LOS MÉDICOS TRATANTES DE LA PRESUNTA VÍCTIMA POR LOS DELITOS DE LESIONES CULPOSAS POR MALA PRAXIS Y, LUEGO DEL POSTERIOR FALLECIMIENTO DEL NIÑO, POR HOMICIDIO CULPOSO; E (III) INTERPUSO UNA DENUNCIA POR MALA PRAXIS EN CONTRA DE LOS MÉDICOS QUE REALIZARON EL CUIDADO Y TRATAMIENTO POST OPERATORIO EN SU MENOSCABO.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 8, 19, 25 Y 26 DE LA CADH, EN RELACIÓN CON SUS ARTÍCULOS 1.1 Y 2;

Análisis del Caso

LA PETICIONARIA MANIFIESTA QUE AL DAR A LA LUZ A SU HIJO ESTOS SUFRIERON LAS CONSECUENCIAS DE UNA MALA PRÁXIS Y SU EXLUSIÓN DE LA ATENCIÓN POR PARTE DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.641892+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.641896+00:00

Resumen del Caso

NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA Y ELVIN RUBÉN GÓMEZ (EN ADELANTE “LOS PETICIONARIOS”) DENUNCIAN PRESUNTAS VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS ALEGANDO QUE FORMABAN PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA DE UN SINDICATO QUE REPRESENTABA A TRABAJADORES DE UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA, Y QUE LA INSTITUCIÓN EMPLEADORA INTERFIRIÓ ILÍCITAMENTE CON LAS FUNCIONES DEL SINDICATO INTENTADO TOMAR CONTROL DE ESTE MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE UNA JUNTA DIRECTIVA “PARALELA”. EN ADICIÓN, DENUNCIAN QUE FUERON VÍCTIMAS DE PERSECUCIÓN LABORAL POR SU LABOR SINDICAL Y POR SU LEGÍTIMO EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE ASOCIACIÓN, REUNIÓN Y LIBERTAD DE EXPRESIÓN SIENDO FINALMENTE DESTITUIDOS SIN LA AUTORIZACIÓN JUDICIAL REQUERIDA POR EL FUERO SINDICAL QUE LES AMPARABA. LOS PETICIONARIOS RELATAN QUE EL 15 DE DICIEMBRE DE 2007 SE CELEBRÓ UNA ASAMBLEA ORDINARIA PARA ELEGIR UNA NUEVA JUNTA DIRECTIVA CENTRAL PARA EL SINDICATO DE TRABAJADORES DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS (SITRABANTRAL) PARA EL PERIODO 2008-2009. EXPLICA QUE EN ESTA ASAMBLEA FUE REELECTA CASI EN SU TOTALIDAD LA JUNTA DIRECTIVA EXISTENTE EN ESE MOMENTO, SIENDO EL PETICIONARIO ELVIN RUBÉN GÓMEZ REELECTO EN EL CARGO DE PRESIDENTE DEL SINDICATO Y EL PETICIONARIO NELSON ANTONIO ZAVALA ZAVALA EN EL DE PRESIDENTE DE LA JUNTA DE DELEGADOS. ALEGAN QUE UNA MINORÍA DE INTEGRANTES DEL SINDICATO QUE SE ENCONTRABAN INCONFORMES CON EL RESULTADO DE LA ASAMBLEA ACTUARON EN CONTUBERNIO CON LAS AUTORIDADES DEL BANCO CENTRAL PARA CONVOCAR UNA NUEVA ASAMBLEA PARA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007 EN LA QUE ELIGIERON UNA JUNTA DIRECTIVA “PARALELA” CONFORMADA POR PERSONAS AFINES LOS INTERESES DE LA INSTITUCIÓN EMPLEADORA, ALGUNA DE LAS CUALES NI SIQUIERA FORMABAN PARTE DEL SINDICATO. SOSTIENEN QUE ESTA ASAMBLEA FUE ILEGAL Y CONTRARIA A LOS ESTATUTOS DEL SINDICATO Y DESTACAN QUE EL BANCO CENTRAL PRESTÓ SUS INSTALACIONES PARA LA ASAMBLEA ILÍCITA MIENTRAS QUE LA PRÁCTICA DEL SINDICATO ERA REALIZAR SUS ASAMBLEAS EN LUGARES FUERA DE LA INSTITUCIÓN. ANTE ESTO SE PRESENTÓ UNA ACCIÓN PENAL CONTRA LOS PETICIONARIO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LO QUE LLEVÓ A QUE ESTOS FUERON PRIVADAS DE LIBERTAD, PERO FUERON OBJETO DE PERSECUSIÓN DENTRO DEL SINDICATO HASTA CULMINAR CON SU CESE DEL TRABAJO.

Derechos

ARTÍCULOS 8, 13, 15, 16, 25 Y 26 DE LA CADH EN RELACIÓN CON SU ARTÍCULO 1.1 Y 2 Y EL ARTÍCULO 8.1. DEL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR.

Análisis del Caso

LOS PETICIONARIOS CONSIDERAN QUE SE LES HA VIOLENTADO SUS DERECHOS A RAÍZ DE SU NOMBRAMIENTO COMO MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL SINDICATO DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS. COMO CONSECUENCIA DIRECTA DEL MISMO FUERON DETENIDOS JUDICIALMENTE Y FUERON CESADOS DE SUS PUESTOS DE TRABAJO.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.643611+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.643615+00:00

Resumen del Caso

IRIS JANETH TEJEDA VARELA (EN ADELANTE “LA PETICIONARIA”) SEÑALA QUE DESDE 2005 ELLA Y SU HIJA HAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FÍSICA, PSICOLÓGICA Y ECONÓMICA, ACOSO, AGRESIÓN, PERSECUCIÓN, DETENCIONES E INDEBIDOS PROCESOS PENALES POR PARTE DE AUTORIDADES POLICIALES, JUECES Y AGENTES FISCALES. INDICA QUE ESTOS ABUSOS HAN SIDO GUIADOS POR FALSAS DENUNCIAS DE SU EXPAREJA Y LA COMPAÑERA DE ÉSTE, EN REPRESALIA POR DENUNCIAS PREVIAS DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E INTRAFAMILIAR. LA PETICIONARIA ADUCE QUE SOSTUVO UNA RELACIÓN DE MÁS 16 AÑOS CON SU EX PAREJA, QUE FINALIZÓ DEBIDO A QUE ÉSTE TENÍA UN COMPORTAMIENTO AGRESIVO HACIA ELLA, SU HIJA Y SU MADRE, Y QUE POSTERIORMENTE LO DENUNCIÓ POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. SOSTIENE QUE POSTERIORMENTE SU EX PAREJA INICIÓ UNA RELACIÓN CON OTRA PERSONA Y QUE DESDE ENTONCES AMBOS SE HAN DEDICADO HOSTIGARLAS DE DIVERSAS FORMAS CON APOYO DE LAS AUTORIDADES. EN EL CONTEXTO ANTERIOR, LA PETICIONARIA ADUCE QUE FUE DENUNCIADA FALSAMENTE, DETENIDA, CONDENADA EN PRIMERA INSTANCIA Y FINALMENTE ABSUELTA. INDICA QUE LAS REFERIDAS FALSAS ACUSACIONES SE BASARON EN DOS TIPOS DE DELITOS: EN PRIMER LUGAR, EL DELITO DE “AMENAZAS Y DAÑOS” EN PERJUICIO DE LA NUEVA PAREJA; Y EL SEGUNDO POR EXTORSIÓN EN GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA. CON RESPECTO A LA DENUNCIA POR AMENAZAS Y DAÑOS EN PERJUICIO DE LA NUEVA PAREJA, LA PETICIONARIA FUE ABSUELTA POR LA SALA PRIMERA DEL TRIBUNAL DE SENTENCIA DE TEGUCIGALPA EN EL AÑO 2008. INDICA QUE, CON POSTERIORIDAD, LA NUEVA PAREJA PRESENTÓ UNA SEGUNDA DENUNCIA CONTRA LA PETICIONARIA POR EXTORSIÓN EN GRADO DE EJECUCIÓN DE TENTATIVA Y QUE, COMO CONSECUENCIA DE LA MISMA, EL 4 DE MARZO DE 2010 SU MORADA FUE ALLANADA EN FORMA VIOLENTA Y SIN ORDEN JUDICIAL, CON EL OBJETO DE DETENERLA, POR 16 AGENTES POLICIALES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DNIC). LA PETICIONARIA DENUNCIA QUE ELLA Y SU HIJA FUERON FÍSICA Y VERBALMENTE AGREDIDAS POR LOS AGENTES POLICIALES DURANTE EL ALLANAMIENTO. PRECISA QUE EN HORAS DE LA MAÑANA DE ESE DÍA ESCUCHARON RUIDOS EN LOS PORTONES DE LA CASA Y EN LA TERRAZA, Y QUE SE DIERON CUENTA QUE HOMBRES UNIFORMADOS, ENCAPUCHADOS Y FUERTEMENTE ARMADOS GOLPEABAN LA PUERTA DE LA CASA PARA DERRIBARLA, MIENTRAS QUE OTROS ENTRARON A LA CASA POR LA TERRAZA. LA PETICIONARIA SOSTIENE QUE ELLA Y SU HIJA SE ENCERRARON BAJO LLAVE EN SU HABITACIÓN, Y QUE LLAMARON POR TELÉFONO A SU ABOGADA Y A SU CUÑADO PARA INFORMARLES LO QUE ESTABA SUCEDIENDO Y PEDIRLES AUXILIO. ADUCE QUE LOS AGENTES ROMPIERON LA PUERTA, Y QUE DOS DE ELLOS ENTRARON PARA CAPTURARLA; QUE LA ARRASTRARON POR LAS GRADAS Y QUEBRARON OBJETOS DE VIDRIO QUE LE CAUSARON HERIDAS EN LOS PIES; Y QUE LA ARROJARON A LA PARTE TRASERA DE UN VEHÍCULO DOBLE CABINA, SIN PLACA, NI IDENTIFICACIÓN. LA PETICIONARIA ALEGA QUE LOS AGENTES POLICIALES LE INSULTARON Y ARROJARON BASURA SOBRE SU ROSTRO Y CUERPO MIENTRAS LE DECÍAN “LA BASURA CON BASURA, YA HAY UN DELINCUENTE MENOS EN LAS CALLES”.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 7, 8 Y 25 DE LA CADH EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1

Análisis del Caso

EL CASO EN RELACIÓN SURGE DEL DAÑO PROVOCADO POR LA EX PAREJA DE LA PETICIONARIO SURGIDO DE DOS DENUNCIAS PENALES QUE PROVOCARON SU DETENCIÓN JUDICIAL PARA POSTERIORMENTE SER LIBERADO.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.645604+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.645608+00:00

Resumen del Caso

LA PARTE PETICIONARIA DENUNCIA VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE VEINTISÉIS PERSONAS QUE TRABAJABAN EN LAS PLANTAS DE PRODUCCIÓN TEXTIL CONOCIDAS COMO “MAQUILAS”. ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO POR HABER SIDO OMISO EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA SALUD DE ESTAS PERSONAS. ENTRE OTRAS RAZONES, POR LA FALTA DE MEDIDAS EFECTIVAS PARA REGULAR Y MONITOREAR ADECUADAMENTE ESTA ACTIVIDAD ECONÓMICA, DE FORMA TAL QUE SE ASEGURARAN CONDICIONES DE TRABAJO ADECUADAS PARA ESTAS PERSONAS, SOBRE TODO PARA EVITAR AFECTACIONES A SU SALUD.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 8, 24, 25 Y 26 DE LA CADH, EN RELACIÓN CON SUS ARTÍCULOS 1.1 Y 2

Análisis del Caso

LAS PETICIONARIAS PRESENTAN LA DENUNCIA POR CONSIDERAR QUE POR NO REALIZARSE SU REUBICACIÓN LABORAL ESTAS HAN EMPEORADO SU ESTADO DE SALUD.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.647191+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.647194+00:00

Resumen del Caso

LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EL ESTADO HONDUREÑO HA VULNERADO LOS DERECHOS DEL SEÑOR OSCAR DANILO SANTOS GALEAS A LA LIBERTAD PERSONAL, IGUALDAD ANTE LA LEY, GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL, EN EL MARCO DE UN PROCESO PENAL QUE SE HABRÍA PROLONGADO EXCESIVAMENTE; Y EN EL QUE HABRÍA SIDO SOMETIDO A DETENCIÓN PREVENTIVA Y A OTRAS MEDIDAS CAUTELARES EN CONTRAVENCIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Derechos

ARTÍCULOS 7, 8 Y 25 DE LA CADH EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1

Análisis del Caso

EL PETICIONARIO MANIFIESTA QUE SE LE CONDENÓ EN UN PROCESO PENAL QUE SE DILATÓ UNA GRAN CANTIDAD DE TIEMPO VIOLENTANDO DE ESTA MANERA SUS DERECHOS CONVENCIONALES.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.648416+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.648419+00:00

Resumen del Caso

LA PRESENTE PETICIÓN DENUNCIA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS A RAÍZ DEL DESCONOCIMIENTO POR PARTE DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (EN ADELANTE, “INA”) DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE TRAVESÍA EN EL MARCO DEL TÍTULO DEFINITIVO DE PROPIEDAD OTORGADO A LA MISMA COMUNIDAD EN 1997, DEL DESCONOCIMIENTO DEL BARRIO EL ESFUERZO COMO PARTE DEL TERRITORIO ANCESTRAL GARÍFUNA Y DE LA CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE ÓXIDO EN SU TERRITORIO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PUERTO CORTÉS, EN VIOLACIÓN DE SU DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA Y A LA CONSULTA PREVIA.

Derechos

ARTÍCULOS 8, 21, 22 Y 25 DE LA CADH, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2

Análisis del Caso

LA PRESUNTA DENUNCIA ES PRESENTADA POR EL DESCONOCIMIENTO DEL ESTADO DE HONDURAS DE LAS TIERRAS QUE ANCESTRALMENTE HAN PERTENECIDO A DICHA COMUNIDAD GARÍFUNA.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.649516+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.649519+00:00

Resumen del Caso

LA PRESUNTA VÍCTIMA, ABOGADA DE PROFESIÓN, COMPARECIÓ EL 3 DE AGOSTO DEL 2002, A UNA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DONDE, SE DECIDIÓ SUSTITUIR LA JUNTA DIRECTIVA Y EXPULSAR LOS 15 MAGISTRADOS QUE INTEGRABAN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. TRAS DICHA ASAMBLEA, LA JUNTA DIRECTIVA SUSPENDIDA SOLICITÓ, ANTE EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, LA NULIDAD DE LA NUEVA JUNTA DIRECTIVA, ELECTA PROVISIONALMENTE, Y DEL NUEVO TRIBUNAL DE HONOR DEL COLEGIO DE ABOGADOS, Y PRESENTÓ EN EL MINISTERIO PÚBLICO UNA DENUNCIA EN CONTRA DE LOS NUEVOS MIEMBROS, DENTRO DE LOS CUALES SE ENCONTRABA LA PRESUNTA VÍCTIMA, AUNQUE ELLA ADUCE NUNCA HABER ACEPTADO SU NOMBRAMIENTO. EL MINISTERIO PÚBLICO PRESENTÓ UN REQUERIMIENTO FISCAL POR DELITO COMETIDO CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, EN PERJUICIO DE LA SEGURIDAD INTERIOR DEL ESTADO Y POR DELITO DE DESACATO, EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CONTRA LOS NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS Y EL TRIBUNAL DE HONOR. LA PRESUNTA VÍCTIMA INDICA QUE EL 14 DE AGOSTO DE 2002, FUE CITADA PARA DECLARAR ANTE EL JUZGADO UNIFICADO DE LO PENAL DEL DEPARTAMENTO FRANCISCO MORAZÁN SOBRE LO QUE HABRÍA SUCEDIDO EN LA ASAMBLEA. ALEGA QUE SÓLO UNA VEZ ANTE EL TRIBUNAL FUE DECLARADA IMPUTADA, MIENTRAS PENSABA HABER SIDO CONVOCADA COMO TESTIGO. LA PRESUNTA VÍCTIMA FUE ENTONCES TRASLADADA A LA SEDE DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN, DONDE PERMANECIÓ PRIVADA DE LIBERTAD SEIS DÍAS. EN AUDIENCIA DEL 20 DE AGOSTO, EL TRIBUNAL CONCLUYÓ QUE EXISTÍA PLENA PRUEBA DE LA COMISIÓN DE LOS DELITOS POR LOS CUALES EL MINISTERIO PÚBLICO HABÍA PRESENTADO ACUSACIONES ASÍ COMO INDICIOS PARA CONCEPTUAR A LA PRESUNTA VÍCTIMA COMO PARTÍCIPE DE TALES HECHOS A TÍTULO DE AUTORA. ENTONCES SE PRESCRIBIÓ LA PUESTA EN LIBERTAD DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, ORDENANDO MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS AL AUTO DE PRISIÓN, MEDIANTE LAS CUALES SE LE PROHIBÍA LA SALIDA DEL PAÍS SIN AUTORIZACIÓN DEL TRIBUNAL Y SE LE REQUERÍA PRESENTARSE UNA VEZ AL MES ANTE EL TRIBUNAL. INDICA LA PRESUNTA VÍCTIMA QUE EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2002, EL ESTADO DECRETÓ SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO EN LAS CAUSAS DE LOS DEMÁS 16 ABOGADOS PROCESADOS POR LOS MISMOS DELITOS, PERO QUE A SU PERSONA SE LE PROSIGUIÓ EL JUICIO Y FUE HASTA EL 4 DE MAYO DE 2006 CUANDO SE LE OTORGÓ POR FIN CARTA DE LIBERTAD DEFINITIVA EN VIRTUD DE HABÉRSELE DECRETADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 7, 8, 11 Y 25 DE LA CADH, EN CONCORDANCIA CON SUS ARTÍCULO 1.1 Y 2

Análisis del Caso

LA PRESUNTA VÍCTIMA FUE INVESTIGADA POR UN PROCESO EN DONDE SE LE ACUSÓ DE INTENTAR DESTITUIR ILEGALMENTE A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE HONDURAS Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PARA POSTERIORMENTE SER ABSUELTA POR EL ESTADO DE HONDURAS.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.650704+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.650707+00:00

Resumen del Caso

2. LA DENUNCIA ALEGA QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE POR VIOLAR EL DERECHO A LA VIDA, LAS GARANTÍAS Y TUTELA JUDICIALES DEL SEÑOR CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ, ASÍ COMO TAMBIÉN EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE SUS FAMILIARES, TODO EN CONJUNCIÓN CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN. LOS PETICIONAROS ALEGAN QUE EXISTE UN PATRÓN DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES EN HONDURAS, QUE LAS AUTORIDADES NO HAN LLEVADO A CABO UNA INVESTIGACIÓN EFECTIVA DEL ASESINATO DEL SR. CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ, OCURRIDO EL 18 DE MAYO DE 1998, Y QUE, ADEMÁS, LOS RECURSOS INTERNOS HAN RESULTADO INEFICACES EN ESTE CASO. EN LO QUE RESPECTA A LA ADMISIBILIDAD DEL ASUNTO, EL ESTADO SEÑALA QUE EN EL PRESENTE CASO NO HAN QUEDADO AGOTADOS LOS RECURSOS PREVISTOS POR LA JURISDICCIÓN INTERNA, Y QUE EN LA INVESTIGACIÓN LA DEMORA SE HA DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN CASO COMPLEJO. 7. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO SE ENMARCAN DENTRO DE UN PATRÓN DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES CONTRA ECOLOGISTAS Y ACTIVISTAS INDÍGENAS, SEGUIDAS DE UNA “ATMÓSFERA DE IMPUNIDAD QUE RODEA CADA UNO DE LOS ASESINATOS”.[1] 8. INDICAN LOS PETICIONARIOS QUE CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ ERA REGIDOR DE LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS, CALIDAD EN LA CUAL IMPLANTÓ POLÍTICAS DE CONTROL SOBRE “COOPERATIVAS FANTASMAS” Y DENUNCIÓ LA TALA ILEGAL DE MADERA. COMO CONSECUENCIA DE ESAS ACTIVIDADES, LA PRESUNTA VÍCTIMA EMPEZÓ A RECIBIR AMENAZAS, YA QUE, CONFORME LO EXPRESÓ LA COMISIÓN PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN CENTROAMÉRICA (CODEHUCA), “SUS INVESTIGACIONES Y ACCIONES LEGALES ESTABAN AFECTANDO LOS INTERESES DE POLÍTICOS Y EMPRESARIOS LOCALES”. EL 18 DE MAYO DE 1998, CERCA DE LAS 10:45 P.M., EL SEÑOR LUNA LÓPEZ FUE HERIDO DE MUERTE POR DISPAROS DE ARMA DE FUEGO AL SALIR DE LA MUNICIPALIDAD DONDE SE LLEVABA A CABO UNA REUNIÓN DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL. MURIÓ MIENTRAS ERA TRASLADADO A UNA CLÍNICA.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5(1), 5(2), 8(1), Y 25(1), EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Análisis del Caso

21. LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN, PRECISAMENTE, SE HAN ESTABLECIDO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA ACCIÓN INTERNACIONAL CUANDO LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA Y EL PROPIO SISTEMA JUDICIAL INTERNO NO SEAN EXPEDITOS Y EFECTIVOS PARA ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS.[7] DEL MISMO MODO, LA REGLA GENERAL QUE REQUIERE EL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS RECONOCE EL DERECHO DEL ESTADO A “RESOLVER EL PROBLEMA SEGÚN SU DERECHO INTERNO ANTES DE VERSE ENFRENTADO A UN PROCESO INTERNACIONAL”[8] ESTA REGLA GENERAL NO SÓLO RECONOCE AL ESTADO EL CITADO DERECHO SINO QUE LE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR A LAS PERSONAS BAJO SU JURISDICCIÓN RECURSOS ADECUADOS PARA PROTEGER LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA Y EFECTIVOS PARA PRODUCIR EL RESULTADO PARA EL QUE FUERON CONCEBIDOS.[9] 22. LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADAS A LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A CIERTOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN, TALES COMO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO (ARTÍCULO 8) Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25). CABE TENER EN CUENTA, SIN EMBARGO, QUE EL ARTÍCULO 46(2), POR SU NATURALEZA Y OBJETO, TIENE CONTENIDO AUTÓNOMO CON RESPECTO A LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN Y DEPENDE DE UN ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DISTINTO DE AQUÉL UTILIZADO PARA DETERMINAR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE ESTE INSTRUMENTO INTERNACIONAL. ELLO HACE QUE LA APLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS PREVISTAS EN LOS LITERALES (A), (B) Y (C) DEL ARTÍCULO 46(2) DEBAN RESOLVERSE COMO UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, COMO LO ESTÁ HACIENDO LA COMISIÓN AL EMITIR EL PRESENTE INFORME.[10] 23. COMO REGLA GENERAL, UNA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE REALIZARSE CON PRONTITUD PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS Y PRESERVAR LA PRUEBA. EN ESTE CASO, SI BIEN UNO DE LOS AUTORES MATERIALES FUE CONDENADO A 20 AÑOS DE PRISIÓN, LOS DEMÁS PRESUNTOS RESPONSABLES AÚN NO HAN SIDO PROCESADOS. ADEMÁS, TRES DE ELLOS (CONTRA LOS QUE SE DICTARON ÓRDENES DE CAPTURA) SE ENCUENTRAN PRÓFUGOS Y EL ESTADO NO HA PRESENTADO EVIDENCIA DE HABER HECHO ESFUERZOS PARA DETERMINAR SU PARADERO. UN CUARTO IMPLICADO, EL SEÑOR JORGE CHÁVEZ, SE ENCUENTRA EN PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO DE LA SEÑORA SILVIA GONZÁLEZ Y NO POR EL DE CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ.[11] LA COMISIÓN ESTIMA QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO SIN QUE SE INVESTIGUE EFECTIVAMENTE, SE PROCESE Y SANCIONE AL RESTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DE RETARDO INJUSTIFICADO Y DE LAS ESCASAS PERSPECTIVAS DE EFECTIVIDAD QUE TIENE ESTE RECURSO CON RESPECTO AL PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE LOS MISMOS.[12] EN EL PRESENTE CASO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LOS RECURSOS INTERNOS NO HAN SIDO AGOTADOS Y QUE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL INICIADO POR EL ASESINATO DEL SR. CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ HA EXCEDIDO EL PLAZO RAZONABLE PARA SU CULMINACIÓN. EL ESTADO NO HA PROPORCIONADO UNA JUSTIFICACIÓN SOBRE EL MOTIVO POR EL CUAL LAS ÓRDENES DE DETENCIÓN EMITIDAS SE HALLEN PENDIENTES DE EJECUCIÓN NI HA INFORMADO LAS MEDIDAS RAZONABLES ADOPTADAS PARA SU CUMPLIMIENTO. TAMPOCO EL ESTADO HA DADO UNA EXPLICACIÓN SOBRE LA SUPUESTA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO.

Decisión

30. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE EL CASO ES ADMISIBLE Y QUE ES COMPETENTE PARA EXAMINAR EL RECLAMO PRESENTADO POR LOS PETICIONARIOS EN RELACIÓN CON LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4, 5(1), 5(2), 8(1), Y 25(1) EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 46(1)(C) Y (D), 46(2)(C) Y 47(B) DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. 31. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1(1), 4, 5(1), 5(2), 8(1), Y 25(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.704352+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.704355+00:00

Resumen del Caso

LA PARTE PETICIONARIA INDICA QUE EL 15 DE AGOSTO DE 2004, LEONELA ZELAYA, QUIEN ERA UNA PERSONA TRANS Y TRABAJADORA COMERCIAL DEL SEXO, FUE VIOLENTAMENTE AGREDIDA POR FUNCIONARIOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA NO. 4 DE COMAYAGÜELA, QUIENES LA GOLPEARON CON “PORRAS Y CULATAS DE PISTOLAS”. ALEGA QUE LUEGO FUE CONDUCIDA A LA ESTACIÓN DE POLICÍA, DONDE SIN RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA, PERMANECIÓ DETENIDA E INCOMUNICADA, SIENDO LIBERADA TARDE ESE MISMO DÍA. INDICA QUE, A RAÍZ DE LA AGRESIÓN, PRESENTÓ HEMATOMAS E HINCHAZÓN EN LAS PIERNAS, ROSTRO Y DORSO. LA PARTE PETICIONARIA DENUNCIA QUE SEMANAS MÁS TARDE, EL 6 DE SEPTIEMBRE DE 2004, LEONELA ZELAYA FUE MORTALMENTE APUÑALADA EN EL PECHO. REFIERE QUE SU CUERPO FUE ENCONTRADO EN UNA AVENIDA PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA Y QUE EL LEVANTAMIENTO DEL CADÁVER SE PRODUJO TARDÍAMENTE EN HORAS DE LA MADRUGADA DEL DÍA SIGUIENTE.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 8, 13, 24 Y 25 DE LA CADH EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO TRATADO; Y EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ

Análisis del Caso

LA PARTE PETICIONARIO MANIFIESTA QUE HUBO UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONVENCIONALES PRODUCTO DE SU CONDICIÓN DE SER PERSONA TRANS MISMO QUE LLEVÓ A SER ASESINADA, SIN QUE SE GARANTIZARA LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LA INVESTIGACIÓN.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.652045+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.652048+00:00

Resumen del Caso

LOS PETICIONARIOS EJERCIERON EL CARGO DE MAGISTRADOS DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE HONDURAS DESDE EL 2009 HASTA EL AÑO 2012 CUANDO FUERON DESTITUIDOS POR EL CONGRESO NACIONAL DE MANERA ARBITRARIA E ILEGAL.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 8, 9, 23, 25 Y 26 DE LA CADH, RELACIONADOS 1.1 Y 2.

Análisis del Caso

EL CONGRESO NACIONAL DE HONDURAS REALIZÓ UNA DESTITUCIÓN ILEGAL QUE ADEMÁS DE VIOLENTAR EL DEBIDO PROCESO EN HONDURAS, ATENTA CONTRA EL ORDEN DEMOCRÁTICO EN DICHO ESTADO.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.654004+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.654007+00:00

Resumen del Caso

EL SEÑOR MARCOS OMAR MADRID REYES ESTABA PARTICIPANDO EN UNA MANIFESTACIÓN PACÍFICA ANTE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS CUANDO FUE DETENIDO POR LA POLICÍA NACIONAL, DONDE FUE OBJETO DE DETENCIÓN ILEGAMENTE Y FUE OBJETO DE GOLPIZAS Y TORTURAS POR LOS MISMOS SUFRIENDO OFICIALES.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 7, 8, Y 25 DE LA CADH, RELACIONADOS 1.1 Y 2

Análisis del Caso

EL OBJETO DE LA PRESENTE DENUNCIA SE BASA EN LAS DISTINTAS VIOLACIONES SUFRIDA POR EL SEÑOR MARCOS MADRID, DESDE LA DETENCIÓN REALIZADA A SU PERSONA, COMO LOS DAÑOS A SU SALUD Y CON UNA POSIBILIDAD DE QUE EL PETICIONARIO FUERON OBJETO DE TORTURAS.

Decisión

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Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.655126+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.655129+00:00

Resumen del Caso

E.J.M. ES UN JOVEN QUE MUERE A LOS 14 AÑOS, EN EL LICEO MILITAR DEL NORTE, CENTRO EDUCATIVO ADSCRITO A LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS, LUEGO DE REALIZAR EJERCICIO CUANDO SU CONDICIÓN DE SALUD, NO LO PERMITÍA. EN EL PRESENTE CASO DEBE DESTACARSE EL HECHO DE QUE NO EL JOVEN NO RECIBIÓ ATENCIÓN MÉDICO E INCLUSO SUFRIÓ CASTIGO CORPORAL POR NO COMPLETAR SU ENTRENAMIENTO.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 8, 19, Y 25 DE LA CADH RELACIONADO CON CON EL 1.1

Análisis del Caso

EL CASO TIENE COMO BASE LA PRESUNTA NEGLIGENCIA POR PARTE DE FUNCIONARIO DEL ESTADO, AL CONSIDERAR QUE POR RAZONES CULPOSAS FALLECIÓ EL JOVEN E.J.M., SIN QUE NINGÚN FUNCIONARIO COLABORARÁ EN SU ATENCIÓN.

Decisión

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Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.656180+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.656183+00:00

Resumen del Caso

JUAN RAMÓN MATTA BALLESTEROS ES UN CIUDADANO HONDUREÑO QUE FUE DETENIDO Y ENTREGADO A UN GOBIERNO EXTRANJERO, SIN QUE SE REALIZARA UN PROCEDIMIENTO LEGAL CON ESTE FIN.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 7, 8, 22 Y 25 DE LA CADH, RELACIONADOS 1.1 Y 2

Análisis del Caso

EN EL PRESENTE CASO SE REALIZÓ UNA ENTREGA AL MARGEN DE LA LEY DE UN CIUDADANO HONDUREÑO A UN GOBIERNO EXTRANJERO, SIN QUE SE REALIZARA UN PROCEDIMIENTO LEGAL AL RESPECTO. ADEMÁS SE INVESTIGA LA INMUNIDAD QUE HAN TENIDO LOS PERPRETADORES AL RESPECTO.

Decisión

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Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.657201+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.657205+00:00

Resumen del Caso

VICKY HERNÁNDEZ, ES UNA MUJER TRANS, QUE FUE ASESINADO LUEGO DE HABER SIDO DETENIDA POR LA POLICÍA NACIONAL PRESUNTAMENTE POR NO HABER RESPETADO EL TOQUE DE QUEDA IMPUESTO LUEGO DEL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS DEL 2009.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 8, 13, 24 Y 25 DE LA CADH, Y 7 DE LA CONVENCIÓN DE BELEM DO PARA

Análisis del Caso

EN EL PRESENTE CASO SE INVESTIGA SOBRE DISTINTAS VIOLACIONES DE VICKY HERNÁNDEZ, DESDE LA PARTICIPACIÓN ESTATAL EN SU PRESUNTO ASESINATO, MISMO QUE SE RELACIONA CON SU CONDICIÓN DE MUJER TRANS, ASÍ COMO DISTINTAS IRREGULARIDADES REALIZADAS EN EL PROCESO INVESTIGATIVO.

Decisión

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Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.658468+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.658471+00:00

Resumen del Caso

EL PERIODISTAS ARÍSTIDES SOTO FUE ASESINADO EN EL AÑO 2001, DURANTE EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN SE DESARROLLARON DISTINTAS IRREGULARIDADES COMO FUE LA EXCLUSIÓN DE LA FAMILIA DENTRO DEL PROCESO.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CADH

Análisis del Caso

EL CASO SE INVESTIGA LAS IRREGULARIDADES DENTRO DEL PROCESO PENAL EN DONDE SE INCLUYE LA FALTA DE PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA.

Decisión

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Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.659096+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.659099+00:00

Resumen del Caso

1. EL 9 DE JUNIO DE 2006 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN”, LA “COMISIÓN INTERAMERICANA” O LA “CIDH”) RECIBIÓ UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (EN ADELANTE “LA PETICIONARIA” U “OFRANEH”), EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES GARÍFUNA DE SAN JUAN Y TORNABÉ, EN LA QUE SE ALEGABA UNA SITUACIÓN DE RIESGO URGENTE DEBIDO A AMENAZAS CONTRA VARIOS LÍDERES DE DICHA COMUNIDAD, ASÍ COMO A LA FALTA DE PROTECCIÓN DE SUS TIERRAS ANCESTRALES. LA CIDH DECIDIÓ ABRIR DE OFICIO LA PETICIÓN DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN Y SUS MIEMBROS (EN ADELANTE, “PRESUNTAS VÍCTIMAS”) SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 DE SU REGLAMENTO, E IDENTIFICARLA CON EL NÚMERO 674-06, CUESTIÓN QUE FUE NOTIFICADA A LA PETICIONARIA Y AL ESTADO MEDIANTE NOTA DEL 7 DE JULIO DE 2006. 2. EN EL MARCO DE LA PETICIÓN 674-06, LA PETICIONARIA ALEGA QUE, A PESAR DE LAS MÚLTIPLES ACCIONES REALIZADAS, EL ESTADO DE HONDURAS NO HA CUMPLIDO CON OTORGAR UN TÍTULO DE DOMINIO PLENO SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS TIERRAS ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN. AFIRMA QUE, POR EL CONTRARIO, ÉSTAS HAN SIDO OBJETO DE MÚLTIPLES INVASIONES DE FORÁNEOS Y VENTA ILEGÍTIMA POR PARTE DE AUTORIDADES PÚBLICAS Y TERCEROS, ASÍ COMO DE PROYECTOS QUE PRETENDEN SER EJECUTADOS SIN CONSULTA ALGUNA A LA COMUNIDAD. ALEGA QUE LOS FUERTES INTERESES DE TERCEROS EN EL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD HAN GENERADO UN CLIMA DE ZOZOBRA Y PERSECUCIÓN CONSTANTE, DIRIGIDA ESPECIALMENTE EN CONTRA DE DIRIGENTES POR SU LUCHA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LA COMUNIDAD. REFIERE QUE, EN ESTE CONTEXTO, EL 26 DE FEBRERO DE 2006 FUERON EJECUTADOS LOS JÓVENES GARÍFUNA GINO ELIGIO LÓPEZ Y EPSON ANDRÉS CASTILLO POR PARTE DE AGENTES DEL EJÉRCITO HONDUREÑO EN LOS ALREDEDORES DE LA LAGUNA NEGRA, SIN UNA RESPUESTA EFICAZ Y DILIGENTE POR PARTE DEL ESTADO. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO HONDUREÑO ALEGA QUE, CON BASE EN UNA SOLICITUD PRESENTADA POR LA COMUNIDAD ANTE EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO, SE OTORGÓ UN TÍTULO DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A SU FAVOR SOBRE EL ÁREA DETERMINADA EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, DECISIÓN QUE NO FUE CUESTIONADA EN EL ÁMBITO INTERNO. SOSTIENE POR TAL MOTIVO QUE NO FUERON AGOTADOS LOS RECURSOS INTERNOS, CONFORME LO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 46.1.A DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 8, 16, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO

Análisis del Caso

45. LA PETICIONARIA ALEGA QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE POR LA FALTA DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN; ASÍ COMO POR LA REALIZACIÓN DE ACTOS QUE AFECTARON SU PROPIEDAD Y POSESIÓN, A TRAVÉS DE VENTAS A PARTICULARES, CONCESIÓN DE PROYECTOS Y EL ESTABLECIMIENTO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. IGUALMENTE, SOSTIENE QUE PARTICULARES CON INTERESES EN EL TERRITORIO HABRÍAN REALIZADO AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y ACTOS DE VIOLENCIA, DIRIGIDOS EN ESPECIAL EN CONTRA DE LOS DIRIGENTES COMUNITARIOS SIN RESPUESTA EFICAZ POR PARTE DEL ESTADO. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, DE RESULTAR PROBADOS LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PETICIONARIA, PODRÍA CONFIGURARSE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 8, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. IGUALMENTE, LA CIDH CONSIDERA QUE LOS ALEGATOS RESPECTO DE LA FALTA DE ADOPCIÓN DE MEDIDAS A CARGO DEL ESTADO PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRIGENTES COMUNITARIOS CONTINUARAN REALIZANDO SUS LABORES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA COMUNIDAD, DE SER PROBADOS, PODRÍAN CONSTITUIR VIOLACIONES AL ARTÍCULO 16 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 46. ADICIONALMENTE, LOS ALEGATOS REFERIDOS A LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE GINO ELIGIO LÓPEZ Y EPSON ANDRÉS CASTILLO Y LA PRESUNTA IMPUNIDAD PARCIAL, PODRÍAN CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA; Y DE LOS ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE SUS FAMILIARES. 47. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LOS ALEGATOS CONSISTENTES EN LA ADOPCIÓN DE NORMAS Y PROGRAMAS DIRIGIDOS A LA REGULARIZACIÓN Y TITULACIÓN DE LA PROPIEDAD CONTRARIOS AL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS TERRITORIALES –COMO LA LEY DE PROPIEDAD, APROBADA POR DECRETO NO. 82-2004 DEL 29 DE JUNIO DE 2004 Y EL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE TIERRA EN HONDURAS- PODRÍAN CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN. POR CUANTO LA FALTA DE FUNDAMENTO O LA IMPROCEDENCIA DE LAS ALEGACIONES NO RESULTAN EVIDENTES, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA PETICIÓN SATISFACE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 47.B Y C DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

V. CONCLUSIÓN 48. CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE EL PRESENTE CASO SATISFACE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ENUNCIADOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN CONSECUENCIA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 8, 16, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN Y SUS MIEMBROS. 2. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN CUANTO SE REFIERE A LA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL DERECHO PROTEGIDO EN EL ARTÍCULO 4 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE GINO ELIGIO LÓPEZ Y EPSON ANDRÉS CASTILLO; Y DE LOS ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE SUS FAMILIARES. 3. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.660137+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.660140+00:00

Resumen del Caso

1. EL 12 DE OCTUBRE DE 2006, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “COMISIÓN” O “CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO”), EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO” O “EL ESTADO HONDUREÑO”), POR LAS VIOLACIONES AL DERECHO AL DEBIDO PROCESO Y RETARDO INJUSTIFICADO EN EL PROCESO PENAL SEGUIDO POR LA MUERTE DEL NIÑO LEONARDO RENÉ MORALES ALVARADO; Y LAS LESIONES SUFRIDAS POR SU MADRE, SANDRA MARLEN ALVARADO DE MORALES, Y SU HERMANO, FELIPE ALEJANDRO MORALES ALVARADO (EN ADELANTE TAMBIÉN “LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS”). EN LO FUNDAMENTAL, ALEGA QUE LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO Y LA DILACIÓN DEL MISMO POR MÁS DE ONCE AÑOS CONSTITUYEN DENEGACIÓN DE JUSTICIA. 2. EL ESTADO, POR SU PARTE, OBJETA LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN ADUCIENDO QUE LOS RECURSOS INTERNOS NO SE HAN AGOTADO, EN FUNCIÓN DE QUE EL PROCESO PENAL SEGUIDO AL RESPONSABLE DE LA MUERTE DE UNA DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS Y LAS LESIONES A LAS OTRAS DOS AÚN NO HA CONCLUIDO. EL ESTADO SEÑALA ADEMÁS QUE LA PROLONGACIÓN DE DICHO PROCESO ES ATRIBUIBLE A LA ACTIVIDAD PROCESAL DE LAS PARTES. ADEMÁS, ADUCE QUE EL PETICIONARIO NO HA AGOTADO LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA JURISDICCIÓN CIVIL PARA RECIBIR UNA INDEMNIZACIÓN POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO

Análisis del Caso

32. EN VISTA DE LOS ELEMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PRESENTADOS POR LAS PARTES Y LA NATURALEZA DEL ASUNTO PUESTO BAJO SU CONOCIMIENTO, LA CIDH CONSIDERA QUE LOS HECHOS ALEGADOS POR LOS PETICIONARIOS PODRÍAN CARACTERIZAR POSIBLES VIOLACIONES A LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN PERJUICIO DE FELIPE ARTURO MORALES CÁRCAMO (ADEMÁS DE PETICIONARIO, ESPOSO Y PADRE LAS VÍCTIMAS), SANDRA MARLEN ALVARADO DE MORALES Y FELIPE ALEJANDRO MORALES ALVARADO (VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES DE LOS HECHOS), EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1(1) DE ESE MISMO TRATADO. Y ANALIZARÁ LA POSIBLE APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 5 EN RELACIÓN CON LOS EFECTOS DE LA PRESUNTA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN LA ETAPA DE FONDO.

Decisión

V. CONCLUSIONES 33. CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE LA PETICIÓN SATISFACE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ENUNCIADOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN CONSECUENCIA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PETICIÓN EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO INSTRUMENTO. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.662509+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.662512+00:00

Resumen del Caso

1. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN” O “LA CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR JORGE ROBERTO MARTÍNEZ (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO”) EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2004, EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE "HONDURAS", "ESTADO" O "ESTADO HONDUREÑO") EN PERJUICIO DE LOS NIÑOS RONAL JARED MARTÍNEZ VELÁSQUEZ Y MARLÓN FABRICIO HERNÁNDEZ FÚNEZ (EN ADELANTE “LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS”), POR PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN AMERICANA” O “CONVENCIÓN”), DERIVADAS DEL SUPUESTO USO EXCESIVO DE LA FUERZA POR PARTE DE MIEMBROS DEL EJÉRCITO Y DE LA POLICÍA NACIONAL, ASÍ COMO DE LA SUBSECUENTE FALTA DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES. 2. EN PARTICULAR, EN LA PETICIÓN SE ALEGA QUE DEBIDO AL SUPUESTO “ABUSO DE PODER” POR PARTE POLICÍAS Y OFICIALES DEL EJÉRCITO NACIONAL, EL NIÑO RONAL JARED MARTÍNEZ HABRÍA ADQUIRIDO UNA DISCAPACIDAD FÍSICA (PARAPLEJÍA IRREVERSIBLE); ADEMÁS, SE SEÑALA QUE A PESAR DE QUE LOS PROPIOS AGENTES DEL ESTADO DE HONDURAS HABRÍAN SIDO DIRECTAMENTE RESPONSABLES DE ESTE ILÍCITO, EL CASO SEGUIRÍA EN LA IMPUNIDAD. 3. EL ESTADO NO HA RESPONDIDO A LOS HECHOS ALEGADOS POR EL PETICIONARIO, NI HA CUESTIONADO LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN EN CONSIDERACIÓN.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 8, 19 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO

Análisis del Caso

28. EL PETICIONARIO SEÑALA QUE DEBIDO AL SUPUESTO “ABUSO DE PODER” EJERCIDO POR POLICÍAS Y MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL, SU HIJO MENOR RONALD JARED MARTÍNEZ VELÁSQUEZ HABRÍA QUEDADO PARAPLÉJICO DE POR VIDA. ADEMÁS, SEÑALA QUE A PESAR DE QUE EL ESTADO DE HONDURAS SERÍA DIRECTAMENTE RESPONSABLE DE LO SUCEDIDO A SU HIJO –DEBIDO A QUE HABRÍAN SIDO SUS AGENTES QUIENES OCASIONARON LA DISCAPACIDAD PERMANENTE DE SU HIJO– LOS TRIBUNALES HONDUREÑOS HABRÍAN ABSUELTO A UNO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES. POR SU PARTE, EL ESTADO NO PRESENTÓ OBSERVACIONES NI INFORMACIÓN SOBRE LAS VIOLACIONES ALEGADAS POR EL PETICIONARIO. 29. HABIENDO REVISADO LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR EL PETICIONARIO, LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE EL PETICIONARIO HA FORMULADO ALEGACIONES QUE NO SON "MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS" O "EVIDENTEMENTE IMPROCEDENTES" Y QUE, DE COMPROBARSE COMO CIERTAS, PODRÍAN CONFIGURAR VIOLACIONES DE LOS ARTÍCULOS 5, 8, 19 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. ASIMISMO, LA COMISIÓN EXAMINARÁ LOS HECHOS ALEGADOS A LA LUZ DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, ESPECÍFICAMENTE EN CUANTO AL DEBER ESPECIAL DE PROTECCIÓN QUE TIENEN LOS ESTADOS, CONFORME AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO Y EL CORPUS JURIS EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 30. EN PARTICULAR, LA COMISIÓN OBSERVA QUE LAS ALEGACIONES EN LA PRESENTE PETICIÓN SE RELACIONAN FUNDAMENTALMENTE CON LA SUPUESTA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE HONDURAS DERIVADA DEL ACTUAR DE AGENTES DEL ESTADO HONDUREÑO QUE HABRÍA RESULTADO EN UN SUPUESTO USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN CONTRA DE RONAL JARED MARTÍNEZ VELÁSQUEZ, JORGE ROBERTO MARTÍNEZ Y MARLON FABRICIO HERNÁNDEZ, HECHOS QUE PODRÍAN RESULTAR EN ETAPA DE FONDO, EN VIOLACIONES DEL ARTÍCULO 5 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 31. ASIMISMO, DE COMPROBARSE LOS RECLAMOS RESPECTO A LA FALTA DE DEBIDA DILIGENCIA RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN, SANCIÓN Y JUZGAMIENTO DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, PODRÍAN CONFIGURARSE EN VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON SU ARTÍCULO 1.1, EN PERJUICIO DE RONAL JARED MARTÍNEZ VELÁSQUEZ Y SU FAMILIA Y MARLON FABRICIO HERNÁNDEZ. 32. ADICIONALMENTE, LA CIDH CONSIDERA QUE LOS EFECTOS QUE HABRÍAN PADECIDO LOS FAMILIARES DEL NIÑO RONAL JARED MARTÍNEZ A CONSECUENCIA DE QUE ÉSTE HABRÍA ADQUIRIDO UNA DISCAPACIDAD FÍSICA PERMANENTE, Y DE LA ALEGADA DENEGACIÓN DE JUSTICIA, PODRÍAN CARACTERIZAR UNA POSIBLE VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON SU ARTÍCULO 1.1. 33. POR TODO LO ANTERIOR, LA COMISIÓN CONSIDERA SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47.B Y C DE LA CONVENCIÓN.

Decisión

V. CONCLUSIONES 34. DADAS LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO QUE ANTECEDEN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 8, 19 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO INSTRUMENTO. 2. NOTIFICAR DE ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.664128+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.664131+00:00

Resumen del Caso

1. EL PRESENTE INFORME SE REFIERE A LAS SIGUIENTES CINCO PETICIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “COMISIÓN”, “COMISIÓN INTERAMERICANA” O “CIDH”): P 775- 03: JUAN GONZÁLEZ Y OTROS, PRESENTADA POR JOSÉ MARCELINO VARGAS, EL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2003; P 1004-03: JULIO CÉSAR VILLALOBOS Y OTROS, PRESENTADA POR JULIO CÉSAR VILLALOBOS VELÁSQUEZ EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2003; P 22-04: JUAN BAUTISTA VARGAS DÍAZ Y OTROS, PRESENTADA POR JUAN BAUTISTA VARGAS DÍAZ EL 12 DE ENERO DE 2004; P 217-05: CÉSAR AUGUSTO SOMOZA Y OTROS, PRESENTADA POR GLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS EL 8 DE ENERO DE 2005; P 1092-05: ROSA DILIA SALINAS BARAHONA Y OTROS, PRESENTADA POR ROSA DILIA SALINAS BARAHONA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2005 (EN ADELANTE LAS “PRESUNTAS VÍCTIMAS”)1. EN ESTAS PETICIONES, SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE "HONDURAS", "ESTADO" O "ESTADO HONDUREÑO") POR PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN AMERICANA” O “CONVENCIÓN”), DERIVADAS DEL DESPIDO MASIVO DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL CLASIFICADO EN DIFERENTES ESCALAS, EN EL MARCO DE LA DEPURACIÓN DE LA REFERIDA INSTITUCIÓN. 2. EN TODAS LAS PETICIONES SE ALEGA LA PRESUNTA VIOLACIÓN POR PARTE DEL ESTADO A LOS ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, DEBIDO A QUE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS HABRÍAN SIDO DESPEDIDAS DE FORMA INJUSTIFICADA, CON BASE EN EL DECRETO 58-2001, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO. 29,504 DE 15 DE JUNIO DE 2001 (EN ADELANTE “DECRETO 58-2001”), Y SIN QUE SU DESTITUCIÓN SIGUIERA EL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO PARA LA MISMA. LOS PETICIONARIOS TAMBIÉN ALEGAN QUE EL ESTADO HONDUREÑO ES RESPONSABLE POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 5 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONA) 10 (DERECHO A INDEMNIZACIÓN), 11 (PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD), 17 (PROTECCIÓN A LA FAMILIA), Y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONCORDANCIA CON LA OBLIGACIÓN GENERAL ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO ADMITE QUE EL DECRETO 58-2001 ES UNA NORMA LEGAL ERRÓNEA, Y QUE EN APLICACIÓN A LOS PRINCIPIOS Y PRÁCTICAS DEL DERECHO INTERNACIONAL CONTENIDOS EN LA CONVENCIÓN, RECTIFICÓ SU ERROR A TRAVÉS DE LA SENTENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, QUE DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL REFERIDO DECRETO. ASIMISMO, PRECISA QUE LOS PETICIONARIOS NO INTERPUSIERON NI AGOTARON LOS RECURSOS DE JURISDICCIÓN INTERNA CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERALMENTE RECONOCIDOS, DEBIDO A QUE AQUÉLLOS CONSINTIERON LOS ACTOS DEL DESPIDO AL COBRAR LAS INDEMNIZACIONES RESPECTIVAS, Y AL NO INTERPONER LAS ACCIONES JUDICIALES EN TIEMPO Y FORMA ANTE LOS TRIBUNALES HONDUREÑOS.

Derechos

ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

44. LOS PETICIONARIOS SEÑALAN QUE EL ESTADO HONDUREÑO HABRÍA VIOLADO LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, DEBIDO A QUE FUERON DESPEDIDOS DE FORMA INJUSTIFICADA, SIN QUE SE LES EXPLICARA EL MOTIVO POR EL CUAL SUS CARGOS FUERON CANCELADOS, Y SIN QUE SE SIGUIERA UN PROCEDIMIENTO LEGAL PARA TAL EFECTO. ADEMÁS SEÑALAN QUE MEDIANTE LOS PROCESOS JUDICIALES INICIADOS, HABRÍA UNA PREDISPOSICIÓN DEL ESTADO DE DENEGACIÓN DE JUSTICIA. EL ESTADO ARGUMENTA QUE EMITIÓ UNA NORMA LEGAL ERRÓNEA, Y QUE EN APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, RECTIFICÓ SU ERROR. LO ANTERIOR, LO HIZO POR CONDUCTO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA QUE EN SU SENTENCIA DE 13 DE MARZO DE 2003, DECLARÓ LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL REFERIDO DECRETO. SEÑALA TAMBIÉN QUE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS HABRÍAN CONSENTIDO EXPRESAMENTE EL DESPIDO AL HABÉRSELES ENTREGADO EL PAGO DE SUS INDEMNIZACIONES LABORALES. 45. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA ALEGADA DESTITUCIÓN DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS EN DESCONOCIMIENTO DE UN DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO LA SUPUESTA INEFICACIA DE LOS RECURSOS JUDICIALES INCOADOS, FRENTE A TALES CIRCUNSTANCIAS, PODRÍAN CARACTERIZAR PRIMA FACIE UNA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA20, AMBOS EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES GENERALES DE RESPETO Y GARANTÍA Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO, ESTABLECIDAS POR LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO. 46. POR OTRA PARTE, SOBRE EL ALEGATO DEL ESTADO EN CUANTO A QUE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS HABRÍAN CONSENTIDO EXPRESAMENTE EL DESPIDO AL HABÉRSELES ENTREGADO EL PAGO DE SUS INDEMNIZACIONES LABORALES21, LA COMISIÓN CONSIDERA PERTINENTE SEGUIR EN ESTE CASO LA DOCTRINA ESTABLECIDA POR LA CORTE INTERAMERICANA EN EL CASO TRABAJADORES CESADOS DEL CONGRESO VS. PERÚ, Y RESERVARSE EL ANÁLISIS DE ESTAS MEDIDAS DE REPARACIÓN ALEGADAS POR EL ESTADO PARA SU CORRESPONDIENTE ETAPA DE FONDO. 47. POR OTRO LADO, LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE LOS PETICIONARIOS NO SUSTANCIARON PRIMA FACIE HECHOS AUTÓNOMOS QUE PUDIERAN LLEGAR A CONSTITUIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 10, 11, 17 Y 24 DE LA CONVENCIÓN. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN DECLARA INADMISIBLES LOS RECLAMOS RELACIONADOS CON DICHOS DERECHOS. 48. EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, LA CIDH CONCLUYE QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS, DE SER CIERTOS, PODRÍAN CARACTERIZAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, AMBOS EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES GENERALES DE RESPETO Y GARANTÍA Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHOS INTERNO, ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS QUE SE ENCUENTRAN SEÑALADAS EN EL ANEXO A.

Decisión

V. CONCLUSIONES 49. DADAS LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO QUE ANTECEDEN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS QUE SE ENCUENTRAN SEÑALADAS EN EL ANEXO A. 2. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN EN CUANTO SE REFIERE A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS ARTÍCULOS 5, 10, 11, 17 Y 24 DE LA CONVENCIÓN. 3. NOTIFICAR DE ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.665738+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.665741+00:00

Resumen del Caso

1. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN” O “LA CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR MARCELO RAMÓN AGUILERA1, EL 16 DE AGOSTO DE 2006 (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO” O “LA PRESUNTA VÍCTIMA”) EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE "HONDURAS", "ESTADO" O "ESTADO HONDUREÑO") POR PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN AMERICANA” O “CONVENCIÓN”), DERIVADAS DEL DESPIDO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, EN EL MARCO DEL PROCESO DE DEPURACIÓN DEL PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL, REALIZADO EN EL AÑO 2001. 2. EN LA PETICIÓN SE ALEGA LA PRESUNTA VIOLACIÓN POR PARTE DEL ESTADO A LOS ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, DEBIDO A QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA HABRÍA SIDO DESPEDIDA DE FORMA INJUSTIFICADA, CON BASE EN EL DECRETO 58-2001, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA NO. 29.504 DE 15 DE JUNIO DE 2001 (EN ADELANTE “DECRETO 58-2001”), Y SIN QUE SU DESTITUCIÓN SIGUIERA EL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO PARA LA MISMA. EL PETICIONARIO TAMBIÉN ALEGA QUE EL ESTADO HONDUREÑO ES RESPONSABLE POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA), 10 (DERECHO A INDEMNIZACIÓN), 11 (PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD), 17 (PROTECCIÓN A LA FAMILIA), Y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONCORDANCIA CON LA OBLIGACIÓN GENERAL ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO PRECISA QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA HABRÍA TENIDO ACCESO A LA JUSTICIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, A TRAVÉS DE LA INTERPOSICIÓN DE RECURSOS EFICACES E IDÓNEOS QUE CONTEMPLA LA LEGISLACIÓN HONDUREÑA, DESDE LA PRIMERA INSTANCIA HASTA LA CASACIÓN. SEÑALA TAMBIÉN QUE EL QUE LOS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES NO HAYAN FAVORECIDO AL PETICIONARIO NO SIGNIFICA QUE NO HAYA SIDO ESCUCHADO POR LAS AUTORIDADES COMPETENTES.

Derechos

ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

28. EL PETICIONARIO SEÑALA QUE EL ESTADO HONDUREÑO HABRÍA VIOLADO LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, DEBIDO A QUE HABRÍA SIDO DESPEDIDO DE FORMA INJUSTIFICADA, CON BASE EN EL DECRETO 58-2001, SIN QUE LE SIGUIERA EL PROCEDIMIENTO CONTEMPLADO EN LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Y SIN HABER SIDO OÍDO DEBIDAMENTE. POR SU PARTE, EL ESTADO ARGUMENTA QUE EL PETICIONARIO HABRÍA TENIDO ACCESO A LA JUSTICIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, Y QUE SI LOS RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES NO LE FAVORECIERON, ELLO NO IMPLICABA QUE NO HUBIERA SIDO ESCUCHADO POR LA AUTORIDADES COMPETENTES. 29. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA ALEGADA DESTITUCIÓN DE LA PRESUNTA VÍCTIMA EN PRESUNTO DESCONOCIMIENTO DE UN DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, ASÍ COMO LA SUPUESTA INEFICACIA DE LOS RECURSOS JUDICIALES INCOADOS, FRENTE A TALES CIRCUNSTANCIAS, PODRÍAN CARACTERIZAR PRIMA FACIE UNA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA7, AMBOS EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES GENERALES DE RESPETO Y GARANTÍA Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO, ESTABLECIDAS POR LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO. 30. POR OTRO LADO, LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE EL PETICIONARIO NO PRESENTÓ INFORMACIÓN O ALEGATOS ESPECÍFICOS QUE PUDIERAN LLEGAR A CONSTITUIR PRIMA FACIE VIOLACIONES A LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA), 10 (DERECHO A INDEMNIZACIÓN), 11 (PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD), 17 (PROTECCIÓN A LA FAMILIA), Y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY). EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN DECLARA INADMISIBLES LOS RECLAMOS RELACIONADOS CON DICHOS DERECHOS. 31. EN VIRTUD DE LO SEÑALADO, LA CIDH CONCLUYE QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS, DE SER CIERTOS, PODRÍAN CARACTERIZAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LOS ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, AMBOS EN RELACIÓN CON LAS OBLIGACIONES GENERALES DE RESPETO Y GARANTÍA Y EL DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHOS INTERNO, ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA.

Decisión

V. CONCLUSIONES 32. DADAS LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO QUE ANTECEDEN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DEL SEÑOR MARCELO RAMÓN AGUILERA AGUILAR. 2. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN EN CUANTO SE REFIERE A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS ARTÍCULOS 4, 10, 11, 17 Y 24 DE LA CONVENCIÓN. 3. NOTIFICAR DE ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.667963+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.667967+00:00

Resumen del Caso

IÓN” O “CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA SRA. INÉS YADIRA CUBERO GONZÁLEZ (EN ADELANTE “LA PETICIONARIA” O “LA PRESUNTA VÍCTIMA”) EN REPRESENTACIÓN PROPIA, EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO” O “EL ESTADO HONDUREÑO”), POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, ENTRE OTROS DERECHOS, EN EL CONTEXTO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO SUPUESTAMENTE ARBITRARIO E ILEGAL POR MEDIO DEL CUAL SE LE DESTITUYÓ DE SU CARGO DE JUEZ DE LETRAS TITULAR DEL JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS DE LO CRIMINAL, SUPUESTAMENTE POR HABER EMITIDO DETERMINADAS OPINIONES ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN. 2. LA PETICIONARIA ALEGA QUE SU DESTITUCIÓN SE SUSTENTÓ FORMALMENTE EN LAS RELACIONES QUE MANTENÍA CON LOS MEDIOS DE PRENSA MIENTRAS EJERCÍA FUNCIONES JUDICIALES, AUNQUE EL VERDADERO MOTIVO POR EL CUAL SE LE EXPULSÓ DEL PODER JUDICIAL HABRÍA SIDO SU NEGATIVA DE ENCUBRIR CIERTAS IRREGULARIDADES QUE SE ESTABAN COMETIENDO A LO INTERNO DE LA INSTITUCIÓN. EN ESTE SENTIDO, DENUNCIA QUE FUE OBJETO DE DISTINTOS ACTOS DE PERSECUCIÓN E INTERFERENCIAS A LA INDEPENDENCIA DE SUS FUNCIONES, QUE HABRÍAN CONCLUIDO CON SU DESTITUCIÓN POR MEDIO DE UN PROCESO VICIADO EN EL QUE SE HABRÍAN COMETIDO DIVERSAS IRREGULARIDADES, Y CUYA DECISIÓN FINAL, ADOPTADA POR EL PROPIO PODER JUDICIAL, SERÍA INAPELABLE. TODO LO CUAL CONSIDERA VIOLATORIO DE SUS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, HONRA Y REPUTACIÓN, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, IGUALDAD ANTE LA LEY, Y PROTECCIÓN JUDICIAL, ESTABLECIDOS RESPECTIVAMENTE EN LOS ARTÍCULOS 8, 11, 13, 24 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN” O “CONVENCIÓN AMERICANA”), EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA MISMA. ASIMISMO, ALEGA QUE AGOTÓ LOS RECURSOS JUDICIALES CON LA DECISIÓN FINAL EMITIDA POR EL CONSEJO DE CARRERA JUDICIAL DEL PODER JUDICIAL. 3. EL ESTADO, POR SU PARTE, SOLICITA QUE SE DECLARE INADMISIBLE LA PETICIÓN POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, SOBRE LA BASE DE QUE LA SRA. INÉS CUBERO NO HABRÍA INTENTADO LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO. ASIMISMO ADUCE QUE SI BIEN ES PROPIO DE UNA SOCIEDAD DEMOCRÁTICA QUE LAS DECISIONES DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS TENGAN UN IMPACTO MEDIÁTICO, Y QUE ÉSTOS INTERACTÚEN CON LOS MEDIOS DE PRENSA, TAMBIÉN ES CIERTO QUE COMO OPERADORES DE JUSTICIA DEBEN DIRIGIR SUS ACTUACIONES DE ACUERDO CON LAS DIRECTRICES ÉTICAS PROPIAS DE SU CARGO. EN ESTE SENTIDO, SEÑALA QUE EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN POR PARTE DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DEBE DARSE, POR TANTO, DENTRO DE LOS LÍMITES IMPUESTOS POR TALES LINEAMIENTOS DE ÉTICA.

Derechos

ARTÍCULOS 8, 9, 13, 23 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO TRATADO

Análisis del Caso

33. EN EL PRESENTE CASO, LA PETICIONARIA CONSIDERA QUE LA SANCIÓN POR HABER DADO AQUELLA ENTREVISTA PUBLICADA EL 18 DE FEBRERO DE 2002 FUE UN PRETEXTO PARA PERSEGUIRLA Y DISCRIMINARLA POR NO HABERSE ADAPTADO A LA DINÁMICA DE UN SISTEMA JUDICIAL QUE, EN SU OPINIÓN, ADMINISTRA JUSTICIA DE FORMA “PENOSA E ILEGÍTIMA”. Y QUE, EN SUMA, FUE OBJETO DE UN PROCESO DISCIPLINARIO EN EL QUE NO SE CONSIDERARON LAS PRUEBAS QUE PRESENTÓ; QUE SE PROLONGÓ INDEBIDAMENTE; QUE NO FUE IMPARCIAL; Y CUYA DECISIÓN NO ESTUVO DEBIDAMENTE MOTIVADA. ASIMISMO, CONSIDERA QUE EL HECHO MISMO DE QUE SE LE SIGUIERA UN PROCESO DISCIPLINARIO POR HABER EXPRESADO DETERMINADAS OPINIONES ANTE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ES VIOLATORIO DE SU DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. EL ESTADO, POR SU PARTE, CONSIDERA QUE ES IMPORTANTE QUE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL ACTÚEN BAJO CRITERIOS DE ÉTICA EN SUS RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y EN LOS PRONUNCIAMIENTOS PÚBLICOS QUE EMITEN. 34. EN VISTA DE LOS ELEMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PRESENTADOS POR LAS PARTES Y LA NATURALEZA DEL ASUNTO PUESTO BAJO SU CONOCIMIENTO, LA CIDH CONSIDERA QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS POR LA SRA. INÉS CUBERO PODRÍAN CONSTITUIR VIOLACIONES A LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES), 13 (LIBERTAD DE EXPRESIÓN) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 1.1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE ESE MISMO TRATADO. DE IGUAL FORMA, ANALIZARÁ EN LA MEDIDA DE LO PERTINENTE EN LA ETAPA DE FONDO LA POSIBLE VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 9 (PRINCIPIO DE LEGALIDAD) Y 23 (DERECHOS POLÍTICOS) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 35. ASIMISMO, CONCLUYE QUE CORRESPONDE DECLARAR INADMISIBLES LOS RECLAMOS RESPECTO DE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 11 (PROTECCIÓN DE LA HONRA Y DE LA DIGNIDAD) Y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, TODA VEZ QUE NO SE OBSERVAN ELEMENTOS QUE PERMITAN ESTABLECER PRIMA FACIE SU POSIBLE VULNERACIÓN.

Decisión

V. CONCLUSIONES 36. CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE LA PETICIÓN SATISFACE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ENUNCIADOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN CONSECUENCIA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PETICIÓN EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 13, 23 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO TRATADO, EN RELACIÓN CON LA SRA. INÉS YADIRA CUBERO. 2. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 11 Y 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 3. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.669729+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.669732+00:00

Resumen del Caso

1. EL 6 DE FEBRERO DE 2002, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “COMISIÓN” O “CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR EUSTAQUIA GARCÍA ALVARADO, OTILIA FLORES, LORENA DERAS, HERMINIO DERAS FLORES, ALBA LUZ DERAS GARCÍA, IRMA ISABEL DERAS GARCÍA, CONSUELO DERAS GARCÍA Y LUIS ROLANDO DERAS GARCÍA (EN ADELANTE “PETICIONARIOS”), EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “ESTADO” O “ESTADO HONDUREÑO”), POR LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE HERMINIO DERAS GARCÍA, MIEMBRO DEL PARTIDO COMUNISTA, ASESOR SINDICAL Y MAESTRO DE EDUCACIÓN PRIMARIA, COMETIDA POR AGENTES ESTATALES EL 29 DE ENERO DE 1983. ASIMISMO ALEGAN QUE CON MOTIVO DE LA PERSECUCIÓN A LA QUE FUE SOMETIDO EL SR. HERMINIO DERAS GARCÍA, SUS FAMILIARES HABRÍAN SIDO OBJETO DE AMENAZAS, AGRESIONES, DETENCIONES ILEGALES Y TORTURAS, INCLUSO AÚN DESPUÉS DE SU MUERTE. ALEGAN TAMBIÉN LA FALTA DE UN EFECTIVO ACCESO A LA JUSTICIA EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE HERMINIO DERAS. 2. LOS PETICIONARIOS SOSTIENEN QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE POR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4, 5, 7, 8, 13, 16 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN AMERICANA” O “CONVENCIÓN”), EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO Y DEL DERECHO A LA SEGURIDAD CIUDADANA. POR SU PARTE EL ESTADO EN SU RESPUESTA INICIAL, NO OBJETÓ LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN INDICANDO QUE LA INVESTIGACIÓN INTERNA POR LOS HECHOS ALEGADOS SE HABÍA REALIZADO EN UN PLAZO NO RAZONABLE. POSTERIORMENTE, ARGUMENTÓ QUE HABÍA CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN, PORQUE POR LOS HECHOS DENUNCIADOS SE INICIÓ UN PROCESO JUDICIAL A NIVEL INTERNO QUE PERMITIÓ SU INVESTIGACIÓN Y ESCLARECIMIENTO Y, SE DICTÓ UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN CONTRA DE UN FUNCIONARIO MILITAR.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 22, 19 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

45. EN LA PRESENTE PETICIÓN, LOS PETICIONARIOS ALEGAN LA VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA EN PERJUICIO DE HERMINIO DERAS GARCÍA, SINDICALISTA Y MIEMBRO DEL PARTIDO COMUNISTA DE HONDURAS, PRESUNTAMENTE COMETIDA POR PARTE DE AGENTES ESTATALES. LOS PETICIONARIOS ALEGAN ADEMÁS LA FALTA DE DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE ESTOS HECHOS. ASIMISMO, SE ALEGA QUE VARIOS MIEMBROS DE SU FAMILIA HABRÍAN SIDO DETENIDOS ILEGALMENTE, SECUESTRADOS Y TORTURADOS POR AGENTES ESTATALES, Y QUE SE HABRÍAN REALIZADO ALLANAMIENTOS DE FORMA VIOLENTA A SU VIVIENDA, PRESUNTAMENTE SIN ORDEN JUDICIAL. DENTRO DE LOS SUPUESTOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS, SE INCLUIRÍAN PRESUNTAS AGRESIONES EN CONTRA DE NIÑOS. 46. ASIMISMO, SE ARGUMENTA QUE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL SR. HERMINIO DERAS Y LA PERSECUCIÓN DE SU FAMILIA TUVO COMO ORIGEN LA MILITANCIA DE HERMINIO DERAS EN EL PARTIDO COMUNISTA DE HONDURAS Y SU ACTIVIDAD DE SINDICALISTA. EN RELACIÓN CON ACCESO A LA INFORMACIÓN, ALEGAN LAS DIFICULTADES PARA OBTENER COPIA DEL EXPEDIENTE JUDICIAL Y QUE UNA VEZ QUE LA OBTUVIERON SE LES ENTREGÓ INCOMPLETO. 47. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE DE SER CIERTOS LOS HECHOS DESCRITOS POR LOS PETICIONARIOS RESPECTO A LA ALEGADA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL SR. HERMINIO DERAS Y PERSECUCIÓN POR SU PERTENENCIA POLÍTICA O SINDICAL, PODRÍAN CARACTERIZAR VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 13 Y 16 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN SU PERJUICIO. ASIMISMO, CONSIDERA QUE PODRÍAN CARACTERIZAR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EN EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE HERMINIO DERAS GARCÍA. 48. POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN TAMBIÉN CONSIDERA QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS SOBRE PRESUNTOS ALLANAMIENTOS ILEGALES; DIFICULTADES PARA EL ACCESO ALA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL TRAMITADO A NIVEL INTERNO; DESINTEGRACIÓN FAMILIAR; AFECTACIONES AL DERECHO DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA PODRÍAN CARACTERIZAR VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 11, 13, 17, 22 Y 19 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE HERMINIO DERAS GARCÍA . DE IGUAL FORMA, LA COMISIÓN EXAMINARÁ LOS HECHOS ALEGADOS A LA LUZ DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, INTERPRETADO CONFORME AL CORPUS JURIS EN MATERIA DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, RESPECTO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS QUE ERAN NIÑOS AL MOMENTO DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 49. POR CUANTO A LA FALTA DE FUNDAMENTO O LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO, LA CIDH CONCLUYE QUE LOS PETICIONARIOS HAN ACREDITADO PRIMA FACIE LOS EXTREMOS REQUERIDOS EN EL ARTÍCULO 47.B DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

CONCLUSIONES 50. CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE LA PETICIÓN SATISFACE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ENUNCIADOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN CONSECUENCIA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PETICIÓN EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 7, 8, 11, 13, 16, 17, 22, 19 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO INSTRUMENTO. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.671371+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.671375+00:00

Resumen del Caso

1. EL 29 DE OCTUBRE DE 2003 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE, "COMISIÓN INTERAMERICANA", "COMISIÓN" O "CIDH") RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (EN ADELANTE, “PETICIONARIA” U “OFRANEH”), EN FAVOR DE TRES COMUNIDADES GARÍFUNAS, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE, “ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O “ESTADO”) . EL 19 DE DICIEMBRE DE 2003 LA CIDH DECIDIÓ SEPARAR LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR CADA COMUNIDAD Y ASIGNARLE A CADA UNA UN NÚMERO . EL 24 DE JULIO DE 2007 LA CIDH ADOPTÓ EL INFORME DE ADMISIBILIDAD NO. 39/07 RELATIVO A LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE CAYOS COCHINOS, EN EL CUAL DECIDIÓ DESGLOSAR EN UNA PETICIÓN SEPARADA, CONFORME AL ARTÍCULO 29.C DE SU REGLAMENTO, LOS HECHOS ALEGADOS CON RELACIÓN A UN ATAQUE CON ARMA DE FUEGO QUE HABRÍA SUFRIDO EL BUZO GARÍFUNA JESÚS FLORES SATUYE . EN EL MISMO CONTEXTO DE LA PETICIÓN DEL SEÑOR FLORES SATUYE, LA PETICIONARIA PRESENTÓ INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTAS AFECTACIONES CONTRA LOS BUZOS Y PESCADORES GARÍFUNA MAURICIO RAYMUNDO SANTOS CORDOVA, JAEL ENRIQUE GARCÍA ÁLVAREZ, MAINOR DIONISIO CASTILLO Y EDGAR PATRICIO ARZU LÓPEZ (EN ADELANTE, “PRESUNTAS VÍCTIMAS”). 2. LA PETICIONARIA ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO HONDUREÑO POR LAS AGRESIONES FÍSICAS CAUSADAS A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS POR AGENTES ENCARGADOS DE LA VIGILANCIA AMBIENTAL DEL ARCHIPIÉLAGO DE CAYOS COCHINOS. ESTAS AGRESIONES, SEGÚN LA PETICIONARIA, ESTARÍAN VINCULADAS A RESTRICCIONES IMPUESTAS A LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS QUE HABITAN HISTÓRICAMENTE EL ARCHIPIÉLAGO EN SUS ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA FÍSICA Y CULTURAL. EN LO QUE RESPECTA A LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN, MANIFIESTA QUE LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA RESULTARON INEFICACES, PUESTO QUE LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS NO HAN DADO LUGAR A UNA INVESTIGACIÓN SERIA DE LOS HECHOS, EL JUZGAMIENTO Y EN SU CASO, LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO NO CONTROVIERTE LA DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS EXPUESTA EN LA PETICIÓN CON RELACIÓN A JESÚS FLORES SATUYE. NO OBSTANTE, ARGUMENTA QUE ES INADMISIBLE POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, EN TANTO EL PROCESO PENAL INICIADO EL 22 DE MAYO DE 2001, SE ENCUENTRA PENDIENTE. EL ESTADO NO SE REFIRIÓ A LOS HECHOS ALEGADOS Y DENUNCIAS INTERPUESTAS CON RELACIÓN A LAS DEMÁS PRESUNTAS VÍCTIMAS.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO

Análisis del Caso

38. LA PETICIONARIA ALEGA QUE EL ESTADO HONDUREÑO ES RESPONSABLE POR LAS AGRESIONES FÍSICAS CAUSADAS A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS POR PARTE DE AGENTES A CARGO DE LABORES DE VIGILANCIA DEL ARCHIPIÉLAGO DE CAYOS COCHINOS, EN UN CONTEXTO DE IMPOSICIÓN DE GRAVES RESTRICCIONES A LAS ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA FÍSICA Y CULTURAL DE LAS COMUNIDADES GARIFUNAS QUE HABITAN HISTÓRICAMENTE EN EL ARCHIPIÉLAGO. IGUALMENTE, SOSTIENE QUE, A PESAR DE HABER DENUNCIADO ESTOS HECHOS ANTE LAS AUTORIDADES ESTATALES CORRESPONDIENTES, ELLO NO HA DADO LUGAR A UNA INVESTIGACIÓN SERIA Y DILIGENTE DE LOS HECHOS, EL JUZGAMIENTO Y LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES. 39. LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONSIDERA QUE, DE SER PROBADOS LOS ALEGATOS DE LA PETICIONARIA, PODRÍAN CARACTERIZARSE VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO. ASIMISMO, LOS ALEGATOS REFERIDOS AL PRESUNTO DECOMISO ARBITRARIO DEL CAYUCO Y EQUIPO DE PESCA DE JESÚS FLORES SATUYE, PODRÍAN CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA. IGUALMENTE, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LOS ALEGATOS CONSISTENTES EN QUE LAS RESTRICCIONES IMPUESTAS A LOS BUZOS Y PESCADORES GARÍFUNA SE BASARÍAN EN DISPOSICIONES INTERNAS, COMO EL ACUERDO PRESIDENCIAL 1928-93 Y EL DECRETO 114-2003, QUE NO TENDRÍAN EN CUENTA QUE SE TRATA DE ACTIVIDADES TRADICIONALES DE SUBSISTENCIA FÍSICA Y CULTURAL DEL PUEBLO GARIFUNA, NI SU OCUPACIÓN HISTÓRICA DEL ARCHIPIÉLAGO, PODRÍAN CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. POR CUANTO LA FALTA DE FUNDAMENTO O LA IMPROCEDENCIA DE LAS ALEGACIONES DE LA PETICIONARIA NO RESULTAN EVIDENTES, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA PETICIÓN SATISFACE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 47.B Y C DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

CONCLUSIÓN 40. CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE EL PRESENTE CASO SATISFACE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ENUNCIADOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN CONSECUENCIA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS. 2. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE JESÚS FLORES SATUYE. 3. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.672910+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.672913+00:00

Resumen del Caso

1. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “COMISIÓN”, “COMISIÓN INTERAMERICANA” O “CIDH”) RECIBIÓ EL 12 DE OCTUBRE DE 2005 UNA PETICIÓN PRESENTADA POR YADIRA GÁLVEZ DE CANALES Y SERGIO CANALES MURGUÍA (EN ADELANTE “PETICIONARIOS” Y/O “PRESUNTAS VÍCTIMAS”), EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE “HONDURAS”, “ESTADO HONDUREÑO” O “ESTADO”), EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO POR LA PRESUNTA FALTA DE DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DEL HIJO DE LOS PETICIONARIOS, SERGIO ARTURO CANALES GÁLVEZ, OCURRIDO EL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2002 EN LA COLONIA LOARQUE DE COMAYAGÜELA, HONDURAS. MÁS ESPECÍFICAMENTE, ALEGAN QUE DEBIDO A LA NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES Y A LA FALTA DE UNA INVESTIGACIÓN EFICAZ, NO HAN TENIDO ACCESO A LA JUSTICIA. 2. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EL ESTADO HA INCURRIDO EN RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LA PRESUNTA DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y CORRESPONDIENTE VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 1.1, 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN” O “LA CONVENCIÓN AMERICANA”). EN CUANTO AL PREVIO AGOTAMIENTO DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, ALEGAN QUE EN EL PRESENTE CASO APLICAN LAS EXCEPCIONES PREVISTAS CONVENCIONALMENTE CON RESPECTO A DICHA REGLA. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO SOSTIENE QUE LA PETICIÓN DEBE SER DECLARADA INADMISIBLE ALEGANDO QUE NO SE HAN AGOTADO LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA Y QUE NO EXISTE RETARDO INJUSTIFICADO EN LA INVESTIGACIÓN DADO QUE SE TRATA DE UN CASO COMPLEJO.

Derechos

ARTÍCULOS 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

38. NI LA CONVENCIÓN AMERICANA NI EL REGLAMENTO DE LA CIDH EXIGEN AL PETICIONARIO IDENTIFICAR LOS DERECHOS ESPECÍFICOS QUE SE ALEGAN VIOLADOS POR PARTE DEL ESTADO EN EL ASUNTO SOMETIDO A LA COMISIÓN, AUNQUE LOS PETICIONARIOS PUEDEN HACERLO. CORRESPONDE A LA COMISIÓN, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA, DETERMINAR EN SUS INFORMES DE ADMISIBILIDAD, QUÉ DISPOSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS RELEVANTES ES APLICABLE Y PODRÍA ESTABLECERSE SU VIOLACIÓN SI LOS HECHOS ALEGADOS SON PROBADOS MEDIANTE ELEMENTOS SUFICIENTES. 39. EN ESTE CASO, LOS PETICIONARIOS SOSTIENEN QUE LA FALTA DE DEBIDA DILIGENCIA EN LA INVESTIGACIÓN PENAL DE LOS HECHOS DENUNCIADOS LES HABRÍA IMPEDIDO EL ACCESO A LA JUSTICIA Y ENCAMINARÍA EL CASO HACIA LA IMPUNIDAD. EL ESTADO POR SU PARTE AFIRMA QUE LA INVESTIGACIÓN CONTINÚA EN TRÁMITE Y QUE SE TRATA DE UN CASO COMPLEJO POR LO CUAL NO PUEDE CONSIDERARSE QUE EXISTA UN RETARDO INJUSTIFICADO EN LA REFERIDA INVESTIGACIÓN. 40. CONCRETAMENTE, LOS PETICIONARIOS ADUCEN QUE LA INVESTIGACIÓN NO CONTARÍA CON UN INFORME DE REQUISA AL VEHÍCULO QUE CONDUCÍAN LOS RESPONSABLES DEL DELITO, NO HABRÍA EVIDENCIAS RECOLECTADAS EN LA ESCENA DEL CRIMEN, NO HABRÍA CADENA DE CUSTODIA, NI UN INFORME DE BALÍSTICA DE LOS SUPUESTOS CASQUILLOS QUE PERMITA DETERMINAR EL ARMA UTILIZADA EN EL CRIMEN; Y NO HABRÍA UN MÓVIL, TEORÍA O ESTUDIO INVESTIGATIVO QUE PERMITA DAR UNA RESPUESTA DE PORQUÉ Y QUIENES ASESINARON A SERGIO ARTURO CANALES GÁLVEZ. POR LO TANTO, INDICAN QUE LA ACTUACIÓN DE LA JUSTICIA NO HABRÍA SIDO RESPONSABLE Y DILIGENTE PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y EL JUZGAMIENTO DE LOS RESPONSABLES. EN RESUMEN, ALEGAN QUE DADA LA FALTA DE UNA INVESTIGACIÓN EFICAZ, NO HABRÍAN TENIDO ACCESO A LA JUSTICIA, SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE LA DEBIDA DILIGENCIA. 41. EN ESTE SENTIDO, LA CIDH CONSIDERA QUE LOS HECHOS ALEGADOS POR LOS PETICIONARIOS, PODRÍAN CARACTERIZAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO INSTRUMENTO, RESPECTO DE LOS FAMILIARES DE SERGIO ARTURO CANALES GÁLVEZ.

Decisión

V. CONCLUSIONES 42. CON FUNDAMENTO EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTAS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE LA PETICIÓN SATISFACE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ENUNCIADOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN CONSECUENCIA LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PETICIÓN EN CUANTO A LAS PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO TRATADO, RESPECTO DE LOS FAMILIARES DE SERGIO ARTURO CANALES GÁLVEZ. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.674830+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.674833+00:00

Resumen del Caso

1. EL 27 DE ABRIL DE 2007 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE, “COMISIÓN”, “COMISIÓN INTERAMERICANA” O “CIDH”) RECIBIÓ UNA DENUNCIA DEL COMITÉ DE FAMILIARES DETENIDOS EN HONDURAS, COFADEH (EN ADELANTE, “PETICIONARIOS”), EN REPRESENTACIÓN DE ADÁN GUILLERMO LÓPEZ LONE, EDWIN DAGOBERTO LÓPEZ LONE, GILDA RIVERA SIERRA, ANA SUYAPA RIVERA SIERRA, MARLEN IRASEMA JIMÉNEZ PUERTO Y MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO (EN ADELANTE, ‘’PRESUNTAS VÍCTIMAS’’), EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE, “ESTADO”, “HONDURAS” O “ESTADO HONDUREÑO”). EN LA PETICIÓN SE ALEGA QUE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS HABRÍAN SIDO DETENIDAS EL 27 DE ABRIL DE 1982 POR AGENTES DEL ESTADO, SIN ORDEN JUDICIAL, PRIVADAS DE LIBERTAD Y SOMETIDAS A TORTURAS Y ADEMÁS, GILDA MARÍA RIVERA SIERRA Y MARLEN IRASEMA JIMÉNEZ PUERTO HABRÍAN SIDO SOMETIDAS A VIOLENCIA SEXUAL. ASIMISMO, ALEGAN QUE ADÁN GUILLERMO LÓPEZ LONE Y MILTON DANILO JIMÉNEZ PUERTO FUERON SOMETIDOS A UN PROCESO PENAL ARBITRARIO. DENUNCIAN TAMBIÉN LA FALTA DE INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS DENUNCIADOS. 2. LOS PETICIONARIOS SOSTIENEN QUE EL ESTADO VIOLÓ LOS ARTÍCULOS 5 (INTEGRIDAD PERSONAL), 7 (LIBERTAD PERSONAL), 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE, “CONVENCIÓN AMERICANA” O “CONVENCIÓN”), EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DE RESPETO Y GARANTÍA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1.1. EN CUANTO AL REQUISITO DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, ALEGAN QUE RESULTA APLICABLE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46.2.C DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO RECONOCE QUE SI BIEN LOS HECHOS DENUNCIADOS OCURRIERON EN 1982, NO FUE HASTA 1995 QUE EL MINISTERIO PÚBLICO EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL CONTRA LOS PRESUNTOS RESPONSABLES E INDICA QUE EL PROCESO A NIVEL INTERNO NO HA CONCLUIDO. EXPRESA QUE SERÁN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA LOS QUE DETERMINEN LAS CORRESPONDIENTES RESPONSABILIDADES PENALES.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 7, 8, 11, 13, 16 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

39. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO DECIDIR SI SE PRODUJERON O NO LAS ALEGADAS VIOLACIONES EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS. A EFECTOS DE LA ADMISIBILIDAD, LA CIDH DEBE RESOLVER EN ESTE MOMENTO ÚNICAMENTE SI SE EXPONEN HECHOS QUE, DE SER PROBADOS, CARACTERIZARÍAN VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA, COMO LO ESTIPULA EL ARTÍCULO 47.B DE LA MISMA, Y SI LA PETICIÓN ES "MANIFIESTAMENTE INFUNDADA" O SI ES “EVIDENTE SU TOTAL IMPROCEDENCIA”, SEGÚN EL INCISO (C) DEL MISMO ARTÍCULO. 40. EL CRITERIO PARA LA APRECIACIÓN DE ESTOS EXTREMOS ES DIFERENTE AL REQUERIDO PARA PRONUNCIARSE SOBRE LOS MÉRITOS DE UNA DENUNCIA. LA CIDH DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRIMA FACIE Y DETERMINAR SI LA DENUNCIA FUNDAMENTA LA APARENTE O POTENCIAL VIOLACIÓN DE UN DERECHO GARANTIZADO POR LA CONVENCIÓN AMERICANA, MAS NO ESTABLECER LA EXISTENCIA DE DICHA VIOLACIÓN . EN LA PRESENTE ETAPA CORRESPONDE EFECTUAR UN ANÁLISIS SUMARIO QUE NO IMPLICA UN PREJUICIO O UN AVANCE DE OPINIÓN SOBRE EL FONDO. EL PROPIO REGLAMENTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA, AL ESTABLECER UNA FASE DE ADMISIBILIDAD Y OTRA DE FONDO, REFLEJA ESTA DISTINCIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN QUE DEBE REALIZAR LA COMISIÓN INTERAMERICANA A FIN DE DECLARAR UNA PETICIÓN ADMISIBLE Y LA REQUERIDA PARA ESTABLECER SI SE HA COMETIDO UNA VIOLACIÓN IMPUTABLE AL ESTADO . 41. ASIMISMO, NI LA CONVENCIÓN AMERICANA NI EL REGLAMENTO DE LA CIDH EXIGEN AL PETICIONARIO IDENTIFICAR LOS DERECHOS ESPECÍFICOS QUE SE ALEGAN VIOLADOS POR PARTE DEL ESTADO EN EL ASUNTO SOMETIDO A LA COMISIÓN, AUNQUE LOS PETICIONARIOS PUEDEN HACERLO. CORRESPONDE A LA COMISIÓN, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA, DETERMINAR EN SUS INFORMES DE ADMISIBILIDAD, QUÉ DISPOSICIÓN DE LOS INSTRUMENTOS INTERAMERICANOS RELEVANTES ES APLICABLE Y PODRÍA ESTABLECERSE SU VIOLACIÓN SI LOS HECHOS ALEGADOS SON PROBADOS MEDIANTE ELEMENTOS SUFICIENTES. 42. EN EL PRESENTE CASO, LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS, CINCO DE LOS CUALES PERTENECÍAN A UNA ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA, HABRÍAN SIDO DETENIDAS ILEGALMENTE, SECUESTRADAS Y TORTURADAS EN UN CONTEXTO DE REPRESIÓN POLÍTICA -BASADA EN LA DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL-, DIRIGIDA EN CONTRA DE LAS PERSONAS PERCIBIDAS COMO OPOSITORAS AL RÉGIMEN IMPERANTE. ADEMÁS, ALEGAN QUE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS NO HABRÍAN TENIDO ACCESO A UN DEBIDO PROCESO. 43. DE ACUERDO CON LOS HECHOS EXPUESTOS, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, DE COMPROBARSE COMO CIERTOS, PODRÍAN CONFIGURAR VIOLACIONES A LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7, 8, 13, 16 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. CON RELACIÓN A LAS ALEGACIONES SOBRE VIOLENCIA SEXUAL PRESUNTAMENTE PERPETRADA POR AGENTES DEL ESTADO EN CONTRA DE GILDA MARÍA RIVERA SIERRA Y MARLEN IRASEMA JIMÉNEZ PUERTO, LA COMISIÓN DECIDE INCLUIR, ADEMÁS DE LOS ARTÍCULOS ANTES INDICADOS, EL 11 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1. DE DICHO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. LA CIDH ANALIZARÁ LAS LA PRESUNTA FALTA DE INVESTIGACIÓN DE LAS VIOLACIONES ALEGADAS, A LA LUZ DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR Y SANCIONAR LA TORTURA Y EN LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 44. POR CUANTO A LA FALTA DE FUNDAMENTO O LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO, LA CIDH CONCLUYE QUE LOS PETICIONARIOS HAN ACREDITADO PRIMA FACIE LOS EXTREMOS REQUERIDOS EN EL ARTÍCULO 47.B DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

CONCLUSIONES 45. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE ES COMPETENTE PARA EXAMINAR LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR LOS PETICIONARIOS SOBRE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 5, 7, 8, 11, 13, 16 Y 25 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, Y QUE ÉSTOS SON ADMISIBLES, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 46. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE RECLAMO CON RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 5, 7, 8, 11, 13, 16 Y 25 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL ESTADO HONDUREÑO Y A LOS PETICIONARIOS. 3. CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DEL FONDO DE LA CUESTIÓN. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.676306+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.676311+00:00

Resumen del Caso

1. EL 29 DE OCTUBRE DE 2003, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN”, LA “COMISIÓN INTERAMERICANA” O LA “CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (EN ADELANTE “LA PETICIONARIA” U “OFRANEH”), EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS DE CAYOS COCHINOS, PUNTA PIEDRA Y TRIUNFO DE LA CRUZ, EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE EL “ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O EL “ESTADO”). EN LA PETICIÓN SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS POR PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS AMPARADOS EN LOS ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES), 21 (DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “CONVENCIÓN AMERICANA” O LA “CONVENCIÓN”), EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1 DEL MISMO INSTRUMENTO, Y EN LOS ARTÍCULOS 13.1, 14, 15.1, 17, 18 Y 19 DEL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (EN ADELANTE EL “CONVENIO 169 DE LA OIT”), EN PERJUICIO DE LAS COMUNIDADES Y SUS MIEMBROS. 2. EL 19 DE DICIEMBRE DE 2003 LA CIDH DECIDIÓ SEPARAR LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR CADA COMUNIDAD GARÍFUNA, Y ASIGNARLE A CADA UNA UN NÚMERO . LA PETICIÓN DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA PUNTA PIEDRA FUE IDENTIFICADA COMO P-1119-03, CUESTIÓN QUE FUE NOTIFICADA A LA PETICIONARIA Y AL ESTADO. 3. LA PETICIONARIA ALEGA QUE FUERON VIOLADOS LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS (EN ADELANTE LA “COMUNIDAD”, LA “COMUNIDAD PUNTA PIEDRA”, “PUNTA PIEDRA” O LAS “PRESUNTAS VÍCTIMAS”), DEBIDO A QUE EL ESTADO NO HABRÍA ADOPTADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD PUDIERAN EJERCER PLENAMENTE LOS DERECHOS QUE LES CORRESPONDEN SOBRE SUS TERRITORIOS, DADAS LAS LIMITACIONES QUE EN SU GOCE SE HABRÍAN CONSUMADO A PARTIR DE ACTOS COMETIDOS POR TERCEROS, SIN LAS DEBIDAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN O RESPUESTA POR PARTE DEL ESTADO. EN LO QUE RESPECTA A LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN, MANIFIESTA QUE LOS RECURSOS DE JURISDICCIÓN INTERNA HAN SIDO DEBIDAMENTE AGOTADOS. 4. POR SU PARTE, EL ESTADO ARGUMENTA QUE, SIN PERJUICIO DE LOS DERECHOS QUE OSTENTA LA COMUNIDAD GARÍFUNA PUNTA PIEDRA SOBRE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES -RECONOCIDOS EN LOS TÍTULOS DE DOMINIO EXPEDIDOS A SU FAVOR-, LA PRESENTE PETICIÓN SERÍA INADMISIBLE, POR CUANTO NO SE HABRÍAN AGOTADO LOS RECURSOS INTERNOS.

Derechos

ARTÍCULOS 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

53. A EFECTOS DE LA ADMISIBILIDAD, LA COMISIÓN TIENE QUE DETERMINAR SI LOS HECHOS ALEGADOS TIENDEN A ESTABLECER UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA, COMO LO EXIGE EL ARTÍCULO 47.B, O SI LA PETICIÓN DEBE SER DESESTIMADA POR SER “MANIFIESTAMENTE INFUNDADA” O EVIDENTE SU IMPROCEDENCIA, CONFORME AL ARTÍCULO 47.C. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ESOS REQUISITOS DIFIERE DEL QUE SE UTILIZA PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DE LA PETICIÓN; LA COMISIÓN DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRIMA FACIE PARA DETERMINAR SI LA PETICIÓN ESTABLECE EL FUNDAMENTO DE LA VIOLACIÓN, POSIBLE O POTENCIAL, DE UN DERECHO PROTEGIDO POR LA CONVENCIÓN, PERO NO PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS. ESTA DETERMINACIÓN CONSTITUYE UN ANÁLISIS PRIMARIO, QUE NO IMPLICA NINGÚN PREJUZGAMIENTO SOBRE EL FONDO DE LA DISPUTA. 54. LA COMISIÓN CONSIDERARÁ EN LA ETAPA DE FONDO SI EXISTE O NO UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO, TOMANDO EN CUENTA LA RELACIÓN ESPECIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS CON SUS TERRITORIOS TRADICIONALES RECONOCIDA POR LA CIDH Y LA CORTE INTERAMERICANA . POR TANTO, CONCLUYE QUE EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47.B DE LA CONVENCIÓN ESTÁ CUMPLIDO.

Decisión

CONCLUSIONES 55. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE ES COMPETENTE PARA CONOCER LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA PETICIONARIA, Y QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN, POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO. 56. RESPECTO DE LO PLANTEADO POR LA PETICIONARIA EN LA DENUNCIA, SOBRE QUE SE DECLARE QUE EL ESTADO DE HONDURAS VIOLÓ EL CONVENIO 169 DE LA OIT, LA COMISIÓN CARECE DE COMPETENCIA AL RESPECTO, SIN PERJUICIO DE LO CUAL PUEDE UTILIZARLO COMO PAUTA DE INTERPRETACIÓN DE LAS OBLIGACIONES CONVENCIONALES, A LUZ DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 57. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 21 Y 25 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DE FONDO DE LA CUESTIÓN. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.677313+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.677318+00:00

Resumen del Caso

1. EL 4 DE AGOSTO DE 2004, EL SEÑOR OMAR FRANCISCO CANALES CILIEZAR, EN NOMBRE PROPIO, (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO” Y/O “LA PRESUNTA VÍCTIMA”), PRESENTÓ UNA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN”, LA “COMISIÓN INTERAMERICANA” O LA “CIDH”), CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE, “EL ESTADO”, “HONDURAS” O EL “ESTADO HONDUREÑO”) DONDE ALEGÓ QUE EL 9 DE AGOSTO DE 2001 HABRÍA SIDO DESPEDIDO ARBITRARIAMENTE Y SIN EL PROCEDIMIENTO PREVISTO POR LEY, DE SU CARGO DE JUEZ DE LETRAS SUPERNUMERARIO PRIMERO DE JUTICALPA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, HONDURAS. 2. EL SEÑOR OMAR FRANCISCO CANALES CILIEZAR ALEGA QUE LOS HECHOS OBJETO DEL PRESENTE RECLAMO IMPLICAN LA VULNERACIÓN DE DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “CONVENCIÓN AMERICANA” O LA “CONVENCIÓN”). TAMBIÉN ALEGA LA VULNERACIÓN DE LOS ARTÍCULOS XVIII Y XXIV DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE (EN ADELANTE LA “DECLARACIÓN AMERICANA”); Y LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 28 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. EXPRESA QUE HA DADO CUMPLIMIENTO A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, EN PARTICULAR, QUE HA AGOTADO LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA JURISDICCIÓN INTERNA. AL RESPECTO, REFUTA LOS ALEGATOS ESTATALES REFERIDOS A LA NECESIDAD DE INTERPONER UN RECURSO DE AMPARO, INDICANDO QUE ELLO NO PROCEDE EN SU CASO DADO QUE SE TRATA DE UN RECURSO QUE NO SE ENCUENTRA PREVISTO EN LA LEGISLACIÓN INTERNA QUE LE ES APLICABLE, QUE ES UN RECURSO DE NATURALEZA EXTRAORDINARIA Y QUE ADEMÁS SERÍA CONOCIDO POR EL MISMO ÓRGANO QUE EMITIÓ EL ACTO CUESTIONADO EN EL PRESENTE RECLAMO, ES DECIR SU DESPIDO. 3. EL ESTADO SOLICITA A LA CIDH QUE DECLARE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE PETICIÓN PORQUE EL PETICIONARIO NO AGOTÓ LOS RECURSOS INTERNOS DISPONIBLES. CONCRETAMENTE, INDICA QUE DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA CONSTITUCIONAL, EL PETICIONARIO PODRÍA HABER INTERPUESTO UN RECURSO DE AMPARO A FIN DE LOGRAR UN REMEDIO A SU ALEGADA SITUACIÓN EN EL ÁMBITO INTERNO.

Derechos

ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

44. SEGÚN YA HA MANIFESTADO LA COMISIÓN EN OTROS CASOS, NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECER SI SE VERIFICA O NO UNA VIOLACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. A LOS FINES DE LA ADMISIBILIDAD, LA CIDH DEBE DECIDIR SIMPLEMENTE SI LOS ALEGATOS EXPONEN HECHOS QUE PODRÍAN CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA, SEGÚN ESTIPULA SU ARTÍCULO 47.B, Y SI LA PETICIÓN ES “MANIFIESTAMENTE INFUNDADA” O SEA “EVIDENTE SU TOTAL IMPROCEDENCIA”, SEGÚN EL INCISO (C) DEL MISMO ARTÍCULO. EL ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DE ESTOS EXTREMOS ES DIFERENTE DEL REQUERIDO PARA DECIDIR SOBRE EL FONDO DEL RECLAMO. EN LA PRESENTE ETAPA LA CIDH DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRIMA FACIE QUE NO IMPLICA UN JUICIO PREVIO O EL ADELANTO DE UNA OPINIÓN SOBRE EL FONDO. SU PROPIO REGLAMENTO REFLEJA ESTA DISTINCIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN QUE DEBE REALIZARSE A LOS FINES DE DECLARAR UNA PETICIÓN ADMISIBLE Y LA REQUERIDA PARA DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE SE VERIFICA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, AL ESTABLECER ETAPAS CLARAMENTE DIFERENCIADAS PARA EL ESTUDIO DE LA ADMISIBILIDAD Y EL FONDO. 45. EN EL PRESENTE CASO, EL PETICIONARIO ALEGA QUE HABRÍA SIDO DESTITUIDO ARBITRARIAMENTE DE SU CARGO SIN QUE SE LE GARANTIZARA UN DEBIDO PROCESO. DE ACUERDO CON LOS HECHOS EXPUESTOS POR EL PETICIONARIO, LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE EL PETICIONARIO HA FORMULADO ALEGACIONES QUE NO SON "MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS" O "EVIDENTEMENTE IMPROCEDENTES" Y QUE, DE COMPROBARSE COMO CIERTAS, PODRÍAN CONFIGURAR VIOLACIONES DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, RESPECTIVAMENTE, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIAE. 46. POR CUANTO LA FALTA DE FUNDAMENTO O LA IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO NO RESULTA EVIDENTE, LA COMISIÓN CONSIDERA SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 47.B Y C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RESPECTO DE ESTE ASPECTO DEL RECLAMO.

Decisión

V. CONCLUSIONES 47. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE ES COMPETENTE PARA EXAMINAR LOS RECLAMOS PRESENTADOS POR EL PETICIONARIO SOBRE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, Y QUE ÉSTOS SON ADMISIBLES, CONFORME A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y SIN QUE ELLO SIGNIFIQUE PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE RECLAMO CON RELACIÓN A LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 EN CONCORDANCIA CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL ESTADO HONDUREÑO Y AL PETICIONARIO. 3. CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DEL FONDO DE LA CUESTIÓN. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.679123+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.679126+00:00

Resumen del Caso

1. EL 17 DE AGOSTO DE 2005, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “COMISIÓN INTERAMERICANA”, “COMISIÓN” O “CIDH”) RECIBIÓ UNA DENUNCIA PRESENTADA POR MARIO TOMÁS BARAHONA ZELAYA Y HERIBERTO ANTONIO CHICA PORTILLO (EN ADELANTE “LOS PETICIONARIOS” Y/O “LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS”) CONTRA LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE "ESTADO", “HONDURAS” O “ESTADO HONDUREÑO”). EN LA PETICIÓN SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE HONDURAS PORQUE SE HABRÍA IMPEDIDO A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS PARTICIPAR COMO CANDIDATOS A DIPUTADOS EN LAS ELECCIONES GENERALES REALIZADAS EN NOVIEMBRE DE 2005 POR SU CONDICIÓN DE PASTORES EVANGÉLICOS. 2. AFIRMAN LOS PETICIONARIOS QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS AMPARADOS EN LOS ARTÍCULOS 12 (LIBERTAD DE CONCIENCIA Y DE RELIGIÓN) Y 23 (DERECHOS POLÍTICOS) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "CONVENCIÓN” O “CONVENCIÓN AMERICANA"), EN SU PERJUICIO. CON RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD DE LA DENUNCIA, INFORMAN QUE CONTRA LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE VULNERÓ SUS DERECHOS NO ERA POSIBLE INTERPONER RECURSO JUDICIAL Y QUE LOS HECHOS NO FUERON DENUNCIADOS ANTE OTRO ORGANISMO INTERNACIONAL. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO HONDUREÑO ALEGA LA INADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN, POR CUANTO LA MISMA SERÍA MANIFIESTAMENTE INFUNDADA E IMPROCEDENTE. EN TAL SENTIDO, AFIRMA QUE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEGISLACIÓN HONDUREÑA PARA ASPIRAR AL CARGO DE DIPUTADO DEL CONGRESO NACIONAL Y QUE LAS LIMITACIONES REGULADAS RESPECTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS EN HONDURAS FUERON ESTABLECIDAS EN APEGO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN EJERCICIO DE LA FACULTAD QUE COMPETE A LOS ESTADOS DE ESTABLECER ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA REGULAR LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA.

Derechos

ARTÍCULOS 12 Y 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO CONVENIO.

Análisis del Caso

30. A LOS EFECTOS DE LA ADMISIBILIDAD, LA COMISIÓN DEBE DECIDIR SI LOS HECHOS ALEGADOS, DE SER PROBADOS, PUEDEN CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS, SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 47.B DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, O SI LA PETICIÓN ES "MANIFIESTAMENTE INFUNDADA" O ES "EVIDENTE SU TOTAL IMPROCEDENCIA", CONFORME AL INCISO (C) DEL MISMO ARTÍCULO. EL CRITERIO DE EVALUACIÓN DE ESOS REQUISITOS DIFIERE DEL QUE SE UTILIZA PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DE UNA PETICIÓN; LA COMISIÓN DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRIMA FACIE PARA DETERMINAR SI LA PETICIÓN ESTABLECE EL FUNDAMENTO DE LA VIOLACIÓN, POSIBLE O POTENCIAL, DE UN DERECHO GARANTIZADO POR LA CONVENCIÓN, PERO NO PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS. ESTA DETERMINACIÓN CONSTITUYE UN ANÁLISIS PRIMARIO, QUE NO IMPLICA PREJUZGAR SOBRE EL FUNDAMENTO DEL ASUNTO. 31. EN EL PRESENTE CASO, LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EL ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA NO ESTABLECE QUE “MOTIVOS RELIGIOSOS” PUEDAN SER ALEGADOS COMO UNA CAUSAL PARA REGLAMENTAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS. EL ESTADO POR SU PARTE CONSIDERA QUE LAS LIMITACIONES IMPUESTAS EN LA NORMATIVA INTERNA RESPECTO DEL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS SON CONSISTENTES CON LA CONVENCIÓN AMERICANA. 32. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA PETICIÓN NO ES “MANIFIESTAMENTE INFUNDADA” NI ES “EVIDENTE SU TOTAL IMPROCEDENCIA” Y, POR ELLO, ANALIZARÁ EN LA ETAPA DE FONDO, SI EXISTE UNA POSIBLE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS AMPARADOS EN LOS ARTÍCULOS 12 Y 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO, CONTEMPLADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS. POR LO TANTO, LA COMISIÓN CONSIDERA SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47.B Y C DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

V. CONCLUSIONES 33. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE ES COMPETENTE PARA EXAMINAR EL RECLAMO PRESENTADO POR LOS PETICIONARIOS, Y QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN, POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 12 Y 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO CONVENIO EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS. 34. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 12 Y 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN CONEXIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO CONVENIO EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL ESTADO HONDUREÑO Y A LOS PETICIONARIOS. 3. CONTINUAR CON SU ANÁLISIS EN LOS MÉRITOS DEL CASO. 4. PUBLICAR EL PRESENTE INFORME E INCLUIRLO EN EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.680778+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.680782+00:00

Resumen del Caso

2.        EN LA PETICIÓN SE ALEGA QUE EL ESTADO HA OMITIDO SUPERVISAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LAS PERSONAS QUE SE DEDICABAN Y DEDICAN A LA PESCA SUBMARINA EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, QUIENES SON OBJETOS DE EXPLOTACIÓN LABORAL, LO QUE HA CAUSADO UNA SITUACIÓN DE TAL PROPORCIÓN Y GRAVEDAD QUE PONE EN PELIGRO LA INTEGRIDAD DEL PUEBLO MISKITU  DEBIDO A QUE, MILES HAN SUFRIDO DISCAPACIDADES FÍSICAS SEVERAS E IRREVERSIBLES Y MUCHOS HAN MUERTO. SE ALEGA QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE DE VIOLAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS BUZOS MIEMBROS DEL PUEBLO MISKITU ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA), 5 (INTEGRIDAD PERSONAL), 8.1 (GARANTÍA JUDICIAL), 17.1 (PROTECCIÓN A LA FAMILIA), 19 (DERECHO DEL NIÑO), 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY), 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) Y 26 (DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES), EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 Y 2 TODOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “CONVENCIÓN” O LA “CONVENCIÓN AMERICANA”) Y EL CONVENIO 169 DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO “SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES” (EN ADELANTE “CONVENIO 169 DE LA OIT”). EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, EXPRESAN QUE NO HAN TENIDO ACCESO A LOS RECURSOS DE JURISDICCIÓN INTERNA, EN INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DEBIDO A SU CONDICIÓN DE EXTREMA POBREZA Y A LA AUSENCIA DE MECANISMOS ADECUADOS DE PARTE DEL ESTADO. EXPRESAN QUE, EN LOS CASOS EN QUE HAN ACCEDIDO A LOS RECURSOS INTERNOS, ÉSTOS NO FUERON EXPEDITOS NI EFECTIVOS CONFIGURÁNDOSE UN RETARDO INJUSTIFICADO PARA RESOLVER LAS DENUNCIAS. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO MANIFIESTA QUE CUENTA CON UN SISTEMA LEGAL ESPECÍFICO DE PROTECCIÓN QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES ENTRE PATRONOS Y TRABAJADORES, LOS PROCEDIMIENTOS A SEGUIR, LAS INSTITUCIONES Y EL PERSONAL COMPETENTE, PARA QUE LAS PERSONAS DEDICADAS A LA PESCA SUBMARINA, EXIJAN EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE SUS DERECHOS. ADEMÁS, ARGUMENTA QUE LOS CASOS PRESENTADOS POR LOS AFECTADOS ANTE LOS ÓRGANOS COMPETENTES, TANTO EN LA SEDE ADMINISTRATIVA COMO EN LA JUDICIAL, NO FUERON CONCLUIDOS POR OMISIÓN Y ABANDONO DE LOS PETICIONARIOS POR LO QUE SOLICITA QUE SE DECLARE LA INADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN, POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 8, 17.1, 19, 24, 25 Y 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 Y 2 DEL MISMO CONVENIO.

Análisis del Caso

45. SEGÚN YA HA MANIFESTADO LA COMISIÓN EN OTROS CASOS, NO CORRESPONDE EN ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO ESTABLECER SI SE VERIFICA O NO UNA VIOLACIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. A LOS FINES DE LA ADMISIBILIDAD, LA CIDH DEBE DECIDIR SIMPLEMENTE SI LOS ALEGATOS EXPONEN HECHOS QUE PODRÍAN CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA, SEGÚN ESTIPULA SU ARTÍCULO 47.B, Y SI LA PETICIÓN ES “MANIFIESTAMENTE INFUNDADA” O SEA “EVIDENTE SU TOTAL IMPROCEDENCIA”, SEGÚN EL INCISO C. DEL MISMO ARTÍCULO. EL ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DE ESTOS EXTREMOS ES DIFERENTE DEL REQUERIDO PARA DECIDIR SOBRE EL FONDO DEL RECLAMO. EN LA PRESENTE ETAPA LA CIDH DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRIMA FACIE DE CARÁCTER SUMARIO QUE NO IMPLICA UN JUICIO PREVIO O EL ADELANTO DE UNA OPINIÓN SOBRE EL FONDO. SU PROPIO REGLAMENTO REFLEJA ESTA DISTINCIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN QUE DEBE REALIZARSE A LOS FINES DE DECLARAR UNA PETICIÓN ADMISIBLE Y LA REQUERIDA PARA DETERMINAR SI EFECTIVAMENTE SE VERIFICA LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO, AL ESTABLECER ETAPAS CLARAMENTE DIFERENCIADAS PARA EL ESTUDIO DE LA ADMISIBILIDAD Y EL FONDO. 46. EN EL PRESENTE CASO, LOS PETICIONARIOS ALEGAN LA VIOLACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8.1, 17.1, 19, 24, 25 Y 26, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 47. HABIENDO REVISADO LA INFORMACIÓN PRESENTADA POR LAS DOS PARTES, LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE LOS PETICIONARIOS HAN FORMULADO ALEGACIONES QUE NO SON "MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS" O "EVIDENTEMENTE IMPROCEDENTES" Y QUE, DE COMPROBARSE COMO CIERTAS, PODRÍAN CONFIGURAR VIOLACIONES DE LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8.1, 17.1, 19, 24, 25 Y 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. 48. EN PARTICULAR, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE CORRESPONDE SEÑALAR QUE LOS HECHOS DE LA PRESENTE PETICIÓN SE RELACIONAN FUNDAMENTALMENTE CON LA SUPUESTA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS POR LA FALTA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL, SALUD PÚBLICA Y DE TRABAJO QUE GARANTICEN EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS BUZOS MÍSKITOS EN EL DEPARTAMENTO GRACIAS A DIOS. ESTA OMISIÓN, DE ACUERDO A LOS HECHOS ALEGADOS, HABRÍA IMPLICADO QUE MÁS DE 4.000 BUZOS MISKITOS -PARTE SUSTANCIAL DEL PUEBLO INDÍGENA MISKITU QUE HABITA EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS, HAYAN SUFRIDO EL SÍNDROME DE DESCOMPRESIÓN PROVOCÁNDOLES DISCAPACIDAD PARCIAL, PERMANENTE E INCLUSIVE LA MUERTE, ASUNTO DE PROPORCIÓN Y GRAVEDAD DE TAL MAGNITUD QUE PONDRÍA EN PELIGRO INCLUSO LA INTEGRIDAD DEL PUEBLO MISKITU EN HONDURAS. POR LO ANTERIOR, EN EL PRESENTE CASO, LOS HECHOS ALEGADOS TIENDEN A CARACTERIZAR UNA PRESUNTA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y ADEMÁS 19 RESPECTO DEL NIÑO LICAR MÉNDEZ GUTIÉRREZ. 49. POR OTRA PARTE, LOS HECHOS DEL CASO TIENDEN A CARACTERIZAR UNA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8, 25 Y 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARGUMENTOS SOBRE DENEGACIÓN DE JUSTICIA. ASIMISMO, LOS HECHOS ALEGADOS TIENDEN A CARACTERIZAR UNA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 17.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RAZÓN DE LAS CONSECUENCIAS QUE HABRÍA SIGNIFICADO PARA LA FAMILIA DE LOS BUZOS LA DISCAPACIDAD O MUERTE DE UNO A MÁS DE SUS MIEMBROS, QUIENES, EN GENERAL, REPRESENTABAN EL ÚNICO SUSTENTO ECONÓMICO DEL GRUPO FAMILIAR, AUNADO A LA FALTA DE ASISTENCIA MÉDICA Y SERVICIOS DE REHABILITACIÓN, LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA Y LA FALTA DE REPARACIÓN. 50. ADEMÁS, LA CIDH OBSERVA QUE LOS HECHOS DESCRITOS POR LOS PETICIONARIOS PODRÍAN CARACTERIZAR UNA PRESUNTA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DESARROLLO PROGRESIVO DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES. EL REFERIDO ARTÍCULO ESTABLECE QUE LOS “ESTADOS PARTES SE COMPROMETEN A ADOPTAR PROVIDENCIAS, TANTO A NIVEL INTERNO COMO MEDIANTE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL, ESPECIALMENTE ECONÓMICA Y TÉCNICA, PARA LOGRAR PROGRESIVAMENTE LA PLENA EFECTIVIDAD DE LOS DERECHOS QUE SE DERIVAN DE LAS NORMAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y SOBRE EDUCACIÓN, CIENCIA Y CULTURA, CONTENIDAS EN LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS, REFORMADA POR EL PROTOCOLO DE BUENOS AIRES, EN LA MEDIDA DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, POR VÍA LEGISLATIVA U OTROS MEDIOS APROPIADOS”. A SU VEZ, EL ARTÍCULO 45 DE LA CARTA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS ESTABLECE QUE LOS ESTADOS DEDICARÁN SUS MÁXIMOS ESFUERZOS A LA APLICACIÓN DE LOS SIGUIENTES PRINCIPIOS Y MECANISMOS: B) EL TRABAJO ES UN DERECHO Y UN DEBER SOCIAL, OTORGA DIGNIDAD A QUIEN LO REALIZA Y DEBE PRESTARSE EN CONDICIONES QUE, INCLUYENDO UN RÉGIMEN DE SALARIOS JUSTOS, ASEGUREN LA VIDA, LA SALUD Y UN NIVEL ECONÓMICO DECOROSO PARA EL TRABAJADOR Y SU FAMILIA, TANTO EN SUS AÑOS DE TRABAJO COMO EN SU VEJEZ, O CUANDO CUALQUIER CIRCUNSTANCIA LO PRIVE DE LA POSIBILIDAD DE TRABAJAR. ADEMÁS, LA MISMA CARTA ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 50 QUE LOS ESTADOS “FORTALECERÁN LOS SISTEMAS DE EDUCACIÓN DE ADULTOS Y HABILITACIÓN PARA EL TRABAJO”. LA COMISIÓN OBSERVA QUE, DE ACUERDO CON LOS HECHOS ALEGADOS, LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS BUZOS MÍSKITOS NO REUNIRÍAN, SIQUIERA, LAS MÍNIMAS CONDICIONES PARA ASEGURAR SU VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL. POR LO ANTERIOR, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE DE SER PROBADOS LOS HECHOS RECLAMADOS, PODRÍAN CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 51. ADICIONALMENTE, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA LA COMISIÓN OBSERVA QUE LOS HECHOS ALEGADOS PODRÍAN CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 6.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA PORQUE LA OMISIÓN DEL ESTADO PROLONGADA EN EL TIEMPO, RESPECTO DE HECHOS DE AMPLIO CONOCIMIENTO PÚBLICO Y DE MUCHA GRAVEDAD, SIN GARANTIZAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS BUZOS MISKITOS HABRÍA SIGNIFICADO QUE FUERAN OBJETO DE EXPLOTACIÓN LABORAL Y TRABAJO FORZOSO AL SER OBLIGADOS A TRABAJAR MÁS HORAS DE LAS PERMISIBLES, DESCENDER A MAYORES PROFUNDIDADES Y SUMERGIRSE POR TIEMPO EXCESIVO, A RIESGO DE SUFRIR EL SÍNDROME DE DESCOMPRESIÓN O MORIR.

Decisión

V. CONCLUSIÓN 54. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS, QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8, 17.1, 19, 24, 25 Y 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 Y 2 DEL MISMO CONVENIO. ADEMÁS, POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA LA COMISIÓN ANALIZARÁ EN LA ETAPA DEL FONDO LA POSIBLE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 55. EN VIRTUD DE LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN RESPECTO A LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8, 17.1, 19, 24, 25 Y 26 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 Y 2 DEL MISMO CONVENIO. 2. ADEMÁS, POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA LA COMISIÓN ANALIZARÁ EN LA ETAPA DEL FONDO LA POSIBLE APLICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 6.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 3. TRANSMITIR EL PRESENTE INFORME A LOS PETICIONARIOS Y AL ESTADO. 4. CONTINUAR CON SU ANÁLISIS DE LOS MÉRITOS DEL CASO. 5. PUBLICAR EL PRESENTE INFORME E INCLUIRLO EN EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.682276+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.682279+00:00

Resumen del Caso

2.   LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EL 17 DE MAYO DE 2004, SE PRODUJO UN INCENDIO EN LA CÁRCEL DE SAN PEDRO SULA, QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA MUERTE DE 107 PRIVADOS DE LIBERTAD Y, QUE TRANSCURRIDOS MÁS DE 4 AÑOS DESDE EL INCENDIO, LA INVESTIGACIÓN INICIADA POR EL ESTADO CONTINÚA EN LA FASE PRELIMINAR. EN RELACIÓN CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, EXPRESAN QUE EL PROCESO JUDICIAL INTERNO HA RESULTADO INEFICAZ PARA SANCIONAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES, Y SE HA PRIVADO A LOS FAMILIARES DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS DE UN RECURSO SENCILLO Y RÁPIDO QUE PERMITA CONOCER LA VERDAD DE LO SUCEDIDO, ASÍ COMO LA JUSTA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO MANIFIESTA QUE LOS RECURSOS DE JURISDICCIÓN INTERNA NO SE HAN AGOTADO DEBIDO A QUE CONTINÚAN LAS INVESTIGACIONES ENCAMINADAS A DEDUCIR LA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN ESTE CASO. DE IGUAL FORMA, SEÑALA QUE LA ACCIÓN PERSECUTORIA DEL ESTADO NO SE ENCUENTRA PRESCRITA, Y POR LO TANTO, TIENE TODAVÍA LA POSIBILIDAD DE TUTELAR A TRAVÉS DE LOS MECANISMOS INTERNOS A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO INSTRUMENTO

Análisis del Caso

37.   LA COMISIÓN CONSIDERA QUE NO SE EVIDENCIA EN ESTE CASO LA FALTA DE FUNDAMENTO O IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO PRESENTADO Y QUE, PRIMA FACIE, LAS ALEGACIONES DE LOS PETICIONARIOS RELATIVAS A LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE LOS FAMILIARES DE LOS 107 PRIVADOS DE LIBERTAD QUE FALLECIERON DURANTE UN INCENDIO OCURRIDO EN LA CÁRCEL DE SAN PEDRO SULA EN MAYO DE 2004, PODRÍAN LLEGAR A CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO. ASIMISMO, LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE, PRIMA FACIE, LOS HECHOS ALEGADOS POR LOS PETICIONARIOS PODRÍAN CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4 Y 5 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LAS 107 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE MURIERON DURANTE EL REFERIDO INCENDIO, DEBIDO A LA POSIBLE FALTA DE PREVENCIÓN Y GARANTÍA DE LOS AGENTES ESTATALES, RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE SU DERECHO A LA VIDA, Y EN LO QUE ATAÑE A LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN EN QUE SE ENCONTRABAN AL MOMENTO DEL SINIESTRO. POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN, EN APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA ANALIZARÁ SI EXISTE UNA POSIBLE VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. TODO LO ANTERIOR EN RELACIÓN CON LA OBLIGACIÓN DERIVADA DEL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN.

Decisión

V. CONCLUSIONES 38. LA CIDH CONCLUYE QUE TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER LA DENUNCIA PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS, POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO CONVENIO, EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES. ADEMÁS, POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN. 39. EN VIRTUD DE LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8, 25 Y 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES. ADEMÁS, POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA LA COMISIÓN DECIDE QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DE FONDO DE LA CUESTIÓN, Y 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.684325+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.684329+00:00

Resumen del Caso

3. LA PETICIONARIA ALEGA QUE FUERON VIOLADOS LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 1, 8, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN PERJUICIO DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE CAYOS COCHINOS Y SUS MIEMBROS YA QUE, CON EL ARGUMENTO DE PROTEGER LOS RECURSOS NATURALES PRESENTES EN LOS CAYOS Y LAS AGUAS MARÍTIMAS QUE LOS RODEAN, EL GOBIERNO DE HONDURAS HA FOMENTADO A TRAVÉS DE DISPOSICIONES LEGALES Y DEL USO DE LA FUERZA PÚBLICA, EL ESTABLECIMIENTO DE ORGANIZACIONES PROTECTORAS DEL MEDIO AMBIENTE QUE HAN EMPRENDIDO PROGRAMAS, QUE POR NO HABERSE ELABORADO TENIENDO EN CUENTA A QUIENES TRADICIONALMENTE HAN HABITADO LOS CAYOS, HAN RESULTADO EN EL DESPLAZAMIENTO DE MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS, QUIENES PRECISAN OBTENER SUS MEDIOS DE SUBSISTENCIA DE LAS TIERRAS DE LOS CAYOS (AGRICULTURA Y RECOLECCIÓN) Y DE LAS AGUAS QUE LOS RODEAN (PESCA Y RECOLECCIÓN DE FRUTOS DEL MAR), PONIENDO ASÍ EN PELIGRO LA SUPERVIVENCIA DE LAS COMUNIDADES. LA PETICIONARIA ALEGA QUE ESTA SITUACIÓN SE HA AGRAVADO CON LA INCERTIDUMBRE QUE SE HA GENERADO CON RESPECTO A LOS TÍTULOS RECLAMADOS CON RESPECTO A TERRITORIOS DE TRES DE LOS CAYOS COCHINOS, Y LAS DEFICIENCIAS EN LAS INVESTIGACIONES CON RESPECTO A LA DESAPARICIÓN DE UNA PERSONA, CON RESPECTO A LOS IMPACTOS DE BALA QUE RECIBIÓ OTRA PERSONA Y CON RESPECTO AL ABANDONO EN ALTA MAR DE DOS PERSONAS, TODOS ELLOS MIEMBROS DE LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS DE LOS CAYOS. 4. POR SU PARTE, EL ESTADO ARGUMENTA QUE LA PETICIÓN NO ES ADMISIBLE YA QUE HAN CONCLUIDO LOS PROCESOS DE RECONOCIMIENTO Y ENTREGA DE LOS TÍTULOS DE PROPIEDAD DE LOS TERRITORIOS RECLAMADOS POR LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS EN LOS CAYOS DE CHACHAHUATE, EASTEND Y BOLAÑOS; Y PORQUE AUN NO HAN CONCLUIDO LOS PROCESOS PENALES EN CONTRA DE LOS SOLDADOS DE LA FUERZA NAVAL QUE DISPARARON CONTRA EL SEÑOR JESÚS FLORES, POR LO QUE AUN NO SE HAN AGOTADO LOS RECURSOS INTERNOS QUE BRINDA LA LEY. EL ESTADO NO PRESENTA ARGUMENTOS EN CUANDO A LAS DENUNCIAS PRESENTADAS EN CUANTO AL ABANDONO DE MIEMBROS DE DICHAS COMUNIDADES EN ALTA MAR, NI SOBRE LA DESAPARICIÓN DE UN MIEMBRO DE LA COMUNIDAD, NI SOBRE LA REPRESIÓN POR PARTE DE MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS QUE LOS GARÍFUNAS DENUNCIAN. TAMPOCO PRESENTA EL ESTADO ARGUMENTOS SOBRE EL PELIGRO QUE CORRE LA SUPERVIVENCIA DE ESTAS COMUNIDADES.

Derechos

ARTÍCULOS 8.1, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO

Análisis del Caso

65. LOS HECHOS DENUNCIADOS EN EL PRESENTE CASO CON RESPECTO A LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS QUE HABITAN LOS CAYOS COCHINOS PODRÍAN CARACTERIZAR VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8.1, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO. AL RESPECTO, LA COMISIÓN EN REITERADAS OPORTUNIDADES HA EXPRESADO LA NECESIDAD DENTRO DEL DERECHO INTERNACIONAL EN GENERAL, Y EN EL DERECHO INTERAMERICANO ESPECÍFICAMENTE, DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA QUE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y LAS COMUNIDADES AFRODESCENDIENTES PUEDAN EJERCER SUS DERECHOS PLENA Y EQUITATIVAMENTE CON EL RESTO DE LA POBLACIÓN.[19] A SU VEZ, LA CORTE HA DETERMINADO QUE EN LO QUE RESPECTA A PUEBLOS INDÍGENAS, ES INDISPENSABLE QUE LOS ESTADOS OTORGUEN UNA PROTECCIÓN EFECTIVA QUE TOME EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PROPIAS, SUS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO SU SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD, SU DERECHO CONSUETUDINARIO, VALORES, USOS Y COSTUMBRES.[20] 66. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LOS ALEGATOS REFERIDOS A LA IMPOSIBILIDAD DE UTILIZAR Y GOZAR EL TERRITORIO LEGALMENTE RECONOCIDO, DE DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES TRADICIONALES DE SUPERVIVENCIA Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL TERRITORIO Y EN LAS ZONAS ALEDAÑAS, ASÍ COMO LA FALTA DE CONSULTA PREVIA SOBRE EL RÉGIMEN LEGAL, ACTIVIDADES PERMISIBLES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN DICHOS TERRITORIOS Y ZONAS ALEDAÑAS, PODRÍA CONSTITUIR UNA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN, EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1. 67. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, DE RESULTAR PROBADOS LOS HECHOS ALEGADOS POR LA PETICIONARIA, PODRÍA CONFIGURARSE UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 8.1, 21, Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL, POR TANTO CONCLUYE QUE EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 47(B) DE LA CONVENCIÓN ESTÁ CUMPLIDO.

Decisión

IV. CONCLUSIONES 68. LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46, PÁRRAFO 2, LITERALES (A) Y (C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8.1, 21 Y 25 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29.C DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN, DESGLOSAR LA PARTE DE LA DENUNCIA ORIGINAL RELACIONADA CON ALEGATOS SOBRE POSIBLES VIOLACIONES AL DERECHO A LA INTEGRIDAD FÍSICA Y ASIGNARLE UN NUEVO NÚMERO PARA QUE SE INICIE SU TRÁMITE DENTRO DE UN EXPEDIENTE SEPARADO. 3. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 4. CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DE FONDO DE LA CUESTIÓN, Y 5. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.686409+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.686412+00:00

Resumen del Caso

2. CON RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD, ARGUMENTAN LOS PETICIONARIOS QUE LOS DISTINTOS ÓRGANOS DEL ESTADO HABRÍAN ACTUADO NEGLIGENTEMENTE EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS Y EN EL ESTABLECIMIENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL HOMICIDIO DE ÁNGEL PACHECO LEÓN Y ASIMISMO, QUE SE LES HA OBSTACULIZADO EL ACCESO A LAS ACTUACIONES JUDICIALES RELACIONADAS CON LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL. LOS PETICIONARIOS INTERPONEN, EN VIRTUD DE LA INEFICACIA DE LOS RECURSOS INTERNOS Y DEL RETARDO INJUSTIFICADO EN LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES, LA EXCEPCIÓN AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 46.2.C DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 3. EL ESTADO POR SU PARTE INTERPUSO EXPRESAMENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS Y SOLICITA SE DECLARE LA INADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN. LO ANTERIOR, POR CONSIDERAR QUE HA REALIZADO TODAS LAS ACCIONES NECESARIAS PARA ESCLARECER Y JUZGAR A LOS RESPONSABLES DEL HOMICIDIO DEL SR. PACHECO LEÓN Y QUE EL TRANSCURSO DEL TÉRMINO SEÑALADO ES RAZONABLE SI SE TOMA EN CONSIDERACIÓN LA COMPLEJIDAD DEL CASO.

Derechos

ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

27. LA COMISIÓN CONSTATA QUE EL DERECHO DEL ESTADO A ALEGAR QUE UNA PETICIÓN NO ES ADMISIBLE POR NO HABERSE AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS NO PUEDE SERVIR DE BASE PARA DETENER O DEMORAR INDEFINIDAMENTE LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL EN AUXILIO DE LA VÍCTIMA INDEFENSA. SI EN UN CASO DETERMINADO EL TRÁMITE DE LOS RECURSOS INTERNOS SE DEMORA EN FORMA INJUSTIFICADA, PUEDE DEDUCIRSE QUE ÉSTOS HAN PERDIDO SU EFICACIA PARA PRODUCIR EL RESULTADO PARA EL QUE SE ESTABLECIERON Y QUE CORRESPONDE, EN CONSECUENCIA, APLICAR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE FIGURAN LAS EXCEPCIONES ARRIBA MENCIONADAS, QUE EXIMEN EL REQUISITO DE QUE LOS MISMOS SEAN AGOTADOS. 28. LA COMISIÓN ESTIMA QUE, COMO REGLA GENERAL, UNA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE REALIZARSE CON PRONTITUD PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS Y PRESERVAR LA PRUEBA. 29. EN EL PRESENTE CASO, DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN APORTADA POR LAS PARTES CONSTA QUE: - EL SR. ANGEL PACHECO LEÓN ERA CANDIDATO A DIPUTADO DEL CONGRESO POR EL PARTIDO NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE PARA LAS ELECCIONES QUE SE REALIZARÍAN EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2001. - EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 APROXIMADAMENTE A LAS 11:35 P.M., ÁNGEL PACHECO LEÓN FUE ASESINADO A LA ENTRADA DE SU CASA EN EL MOMENTO QUE REGRESABA DE UNA REUNIÓN POLÍTICA Y EN PRESENCIA DE SU HIJO JIMMY PACHECO[5]. 30. EL PROCESO PENAL SE INICIÓ EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2001, MEDIANTE ACTUACIÓN DE OFICIO DEL JUEZ DE LETRAS SECCIONAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DEL VALLE, ASIGNÁNDOSELE AL EXPEDIENTE EL NÚMERO 2748-01. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN APORTADA POR LAS PARTES, CONSTAN UNA SERIE DE DILIGENCIAS REALIZADAS EN EL MARCO DEL PROCESO PENAL, EN ESPECIAL, LAS SIGUIENTES: - ENTRE EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y EL 6 DE DICIEMBRE DE 2001, EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE NACAOME, DEPARTAMENTO DEL VALLE QUE INVESTIGABA LA MUERTE DE ÁNGEL PACHECO LEÓN, RECIBIÓ TESTIMONIOS DE 30 PERSONAS CITADAS EN CALIDAD DE TESTIGOS Y/O SOSPECHOSOS[6]. - ENTRE EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y EL 11 DE ENERO DE 2002, 49 PERSONAS RINDIERON TESTIMONIO ANTE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LA MUERTE DE ÁNGEL PACHECO LEÓN[7]. - EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2001 EL COMISARIO DE POLICÍA Y JEFE DEPARTAMENTAL NO. 17 DENUNCIA Y PONE A DISPOSICIÓN DEL JUEZ DE LETRAS SECCIONAL DE NACAOME A LOS SEÑORES HÉCTOR EFRAÍN ESTRADA, ALBERTO VIJÍL ESPINAL Y JEHRING ROBERTO MALDONADO POR SUPONERLOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE ÁNGEL PACHECO LEÓN. - EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 EL SR. JOSÉ PACHECO PRESENTA DENUNCIA ANTE EL COORDINADOR LOCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO DE NACAOME POR LA MUERTE DE SU HERMANO ÁNGEL PACHECO LEÓN. - EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 SE REALIZA AUDIENCIA DE RECONOCIMIENTO EN FILA CON EL FIN DE QUE JIMMY PACHECO LEÓN RECONOCIERA A QUIEN DIERA MUERTE A SU PADRE, ÁNGEL PACHECO LEÓN, SIN QUE EL PRIMERO RECONOZCA A NINGUNA DE LAS PERSONAS. IGUALMENTE SE PROCEDE A UNA INSPECCIÓN DE VEHÍCULO PARA QUE JIMMY PACHECO LEÓN IDENTIFIQUE SI EL VEHÍCULO DECOMISADO A LOS SOSPECHOSOS ERA EL QUE HABÍA VISTO AL MOMENTO DE QUE SU PADRE FUERA ASESINADO. - EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 SE RECIBE DECLARACIÓN EN INDAGATORIA A HÉCTOR EFRAÍN ESTRADA CASTRO Y DE YEHRING ROBERTO MALDONADO. - EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2001 SE RECIBE DECLARACIÓN EN INDAGATORIA A ALBERTO CHIRINO. - EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2001 EL JUEZ DE LETRAS SECCIONAL ORDENA LA LIBERTAD PROVISIONAL DE YEHRING ROBERTO MALDONADO Y DECRETA AUTO DE PRISIÓN EN CONTRA DE HÉCTOR EFRAÍN ESTRADA CASTRO Y ALBERTO VIJÍL CHIRINOS. - EL 20 DE DICIEMBRE DE 2001 LA JEFE DE SECCIÓN DE HOMICIDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL –DGIC- DE CHOLUTECA REMITE AL COORDINADOR REGIONAL DE LA DGIC UN INFORME SOBRE LAS DILIGENCIAS INVESTIGATIVAS REALIZADAS EN RELACIÓN AL ASESINATO DE ÁNGEL PACHECO. MANIFIESTA LA JEFE DE SECCIÓN QUE ALGUNOS TESTIGOS INDIVIDUALIZARON A LOS SUPUESTOS AUTORES INTELECTUALES DEL HOMICIDIO DEL SR. PACHECO, PERO LOS TESTIGOS NO ESTARÍAN DISPUESTOS A DECLARARLO POR ESCRITO POR TEMOR A SU VIDA Y SOLICITA LA FUNCIONARIA AL COORDINADOR GENERAL REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA BRINDARLE PROTECCIÓN A DICHOS TESTIGOS. - EL 11 DE FEBRERO DE 2002 LA JEFE DE SECCIÓN DE HOMICIDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL –DGIC- DE CHOLUTECA REMITE NUEVAMENTE AL COORDINADOR REGIONAL DE LA DGIC UN INFORME SOBRE LAS INVESTIGACIONES EN EL CASO DEL HOMICIDIO DE ÁNGEL PACHECO. EN ESTE INFORME INDIVIDUALIZA COMO SOSPECHOSOS A SEIS PERSONAS Y SEÑALA LAS RAZONES PARA TAL CONSIDERACIÓN. - EL 15 DE OCTUBRE DE 2002 SOLICITÓ SOBRESEIMIENTO EL ABOGADO DEFENSOR DE LOS SEÑORES HÉCTOR EFRAÍN ESTRADA, ALBERTO VIJÍL ESPINAL Y JEHRING ROBERTO MALDONADO. - EL 6 DE JULIO DE 2004 LOS SEÑORES MARLENE PACHECO, MARIA REGINA PACHECO Y JOSÉ PACHECO PRESENTARON UNA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO, INDIVIDUALIZANDO COMO SOSPECHOSOS DE SER LOS AUTORES INTELECTUALES DEL ASESINATO DE ÁNGEL LEÓN PACHECO A SIETE PERSONAS[8]. 31. DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN APORTADA POR LAS PARTES, SI BIEN CONSTAN UNA SERIE DE DILIGENCIAS QUE SE HAN REALIZADO EN EL PROCESO PENAL QUE INVESTIGA EL ASESINATO DEL SR. PACHECO LEÓN, ÉSTAS NO HAN DADO RESULTADOS POSITIVOS. ASIMISMO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE EN PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO HA HABIDO INACCIÓN EN LA INVESTIGACIÓN PENAL, A PESAR DE HABERSE INDIVIDUALIZADO A VARIOS SOSPECHOSOS DEL ASESINATO DURANTE LAS PRIMERAS DILIGENCIAS ORDENADAS POR EL TRIBUNAL. EFECTIVAMENTE, LAS PERSONAS INDIVIDUALIZADAS, POR TESTIGOS Y FAMILIARES, COMO PRESUNTOS AUTORES INTELECTUALES DEL ASESINATO DE ÁNGEL PACHECO LEÓN HASTA LA FECHA DE EMISIÓN DE ESTE INFORME NO HAN SIDO CITAS A DECLARAR ANTE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA HONDUREÑOS. EN LA ACTUALIDAD NO HAY PERSONAS DETENIDAS POR EL HOMICIDIO DE ÁNGEL PACHECO LEÓN, TAL Y COMO LO INFORMA EL ESTADO EN SU COMUNICACIÓN A LA CIDH DE FECHA 26 DE MAYO DE 2006, SI BIEN ADUCE QUE EXISTEN VARIOS SOSPECHOSOS DE HABER COMETIDO EL CRIMEN. 32. SI BIEN EL ESTADO ARGUMENTA QUE SE TRATARÍA DE UN CASO COMPLEJO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE, EL SEÑOR PACHECO FUE ASESINADO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 LUEGO DE RECIBIR UNA SERIE DE AMENAZAS DE MUERTE SINO RENUNCIABA A SER CANDIDATO A DIPUTADO POR EL PARTIDO NACIONAL. DE LA INFORMACIÓN APORTADA POR LAS PARTES, NO CONSTA QUE SE HAYA INVESTIGADO A LAS PERSONAS QUE HABRÍAN AMENAZADO DE MUERTE AL SR. PACHECO DÍAS PREVIOS A SU ASESINATO NI CONSTA QUE SE HAYA INVESTIGADO A LAS PERSONAS QUE SOLICITARON AL SEÑOR PACHECO QUE DECLINARA SU CANDIDATURA PARA DIPUTADO A FAVOR DE UN TERCERO. TAMPOCO CONSTA QUE SE HAYA INVESTIGADO LA RELACIÓN ENTRE ESTOS HECHOS, ATENDIENDO A QUE UNA DE LAS PERSONAS QUE LO HABRÍA AMENAZADO DE MUERTE ERA JUSTAMENTE LA PERSONA A FAVOR DE QUIÉN LE FUE SOLICITADO QUE DECLINARA SU CANDIDATURA. TRANSCURRIDOS CASI CINCO AÑOS DESDE ACAECIDOS LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA INVESTIGACIÓN CRIMINAL CARATULADA 2748-01, ÉSTOS NO HAN SIDO ESCLARECIDOS. 33. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO SIN QUE SE INVESTIGUE EFECTIVAMENTE, SE PROCESE Y SANCIONE A LOS RESPONSABLES, CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DE RETARDO INJUSTIFICADO Y DE LAS ESCASAS PERSPECTIVAS DE EFECTIVIDAD DE LOS RECURSOS DE JURISDICCIÓN INTERNA. 34. FINALMENTE, LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADAS A LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A CIERTOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN, TALES COMO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO (ARTÍCULO 8) Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25). CABE TENERSE EN CUENTA, SIN EMBARGO, QUE EL ARTÍCULO 46.2, POR SU NATURALEZA Y OBJETO, TIENE CONTENIDO AUTÓNOMO CON RESPECTO A LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN Y DEPENDE DE UN ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DISTINTO DE AQUÉL UTILIZADO PARA DETERMINAR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE ESTE INSTRUMENTO INTERNACIONAL. ELLO HACE QUE LA APLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS PREVISTAS EN LOS LITERALES (A), (B) Y (C) DEL ARTÍCULO 46.2 DEBAN RESOLVERSE COMO UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, COMO LO ESTÁ HACIENDO LA COMISIÓN AL EMITIR EL PRESENTE INFORME. 35. EN CONSECUENCIA, LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE AGOTARON LOS RECURSOS INTERNOS Y EL EFECTO JURÍDICO DE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS MISMOS SERÁN ANALIZADAS CUANDO LA COMISIÓN ESTUDIE EL FONDO DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA CON EL OBJETO DE DETERMINAR SI SE HAN CONFIGURADO VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 PRECITADOS.

Decisión

V. CONCLUSIONES 41. LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46.2.C DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, 25, Y 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DE FONDO DE LA CUESTIÓN, Y 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.688215+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.688218+00:00

Resumen del Caso

2. EL PETICIONARIO ALEGA QUE EL ESTADO LE DENEGÓ LA INSCRIPCIÓN DE SU CANDIDATURA INDEPENDIENTE, IMPIDIÉNDOLE DE ESTA MANERA OPTAR AL CARGO DE ALCALDE MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN Y SER ELEGIDO EN LAS ELECCIONES DE 2001 PARA EL PERÍODO 2002- 2006. POR SU PARTE, EL ESTADO HONDUREÑO ADUCE QUE, AL MOMENTO DE SOMETER SU CANDIDATURA ANTE EL TRIBUNAL NACIONAL DE ELECCIONES, LA PRESUNTA VÍCTIMA NO PRESENTÓ TODOS LOS DOCUMENTOS EXIGIDOS TANTO POR LA LEY ELECTORAL Y DE LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS COMO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ADEMÁS SEÑALA QUE, DE ACUERDO A LA LEY INTERNA, NO ESTÁ PERMITIDA LA CANDIDATURA DE INDEPENDIENTES A LAS ALCALDÍAS.

Derechos

ARTÍCULO 23 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1. Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA

Análisis del Caso

34. EL PETICIONARIO ADUCE QUE EL ESTADO VIOLÓ SUS DERECHOS CONTEMPLADOS EN LOS ARTÍCULOS 23 Y 25 DE LA CONVENCIÓN EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO. EL ESTADO INDICÓ QUE EN EL PRESENTE CASO NO SE INDICARON LAS VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN Y QUE LOS ÓRGANOS INTERNOS ACTUARON APEGADOS A DERECHO. 35. LA COMISIÓN CONSTATA QUE EL TRIBUNAL ELECTORAL Y LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL PRESENTE CASO, INTERPRETARON LA LEY ELECTORAL EN EL SENTIDO DE QUE NO PERMITE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA LAS ALCALDÍAS. CONSTATA TAMBIÉN LA COMISIÓN QUE, EFECTIVAMENTE, SI BIEN LA LEY ELECTORAL PREVÉ LA EXISTENCIA DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES EN FORMA GENÉRICA, NO SE REFIERE ESPECÍFICAMENTE A LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA ALCALDES NI REGLAMENTA LOS REQUISITOS APLICABLES A LAS MISMAS; SÓLO PREVÉ Y REGLAMENTA (ARTÍCULO 49 (CH)) LA PRESENTACIÓN DE CANDIDATURAS INDEPENDIENTES PARA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DIPUTADO Y DESIGNADO PRESIDENCIAL. ES POR ELLO QUE LA COMISIÓN, A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS[7], ESTIMA QUE EXISTEN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONSIDERAR QUE LOS HECHOS ALEGADOS EN LA PRESENTE PETICIÓN PODRÍAN LLEGAR A CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL, LO CUAL DEBERÁ DETERMINARSE CUANDO SE ESTUDIE EL FONDO DEL ASUNTO. POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA CURIA NOVIT, LA COMISIÓN TAMBIÉN DECLARA ADMISIBLE EL PRESENTE CASO CON RELACIÓN AL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN. 36. RESPECTO AL ARTÍCULO 25, DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA GOZÓ DE LA POSIBILIDAD DE CUESTIONAR LA DECISIÓN DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR MEDIO DE UN RECURSO DE AMPARO, CONFORME A LA LEY ELECTORAL. POR LO TANTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS NO CARACTERIZAN UNA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN

Decisión

V. CONCLUSIÓN 37. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE EL CASO ES ADMISIBLE Y QUE ES COMPETENTE PARA EXAMINAR EL RECLAMO PRESENTADO POR EL PETICIONARIO EN RELACIÓN CON LA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 23 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 46 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL Y CONFORME A LOS ARTÍCULOS 28 AL 37 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN. 38. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN EN BASE AL ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL ESTADO Y A LOS PETICIONARIOS. 3. INICIAR EL TRÁMITE SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN EL INFORME ANUAL, A SER PRESENTADO ANTE LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.690784+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.690788+00:00

Resumen del Caso

3. LA PETICIONARIA ALEGA QUE FUERON VIOLADOS LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 21, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN PERJUICIO DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE TRIUNFO DE LA CRUZ Y SUS MIEMBROS PORQUE, A PESAR DE QUE EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO (EN ADELANTE EL “INA”) ENTREGÓ A LA COMUNIDAD DOS TÍTULOS DE PROPIEDAD, UNO DE DOMINIO PLENO Y OTRO EN GARANTÍA DE OCUPACIÓN, SOBRE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES, LA POSESIÓN DE LAS TIERRAS NO HA SIDO PACÍFICA EN VIRTUD DEL ACCIONAR DE AUTORIDADES PÚBLICAS Y TERCEROS INTERESADOS. 4. POR SU PARTE, EL ESTADO ARGUMENTA QUE LA PETICIÓN NO ES ADMISIBLE PORQUE SI BIEN NO DESCONOCE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, EN ESTE CASO EN ESPECÍFICO NO SE AGOTARON LOS RECURSOS QUE BRINDA LA LEY. AGREGA QUE HONDURAS ES UNO DE LOS POCOS ESTADOS QUE HA EXTENDIDO TÍTULOS DE DOMINIO PLENO A FAVOR DE LOS INDÍGENAS.

Derechos

ARTÍCULOS 8, 21 Y 25 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Análisis del Caso

56. A ESTE RESPECTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, EN EL PRESENTE CASO, LA PETICIONARIA HA AFIRMADO DENUNCIAS QUE, DE RESULTAR CONGRUENTES CON LOS DEMÁS REQUISITOS Y DE DEMOSTRARSE SU VERACIDAD, PODRÍAN TENDER A ESTABLECER UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN AMERICANA. EL CRITERIO PARA EVALUAR ESTE EXTREMO ES DIFERENTE DEL QUE DEBE SEGUIRSE PARA DECIDIR SOBRE LOS MÉRITOS DE LAS DENUNCIAS. LA COMISIÓN DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRIMA FACIE PARA DETERMINAR SI LA DENUNCIA DEMUESTRA UNA APARENTE O POSIBLE VIOLACIÓN DE UN DERECHO PROTEGIDO POR LA CONVENCIÓN. ESTE ES UN ANÁLISIS SOMERO Y NO IMPLICA NINGÚN PREJUZGAMIENTO SOBRE EL FONDO DE LA DISPUTA.

Decisión

IV. CONCLUSIONES 58. LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46.A Y 46.C DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS Y, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, 21 Y 25 EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. CONTINUAR CON EL ANÁLISIS DE FONDO DE LA CUESTIÓN, Y 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.695731+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.695734+00:00

Resumen del Caso

2. TALES VIOLACIONES, SEGÚN ALEGA EL PETICIONARIO, FUERON OCASIONADAS POR EL ESTADO AL PRIVAR DE LIBERTAD AL SEÑOR CACHO REYES POR EL TÉRMINO DE 8 AÑOS, 8 MESES Y 18 DÍAS, SIN QUE MEDIASE COMPROBACIÓN DE LA ACUSACIÓN QUE SE LE HIZO CON RESPECTO AL “TRÁFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES EN PERJUICIO DE LA SALUD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS”. EL PETICIONARIO ALEGÓ QUE LA PETICIÓN CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA. ASÍ, EL PETICIONARIO ADUJO HABER AGOTADO LOS RECURSOS INTERNOS MEDIANTE UN RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN A LA LEY, INTERPUESTO ANTE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS, LA CUAL DECLARÓ “NO HA LUGAR A LA ADMISIÓN DEL RECURSO DE CASACIÓN” EL 14 DE JUNIO DE 2001. 3. EL ESTADO DE HONDURAS SOLICITÓ QUE LA PETICIÓN SEA DECLARADA INADMISIBLE Y ARGUMENTÓ QUE JAMÁS HA NEGADO QUE EL SEÑOR CACHO REYES HAYA ESTADO PRESO, NI QUE SEA MERECEDOR DE UNA INDEMNIZACIÓN. EL PROBLEMA, SEGÚN EL ESTADO, ES LA FORMA INADECUADA EN QUE SE SOLICITÓ LA INDEMNIZACIÓN EN LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA. EL ESTADO AFIRMA QUE EL SEÑOR CACHO REYES NO PROCEDIÓ ADECUADAMENTE PARA RECLAMAR EL RECONOCIMIENTO DE SUS DERECHOS, YA QUE NO CUMPLIÓ CON LAS SOLEMNIDADES CORRESPONDIENTES EXIGIDAS EN EL PROCEDIMIENTO POR LA LEY.

Derechos

ARTÍCULOS 7 (LIBERTAD PERSONAL), 8 (DEBIDO PROCESO LEGAL) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Análisis del Caso

41. EL PARÁMETRO DE APRECIACIÓN DE ESTOS EXTREMOS ES DIFERENTE DEL REQUERIDO PARA DECIDIR SOBRE LOS MÉRITOS DE UNA DENUNCIA. LA COMISIÓN DEBE REALIZAR UNA EVALUACIÓN PRIMA FACIE PARA EXAMINAR SI LA DENUNCIA FUNDAMENTA LA APARENTE O POTENCIAL VIOLACIÓN DE UN DERECHO GARANTIZADO POR LA CONVENCIÓN Y NO PARA ESTABLECER LA EXISTENCIA DE UNA VIOLACIÓN. TAL EXAMEN ES UN ANÁLISIS SUMARIO QUE NO IMPLICA UN PREJUICIO O UN AVANCE DE OPINIÓN SOBRE EL FONDO. EL PROPIO REGLAMENTO DE LA COMISIÓN, AL ESTABLECER DOS CLARAS ETAPAS DE ADMISIBILIDAD Y FONDO, REFLEJA ESTA DISTINCIÓN ENTRE LA EVALUACIÓN QUE DEBE REALIZAR LA COMISIÓN A LOS FINES DE DECLARAR UNA PETICIÓN ADMISIBLE Y LA REQUERIDA PARA ESTABLECER UNA VIOLACIÓN. 42. COMO HA EXPRESADO LA COMISIÓN EN OTRAS OPORTUNIDADES,[12] LA ABUNDANTE ARGUMENTACIÓN DEL ESTADO CON RESPECTO A LA CAUSA PENAL Y A LAS INSTANCIAS CIVILES A LAS QUE RECURRIÓ LA PRESUNTA VÍCTIMA DEMUESTRA POR SÍ SOLA QUE LA PETICIÓN NO ES “MANIFIESTAMENTE INFUNDADA”, QUE NO ES “EVIDENTE SU IMPROCEDENCIA”, O QUE NO CARACTERICE UNA PRESUNTA VIOLACIÓN. POR EL CONTRARIO, LA PROPIA RESPUESTA DEL ESTADO AMERITA UN EXAMEN MÁS ACUCIOSO DE LA PETICIÓN EN LA ETAPA DE FONDO. ENTRETANTO, LA CIDH CONSIDERA QUE, PRIMA FACIE, EL PETICIONARIO HA ACREDITADO LOS EXTREMOS REQUERIDOS EN EL ARTÍCULO 47.B Y C). 43. LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE LOS HECHOS DEL CASO PRESENTAN IMPORTANTES CUESTIONES CONTROVERTIDAS QUE SE DEBEN DETERMINAR, EN FUNCIÓN DEL ACERVO PROBATORIO, PONIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN EL HECHO POSIBLE DE QUE, EN LA VÍA PENAL, SE HAYA DENEGADO A LA VÍCTIMA EL DERECHO A SER OÍDO Y JUZGADO DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE O A SER PUESTO EN LIBERTAD Y, EN LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, EN EL HECHO POSIBLE DE QUE LA VÍCTIMA SE HAYA VISTO IMPEDIDA DE EJERCER SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA POR MEDIO DE UN RECURSO EFICAZ RODEADO DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL, SEGÚN LO CONTEMPLADO POR LA CONVENCIÓN, AL DECLARAR INADMISIBLE LA DEMANDA POR DEFECTOS FORMALES, SIN ENTRAR A CONOCER LOS MÉRITOS. EN ESTE SENTIDO, LA COMISIÓN, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, ENCUENTRA QUE LA CUESTIÓN QUE SE DEBATE, DE RESULTAR PROBADOS LOS HECHOS ALEGADOS, PODRÍA LLEGAR A CARACTERIZAR VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 7 (LIBERTAD PERSONAL), 8 (DEBIDO PROCESO LEGAL) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

V. CONCLUSIONES 44. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL PETICIONARIO Y QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE DE CONFORMIDAD A LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 46 DEL MISMO TRATADO. 45. EN FUNCIÓN DE LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO EXPUESTOS ANTERIORMENTE Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL CASO BAJO ESTUDIO, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 7, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL ESTADO DE HONDURAS Y AL PETICIONARIO. 3. INICIAR EL TRÁMITE SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN. 4. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN EL INFORME ANUAL, A SER PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.697228+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.697232+00:00

Resumen del Caso

2. LA DENUNCIA ALEGA QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE POR VIOLAR EL DERECHO A LA VIDA, LAS GARANTÍAS Y TUTELA JUDICIALES DE LA SEÑORA BLANCA JEANNETTE KAWAS FERNÁNDEZ, TODO EN CONJUNCIÓN CON LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN. LOS PETICIONAROS ALEGAN QUE EXISTE UN PATRÓN DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES CONTRA DEFENSORES AMBIENTALES EN HONDURAS, QUE LAS AUTORIDADES NO HAN LLEVADO A CABO UNA INVESTIGACIÓN EFECTIVA DEL ASESINATO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, OCURRIDO EL 06 DE FEBRERO DE 1995, Y QUE, ADEMÁS, LOS RECURSOS INTERNOS HAN RESULTADO INEFICACES EN ESTE CASO. EN LO QUE RESPECTA A LA ADMISIBILIDAD DEL ASUNTO, EL ESTADO SEÑALA QUE EN EL PRESENTE CASO NO HAN QUEDADO AGOTADOS LOS RECURSOS PREVISTOS POR LA JURISDICCIÓN INTERNA, Y QUE EN LA INVESTIGACIÓN LA DEMORA SE HA DEBIDO A QUE SE TRATA DE UN CASO COMPLEJO.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 8 Y 25 EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 46(1)(C) Y (D), 46(2)(C) Y 47(B) DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL.

Análisis del Caso

IV. ANÁLISIS A. COMPETENCIA RATIONE PERSONAE, RATIONE LOCI, RATIONE TEMPORIS Y RATIONE MATERIAE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA 34. LOS PETICIONARIOS SE ENCUENTRAN FACULTADOS POR EL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA PARA PRESENTAR DENUNCIAS ANTE LA CIDH. LA PETICIÓN SEÑALA COMO PRESUNTA VÍCTIMA A UNA PERSONA INDIVIDUAL, RESPECTO DE QUIEN EL ESTADO HONDUREÑO SE COMPROMETIÓ A RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA. EN LO CONCERNIENTE AL ESTADO, LA COMISIÓN SEÑALA QUE HONDURAS ES UN ESTADO PARTE EN LA CONVENCIÓN AMERICANA DESDE EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1977, FECHA EN QUE DEPOSITÓ SU INSTRUMENTO DE RATIFICACIÓN. POR LO TANTO LA COMISIÓN TIENE COMPETENCIA RACIONE PERSONAE PARA EXAMINAR LA PETICIÓN. 35. LA COMISIÓN TIENE COMPETENCIA RATIONE LOCI PARA CONOCER LA PETICIÓN, POR CUANTO EN ELLA SE ALEGAN VIOLACIONES DE DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA QUE HABRÍAN TENIDO LUGAR DENTRO DEL TERRITORIO DE UN ESTADO PARTE EN DICHO TRATADO, EN ESTE CASO, EL ESTADO DE HONDURAS. LA CIDH TIENE COMPETENCIA RATIONE TEMPORIS POR CUANTO LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA YA SE ENCONTRABA EN VIGOR PARA EL ESTADO EN LA FECHA EN QUE HABRÍAN OCURRIDO LOS HECHOS ALEGADOS EN LA PETICIÓN. FINALMENTE LA COMISIÓN TIENE COMPETENCIA RATIONE MATERIAE, PORQUE EN LA PETICIÓN SE DENUNCIAN VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN AMERICANA. B. OTROS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN 1. AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS 36. EL ARTÍCULO 46(1)(A) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DISPONE QUE LA ADMISIBILIDAD DE UNA PETICIÓN PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN ESTÁ SUJETA AL REQUISITO DE “QUE SE HAYAN INTERPUESTO Y AGOTADO LOS RECURSOS DE JURISDICCIÓN INTERNA, CONFORME A LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL GENERALMENTE RECONOCIDOS”. EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN ESTABLECE TRES SUPUESTOS EN LOS QUE NO SE APLICA LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS: A) QUE NO EXISTA EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DEL ESTADO DE QUE SE TRATA EL DEBIDO PROCESO LEGAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO O DERECHOS QUE SE ALEGA HAN SIDO VIOLADOS; B) QUE NO SE HAYA PERMITIDO AL PRESUNTO LESIONADO EN SUS DERECHOS EL ACCESO A LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, O HAYA SIDO IMPEDIDO DE AGOTARLOS; Y C) QUE HAYA RETARDO INJUSTIFICADO EN LA DECISIÓN SOBRE LOS MENCIONADOS RECURSOS. 37. EN EL PRESENTE CASO, ALEGAN LOS PETICIONARIOS QUE LUEGO DE TRANSCURRIDOS MÁS 10 AÑOS DE LA MUERTE DE LA SRA. BLANCA JEANTTE KAWAS FERNÁNDEZ, TODAVÍA NO SE HA SANCIONADO A NINGUNO DE LOS RESPONSABLES, NI MATERIALES NI INTELECTUALES. EN ESTE SENTIDO, INDICAN QUE EL PRESENTE CASO SE ENMARCA DENTRO DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS POR EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y QUE POR TAL MOTIVO EL CASO DEBE SER DECLARADO ADMISIBLE[4]. 38. LA COMISIÓN HA SEÑALADO QUE, COMO REGLA GENERAL, UNA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE REALIZARSE PRONTAMENTE PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS, PRESERVAR LA PRUEBA E INCLUSO SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE TODA PERSONA QUE EN EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN SEA CONSIDERADA SOSPECHOSA.[5] LA COMISIÓN CONSIDERA, ENTONCES, QUE DENTRO DE LA EXCEPCIÓN DE AGOTAMIENTO POR RETARDO INJUSTIFICADO, SI BIEN HAY UNA SERIE DE INVESTIGACIONES DE PARTE DE LOS ORGANISMOS JUDICIALES DEL ESTADO SOBRE DIFERENTES POSIBLES AUTORES DEL DELITO, HASTA EL MOMENTO NO SE HA PROCEDIDO CON LA CORRESPONDIENTE IDENTIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES. EN ESTE SENTIDO, HABIENDO PASADO MÁS DE 10 AÑOS DEL ASESINATO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, LA COMISIÓN DEBE PRONUNCIARSE EN ESTE MOMENTO SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN DE ACUERDO A LOS ARGUMENTOS PRESENTADOS POR LAS PARTES. ASIMISMO, CABE ACLARAR QUE LAS CAUSAS Y LOS EFECTOS QUE HAN IMPEDIDO EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS EN EL PRESENTE CASO SERÁN ANALIZADOS, EN LO PERTINENTE, EN EL INFORME QUE ADOPTE LA CIDH SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA, A FIN DE CONSTATAR SI EFECTIVAMENTE CONFIGURAN VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA[6]. 2. PLAZO DE PRESENTACIÓN 39. EL ARTÍCULO 46(1)(B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DISPONE QUE PARA QUE UNA PETICIÓN SEA ADMITIDA DEBERÁ SER “PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES, A PARTIR DE LA FECHA EN QUE EL PRESUNTO LESIONADO EN SUS DERECHOS HAYA SIDO NOTIFICADO DE LA DECISIÓN DEFINITIVA”. 40. EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA ESTABLECE QUE LA DISPOSICIÓN DEL ARTÍCULO 46(1)(B) NO SE APLICARÁ CUANDO: A) NO EXISTA EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DEL ESTADO DE QUE SE TRATA EL DEBIDO PROCESO LEGAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO O DERECHOS QUE SE ALEGA HAN SIDO VIOLADOS; B) NO SE HAYA PERMITIDO AL PRESUNTO LESIONADO EN SUS DERECHOS EL ACCESO A LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, O HAYA SIDO IMPEDIDO DE AGOTARLOS, Y C) HAYA RETARDO INJUSTIFICADO EN LA DECISIÓN SOBRE LOS MENCIONADOS RECURSOS. 41. EN EL CASO SUB EXAMINE, EL CUMPLIMIENTO DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46(1)(B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA ESTÁ RELACIONADO CON LA APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE JURISDICCIÓN INTERNA ESTABLECIDAS EN LA PROPIA CONVENCIÓN, CUESTIÓN ANALIZADA EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. LA COMISIÓN HA CONCLUIDO QUE EN EL PRESENTE CASO HA HABIDO UN INJUSTIFICADO RETARDO PROCESAL POR PARTE DE LAS AUTORIDADES DE HONDURAS PARA EL TOTAL ESCLARECIMIENTO DEL CASO, RAZÓN POR LA CUAL SE DA POR SATISFECHO ESTE REQUISITO.[7] 42. AHORA BIEN, EL ARTÍCULO 32(2) DEL REGLAMENTO DE LA CIDH DETERMINA AL RESPECTO: EN LOS CASOS EN LOS CUALES RESULTEN APLICABLES LAS EXCEPCIONES AL REQUISITO DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, LA PETICIÓN DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, A CRITERIO DE LA COMISIÓN. A TAL EFECTO, LA COMISIÓN CONSIDERARÁ LA FECHA EN QUE HAYA OCURRIDO LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS Y LAS CIRCUNSTANCIAS DE CADA CASO. 43. LA PETICIÓN FUE RECIBIDA EL DÍA 6 DE FEBRERO DE 2003 Y EL HECHO CON EL QUE DIERON ORIGEN A LA TRAMITACIÓN DE ESTE PROCESO, EL ASESINATO DE BLANCA JEANNETTE KAWAS, OCURRIÓ EL 6 DE FEBRERO DE 1995 Y LAS INVESTIGACIONES, TESTIMONIOS Y PESQUISAS HAN SEGUIDO GENERANDO INFORMACIÓN SOBRE PRESUNTOS AUTORES, PERO SIN RESULTADO ALGUNO, HASTA ANTES DE PRESENTADA LA PETICIÓN. POR LO TANTO, A CRITERIO DE LA COMISIÓN, CON BASE EN LO EXPUESTO SUPRA Y EN CONSIDERACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS DEL CASO EN CUESTIÓN, LA PETICIÓN FUE PRESENTADA DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE.

Decisión

DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1(1), 4, 8, Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.698722+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.698726+00:00

Resumen del Caso

2. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EL ESTADO DE HONDURAS VIOLÓ LA CONVENCIÓN AMERICANA AL NO REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA Y EFECTIVA A FIN DE CASTIGAR A LOS RESPONSABLES DEL HOMICIDIO DEL SEÑOR ESCALERAS, Y AL NO TOMAR MEDIDAS EFECTIVAS PARA LA PREVENCIÓN DE DELITOS CONTRA DEFENSORES ECOLOGISTAS CONSIDERANDO EL CONTEXTO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. EN RELACIÓN CON LA ADMISIBILIDAD ALEGAN QUE EL RETARDO INJUSTIFICADO EN LA DECISIÓN DE LOS RECURSOS INTERNOS LOS EXCEPTÚA DE AGOTAR LOS MISMOS. 3. EL ESTADO ALEGÓ LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA. 6. LOS PETICIONARIOS SEÑALAN QUE EL 18 DE OCTUBRE DE 1997, APROXIMADAMENTE A LAS 18:30 HORAS, CUANDO EL SEÑOR CARLOS ESCALERAS MEJÍA REGRESABA A SU ESTABLECIMIENTO COMERCIAL DE UNA ACTIVIDAD POLÍTICA DE SU PARTIDO, SALIERON DOS SUJETOS DE ENTRE LAS SOMBRAS Y LE DISPARARON DOS TIROS EN LA ESPALDA. EXPONEN QUE EL SEÑOR ESCALERAS FUE LLEVADO A LA CLÍNICA CEMECO DONDE NO PUDO SER ATENDIDO. DE AHÍ FUE LLEVADO A UN HOSPITAL DE LA CEIBA DONDE FUE INTERVENIDO QUIRÚRGICAMENTE PERO NO RESISTIÓ LA OPERACIÓN Y FALLECIÓ EN EL TRANSCURSO DE LA MADRUGADA. 7. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EL SEÑOR ESCALERAS ERA UNO DE LOS MÁS RECONOCIDOS LÍDERES POPULARES DEL VALLE DEL AGUÁN, HABIÉNDOSE DESEMPEÑADO COMO DIRIGENTE EN DIVERSAS ORGANIZACIONES, TALES COMO EL COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS (CODEH), EL FRENTE COMÚN DE PATRONATOS Y LA COORDINADORA DE ORGANIZACIONES POPULARES (COPA). EN ESTA ÚLTIMA ORGANIZACIÓN, EN LA QUE SU TRABAJO TUVO MÁS IMPACTO, SE VINCULÓ A LOS MOVIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN COMUNITARIA Y AMBIENTALISTA, QUE GOZABAN DE MUCHA CREDIBILIDAD POR SU FUERTE DENUNCIA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. UNA DE LAS FACETAS IMPORTANTES DE SU LUCHA FUE DENUNCIAR Y OPONERSE A LAS ACTIVIDADES DE EMPRESAS QUE CAUSABAN DAÑO AL MEDIO AMBIENTE Y AL ECOSISTEMA DEL VALLE AL DERRAMAR SUSTANCIAS TÓXICAS EN LOS RÍOS. ESTO TRAJO COMO CONSECUENCIA –SEGÚN DECLARACIONES QUE OBRAN EN ACTUACIONES JUDICIALES- PRESIONES[1] Y AMENAZAS CONTRA SU VIDA QUE CULMINARON CON SU ASESINATO. ALEGAN QUE SU MUERTE SOBREVINO EN EL CONTEXTO DEL CLIMA DE INSEGURIDAD Y PERSECUCIÓN EN QUE VIVEN LOS DEFENSORES AMBIENTALISTAS EN HONDURAS[2]. EN ESTE SENTIDO, MENCIONAN LA VISITA A HONDURAS DE LA RELATORA ESPECIAL DE NACIONES UNIDAS PARA EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, SUMARIAS Y ARBITRARIAS, QUIEN EXPRESÓ EN SU INFORME QUE CONOCIÓ DE “CASOS DE ECOLOGISTAS Y ACTIVISTAS INDÍGENAS ASESINADOS Y AMENAZADOS A INSTANCIAS DE PODEROSOS TERRATENIENTES Y EMPRESARIOS”.

Derechos

ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA), 8 (DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL), TODOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) (DEBER GENERAL DE GARANTÍA) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Análisis del Caso

24. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO BASTA QUE EL ESTADO ALEGUE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LEGALES INTERNOS PARA QUE ELLA PROSPERE. COMO LO HA ESTABLECIDO LA CORTE INTERAMERICANA, UN ESTADO QUE INVOCA ESTA EXCEPCIÓN DEBE TAMBIÉN IDENTIFICAR LOS RECURSOS INTERNOS A AGOTAR Y PROBAR SU EFECTIVIDAD EN TALES CIRCUNSTANCIAS, COSA QUE HONDURAS NO HA HECHO EN EL PRESENTE CASO. 25. FINALMENTE, LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADAS A LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A CIERTOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN, TALES COMO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO (ARTÍCULO 8) Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25). CABE TENERSE EN CUENTA, SIN EMBARGO, QUE EL ARTÍCULO 46(2), POR SU NATURALEZA Y OBJETO, TIENE CONTENIDO AUTÓNOMO CON RESPECTO A LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN Y DEPENDE DE UN ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DISTINTO DE AQUÉL UTILIZADO PARA DETERMINAR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE ESTE INSTRUMENTO INTERNACIONAL. ELLO HACE QUE LA APLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS PREVISTAS EN LOS LITERALES (A), (B) Y (C) DEL ARTÍCULO 46(2) DEBAN RESOLVERSE COMO UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, COMO LO ESTÁ HACIENDO LA COMISIÓN AL EMITIR EL PRESENTE INFORME. 26. EN CONSECUENCIA, LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE AGOTARON LOS RECURSOS INTERNOS Y EL EFECTO JURÍDICO DE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS MISMOS SERÁN ANALIZADOS CUANDO LA COMISIÓN ESTUDIE EL FONDO DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA CON EL OBJETO DE DETERMINAR SI SE HAN CONFIGURADO VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 PRECITADOS.

Decisión

31. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE PRIMA FACIE LOS HECHOS ALEGADOS POR LOS PETICIONARIOS, DE RESULTAR PROBADOS, PODRÍAN LLEGAR A CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN, EN PERJUICIO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, DE LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA), 8 (DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL), TODOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) (DEBER GENERAL DE GARANTÍA) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. EN RELACIÓN CON LA POSIBILIDAD DE QUE LOS HECHOS ALEGADOS PUDIEREN LLEGAR A CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL ARTÍCULO 4, RELACIONADO CON EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, IMPLICA UN DEBER DE PROTECCIÓN INTEGRAL QUE NO SÓLO PRESUPONE QUE NINGUNA PERSONA SEA PRIVADA DE SU VIDA ARBITRARIAMENTE (OBLIGACIÓN NEGATIVA), SINO QUE ADEMÁS REQUIERE QUE LOS ESTADOS TOMEN TODAS LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PROTEGER Y PRESERVAR EL DERECHO A LA VIDA (OBLIGACIÓN POSITIVA)[10] CONFORME A SU DEBER DE GARANTIZAR EL PLENO Y LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE TODAS LAS PERSONAS BAJO SU JURISDICCIÓN.[11] SE TRATA ESTE DE UN DEBER CUYOS ALCANCES IMPONEN AL ESTADO, ADEMÁS, LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR EFICIENTEMENTE Y SANCIONAR AQUELLAS ACTUACIONES QUE PUDIERAN CONDUCIR, INCLUSO POR ACCIÓN U OMISIÓN, A LA SUPRESIÓN DE LA INVIOLABILIDAD DEL DERECHO A LA VIDA, ASÍ COMO LA OBLIGACIÓN DE REPARAR A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS LOS PERJUICIOS CAUSADOS POR DICHAS VIOLACIONES. A LA LUZ DE ESTAS CONSIDERACIONES, LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO PODRÍAN CONFIGURAR UNA VIOLACIÓN DEL DEBER DE GARANTÍA DERIVADO DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN. V. CONCLUSIÓN 32. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE ES COMPETENTE PARA CONOCER LA PRESENTE PETICIÓN Y QUE LA MISMA ES ADMISIBLE CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46 (1)(C) Y (D), 46(2)(A) Y (C) Y 47 DE LA CONVENCIÓN. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR, SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA PRESENTE DENUNCIA, QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE EN RELACIÓN A LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA); 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN, TODO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) DEL REFERIDO TRATADO (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN).

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.700625+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.700628+00:00

Resumen del Caso

2. LOS PETICIONARIOS DENUNCIAN QUE EL 11 DE ENERO DE 1998 LOS MENORES OSCAR DANIEL MEDINA CORTÉS Y JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, DE 15 Y 14 AÑOS RESPECTIVAMENTE, FUERON RAPTADOS POR CINCO SUJETOS ARMADOS, NO IDENTIFICADOS, QUE PORTABAN ARMAS DE FUEGO DE ALTO CALIBRE Y QUE FUERON ENCONTRADOS MUERTOS AL DÍA SIGUIENTE. ALEGAN QUE ESTE CRIMEN DEBE SER ANALIZADO EN EL CONTEXTO DE LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS EXISTENTE EN HONDURAS. ALEGAN TAMBIÉN LOS PETICIONARIOS EL RETARDO INJUSTIFICADO EN LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE TODOS LOS RESPONSABLES, LO QUE SEGÚN ELLOS LES EXIMIRÍA DE AGOTAR LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS CON BASE EN LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46(2)(C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 3. EL ESTADO NEGÓ LA EXISTENCIA DE UNA PRÁCTICA DE IMPUNIDAD ORDENADA O TOLERADA POR EL ESTADO EN CRÍMENES CONTRA MENORES DE EDAD SUPUESTAMENTE COMETIDOS POR AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL. ADEMÁS, EL ESTADO OPUSO EXPRESAMENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS.

Derechos

ARTÍCULOS 4, 5, 19, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, TODOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

22. LOS PETICIONARIOS HAN ALEGADO QUE LA INVESTIGACIÓN INICIADA DE OFICIO POR EL ESTADO CON EL FIN DE ESCLARECER LOS HECHOS DE LA MUERTE DE LOS NIÑOS, JUZGAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES, SE HA PROLONGADO POR UN LAPSO IRRAZONABLE, NO HA SIDO EFICAZ Y HA GENERADO IMPUNIDAD. SOLICITAN, POR LO TANTO, SE DECLARE EL CASO ADMISIBLE CONFORME AL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, QUE ESTABLECE QUE EL REQUISITO DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN NO RESULTAN APLICABLES CUANDO: A. NO EXISTA EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DEL ESTADO DE QUE SE TRATA EL DEBIDO PROCESO LEGAL PARA LA PROTECCIÓN DEL DERECHO O DERECHOS QUE SE ALEGA HAN SIDO VIOLADOS; B. NO SE HAYA PERMITIDO AL PRESUNTO LESIONADO EN SUS DERECHOS EL ACCESO A LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, O HAYA SIDO IMPEDIDO DE AGOTARLOS, Y C. HAYA RETARDO INJUSTIFICADO EN LA DECISIÓN SOBRE LOS MENCIONADOS RECURSOS. 23. EL REQUISITO DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS SE RELACIONA CON LA POSIBILIDAD QUE TIENE EL ESTADO DE INVESTIGAR Y SANCIONAR LAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS QUE COMETAN SUS AGENTES, A TRAVÉS DE SUS ÓRGANOS JUDICIALES INTERNOS, ANTES DE VERSE EXPUESTO A UN PROCESO INTERNACIONAL. ELLE PRESUPONE, SIN EMBARGO, QUE EXISTA A NIVEL INTERNO EL DEBIDO PROCESO LEGAL PARA INVESTIGAR DICHAS VIOLACIONES Y QUE DICHA INVESTIGACIÓN SEA EFICAZ, PUES DE LO CONTRARIO LA COMISIÓN INTERAMERICANA, CONFORME AL ARTÍCULO 46(2)(A) DE LA CONVENCIÓN, PUEDE CONOCER DEL CASO ANTES DE QUE SE AGOTEN LOS RECURSOS INTERNOS. 24. EL ESTADO HONDUREÑO OPUSO LA EXCEPCIÓN RELATIVA A LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS DESDE LAS PRIMERAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO. SIN EMBARGO LA COMISIÓN CONSTATA QUE EL DERECHO DEL ESTADO A ALEGAR QUE UNA PETICIÓN NO ES ADMISIBLE POR NO HABERSE AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS NO PUEDE SERVIR DE BASE PARA DETENER O DEMORAR INDEFINIDAMENTE LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL EN AUXILIO DE LA VÍCTIMA INDEFENSA. SI EN UN CASO DETERMINADO EL TRÁMITE DE LOS RECURSOS INTERNOS SE DEMORA EN FORMA INJUSTIFICADA, PUEDE DEDUCIRSE QUE ÉSTOS HAN PERDIDO SU EFICACIA PARA PRODUCIR EL RESULTADO PARA EL QUE SE ESTABLECIERON Y QUE CORRESPONDE, EN CONSECUENCIA, APLICAR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE FIGURAN LAS EXCEPCIONES ARRIBA MENCIONADAS, QUE EXIMEN EL REQUISITO DE QUE LOS MISMOS SEAN AGOTADOS. 25. LA COMISIÓN ESTIMA QUE, COMO REGLA GENERAL, UNA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE REALIZARSE CON PRONTITUD PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS Y PRESERVAR LA PRUEBA. EN ESTE CASO, SE INICIÓ UNA ACCIÓN EN EL JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS DE LO CRIMINAL DE SAN PEDRO SULA MEDIANTE UN “POR CUANTO”, EL 15 DE ENERO DE 1998. SEGÚN LA INFORMACIÓN RECIBIDA HASTA LA PRESENTE FECHA, MÁS DE SIETE AÑOS DESPUÉS DEL HECHO, EL PROCESO SE ENCUENTRA EN SU FASE SUMARIA O INVESTIGATIVA. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO SIN QUE SE INVESTIGUE EFECTIVAMENTE, SE PROCESE Y SANCIONE A TODOS LOS RESPONSABLES, CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DE RETARDO INJUSTIFICADO Y DE LAS ESCASAS PERSPECTIVAS DE EFECTIVIDAD DE ESTE RECURSO. EL ESTADO NO HA APORTADO JUSTIFICACIÓN ALGUNA DE TAL RETARDO. 26. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO BASTA QUE EL ESTADO ALEGUE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LEGALES INTERNOS PARA QUE ELLA PROSPERE. COMO LO HA ESTABLECIDO LA CORTE INTERAMERICANA, UN ESTADO QUE INVOCA ESTA EXCEPCIÓN DEBE TAMBIÉN IDENTIFICAR LOS RECURSOS INTERNOS A AGOTAR Y PROBAR SU EFECTIVIDAD EN TALES CIRCUNSTANCIAS, COSA QUE HONDURAS NO HA HECHO EN EL PRESENTE CASO. 27. FINALMENTE, LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADAS A LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A CIERTOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN, TALES COMO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO (ARTÍCULO 8) Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25). CABE TENERSE EN CUENTA, SIN EMBARGO, QUE EL ARTÍCULO 46(2), POR SU NATURALEZA Y OBJETO, TIENE CONTENIDO AUTÓNOMO CON RESPECTO A LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN Y DEPENDE DE UN ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DISTINTO DE AQUÉL UTILIZADO PARA DETERMINAR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE ESTE INSTRUMENTO INTERNACIONAL. ELLO HACE QUE LA APLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS PREVISTAS EN LOS LITERALES (A), (B) Y (C) DEL ARTÍCULO 46(2) DEBAN RESOLVERSE COMO UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, COMO LO ESTÁ HACIENDO LA COMISIÓN AL EMITIR EL PRESENTE INFORME. 33. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE NO SE EVIDENCIA EN ESTE CASO LA FALTA DE FUNDAMENTO O IMPROCEDENCIA DEL RECLAMO PRESENTADO Y QUE, PRIMA FACIE, LAS ALEGACIONES DE LOS PETICIONARIOS RELATIVAS A LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA, LA INTEGRIDAD PERSONAL, LA LIBERTAD PERSONAL, LOS DERECHOS DEL NIÑO, EL DEBIDO PROCESO Y LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES PODRÍA LLEGAR A CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS GARANTIZADOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 19, 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, TODOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) DEL MISMO INSTRUMENTO. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN CONSIDERA SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL ARTÍCULO 47(B) Y (C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8, 19, 25, Y 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.702620+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.702624+00:00

Resumen del Caso

2. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 1995 UNA PATRULLA DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA (DE AHORA EN ADELANTE LA “FUSEP”) DETUVO A ABELARDO ACOSTA JIMÉNEZ Y A DIXIE URBINA ROSALES EN UNA BARBERÍA, LLEVÁNDOLOS A LA POSTA DEL BARRIO LA GRANJA DE ESTA FUERZA. COMO DIXIE PORTABA UNA PARTIDA DE NACIMIENTO A NOMBRE DE RAMÓN ANTONIO ORTEGA VÁZQUEZ, SU DETENCIÓN SE REGISTRÓ CON ESE NOMBRE. JIMÉNEZ FUE PUESTO EN LIBERTAD EL MISMO DÍA PERO DIXIE PERMANECIÓ DETENIDO. EL JOVEN URBINA FUE LUEGO TRASLADADO AL SÉPTIMO BATALLÓN DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA (DE AHORA EN ADELANTE SÉPTIMO BATALLÓN DE LA FUSEP). EL 23 DE OCTUBRE POR LA MAÑANA DIXIE FUE SACADO DE LA CELDA NÚMERO 3, DONDE PERMANECÍA DETENIDO JUNTO CON OTRAS PERSONAS, Y NUNCA SE LE VOLVIÓ A VER. HASTA AHORA CONTINÚA DESAPARECIDO. 3. EL ESTADO HONDUREÑO SEÑALA QUE DIXIE MIGUEL URBINA ROSALES FUE EFECTIVAMENTE DETENIDO EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 1995 POR AGENTES DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA, QUIENES LO CONDUJERON PRIMERO, A LA BASE DEL TERCER ESCUADRÓN POLICIAL Y LUEGO AL SÉPTIMO COMANDO REGIONAL (CORE 7) DE TEGUCIGALPA (DE AHORA EN ADELANTE "CORE 7”), HABIENDO SIDO LIBERADO AL DÍA SIGUIENTE, CONFORME CONSTA EN LOS REGISTROS DE DICHO COMANDO. 10. SEGÚN LOS PETICIONARIOS, EL DÍA 22 DE OCTUBRE DE 1995, MIENTRAS ESTABAN ABELARDO ACOSTA JIMÉNEZ Y DIXIE URBINA ROSALES EN UNA BARBERÍA, LLEGÓ UNA PATRULLA DE LA FUSEP QUE SE DIRIGIÓ DIRECTAMENTE A DONDE ELLOS SE ENCONTRABAN Y LOS DETUVO. EN ESE MOMENTO DIXIE PORTABA UNA PARTIDA DE NACIMIENTO A NOMBRE DE RAMÓN ANTONIO ORTEGA VÁZQUEZ, NOMBRE BAJO EL CUAL SE LE DETUVO. LA PATRULLA LLEVÓ A LOS DETENIDOS A LA POSTA DE LA FUSEP, DEJANDO EN LIBERTAD A JIMÉNEZ A LA 1:00 DE LA TARDE DEL MISMO DÍA; DIXIE PERMANECIÓ DETENIDO. DESPUÉS DE HABER INFORMADO LO OCURRIDO A LA HERMANA DE DIXIE, ABELARDO PREGUNTÓ POR ÉL EN LA POSTA DEL BARRIO LA GRANJA, DONDE LE DIJERON QUE LO HABÍAN TRASLADADO AL SÉPTIMO COMANDO DE LA FUSEP. 11. EL 23 DE OCTUBRE DE 1995 LA HERMANA DE DIXIE, WENDY DAYANARA URBINA ROSALES Y SU ESPOSO, OSCAR RENIERY ROSALES, SE TRASLADARON AL SÉPTIMO COMANDO DE LA FUSEP A PREGUNTAR POR DIXIE. EN EL COMANDO LES CONFIRMARON QUE ÉSTE SE ENCONTRABA DETENIDO ALLÍ, POR LO CUAL ENVIARON CON LOS GUARDIAS LA COMIDA QUE LE HABÍAN TRAÍDO. A LOS POCOS MINUTOS LOS GUARDIAS REGRESARON CON LA COMIDA INFORMÁNDOLES QUE DIXIE HABÍA SALIDO POR “INDULTO” A LAS 7.00 A.M. TESTIGOS RECONOCIERON A DIXIE EN LA CELDA NÚMERO 3 DEL SÉPTIMO BATALLÓN Y UNO DE ELLOS DECLARÓ QUE A LAS 7:00 A.M. SE LO LLEVARON Y QUE NUNCA REGRESÓ. DESPUÉS DEL DÍA 23 DE OCTUBRE, ABELARDO FUE A LA PENITENCIARÍA CENTRAL PARA VER SI ESTABA DIXIE PERO LE DIJERON “AQUÍ NO HAY NINGÚN DIXIE”. DESDE LA MAÑANA DEL 23 DE OCTUBRE NO SE VOLVIÓ A VER A LA VÍCTIMA NI NADIE TUVO NOTICIAS DE ELLA.

Derechos

DERECHOS A LA VIDA (ARTÍCULO 4); A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ARTÍCULO 5); A LA LIBERTAD PERSONAL (ARTÍCULO 7); A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8(1), Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25), ASÍ COMO TAMBIÉN AL DEBER GENERAL DE GARANTÍA (ARTÍCULO 1(1), ESTABLECIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Análisis del Caso

31. EL 29 DE OCTUBRE DE 1995, EL SEÑOR MIGUEL URBINA, PADRE DE DIXIE URBINA ROSALES, PRESENTÓ DENUNCIA ANTE LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL (DIC)[5] POR LA DESAPARICIÓN DE SU HIJO; EL 1° DE NOVIEMBRE DE 1995 INTERPUSO UN RECURSO DE HABEAS CORPUS JUDICIAL ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES CONTRA LA COMANDANCIA DEL SÉPTIMO COMANDO DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA (FUSEP), PRESIDIDA POR EL CORONEL DAVID ABRAHAM MENDOZA, EL CUAL FUE EJECUTADO EL VIERNES 3 DE NOVIEMBRE DE 1995 POR EL JUEZ EJECUTOR DE LA DEFENSA PÚBLICA, SIN RESULTADOS POSITIVOS[6]. 32. EL ESTADO HONDUREÑO OPUSO LA EXCEPCIÓN RELATIVA A LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS,[7] PERO NO IDENTIFICÓ LOS RECURSOS INTERNOS A AGOTAR NI SU EFECTIVIDAD EN EL CASO PARTICULAR.[8] 33. LA CORTE INTERAMERICANA HA ESTABLECIDO QUE EN LOS CASOS DE DESAPARICIONES, EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL O HABEAS CORPUS ES, NORMALMENTE, EL ADECUADO PARA HALLAR A UNA PERSONA PRESUNTAMENTE DETENIDA POR LAS AUTORIDADES, AVERIGUAR SI LO ESTÁ LEGALMENTE Y, LLEGADO EL CASO, LOGRAR SU LIBERTAD. EN ESTOS CASOS, EL HECHO DE HABER INTENTADO UN HÁBEAS CORPUS O UN AMPARO SIN ÉXITO, ES SUFICIENTE PARA TENER POR AGOTADOS LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA SI LA PERSONA DETENIDA SIGUE SIN APARECER, YA QUE NO HAY OTRO RECURSO MÁS APROPIADO PARA EL CASO.[9] 34. EN EL CASO SUB EXAMINE, DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS INTERPUESTOS NINGUNO DIO RESULTADO PARA DETERMINAR EL PARADERO DE DIXIE, QUIEN SIGUE SIN APARECER A PESAR DE QUE HAN TRANSCURRIDO SIETE AÑOS DESDE QUE OCURRIERON LOS HECHOS DEL CASO. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE CON LA INTERPOSICIÓN DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS SE HA CUMPLIDO CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 DE LA CONVENCIÓN, POR LO QUE SE DEBE RECHAZAR LA EXCEPCIÓN PRELIMINAR DEL GOBIERNO SOBRE INADMISIBILIDAD DE LA PETICIÓN POR NO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO. 2. SEGUIR CON EL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO. 3. REMITIR ESTE INFORME AL ESTADO DE HONDURAS Y A LOS PETICIONARIOS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.705944+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.705948+00:00

Resumen del Caso

1. EL 11 DE OCTUBRE DEL 2000, EL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL) Y LA ASOCIACIÓN CASA ALIANZA AMÉRICA LATINA (CASA ALIANZA) (EN ADELANTE LOS PETICIONARIOS) PRESENTARON DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN INTERAMERICANA”, O LA “ CIDH”), EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS (“EL ESTADO”, “HONDURAS” O EL “ESTADO HONDUREÑO”), POR LA DETENCIÓN ILEGAL, TORTURA Y POSTERIOR ASESINATO DE MARCO ANTONIO SERVELLÓN GARCÍA (16 AÑOS), RONY ALEXIS BETANCOURT HERNÁNDEZ (17 AÑOS), DIÓMEDES OBED GARCÍA (18 AÑOS) Y ORLANDO ALVAREZ RÍOS (32 AÑOS). 2. LOS PETICIONARIOS ALEGARON QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS CONFIGURAN LA VIOLACIÓN DE LOS SIGUIENTES DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN AMERICANA”): DERECHO A LA VIDA (ARTÍCULO 4); DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ARTÍCULO 5); DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (ARTÍCULO 7); DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8) Y DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25); ADEMÁS, CON RESPECTO A MARCO ANTONIO SERVELLÓN GARCÍA Y RONY ALEXIS BETANCOURT HERNÁNDEZ, LOS DERECHOS DEL NIÑO (ARTÍCULO 19). TAMBIÉN ALEGAN LA VIOLACIÓN DE LA OBLIGACIÓN GENÉRICA DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 1 DE LA MISMA. 3. CON RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD, EL ESTADO ALEGÓ QUE LA DENUNCIA ES INADMISIBLE POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 46(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, Y LOS PETICIONARIOS ALEGARON QUE HA HABIDO RETARDO INJUSTIFICADO EN LA INVESTIGACIÓN Y EN LA DECISIÓN DE ESTOS RECURSOS Y QUE LOS MISMOS NO FUERON EFECTIVOS PARA OBTENER LOS RESULTADOS PARA LOS QUE FUERON CONCEBIDOS, POR LO QUE SE APLICAN LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 6. LOS PETICIONARIOS HAN ALEGADO QUE EN HONDURAS EXISTE UNA PRÁCTICA ORDENADA Y TOLERADA POR EL ESTADO DE DEJAR EN LA IMPUNIDAD CRÍMENES EN LOS QUE PARTICIPAN AGENTES DE LA POLICÍA NACIONAL Y QUE TIENEN COMO VÍCTIMAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES DE LA CALLE, SITUACIÓN QUE SEGÚN ELLOS SE ENCUENTRA ACREDITADA EN EL EXPEDIENTE JUDICIAL. 7. EXPRESAN LOS DENUNCIANTES QUE EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EN LAS INMEDIACIONES DEL ESTADIO NACIONAL TIBURCIO CARÍAS ANDINO, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, SE REALIZÓ UN OPERATIVO POLICIAL PREVENTIVO, CON EL OBJETO DE EVITAR LA COMISIÓN DE DELITOS DURANTE LOS DESFILES PATRIOS QUE SE REALIZARÍAN CON OCASIÓN DE LA CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA INDEPENDENCIA DE HONDURAS. DURANTE DICHO OPERATIVO LAS PATRULLAS POLICIALES REGISTRADAS CON LOS NÚMEROS 50, 77 Y 82 DE LA FUERZA PÚBLICA DEL SÉPTIMO COMANDO REGIONAL DETUVIERON A 128 JÓVENES EN UNA FORMA ILEGAL Y ARBITRARIA YA QUE LOS POLICÍAS NO CONTABAN CON ÓRDENES JUDICIALES, NI ENCONTRARON A DICHOS JÓVENES EN LA COMISIÓN DE UN DELITO INFRAGANTI. DENTRO DEL GRUPO DE JÓVENES QUE DETUVO LA POLICÍA SE ENCONTRABAN: RONY ALEXIS BETANCOURT, MARCO ANTONIO SERVELLÓN GARCÍA, Y ORLANDO ALVAREZ RÍOS, QUIENES FUERON TRASLADADOS A LAS INSTALACIONES DEL SÉPTIMO COMANDO REGIONAL (EN ADELANTE EL CORE 7)[3] DE LA FUSEP, Y CUYOS INGRESOS A LAS CELDAS POLICIALES CONSTAN BAJO LOS NÚMEROS 45, 63 Y 76 RESPECTIVAMENTE, DEL LIBRO DE DETENCIONES QUE LLEVA DICHO COMANDO.[4] DIÓMEDES ABEL GARCÍA FUE INTERCEPTADO POR AGENTES DE LA POLICÍA HONDUREÑA EN LAS INMEDIACIONES DE UN LOCAL DE JUEGOS ELECTRÓNICOS EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1995, SIENDO TRASLADADO EN UN PATRULLERO AL CORE 7. SU DETENCIÓN NO FUE ANOTADA FORMALMENTE EN LOS LIBROS RESPECTIVOS PERO FUE CONFIRMADA POR OTROS DETENIDOS (ANEXO 1 DE LA DENUNCIA). 8. AFIRMAN LOS PETICIONARIOS QUE LA JUEZ DE POLICÍA DEL COMANDO REGIONAL NÚMERO SIETE DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD PÚBLICA, ROXANA SIERRA RAMÍREZ, INFORMÓ A LOS FAMILIARES DE MARCO ANTONIO SERVELLÓN Y A LOS DE RONY BETANCOURT QUE ÉSTOS SERÍAN LIBERADOS EL LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DE 1995. ASIMISMO, DILCIA ALVAREZ RÍOS, HERMANA DE ORLANDO ALVAREZ, DECLARÓ ANTE EL JUEZ DE PAZ SEGUNDO DE LO CRIMINAL DEL MUNICIPIO CENTRAL DE TEGUCIGALPA QUE EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1995 RECIBIÓ UNA LLAMADA TELEFÓNICA DE SU HERMANO DESDE EL CORE 7, COMUNICÁNDOLE QUE SERÍA LIBERADO EL LUNES 18 DE SEPTIEMBRE DEL MISMO AÑO. LA JUEZ ROXANA SIERRA FIRMÓ LAS SUPUESTAS LIBERACIONES DE MARCO ANTONIO, RONY Y ORLANDO A LAS 11 DE LA MAÑANA DEL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1995. 9. SEGÚN LOS PETICIONARIOS, EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1995, ES DECIR AL DÍA SIGUIENTE DE LAS SUPUESTAS LIBERACIONES, MARCO ANTONIO SERVELLÓN FUE ASESINADO EN LA COLONIA “EL LOLO”, A ORILLAS DE LA VIEJA CARRETERA DEL NORTE. ESE MISMO DÍA SE ENCONTRARON LOS CUERPOS SIN VIDA DE RONY ALEXIS BENTANCOURT, A 50 METROS DEL PUENTE DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA COLONIA NUEVA SUYAPA; DE ORLANDO ALVAREZ RÍOS, EN LA CARRETERA DEL NORTE, A LA ALTURA DEL KILÓMETRO 41, Y DE DIÓMEDES GARCÍA, ENTRE LOS KILÓMETROS 8 Y 9 DE LA CARRETERA QUE CONDUCE AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO. SEGÚN LOS PETICIONARIOS LOS PRESUNTOS RESPONSABLES SERÍAN LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS POLICIALES: DAVID ABRAHAM MENDOZA, MARCO TULIO REGALADO, ALBERTO JOSÉ ALFARO MARTÍNEZ, HUGO ANTONIO VIVAS, JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ ARRAZOLA, Y LA JUEZ DE POLICÍA ROXANA SIERRA.[5] DADO LOS LUGARES EN QUE APARECIERON LOS CUERPOS, EL CASO ES CONOCIDO COMO “CUATRO PUNTOS CARDINALES”.

Derechos

ARTÍCULOS 1(1) (DEBER GENERAL DE GARANTÍA), 5 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL); 7 (DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL); 19 (DERECHOS DEL NIÑO); 8(1) (DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. ARTÍCULOS 4, 5, 7, 8, 19 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Análisis del Caso

26. LA COMISIÓN HA SEÑALADO REITERADAMENTE QUE NO BASTA QUE EL ESTADO ALEGUE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LEGALES INTERNOS PARA QUE ELLA PROSPERE. COMO LO HA ESTABLECIDO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, UN ESTADO QUE INVOCA ESTA EXCEPCIÓN DEBE TAMBIÉN IDENTIFICAR LOS RECURSOS INTERNOS A AGOTAR Y PROBAR SU EFECTIVIDAD EN TALES CIRCUNSTANCIAS, COSA QUE HONDURAS NO HA HECHO. 27. A EFECTO DE PROVEER UN RECURSO APROPIADO PARA REMEDIAR LAS VIOLACIONES ALEGADAS, QUE CONSTITUYEN DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, LE CORRESPONDÍA AL ESTADO, EN PARTICULAR EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA ACCIÓN PUNITIVA, INICIAR DE OFICIO LOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IDENTIFICAR, PROCESAR Y SANCIONAR A TODOS LOS RESPONSABLES, IMPULSANDO DILIGENTEMENTE TODAS LAS ETAPAS PROCESALES HASTA SU CONCLUSIÓN. A CRITERIO DE LA COMISIÓN, LOS SIETE AÑOS TRANSCURRIDOS DESDE QUE OCURRIERON LOS HECHOS HASTA LA PRESENTE FECHA, BRINDARON AL ESTADO TIEMPO MÁS QUE SUFICIENTE PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES, JUZGAR Y CASTIGAR A LOS RESPONSABLES EN EL ÁMBITO INTERNO. 28. LA CORTE INTERAMERICANA Y LA CIDH HAN SEÑALADO REITERADAMENTE QUE LA REGLA GENERAL QUE REQUIERE EL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS RECONOCE EL DERECHO DEL ESTADO A “RESOLVER EL PROBLEMA SEGÚN SU DERECHO INTERNO ANTES DE VERSE ENFRENTADO A UN PROCESO INTERNACIONAL”[14] EN ESTE CASO ANTE LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE ES "COADYUVANTE O COMPLEMENTARIA" DE LA INTERNA.[15] ESTA REGLA GENERAL NO SÓLO RECONOCE AL ESTADO EL CITADO DERECHO SINO QUE LE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR A LAS PERSONAS BAJO SU JURISDICCIÓN RECURSOS ADECUADOS PARA PROTEGER LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA Y EFECTIVOS PARA PRODUCIR EL RESULTADO PARA EL QUE FUERON CONCEBIDOS. SI LOS RECURSOS OFRECIDOS POR EL ESTADO NO REÚNEN ESTOS SUPUESTOS CORRESPONDE APLICAR LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN, QUE SE HAN ESTABLECIDO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA ACCIÓN INTERNACIONAL CUANDO LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA Y EL PROPIO SISTEMA JUDICIAL INTERNO NO SEAN EXPEDITOS Y EFECTIVOS PARA ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS. 29. LA COMISIÓN ESTIMA QUE EN ESTE CASO LOS RECURSOS INTERNOS NO HAN SIDO EFECTIVOS PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA, POR LO CUAL SE APLICA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46(2) LITERAL (A) DE LA CONVENCIÓN. TAMBIÉN SE APLICA LA EXCEPCIÓN ESTABLECIDA EN EL LITERAL (C) DE LA MISMA DISPOSICIÓN PORQUE SE HA PRODUCIDO UN RETARDO INJUSTIFICADO EN LA DECISIÓN DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS QUE ELIMINA LA POSIBILIDAD RAZONABLE DE OBTENER EL REMEDIO O RESULTADO PARA EL CUAL SE ESTABLECIERON. ESTE RETARDO INJUSTIFICADO DE JUSTICIA ES INCOMPATIBLE CON LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE PONER RECURSOS ADECUADOS Y EFECTIVOS A DISPOSICIÓN DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO SU JURISDICCIÓN. 30. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, LA COMISIÓN REITERA QUE LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS NO DEBE ENTENDERSE COMO LA NECESIDAD DE EFECTUAR, MECÁNICAMENTE, TRÁMITES FORMALES, Y QUE SI EL TRÁMITE DE DICHOS RECURSOS SE DEMORA EN FORMA INJUSTIFICADA SE PUEDE DEDUCIR SU INEFICACIA PARA OBTENER EL REMEDIO O RESULTADO PARA EL CUAL SE ESTABLECIERON. EN CONSECUENCIA, EL DERECHO DEL ESTADO A ALEGAR QUE ESTA PETICIÓN ES INADMISIBLE POR NO HABERSE AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS NO PUEDE DETENER O DEMORAR INDEFINIDAMENTE LA ACTUACIÓN DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN EN AUXILIO DE LAS VÍCTIMAS INDEFENSAS, SITUACIÓN ÉSTA QUE EL LEGISLADOR HA TRATADO DE EVITAR AL ESTABLECER LAS EXCEPCIONES A ESTA REGLA CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN, CUYO RESULTADO ES EXIMIR EL CUMPLIMIENTO DE ESE REQUISITO. 31. LA COMISIÓN ESTIMA QUE, COMO REGLA GENERAL, UNA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE REALIZARSE CON PRONTITUD PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS Y PRESERVAR LA PRUEBA Y QUE, EN ESTE CASO, EL TIEMPO TRANSCURRIDO SIN QUE SE INVESTIGUE EFECTIVAMENTE, SE PROCESE Y SANCIONE A TODOS LOS RESPONSABLES, CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DE RETARDO INJUSTIFICADO Y DE LAS ESCASAS PERSPECTIVAS DE EFECTIVIDAD DE ESTE RECURSO, YA QUE: NO PUEDEN CONSIDERARSE EFECTIVOS AQUELLOS RECURSOS QUE, POR LAS CONDICIONES GENERALES DEL PAÍS O INCLUSO POR CIRCUNSTANCIAS DE UN CASO DADO, RESULTEN ILUSORIOS……COMO SUCEDE CUANDO SE INCURRE EN RETARDO INJUSTIFICADO EN LA DECISIÓN.[16] 32. LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADAS A LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A CIERTOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN, TALES COMO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO (ARTÍCULO 8) Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25). SIN EMBARGO, EL ARTÍCULO 46(2), QUE ESTABLECE TRES EXCEPCIONES A ESA REGLA GENERAL, POR SU NATURALEZA Y OBJETO, TIENE CONTENIDO AUTÓNOMO CON RESPECTO A LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN, RAZÓN POR LA CUAL, PARA DETERMINAR LA APLICABILIDAD DE DICHAS EXCEPCIONES ES NECESARIO UTILIZAR UN ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DISTINTO DE AQUÉL UTILIZADO PARA DETERMINAR SI HA EXISTIDO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL, POR LO TANTO, LA COMISIÓN PASA A RESOLVER EN ESTE INFORME LA APLICABILIDAD DE LAS REFERIDAS EXCEPCIONES COMO UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO Y DEJA EL ANÁLISIS DE LAS RAZONES POR LAS CUALES NO SE AGOTARON LOS RECURSOS INTERNOS Y EL EFECTO JURÍDICO DE LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS MISMOS PARA CUANDO LA COMISIÓN ESTUDIE EL FONDO DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA CON EL OBJETO DE DETERMINAR SI SE HAN CONFIGURADO VIOLACIONES A LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN.

Decisión

V. CONCLUSIONES 37. LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONCLUYE QUE TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER EL FONDO DE ESTE CASO Y QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 46, LITERALES (A) Y (B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5, 7, 8, 19 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.707867+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.707871+00:00

Resumen del Caso

2. LOS PETICIONARIOS DENUNCIARON QUE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1995 LOS MENORES RAMÓN ANTONIO HERNÁNDEZ BERRIOS, JUAN BENITO HERNÁNDEZ BERRIOS, EVER ROLANDO BOQUÍN DONAIRE Y OSMÁN ANTONIO CÁCERES MUÑOZ FUERON TORTURADOS EN LA CÁRCEL DE ADULTOS GRANJA PENAL DE COMAYAGUA POR EL JEFE DE LOS RECLUSOS, QUIEN HABRÍA ACTUADO POR ÓRDENES DEL DIRECTOR DE DICHO CENTRO PENITENCIARIO, SEÑOR AQUILINO SORTO. ALEGARON LOS PETICIONARIOS QUE EL RETARDO INJUSTIFICADO EN LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE TODOS LOS RESPONSABLES EXIME A LOS PETICIONARIOS DE AGOTAR LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS CON BASE EN LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46(2)(C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 3. EL ESTADO NEGÓ QUE LOS MENORES HUBIERAN SIDO TORTURADOS Y SEÑALÓ QUE LA ACUSACIÓN CRIMINAL CONTRA EL SEÑOR SORTO SE HABÍA RESUELTO MEDIANTE SENTENCIA ABSOLUTORIA DEL 26 DE JUNIO DE 1998, LA CUAL ADQUIRIÓ VALOR DE COSA JUZGADA POR HABER SIDO CONFIRMADA EN TODAS LAS INSTANCIAS SUPERIORES. EN RELACIÓN CON LA OTRA PERSONA IMPLICADA EN ESTE CASO, PABLO ARGUETA, JEFE DE LOS RECLUSOS, EL ESTADO INFORMÓ QUE LA FISCALÍA ESTABA REUNIENDO LAS PRUEBAS PARA INCOAR EL PROCESO CRIMINAL EN SU CONTRA. EN CUANTO A LA ADMISIBILIDAD, EL ESTADO OPUSO EXPRESAMENTE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS.

Derechos

ARTÍCULOS 5, 7, 8, 19, 25, Y 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Análisis del Caso

24. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE NO BASTA QUE EL ESTADO ALEGUE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS LEGALES INTERNOS PARA QUE ELLA PROSPERE. COMO LO HA ESTABLECIDO LA CORTE INTERAMERICANA, UN ESTADO QUE INVOCA ESTA EXCEPCIÓN DEBE TAMBIÉN IDENTIFICAR LOS RECURSOS INTERNOS A AGOTAR Y PROBAR SU EFECTIVIDAD EN TALES CIRCUNSTANCIAS, COSA QUE HONDURAS NO HA HECHO. 25. A EFECTO DE PROVEER UN RECURSO APROPIADO PARA REMEDIAR LAS VIOLACIONES ALEGADAS, QUE CONSTITUYEN DELITOS DE ACCIÓN PÚBLICA, LE CORRESPONDÍA AL ESTADO, EN PARTICULAR EN SU CALIDAD DE TITULAR DE LA ACCIÓN PUNITIVA, INICIAR DE OFICIO LOS PROCEDIMIENTOS TENDIENTES A IDENTIFICAR, PROCESAR Y SANCIONAR A TODOS LOS RESPONSABLES, IMPULSANDO DILIGENTEMENTE TODAS LAS ETAPAS PROCESALES HASTA SU CONCLUSIÓN. A CRITERIO DE LA COMISIÓN, EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE OCURRIERON LOS HECHOS HASTA LA PRESENTE FECHA LE BRINDÓ TIEMPO MÁS QUE SUFICIENTE AL ESTADO HONDUREÑO PARA DESLINDAR RESPONSABILIDADES, JUZGAR Y CASTIGAR A LOS RESPONSABLES EN EL ÁMBITO INTERNO, 26. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y LA CIDH HAN SEÑALADO REITERADAMENTE QUE LA REGLA GENERAL QUE REQUIERE EL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS RECONOCE EL DERECHO DEL ESTADO A “RESOLVER EL PROBLEMA SEGÚN SU DERECHO INTERNO ANTES DE VERSE ENFRENTADO A UN PROCESO INTERNACIONAL”[4], EN ESTE CASO ANTE LA JURISDICCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, QUE ES "COADYUVANTE O COMPLEMENTARIA" DE LA INTERNA.[5] ESTA REGLA GENERAL NO SÓLO RECONOCE AL ESTADO EL CITADO DERECHO SINO QUE LE IMPONE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR A LAS PERSONAS BAJO SU JURISDICCIÓN RECURSOS ADECUADOS PARA PROTEGER LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA Y EFECTIVOS PARA PRODUCIR EL RESULTADO PARA EL QUE FUERON CONCEBIDOS. 27. LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN, PRECISAMENTE, SE HAN ESTABLECIDO CON EL OBJETO DE GARANTIZAR LA ACCIÓN INTERNACIONAL CUANDO LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA Y EL PROPIO SISTEMA JUDICIAL INTERNO NO SEAN EXPEDITOS Y EFECTIVOS PARA ASEGURAR EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS VÍCTIMAS. 28. LA PRIMERA DE ESTAS EXCEPCIONES, RELATIVA A LA INEXISTENCIA DE RECURSOS INTERNOS QUE GARANTICEN EL PRINCIPIO DEL DEBIDO PROCESO, ESTABLECIDA EN EL LITERAL (A) DE DICHA NORMA, NO SÓLO SE REFIERE A UNA AUSENCIA FORMAL DE RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS, SINO TAMBIÉN AL CASO DE QUE ÉSTOS NO RESULTEN ADECUADOS PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN JURÍDICA INFRINGIDA. LA DENEGACIÓN Y EL RETARDO INJUSTIFICADO DE JUSTICIA CONTEMPLADOS, RESPECTIVAMENTE, EN LOS LITERALES (B) Y (C) DE LA MISMA DISPOSICIÓN, TAMBIÉN SE VINCULAN CON LA EFICACIA DE LOS RECURSOS INTERNOS. ES POR ELLO QUE LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS NO DEBE ENTENDERSE COMO LA NECESIDAD DE EFECTUAR, MECÁNICAMENTE, TRÁMITES FORMALES, SINO QUE DEBE ANALIZARSE EN CADA CASO SU EFECTIVIDAD POTENCIAL, ES DECIR, LA POSIBILIDAD RAZONABLE DE OBTENER EN UN CASO CONCRETO EL REMEDIO O RESULTADO PARA EL QUE DICHOS RECURSOS SE ESTABLECIERON. 29. DENTRO DE ESTE MARCO, ES OBVIO QUE EL DERECHO DEL ESTADO A ALEGAR QUE UNA PETICIÓN NO ES ADMISIBLE POR NO HABERSE AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS NO PUEDE SERVIR DE BASE PARA DETENER O DEMORAR INDEFINIDAMENTE LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL EN AUXILIO DE LA VÍCTIMA INDEFENSA. SI EN UN CASO DETERMINADO EL TRÁMITE DE LOS RECURSOS INTERNOS SE DEMORA EN FORMA INJUSTIFICADA, PUEDE DEDUCIRSE QUE ÉSTOS HAN PERDIDO SU EFICACIA PARA PRODUCIR EL RESULTADO PARA EL QUE SE ESTABLECIERON Y QUE CORRESPONDE, EN CONSECUENCIA, APLICAR LOS MECANISMOS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL, ENTRE LOS QUE FIGURAN LAS EXCEPCIONES ARRIBA MENCIONADAS, QUE EXIMEN EL REQUISITO DE QUE LOS MISMOS SEAN AGOTADOS. 30. LA COMISIÓN TOMA EN CUENTA QUE LAS RETRACTACIONES DE LOS NIÑOS QUE CONDUJERON A LA ABSOLUCIÓN DEL ÚNICO SINDICADO[6] SE PRODUJERON DESPUÉS DE PRESENTADA ESTA DENUNCIA A LA COMISIÓN Y CUANDO EL SEÑOR SORTO PRESUNTAMENTE ESTABA EN CONDICIONES DE INTIMIDAR A LOS MENORES. SURGE DEL EXPEDIENTE ANTE LA COMISIÓN QUE, MEDIANTE OFICIO DE LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENALES DE 30 DE JUNIO DE 1997, EL SEÑOR SORTO FUE SUSPENDIDO EN FORMA PROVISIONAL DE SUS FUNCIONES DE DIRECTOR DEL PENAL CON EFECTIVIDAD AL 1º. DE JULIO DE 1997 Y FUE TRANSFERIDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENALES. ES DECIR, QUE SI BIEN ESTABA SUSPENDIDO TEMPORALMENTE DE SUS FUNCIONES EL 8 DE OCTUBRE DE 1997, FECHA EN QUE SE PRODUJERON LAS RETRACTACIONES,[7] EL SEÑOR SORTO SIGUIÓ EN FUNCIONES DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1995 (FECHA DE LOS HECHOS) HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, PERÍODO DURANTE EL CUAL SE FORMALIZÓ LA ACUSACIÓN CONTRA ÉL Y SE HIZO LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR. EL 1º DE JULIO DEL MISMO AÑO EL SEÑOR SORTO FUE SUSPENDIDO “PROVISORIAMENTE” DE SU CARGO DE DIRECTOR DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA PERO SIGUIÓ TRABAJANDO PARA LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENALES, ENTIDAD PÚBLICA ENCARGADA DE DICHO ESTABLECIMIENTO PENAL. ESTAS CIRCUNSTANCIAS PERMITEN PRESUMIR QUE DESDE EL 21 DE NOVIEMBRE DE 1995 AL 30 DE JUNIO DE 1997 LOS NIÑOS PERMANECIERON BAJO LA CUSTODIA DEL ACUSADO Y QUE ÉSTE, AL PRODUCIRSE LAS RETRACTACIONES, SEGUÍA SIENDO EL DIRECTOR DEL PENAL, AUNQUE TEMPORALMENTE HABÍA SIDO TRASLADADO A LA DEPENDENCIA ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN DE ESE MISMO CENTRO PENITENCIARIO, LO QUE HACE PRESUMIR QUE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE LOS NIÑOS PERSISTÍA EN EL MOMENTO EN QUE SE PRODUJERON LAS RETRACTACIONES. 31. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE, DE LA DENUNCIA PRESENTADA EL 14 DE MAYO DE 1996 POR LA FISCAL DEL MINISTERIO PUBLICÓ, LICENCIADA KAREN HERRERA, SE DERIVA QUE ESTA FUNCIONARIA, PREVIENDO ESTE RIESGO, HIZO QUE SE LEVANTARA ACTA NOTARIAL DE LAS DECLARACIONES ORIGINALES DE LOS NIÑOS. EN EL PÁRRAFO TERCERO DE LA DENUNCIA PRESENTADA ANTE EL JUEZ DE LETRAS PRIMERO SECCIONAL, LA FISCAL EXPRESÓ LO SIGUIENTE: TERCERO. POR LO DELICADO DEL SUCESO Y EVITANDO QUE LOS RECLUSOS POR TEMOR POSTERIORMENTE LO NEGAREN SE LEVANTÓ ACTA NOTARIAL DE SUS DECLARACIONES, LA CUAL ADJUNTO. 32. POR SU PARTE, EL FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, LICENCIADO ALDO FRANCISCO SANTOS SOSA, AL FORMULAR LA ACUSACIÓN EN LA CAUSA INSTRUIDA CONTRA AQUILINO SORTO, EXPRESÓ, EN EL PÁRRAFO TERCERO DE SU ESCRITO DE 7 DE ABRIL DE 1997, QUE EL DELITO DENOMINADO “DELITOS COMETIDOS POR LOS FUNCIONARIOS CONTRA EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS GARANTIZADOS POR LA CONSTITUCIÓN” (ARTÍCULOS 333 Y 334 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE) SE ENCONTRABA DEBIDAMENTE ACREDITADO A CRITERIO DEL MINISTERIO PÚBLICO, MEDIANTE LA PRUEBA DOCUMENTAL APAREJADA. ENTRE ESTA PRUEBA, EL MINISTERIO PÚBLICO INCLUYÓ, INTER ALIA, EL DICTAMEN MÉDICO FORENSE QUE CONTIENE LAS DECLARACIONES DE LOS NIÑOS (FOLIOS 17, 18, Y 19 DEL EXPEDIENTE JUDICIAL) Y EL INFORME DEBIDAMENTE FIRMADO Y SELLADO POR AQUILINO SORTO EN SU CONDICIÓN DE DIRECTOR DE LA GRANJA PENAL DE COMAYAGUA, DONDE DE MANERA EXPRESA DA A CONOCER AL DIRECTOR GENERAL DE ESTABLECIMIENTOS PENALES, LICENCIADO GUSTAVO MANZANARES, LO SIGUIENTE: ...QUE EL DÍA DIECISÉIS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS Y CINCO, AQUILINO SORTO TOMÓ LA DECISIÓN DE CASTIGAR A LOS MENORES DE LA BARTOLINA NO. 9, EN VIRTUD DE HABERSE INSUBORDINADO, MANIFESTANDO A MANERA DE ACLARACIÓN QUE SOLAMENTE FUERON CASTIGADOS POR EL TÉRMINO DE “UNA HORA” Y NO COMO ELLOS DICEN “CUATRO HORAS” (FOLIOS 24 Y 38 DEL EXPEDIENTE JUDICIAL). 33. EN EL PÁRRAFO SEXTO DE SU ACUSACIÓN EL MINISTERIO PÚBLICO AFIRMA QUE EL SEÑOR SORTO, EN SU DECLARACIÓN INDAGATORIA : ...ACEPTÓ HABER FIRMADO EL INFORME QUE EN FECHA VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO ENVIARA A LA DIRECCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS PENALES Y DE MANERA EXPRESA ACEPTÓ HABER CASTIGADO A LOS OFENDIDOS POR ESPACIO DE UNA HORA, EN VIRTUD DEL MAL COMPORTAMIENTO QUE EN ESE INSTANTE PRESENTABAN DICHAS PERSONAS. 34. ESTIMA LA COMISIÓN QUE EL TEMOR EXPRESADO POR LA FISCAL DE QUE LOS NIÑOS FUERAN INTIMIDADOS PARA RETRACTARSE; LA DECLARACIÓN ESCRITA DEL DIRECTOR DEL PENAL RECONOCIENDO HABER CASTIGADO A LOS NIÑOS POR ESPACIO DE UNA HORA Y NO POR CUATRO, COMO ELLOS ALEGARON; Y EL INFORME DEL MÉDICO FORENSE,[8] QUE CONFIRMA LAS LESIONES SUFRIDAS POR LOS NIÑOS Y CERTIFICA LA INCAPACIDAD DE ESTOS PARA DESEMPEÑAR SUS ACTIVIDADES HABITUALES POR EL TÉRMINO DE TRES DÍAS, HUBIERA DEBIDO CONDUCIR A UNA INVESTIGACIÓN CUIDADOSA, INDEPENDIENTE Y EXHAUSTIVA DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN LAS QUE SE PRODUJERON LOS HECHOS DENUNCIADOS Y LAS RETRACTACIONES. 35. LA COMISIÓN ESTIMA QUE, COMO REGLA GENERAL, UNA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE REALIZARSE CON PRONTITUD PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS Y PRESERVAR LA PRUEBA Y QUE, EN ESTE CASO, EL TIEMPO TRANSCURRIDO SIN QUE SE INVESTIGUE EFECTIVAMENTE, SE PROCESE Y SANCIONE A TODOS LOS RESPONSABLES, CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DE RETARDO INJUSTIFICADO Y DE LAS ESCASAS PERSPECTIVAS DE EFECTIVIDAD DE ESTE RECURSO, YA QUE: NO PUEDEN CONSIDERARSE EFECTIVOS AQUELLOS RECURSOS QUE, POR LAS CONDICIONES GENERALES DEL PAÍS O INCLUSO POR CIRCUNSTANCIAS DE UN CASO DADO, RESULTEN ILUSORIOS……COMO SUCEDE CUANDO SE INCURRE EN RETARDO INJUSTIFICADO EN LA DECISIÓN.[9] 36. FINALMENTE, LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE ACLARAR QUE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS SE ENCUENTRAN ESTRECHAMENTE VINCULADAS A LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A CIERTOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN, TALES COMO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO (ARTÍCULO 8) Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25). CABE TENERSE EN CUENTA, SIN EMBARGO, QUE EL ARTÍCULO 46(2), POR SU NATURALEZA Y OBJETO, TIENE CONTENIDO AUTÓNOMO CON RESPECTO A LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN Y DEPENDE DE UN ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DISTINTO DE AQUÉL UTILIZADO PARA DETERMINAR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE ESTE INSTRUMENTO INTERNACIONAL. ELLO HACE QUE LA APLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS PREVISTAS EN LOS LITERALES (A), (B) Y (C) DEL ARTÍCULO 46(2) DEBAN RESOLVERSE COMO UNA CUESTIÓN DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, COMO LO ESTÁ HACIENDO LA COMISIÓN AL EMITIR EL PRESENTE INFORME.

Decisión

44. LOS HECHOS DE ESTE CASO SE REFIEREN A LA DETENCIÓN DE RAMÓN ANTONIO HERNÁNDEZ BERRIOS, JUAN BENITO HERNÁNDEZ BERRIOS, EVER ROLANDO BOQUIN DONAIRE Y OSMÁN ANTONIO CÁCERES MUÑOZ EN LA CÁRCEL DE ADULTOS GRANJA PENAL DE COMAYAGUA Y A LA PRESUNTA TORTURA DE QUE FUERON OBJETO EN LA MISMA. SE REFIERE TAMBIÉN A LA FALTA DE EFICACIA DEL ESTADO EN TRAMITAR LOS RECURSOS LEGALES INTERNOS ENCAMINADOS A INVESTIGAR, IDENTIFICAR, PROCESAR Y SANCIONAR A TODOS LOS PRESUNTOS RESPONSABLES. 1. DECLARAR ADMISIBLE EL PRESENTE CASO EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 5, 7, 8, 19, 25, Y 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.710294+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.710298+00:00

Resumen del Caso

1. EL 13 DE DICIEMBRE DE 2000, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN" O LA “CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA, OFRANEH, REPRESENTADA POR SU PRESIDENTA SEÑORA GREGORIA FLORES (EN ADELANTE “LA PETICIONARIA”), EN FAVOR DEL SEÑOR ALFREDO LÓPEZ ALVAREZ, HONDUREÑO, GARÍFUNA (EN ADELANTE “LA VÍCTIMA”) Y EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE EL “ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O EL “ESTADO”). EN LA PETICIÓN SE ALEGA QUE LA VÍCTIMA ES UN RECONOCIDO DIRIGENTE GARÍFUNA, DEFENSOR DE LOS DERECHOS DE SU PUEBLO Y QUE EN ESTE CONTEXTO FUE DETENIDO EL 27 DE ABRIL DE 1997 Y ACUSADO DE UN DELITO QUE NO COMETIÓ, PERMANECIENDO HASTA LA FECHA EN PRISIÓN PREVENTIVA Y LA CAUSA EN ETAPA DE SUMARIO. LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS SE RELACIONAN CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL PODER JUDICIAL EN EL PROCEDIMIENTO CRIMINAL SEGUIDO CONTRA LA VÍCTIMA, PARA JUZGARLO EN CALIDAD DE PRESUNTO RESPONSABLE DEL DELITO DE POSESIÓN Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, VIOLANDO EL ESTADO HONDUREÑO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO, A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY, CONTEMPLADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN” O LA “CONVENCIÓN AMERICANA”). 2. CON RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD, LA PETICIONARIA ALEGA QUE SU PETICIÓN ES ADMISIBLE, POR APLICACIÓN DE LAS EXCEPCIONES CONTEMPLADAS A LOS REQUISITOS DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS Y DE PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN, PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 46(2) (A) Y (B) DE LA CONVENCIÓN. 3. POR SU PARTE EL ESTADO, EN RELACIÓN CON LA ADMISIBILIDAD, ALEGA QUE EL SEÑOR ALFREDO LÓPEZ ALVAREZ GUARDA PRISIÓN POR EL DELITO DE POSESIÓN Y TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES, DELITO NO FIABLE, QUE SE HAN OBSERVADO TODAS LAS GARANTÍAS QUE LE OTORGA EL DERECHO DE LEGÍTIMA DEFENSA Y QUE SE CONTINÚAN SUSTANCIANDO LAS ACCIONES JUDICIALES CRIMINALES DISPONIBLES EN LA LEGISLACIÓN INTERNA DE HONDURAS. 9. EN LA DENUNCIA LA PETICIONARIA EXPRESA QUE LA ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA, OFRANEH, FUE CREADA EN EL AÑO 1978 CON EL OBJETO DE TRABAJAR EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES Y COLECTIVOS DEL PUEBLO GARÍFUNA, LOS QUE A TRAVÉS DE DÉCADAS LES HAN SIDO USURPADOS. A PARTIR DEL AÑO 1992, LA EMPRESA TURÍSTICA MARBELLA Y OTROS INVERSIONISTAS EXTRANJEROS, CON LA COMPLICIDAD DE AUTORIDADES CIVILES Y MILITARES, USURPARON EL DERECHO DE PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE “TRIUNFO DE LA CRUZ”, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TELA. ANTE LA AMENAZA DE PERDER LOS DERECHOS SOBRE SUS TERRITORIOS, LAS ORGANIZACIONES COMUNALES Y NACIONALES REALIZARON UNA SERIE DE DENUNCIAS LOGRANDO SUSPENDER ALGUNAS ACCIONES DE USURPACIÓN INICIADAS POR EMPRESARIOS DE TURISMO. DURANTE ESTA LUCHA, EXPRESA LA PETICIONARIA, EL SEÑOR ALFREDO LÓPEZ ALVAREZ FUE UN DESTACADO DEFENSOR DE LOS DERECHOS DEL PUEBLO GARÍFUNA. EN ESTE CONTEXTO, SOSTIENE LA PETICIONARIA, Y EN CIRCUNSTANCIAS QUE EL SEÑOR ALFREDO LÓPEZ ALVAREZ DESEMPEÑABA LOS CARGOS DE SECRETARIO DE OFRANEH Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DEFENSA DE TIERRAS TRIUNFEÑAS (CODET) ES DETENIDO EL 27 DE ABRIL DE 1997 EN LA CIUDAD DE TELA, JUNTO A LOS SEÑORES LUIS ANGEL ACOSTA VARGAS Y ZUNI LORETO CUBAS Y ACUSADO DE TRÁFICO Y POSESIÓN DE ESTUPEFACIENTES. LA PETICIONARIA ALEGA QUE LA VÍCTIMA ES INOCENTE DEL DELITO QUE SE LE IMPUTA Y QUE LA DETENCIÓN Y ACUSACIÓN ES UN MONTAJE REALIZADO POR LOS INTERESADOS EN LAS PROPIEDADES DE LOS GARÍFUNAS, CONCERTADOS CON AGENTES DE GOBIERNO, CON EL OBJETO DE ATEMORIZARLOS E INHIBIRLOS EN LA DEFENSA DE SUS TERRITORIOS. 10. EXPRESA LA PETICIONARIA EN SU RECLAMO QUE DURANTE EL JUICIO CRIMINAL SEGUIDO CONTRA LA VÍCTIMA HAN HABIDO GRAVES IRREGULARIDADES, QUE NO SE HA CONTADO CON GARANTÍAS JUDICIALES ELEMENTALES Y SE HA VIOLENTANDO EL DEBIDO PROCESO Y EL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. AGREGA QUE LA VÍCTIMA FUE CONDENADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 2000, EN PRIMERA INSTANCIA, SIN PRUEBAS QUE DEMOSTRARAN SU CULPABILIDAD, A 15 AÑOS DE PRISIÓN Y EL PAGO DE UNA MULTA DE UN MILLÓN DE LEMPIRAS.

Derechos

9. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LAS ALEGACIONES DE LA PETICIONARIA, DE SER PROBADAS, PODRÍAN CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS GARANTIZADOS EN LOS ARTÍCULOS 7, 8, 25, 24 DE LA CONVENCIÓN, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1(1) DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL.

Análisis del Caso

27. LA COMISIÓN HA SEÑALADO QUE COMO REGLA GENERAL, UNA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE REALIZARSE PRONTAMENTE PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LAS VÍCTIMAS, PRESERVAR LA PRUEBA E INCLUSO SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE TODA PERSONA QUE EN EL CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN SEA CONSIDERADA SOSPECHOSA.[9] LA COMISIÓN VALORA QUE LA CORTE DE APELACIONES DE LA CEIBA HAYA ANULADO LA SENTENCIA CONDENATORIA POR LAS IRREGULARIDADES PROCESALES DETECTADAS. SIN EMBARGO, CONSTATA QUE SI BIEN HAN TRANSCURRIDO 56 MESES DESDE QUE SE INICIÓ LA INVESTIGACIÓN, ÉSTA AÚN SE ENCUENTRE EN LA ETAPA INICIAL DE SUMARIO Y LOS ACUSADOS EN PRISIÓN PREVENTIVA, LO QUE CONSTITUYE UNA MANIFESTACIÓN DE RETARDO Y DE LAS ESCASAS PERSPECTIVAS DE EFECTIVIDAD DE ESTOS RECURSOS A LOS EFECTOS DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. SEGÚN HA SEÑALADO LA CORTE INTERAMERICANA, SI BIEN TODA INVESTIGACIÓN PENAL DEBE CUMPLIR CON UNA SERIE DE REQUISITOS LEGALES, LA REGLA DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS NO DEBE CONDUCIR A QUE LA ACTUACIÓN INTERNACIONAL EN AUXILIO DE LAS VÍCTIMAS SE DETENGA O SE DEMORE HASTA LA INUTILIDAD. 28. POR LO TANTO, DADAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRESENTE CASO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE RESULTA APLICABLE LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46(2)(C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, POR LO QUE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA EN MATERIA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS NO RESULTAN APLICABLES. 29. SÓLO RESTA SEÑALAR QUE LA INVOCACIÓN DE LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN SE ENCUENTRA ESTRECHAMENTE LIGADA A LA DETERMINACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A CIERTOS DERECHOS ALLÍ CONSAGRADOS, TALES COMO LAS GARANTÍAS JUDICIALES, LIBERTAD PERSONAL, IGUALDAD ANTE LA LEY, PROTECCIÓN JUDICIAL. SIN EMBARGO, EL ARTÍCULO 46(2), POR SU NATURALEZA Y OBJETO, ES UNA NORMA CON CONTENIDO AUTÓNOMO VIS Á VIS LAS NORMAS SUSTANTIVAS DE LA CONVENCIÓN. POR LO TANTO, LA DETERMINACIÓN DE SI LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS PREVISTAS EN DICHA NORMA RESULTAN APLICABLES AL CASO EN CUESTIÓN DEBE LLEVARSE A CABO DE MANERA PREVIA Y SEPARADA DEL ANÁLISIS DEL FONDO DEL ASUNTO, YA QUE DEPENDE DE UN ESTÁNDAR DE APRECIACIÓN DISTINTO DE AQUÉL UTILIZADO PARA DETERMINAR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8, 7, 24 Y 25 DE LA CONVENCIÓN. CABE ACLARAR QUE LAS CAUSAS Y LOS EFECTOS QUE HAN IMPEDIDO EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS EN EL PRESENTE CASO SERÁN ANALIZADOS, EN LO PERTINENTE, EN EL INFORME QUE ADOPTE LA CIDH SOBRE EL FONDO DE LA CONTROVERSIA, A FIN DE CONSTATAR SI EFECTIVAMENTE CONFIGURAN VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

DECLARAR ADMISIBLE LA DENUNCIA DE LA PETICIONARIA SOBRE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 7, 8, 24, 25 Y 1(1) EN PERJUICIO DEL SEÑOR ALFREDO LÓPEZ ALVAREZ.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.712959+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.712963+00:00

Resumen del Caso

1. EL 26 DE ENERO DE 1998, EL SEÑOR ERNST OTTO STALINSKI (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO”) PRESENTÓ UNA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN" O LA “CIDH”) EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O EL “ESTADO”) POR LA VIOLACIÓN, EN SU PERJUICIO, DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25) Y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 24), CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN” O LA “CONVENCIÓN AMERICANA”). LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS SE RELACIONAN CON PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL PODER JUDICIAL DE HONDURAS EN EL PROCEDIMIENTO CRIMINAL SEGUIDO PARA JUZGAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES DE LA TENTATIVA DE SECUESTRO DEL PETICIONARIO, OCURRIDA EL 28 DE ABRIL DE 1990 Y, ESPECÍFICAMENTE, A LOS SEÑORES RICHARD ANDERSON, KARL KOCH Y EDUARDO ARAGÓN. 2. CON RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD, EL PETICIONARIO ALEGA QUE SU PETICIÓN ES ADMISIBLE DADO QUE AGOTÓ LOS RECURSOS JUDICIALES INTERNOS CON RESPECTO A LOS TRES ENCAUSADOS ANTES CITADOS, ÚNICOS A LOS CUALES SE REFIERE SU PETICIÓN. SEÑALA, ASIMISMO, QUE PRESENTÓ DICHA PETICIÓN DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES CONTADOS A PARTIR DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1997, FECHA EN QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS DECLARÓ SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL INTERPUESTO POR ÉL, DANDO ASÍ VALOR DE COSA JUZGADA A LOS TRES SOBRESEIMIENTOS SUBIDOS EN APELACIÓN. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO ALEGA QUE EL PETICIONARIO NO HA AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS, YA QUE SE SIGUEN SUSTANCIANDO LAS ACCIONES JUDICIALES (CIVILES Y CRIMINALES) DISPONIBLES EN LA LEGISLACIÓN INTERNA HONDUREÑA Y AÚN NO SE HA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA QUE CONDENE O ABSUELVA A NINGUNO DE LOS NUEVE ENCAUSADOS. ALEGA, ASIMISMO, QUE LA PETICIÓN ES EXTEMPORÁNEA PORQUE NO SE PRESENTÓ DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS Y SOLICITA QUE SE ARCHIVE.

Derechos

ARTÍCULOS 8(1) Y 25. LA COMISIÓN DESEA SEÑALAR QUE, SI BIEN EL ARTÍCULO 8 SE APLICA, EN GENERAL, A LAS PERSONAS INCULPADAS QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN PENAL DEL ESTADO, TAMBIÉN ABARCA, CONFORME AL NUMERAL 1 DE LA MISMA

Análisis del Caso

32. LA COMISIÓN ES COMPETENTE PARA EXAMINAR LA PETICIÓN PRESENTADA POR LOS PETICIONARIOS. LOS HECHOS ALEGADOS, DE RESULTAR PROBADOS, PODRÍAN LLEGAR A LESIONAR DERECHOS CONTEMPLADOS EN LA CONVENCIÓN EN PERJUICIO DE UNA PERSONA NATURAL SUJETA A LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO HONDUREÑO, EN CIRCUNSTANCIAS EN QUE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN DICHO INSTRUMENTO YA SE ENCONTRABA EN VIGOR PARA ÉSTE.[4] LA COMISIÓN PROCEDE, ENTONCES, A ANALIZAR SI EL PRESENTE CASO CUMPLE CON LOS OTROS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 34. EN EL PRESENTE CASO EL ESTADO OPUSO EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO UNA EXCEPCIÓN DE INADMISIBILIDAD POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS, YA QUE ADUCE QUE SE CONTINÚAN SUSTANCIANDO LAS ACCIONES JUDICIALES -–CIVIL Y PENAL-- EN LA JURISDICCIÓN INTERNA Y QUE LOS SOBRESEIMIENTOS DICTADOS CONTRA LOS SEÑORES ANDERSON, KOCH Y ARAGÓN SON AUTOS INTERLOCUTORIOS Y NO SENTENCIAS DEFINITIVAS. EN ESTE MISMO ORDEN DE IDEAS EL ESTADO SEÑALA QUE EL PROCESO CRIMINAL ES UNA UNIDAD, ES DECIR, UNA MISMA CAUSA QUE SE SIGUE CONTRA NUEVE ENCAUSADOS Y QUE, POR LO TANTO, DEBE DECIDIRSE MEDIANTE UNA SOLA SENTENCIA DEFINITIVA QUE, EN ESTE CASO, AÚN NO SE HA DICTADO. ADUCE EL ESTADO QUE SI EL PETICIONARIO NO ESTUVIERA SATISFECHO CON LA SENTENCIA QUE SE DICTARA, PODRÍA IMPUGNARLA POR MEDIO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN Y CASACIÓN DISPONIBLES EN LA JURISDICCIÓN INTERNA DE HONDURAS. EN RELACIÓN CON LAS SUPUESTAS VIOLACIONES COMETIDAS POR LOS JUECES Y MAGISTRADOS QUE CONOCEN DEL PRESENTE CASO, EL ESTADO EXPRESA QUE EL PETICIONARIO DEBIÓ PRESENTAR UN RECURSO DE AMPARO PARA DENUNCIARLAS, LO QUE NO HIZO. 35. EL PETICIONARIO, POR SU PARTE, ALEGA QUE HA AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS CON RESPECTO AL ÚNICO PROCEDIMIENTO JUDICIAL QUE IMPUGNA ANTE LA COMISIÓN, QUE ES EL INSTAURADO POR ÉL, EN LA VÍA PENAL, CONTRA LOS SEÑORES ANDERSON, KOCH Y ARAGÓN. DICHO PROCEDIMIENTO CULMINÓ CON LA DECISIÓN DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DE 13 DE DICIEMBRE DE 1997, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARÓ SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL INTERPUESTO POR EL PETICIONARIO. SEGÚN ÉSTE SEÑALA, LA REFERIDA DECISIÓN CONFIRMÓ DEFINITIVAMENTE EL SOBRESEIMIENTO DE DICHOS ENCAUSADOS, RESOLUCIÓN QUE TIENE FUERZA DE SENTENCIA ABSOLUTORIA DEFINITIVA Y SURTE EFECTO DE COSA JUZGADA. AFIRMA ADEMÁS EL PETICIONARIO QUE EN ESTE PROCEDIMIENTO JUDICIAL HA EXISTIDO RETRASO EN LA TRAMITACIÓN Y QUE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES A SU ALCANCE NO HAN SIDO EFECTIVOS. 36. CON RESPECTO A LOS OTROS SEIS ENCAUSADOS, EL PETICIONARIO, A SOLICITUD DE LA COMISIÓN, ENVIÓ COPIA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS TERCERO DE LO CRIMINAL DE SAN PEDRO SULA, DE 14 DE ENERO DE 1999, EN LA QUE SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LOS SEÑORES MANUEL RODRÍGUEZ ESCALERA, ALEJANDRO BACOXI, JUAN JOSÉ OSORIO Y ROBERT FRANCIS KISTINGER. ASIMISMO, ENVIÓ UNA “SENTENCIA” DE LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA, DE 11 DE AGOSTO DE 1999, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL PETICIONARIO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DE 14 DE ENERO DE 1999; SE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO APELADO, Y SE MANDA QUE LA SENTENCIA SE DEVUELVA AL JUZGADO DE SU PROCEDENCIA PARA LOS EFECTOS LEGALES CORRESPONDIENTES. 37. EN RELACIÓN CON LOS DOS PROCESADOS RESTANTES -TAMBIÉN A PEDIDO DE LA COMISIÓN-, EL PETICIONARIO ENVIÓ UNA CONSTANCIA DEL JUZGADO TERCERO DE LETRAS DE LO CRIMINAL, DE 28 DE MARZO DE 2000, EN LA QUE SE CERTIFICA QUE LOS SEÑORES CHARLES MORGAN Y MARIO MATÍAS GALINDO “NO SE HAN PRESENTADO VOLUNTARIAMENTE ANTE ESTE JUZGADO, POR LO QUE SE ENCUENTRAN PRÓFUGOS DE LA JUSTICIA Y NO SE HA DICTADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A SU FAVOR”. EL ESTADO NO CONTROVIRTIÓ LA AUTENTICIDAD DE ESTOS DOCUMENTOS. 38. LA COMISIÓN ESTIMA QUE, EN EL CASO SUB JUDICE, LA DETERMINACIÓN DE SI SE HA CUMPLIDO LA REGLA GENERAL RELATIVA AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS (ARTÍCULO 46, NUMERAL (1) DE LA CONVENCIÓN), ES UNA MATERIA ESTRECHAMENTE LIGADA AL FONDO DE LA CUESTIÓN CONTROVERTIDA. A ESTE RESPECTO, LA CORTE INTERAMERICANA HA ESTABLECIDO QUE CUANDO EL ESTADO OPONE EN TIEMPO OPORTUNO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS: LA RELACIÓN ENTRE LA APRECIACIÓN SOBRE LA APLICABILIDAD DE LA REGLA Y LA NECESIDAD DE UNA ACCIÓN INTERNACIONAL OPORTUNA EN AUSENCIA DE RECURSOS INTERNOS EFECTIVOS PUEDE ACONSEJAR FRECUENTEMENTE LA CONSIDERACIÓN DE LAS CUESTIONES RELATIVAS A AQUELLA REGLA JUNTO CON EL FONDO DE LA MATERIA PLANTEADA.[5]

Decisión

ARTÍCULOS 8(1) Y 25. LA COMISIÓN DESEA SEÑALAR QUE, SI BIEN EL ARTÍCULO 8 SE APLICA, EN GENERAL, A LAS PERSONAS INCULPADAS QUE ESTÁN BAJO LA JURISDICCIÓN PENAL DEL ESTADO, TAMBIÉN ABARCA, CONFORME AL NUMERAL 1 DE LA MISMA DISPOSICIÓN[6], EL DEBER DE RESPETAR LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LA PARTE ACUSADORA, EN ESTE CASO EL PETICIONARIO, SEÑOR STALINSKI. V. CONCLUSIONES 47. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER ESTE CASO Y QUE LA PETICIÓN ES ADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA CONVENCIÓN Y DECIDE CONSIDERAR LA CUESTIÓN RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 46 (1), LITERALES (A) Y (B) AL MOMENTO DE PRONUNCIARSE SOBRE EL FONDO DEL CASO. 48. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, Y SIN PREJUZGAR SOBRE EL FONDO DE LA CUESTIÓN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR ADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES, POR PARTE DEL ESTADO, DE LOS ARTÍCULOS 8(1) Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1(1) DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.714698+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:30.714702+00:00

Resumen del Caso

LA PARTE PETICIONARIA DENUNCIA QUE EL ESTADO DISCRIMINÓ A LA PRESUNTA VÍCTIMA CON BASE A SU IDENTIDAD DE GÉNERO POR NO CONTAR CON UN RECURSO O PROCEDIMIENTO QUE LE PERMITA ADECUAR SUS DATOS LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE LOS NUMERALES 4 Y 24 DEL ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (EN ADELANTE, “LEY DEL RNP”) PROHÍBE A LOS OFICIALES CIVILES ORDENAR CAMBIOS DE NOMBRES EN LA INSCRIPCIÓN ORIGINAL DE NACIMIENTO, SALVO EN LIMITADAS EXCEPCIONES. EN RAZÓN A ELLO, SOSTIENEN QUE EL 19 DE AGOSTO DE 2012 LA PRESUNTA VÍCTIMA SOLICITÓ A UN NOTARIO QUE CERTIFICARA QUE GABRIE MASS CÁCERES -SU NOMBRE ASUMIDO- Y MIRIAM GABRIELA CÁCERES PADILLA -SU IDENTIDAD LEGAL- SON LA MISMA PERSONA. ASÍ, EL 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013 ESTE NOTARIO CERTIFICÓ, DENTRO DE SUS FACULTADES DE DAR FE PÚBLICA, QUE LOS DOS NOMBRES CORRESPONDEN A LA MISMA PERSONA. NO OBSTANTE, DADO QUE EL CITADO DOCUMENTO NO OTORGA LOS MISMOS EFECTOS JURÍDICOS QUE UN CAMBIO DE NOMBRE EN EL REGISTRO NACIONAL DE PERSONAS, LA PRESUNTA VÍCTIMA PROMOVIÓ EL 3 DE MARZO DE 2014 UN RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, SOLICITANDO QUE SE DECLARE LA INVALIDEZ DE LAS CITADAS NORMAS DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL RNP. ANTE LA DILATACIÓN DEL PROCESO, EL 29 DE MAYO DE 2014 LA ABOGADA DE GABRIE MASS CÁCERES INTERPUSO UNA SOLICITUD DE PRONTA RESPUESTA. TRAS NO OBTENER UNA RESPUESTA, EL 3 DE OCTUBRE ESTA ABOGADA INTERPUSO UNA QUEJA ANTE EL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS POR EL NOTORIO RETARDO INJUSTIFICADO DE LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL. SIN EMBARGO, SOSTIENEN QUE DICHA INSTITUCIÓN NO REALIZÓ UN DEBIDO ACOMPAÑAMIENTO A SU RECLAMO. ADUCEN QUE RECIÉN, EL 24 DE MARZO DE 2015 LA SALA DE LO CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INADMITIÓ EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, ARGUMENTANDO QUE EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL RNP ES UN ACTO ADMINISTRATIVO, POR LO QUE CORRESPONDÍA A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RESOLVER LA CONTROVERSIA. FRENTE A ESTA DECISIÓN, EL 4 DE MAYO DE 2015 LA PRESUNTA VÍCTIMA INTERPUSO UNA DEMANDA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, A FIN DE QUE SE DECLARE QUE LAS NORMAS REGLAMENTARIAS DE LA LEY RNP NO SON CONFORMES CON EL ORDENAMIENTO JURÍDICO VIGENTE EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. A PESAR DE ELLO, EL 17 DE JUNIO DE 2015, EL JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DECLARÓ INADMISIBLE TAL RECURSO, ALEGANDO QUE HABÍA EXPIRADO EL PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, DADO QUE DEBIÓ SER INTERPUESTA DENTRO DE LOS SIGUIENTES 30 DÍAS HÁBILES CONTADOS DESDE EL 30 DE ABRIL DE 2005, FECHA DE PUBLICACIÓN DEL REGLAMENTO CUESTIONADO. LA REPRESENTACIÓN DE GABRIE MASS CÁCERES APELÓ TAL DECISIÓN, AL CONSIDERAR QUE SE VULNERABA EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFECTIVO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA; PERO, LA SALA LABORAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RECHAZÓ ESTE RECURSO EL 1 DE OCTUBRE DE 2015. FINALMENTE, EL 25 DE OCTUBRE DE 2015 LA REPRESENTACIÓN DE LA PRESUNTA VÍCTIMA INTERPUSO UN RECURSO DE CASACIÓN, ARGUMENTANDO QUE NO SE APLICÓ, EN LA RESOLUCIÓN DE LA CONTROVERSIA, EL ARTÍCULO 18 DE LA CONSTITUCIÓN, QUE ESTIPULA LA PRIMACÍA DEL TRATADO O CONVENCIÓN SOBRE LA LEY5. NO OBSTANTE, EL 16 DE MAYO DE 2017, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA INADMITIÓ TAL RECURSO, AL CONSIDERAR QUE NO SE HABÍA FUNDAMENTADO CON SUFICIENTE “SEPARACIÓN Y CLARIDAD, CON EL FIN DE PLANTEAR […] LAS CUESTIONES JURÍDICAS EN UN MODO PRECISO Y RAZONADO, ATINENTES, YA SEA POR INFRACCIÓN DE NORMAS PROCESALES O NORMAS DE DERECHO EN SU APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN”.IDENTITARIOS.

Derechos

ARTÍCULOS 3, 8, 13, 18, 24 Y 25 DE LA CADH, EN RELACIÓN CON SU ARTÍCULO 1.1;

Análisis del Caso

LA PETICIONARIA MANIFIESTA QUE SE LE ESTA VIOLENTANDO EL DERECHO A LA IDENTIDAD PERSONAL POR EL HECHO DE NO PERMITIRSELE CAMBIAR SU NOMBRE, POR EL NOMBRE QUE SE CONSIDERA QUE DEBE LLAMARSE.

Decisión

ADMISIÓN Y CONTINUAR CON ANÁLISIS DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:30.636829+00:00

Fecha de Actualización

2024-03-06 05:21:21.378965+00:00

Resumen del Caso

1. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECIBIÓ EN COMUNICACIÓN DE 7 DE OCTUBRE DE 1981, LA SIGUIENTE DENUNCIA: CONDENAMOS ARBITRARIA DETENCIÓN, EN TEGUCIGALPA, DE ANGEL MANFREDO VELAZQUEZ RODRIGUEZ, DESDE EL 12 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, POR RAZONES DESCONOCIDAS. RESPONSABILIZAMOS DE TAL ACCIÓN A CORONELES LEONIDAS TORRES ARIAS (G-2). GUSTAVO ALVAREZ (FUSEP). JUAN LÓPEZ GRIJALBA (DEPT. NACIONAL DE INVESTIGACIÓN) Y HUBBERT BODDEN (COMANDANTE LER. BATALLÓN DE INFANTERÍA DE TEGUCIGALPA). HEMOS AGOTADO ESFUERZOS LEGALES INFRUCTUOSAMENTE. TENEMOS CONOCIMIENTO ENCUÉNTRASE PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA EN TEGUCIGALPA, JUNTO CON NUMEROSOS PRESOS POLÍTICOS "DESAPARECIDOS" DE ORIGEN HONDURO-SALVADOREÑO, PERO AUTORIDADES NIEGAN SU DETENCIÓN. ESTA SITUACIÓN MANTIENE CONSTERNADA A LA COMUNIDAD LANGUEÑA Y AL PAÍS EN GENERAL, ESPERAMOS SU PRONTA LIBERACIÓN. 2. EN CABLEGRAMA DE 14 DE OCTUBRE DE 1981, LA COMISIÓN TRANSMITIÓ LAS PARTES PERTINENTES DE LA DENUNCIA AL GOBIERNO DE HONDURAS SOLICITÁNDOLE QUE SUMINISTRASE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE. 3. EN NOTA DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 1981, LA COMISIÓN TRASMITIÓ AL GOBIERNO DE HONDURAS INFORMACIÓN ADICIONAL SUMINISTRADA POR EL RECLAMANTE EN ESTE CASO, SOLICITÁNDOLE QUE SE SIRVIERA TOMAR LAS DISPOSICIONES QUE ESTIMARA CONVENIENTES PARA QUE LA COMISIÓN PUDIERA CONTAR CON TODOS LOS DATOS SOBRE EL CASO A LA BREVEDAD POSIBLE. DICHA INFORMACIÓN FUE LA SIGUIENTE: EL ESTUDIANTE DE LA U.N.A.H. ANGEL MANFREDO VELÁZQUEZ RODRIGUEZ, FUE APRESADO EN FORMA VIOLENTA Y SIN MEDIAR ORDEN JUDICIAL DE CAPTURA, POR ELEMENTOS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DEL G-2 (INTELIGENCIA) DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS Y LLEVADO CON DESTINO DESCONOCIDO. SU CAPTURA FUE REALIZADA EN TEGUCIGALPA EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 1981, EN HORAS DE LA TARDE, POR LOS ELEMENTOS SEÑALADOS, EN PRESENCIA DE VARIOS TESTIGOS OCULARES QUIENES OBSERVARON QUE FUE INTRODUCIDO A UN VEHÍCULO QUE LO CONDUJO A LAS CELDAS POLICIALES DONDE HA SIDO SOMETIDO A DURAS INTERROGACIONES BAJO CRUELES TORTURAS, ACUSADO DE SUPUESTOS DELITOS POLÍTICOS. INICIALMENTE FUE LLEVADO JUNTO A OTROS DETENIDOS, A LAS CELDAS DE II ESTACIÓN DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA UBICADAS EN EL BARRIO EL MANCHEN DE ESTA CIUDAD, DONDE AGENTES ESPECIALIZADOS EN TORTURA SE HAN ENSAÑADO PARA HACERLE CONFESAR DELITOS QUE ELLOS LE ATRIBUYEN SIN DARLE NINGUNA POSIBILIDAD DE DEFENSA. EL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1981 FUE TRASLADADO AL PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA DONDE PROSIGUEN CON LOS INTERROGATORIOS DESCRITOS Y NO EXISTE LA POSIBILIDAD DE VERLO PUES SISTEMÁTICAMENTE EN TODOS LOS CUERPOS POLICIALES Y DE SEGURIDAD NIEGAN SU DETENCIÓN. POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO ACUDIMOS ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS PARA QUE INTERCEDAN ANTE QUIEN CORRESPONDA PARA QUE LA JUSTICIA RESPLANDEZCA Y GARANTICE LA VIDA Y SEGURIDAD DE ANGEL MANFREDO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ.

Clasificación Temática

DESAPARICIONES FORZADAS

Análisis del Caso

1. QUE LOS NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO PRESENTADOS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS SOBRE LAS INVESTIGACIONES LLEVADAS A CABO EN ESTE CASO, TRANSMITIDOS A LA COMISIÓN CASI DOS AÑOS DESPUÉS DE HABER SIDO SOLICITADOS, EN EL CABLEGRAMA DE 4 DE ABRIL DE 1986, NO SON SUFICIENTES, A JUICIO DE LA COMISIÓN, PARA LLEVAR A CABO UN NUEVO EXAMEN DEL ASUNTO NI AMERITAN LA RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 30/83 APROBADA EN EL 61º PERÍODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN. 2. QUE, POR EL CONTRARIO, DE TODOS LOS ELEMENTOS DE JUICIO QUE OBRAN EN EL CASO SE DEDUCE QUE EL SR. ANGEL MANFREDO VELÁZQUEZ RODRÍGUEZ CONTINÚA DESAPARECIDO SIN QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS PESE A LOS MÚLTIPLES PEDIDOS DE LA CIDH AL RESPECTO Y, EN ESPECIAL, EL DETALLADO PEDIDO DE INFORMES SOLICITADO EL 30 DE MAYO DE 1984 HAYA OFRECIDO PRUEBAS CONCLUYENTES QUE PERMITAN ESTABLECER QUE NO SON VERDADEROS LOS HECHOS DENUNCIADOS. 3. QUE LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL CABLEGRAMA DE 4 DE ABRIL DE 1986, NO RESPONDE A LOS PUNTOS SOLICITADOS POR LA COMISIÓN NI SE INFIERE DE DICHO CABLEGRAMA LA DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO DE HONDURAS DE PROSEGUIR LAS INVESTIGACIONES A FIN DE ESCLARECER LOS HECHOS, LIMITÁNDOSE EN DICHO CABLEGRAMA A INFORMAR QUE EL JUZGADO DE LETRAS ANTE EL CUAL SE TRAMITÓ EL HECHO DENUNCIADO EN EL CASO 7920 HABRÍA SOBRESEÍDO LAS DILIGENCIAS Y QUE EL FALLO HABRÍA SIDO, ADEMÁS, CONFIRMADO POR LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES. 4. QUE SE CONFIGURA EN ESTE CASO, ADEMÁS, UN HECHO DE RETARDO INJUSTIFICADO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 5. QUE POR LO EXPUESTO EN LOS PÁRRAFOS 2 Y 3 ANTERIORES, PUEDE CONCLUIRSE QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO HA ADOPTADO LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN. 6. QUE EN EL CASO MATERIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN LA COMISIÓN NO HA PODIDO, POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DENUNCIA, APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA PREVISTO EN EL ARTICULO 48, INCISO 1, LETRA F DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EN EL ARTÍCULO 45 DE SU REGLAMENTO. 7. QUE AL NO SER APLICABLE EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA LA COMISIÓN DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN, EMITIENDO SU OPINIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE LA CUESTIÓN SOMETIDA A SU CONSIDERACIÓN. 8. QUE, ADEMÁS, LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL GOBIERNO DE HONDURAS HA SIDO INSUFICIENTE YA QUE SE DESCONOCE EL RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL SOBRE DESAPARECIDOS Y HA TRANSCURRIDO TIEMPO SUFICIENTE DESDE QUE SE DENUNCIARON LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN A ESTA DENUNCIA. 9. QUE, ASIMISMO, AL NO SER APLICABLE EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA, LA COMISIÓN PUEDE AL TENOR DEL ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO, SOMETER EL CASO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SI EL GOBIERNO NO HUBIESE ADOPTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS, Y 10. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS, EN FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1981, DEPOSITÓ EL INSTRUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 62 DE LA CONVENCIÓN.

Decisión

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. CONFIRMAR EN TODAS SUS PARTES LA RESOLUCIÓN 30/83 DE OCTUBRE DE 1983, DENEGANDO, EN CONSECUENCIA, EL PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN PRESENTADO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS. 2. REFERIR EL ASUNTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTICULO 63, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN Y, POR TANTO, QUE LA CORTE DECIDA QUE HUBO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA (ART. 4), A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ART. 5) Y A LA LIBERTAD PERSONAL (ART. 7) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; QUE SE REPAREN LAS CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN QUE HA CONFIGURADO LA VULNERACIÓN DE ESOS DERECHOS Y SE OTORGUE A LA PARTE O PARTES LESIONADAS UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. 3. COMUNICAR ESTA RESOLUCIÓN A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, AL PETICIONARIO Y AL GOBIERNO DE HONDURAS, CONFORME LO DISPONE EL ARTICULO 50, INCISO 1 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.390812+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.390815+00:00

Análisis del Caso

2) CEJIL HTTPS://SUMMA.CEJIL.ORG/ES/LIBRARY/?Q=(ALLAGGREGATIONS:!F,FILTERS:(PA_S:(VALUES:!(%279ZOCC708PIBV5CDI%27))),FROM:0,INCLUDEUNPUBLISHED:!F,LIMIT:30,ORDER:DESC,SEARCHTERM:%27HONDURAS%27,SORT:METADATA.FECHA,TYPES:!(%2758B2F3A35D59F31E1345B479%27,%275A4D294C79F3F44B101E2816%27,%2759EE427F40F4A54920BD9B67%27),UNPUBLISHED:!F)

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.398652+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.398655+00:00

Resumen del Caso

1. EL 9 DE JUNIO DE 2006 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN”, LA “COMISIÓN INTERAMERICANA” O LA “CIDH”) RECIBIÓ UNA SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (EN ADELANTE “LA PARTE PETICIONARIA” U “OFRANEH”), EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES GARÍFUNA DE SAN JUAN Y TORNABÉ, EN LA QUE SE ALEGABA UNA SITUACIÓN DE RIESGO URGENTE DEBIDO A AMENAZAS CONTRA VARIOS DE SUS LÍDERES, ASÍ COMO A LA FALTA DE PROTECCIÓN DE SUS TIERRAS ANCESTRALES. LA CIDH DECIDIÓ ABRIR DE OFICIO LA PETICIÓN DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN Y SUS MIEMBROS SEGÚN LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 24 DE SU ENTONCES REGLAMENTO. 3. LA PARTE PETICIONARIA ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO HONDUREÑO POR LA FALTA DE OTORGAMIENTO DE UN TÍTULO DE PROPIEDAD SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS TIERRAS ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD; LAS AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS Y ACTOS DE VIOLENCIA EN CONTRA DE SUS MIEMBROS POR LAS RECLAMACIONES REALIZADAS; ASÍ COMO POR EL ASESINATO DE DOS DE SUS MIEMBROS POR PARTE DE AGENTES ESTATALES. ALEGA QUE EL PUEBLO GARÍFUNA HABITA DESDE 1797 LA COSTA ATLÁNTICA HONDUREÑA Y QUE MANTIENE SU IDIOMA, COSTUMBRES, CULTURA, Y USOS SOBRE TIERRA COMUNAL, Y SUS PROPIAS INSTITUCIONES DE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA BASADAS EN LA TRADICIÓN. INFORMA QUE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN HA OCUPADO HISTÓRICAMENTE UN TERRITORIO APROXIMADO DE 1770 HECTÁREAS. 4. EN RELACIÓN CON EL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA, LA PARTE PETICIONARIA ALEGA QUE EL ESTADO NO HA OTORGADO UN TÍTULO DE DOMINIO PLENO SOBRE LA TOTALIDAD DE LAS TIERRAS ANCESTRALES DE LA COMUNIDAD.

Clasificación Temática

PUEBLOS INDIGENAS

Derechos

ARTÍCULOS: 4.1 (VIDA) 5.1 (INTEGRIDAD PERSONAL), 8.1 (GARANTÍAS JUDICIALES), 13 (LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN), 21 (PROPIEDAD COLECTIVA), 23 (DERECHOS POLÍTICOS), Y 25.1 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 51. LA JURISPRUDENCIA DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS HA RECONOCIDO REITERADAMENTE EL DERECHO A LA PROPIEDAD DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS SOBRE SUS TERRITORIOS ANCESTRALES, Y EL DEBER DE PROTECCIÓN QUE EMANA DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. AL RESPECTO, TANTO LA CIDH COMO LA CORTE HAN AFIRMADO QUE LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN UN DERECHO DE PROPIEDAD COMUNAL SOBRE LAS TIERRAS QUE HAN USADO Y OCUPADO TRADICIONALMENTE, Y QUE EL CARÁCTER DE ESE DERECHO ESTÁ EN FUNCIÓN DE LAS MODALIDADES DE USO DE LA TIERRA Y SU TENENCIA CONSUETUDINARIA 52. LA CIDH RESALTA QUE LA PROPIEDAD TERRITORIAL INDÍGENA ES UNA FORMA DE PROPIEDAD QUE NO SE FUNDAMENTA EN EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DEL ESTADO, SINO EN EL USO Y POSESIÓN TRADICIONALES DE LAS TIERRAS Y RECURSOS; LOS TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES “LES PERTENECEN POR SU USO U OCUPACIÓN ANCESTRAL”95. ES ASÍ COMO EL DERECHO DE PROPIEDAD COMUNAL INDÍGENA SE FUNDAMENTA EN EL SISTEMA CONSUETUDINARIO DE TENENCIA DE LA TIERRA QUE HA EXISTIDO TRADICIONALMENTE ENTRE LAS COMUNIDADES, CON INDEPENDENCIA DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL96. EN VIRTUD A ELLO HA AFIRMADO LA CORTE QUE “LA POSESIÓN TRADICIONAL DE LOS INDÍGENAS SOBRE SUS TIERRAS TIENE EFECTOS EQUIVALENTES AL TÍTULO DE PLENO DOMINIO QUE OTORGA EL ESTADO” 54. LA RELACIÓN ESPECIAL Y ÚNICA ENTRE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS TERRITORIOS TRADICIONALES TIENE PROTECCIÓN JURÍDICA INTERNACIONAL. SEGÚN HAN AFIRMADO LA CIDH Y LA CORTE INTERAMERICANA, LA PRESERVACIÓN DE LA CONEXIÓN PARTICULAR ENTRE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS Y SUS TIERRAS Y RECURSOS SE VINCULA A LA EXISTENCIA MISMA DE ESTOS PUEBLOS, Y POR LO MISMO “AMERITA MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN”

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS: 1. ADOPTAR A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LOGRAR LA TITULACIÓN COMPLETA Y EL SANEAMIENTO EFECTIVO DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN DE ACUERDO CON LOS LIMITES RECONOCIDOS. EL ESTADO DEBERÁ ASEGURAR QUE ESTAS MEDIDAS SEAN CONDUCENTES PARA GARANTIZAR DE MANERA EFECTIVA LA POSESIÓN Y USO DEL TERRITORIO, ASÍ COMO LA LIBRE DETERMINACIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN Y SU DERECHO A VIVIR DE MANERA PACÍFICA SU MODO DE VIDA TRADICIONAL, CONFORME A SU IDENTIDAD CULTURAL, ESTRUCTURA SOCIAL, SISTEMA ECONÓMICO, COSTUMBRES, CREENCIAS Y TRADICIONES DISTINTIVAS. 2. REPARAR INTEGRALMENTE LAS CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME DE FONDO. EN ESPECIAL, CONSIDERAR LOS DAÑOS PROVOCADOS A LA COMUNIDAD POR LA FALTA DE TITULACIÓN TOTAL DE SU TERRITORIO ANCESTRAL, ASÍ COMO LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS PROYECTOS HOTELEROS, TURÍSTICOS Y HABITACIONALES DESARROLLADOS EN ÉL. 3. ASEGURAR QUE TODA MEDIDA LEGISLATIVA O ADMINISTRATIVA O PROYECTO, INCLUYENDO AQUELLOS RELACIONADOS CON CONCESIONES Y ACTIVIDADES EMPRESARIALES, SUSCEPTIBLE DE AFECTAR A LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN NO INICIE O SE CONTINÚE EJECUTANDO MIENTRAS NO SE HAYA CUMPLIDO CON LOS ESTÁNDARES INTERAMERICANOS EN MATERIA DE CONSULTA Y CONSENTIMIENTO PREVIO, LIBRE E INFORMADO. 4. ASEGURAR QUE DE EXISTIR RECURSOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS PENDIENTES INTERPUESTOS POR LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN, LOS MISMOS SEAN RESUELTOS DE MANERA PRONTA Y EFECTUANDO UN CONTROL DE CONVENCIONALIDAD CONFORME A LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES DEL ESTADO HONDUREÑO BAJO LA CONVENCIÓN AMERICANA. 5. ADOPTAR LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS O DE OTRA ÍNDOLE NECESARIAS PARA EVITAR QUE EN EL FUTURO SE PRODUZCAN HECHOS SIMILARES; EN PARTICULAR PARA ASEGURAR CONTAR CON: I) MECANISMOS RÁPIDOS Y EFECTIVOS QUE GARANTICEN EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A REIVINDICAR SUS TERRITORIOS ANCESTRALES Y A EJERCER PACÍFICAMENTE SU PROPIEDAD COLECTIVA, MEDIANTE LA TITULACIÓN, DEMARCACIÓN, DELIMITACIÓN Y SANEAMIENTO. II) MECANISMOS QUE GARANTICEN LA CONSULTA PREVIA, CON LA DEBIDA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD INDÍGENA HONDUREÑA Y QUE INCORPOREN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO 169 Y LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.323109+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.323117+00:00

Análisis del Caso

2. DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LA COMUNIDAD RESPECTO DE LA OBLIGACIÓN DE DELIMITACIÓN, DEMARCACIÓN Y TITULACIÓN 56. COMO HAN ESTABLECIDO LA CIDH Y LA CORTE INTERAMERICANA, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, LOS PUEBLOS INDÍGENAS SON TITULARES DE DERECHOS DE PROPIEDAD Y DOMINIO SOBRE LAS TIERRAS Y RECURSOS QUE HAN OCUPADO HISTÓRICAMENTE Y, POR LO TANTO, TIENEN DERECHO A SER RECONOCIDOS JURÍDICAMENTE COMO LOS DUEÑOS DE SUS TERRITORIOS, A OBTENER UN TÍTULO JURÍDICO FORMAL DE PROPIEDAD DE SUS TIERRAS, Y A QUE LOS TÍTULOS SEAN DEBIDAMENTE REGISTRADOS 57. ASIMISMO, LA CIDH OBSERVA QUE HONDURAS RATIFICÓ EL CONVENIO NO. 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA OIT (“CONVENIO NO. 169”) EL 28 DE MARZO DE 1995. ESTE INSTRUMENTO, ADEMÁS DE LO YA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DESARROLLADO MEDIANTE LA JURISPRUDENCIA INTERAMERICANA, CONTEMPLA EXPRESAMENTE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE ADOPTAR MEDIDAS ESPECIALES PARA GARANTIZAR A LOS PUEBLOS INDÍGENAS EL GOCE EFECTIVO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES SIN RESTRICCIONES, RESPETANDO SU IDENTIDAD SOCIAL Y CULTURAL, SUS COSTUMBRES, TRADICIONES E INSTITUCIONES. EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE PROPIEDAD, EL CONVENIO NO. 169 EN SU ARTÍCULO 14.1 ESTABLECE LO SIGUIENTE:DEBERÁ RECONOCERSE A LOS PUEBLOS INTERESADOS EL DERECHO DE PROPIEDAD Y DE POSESIÓN SOBRE LAS TIERRAS QUE TRADICIONALMENTE OCUPAN. ADEMÁS, EN LOS CASOS APROPIADOS, DEBERÁN TOMARSE MEDIDAS PARA SALVAGUARDAR EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INTERESADOS A UTILIZAR TIERRAS QUE NO ESTÉN EXCLUSIVAMENTE OCUPADAS POR ELLOS, PERO A LAS QUE HAYAN TENIDO TRADICIONALMENTE ACCESO PARA SUS ACTIVIDADES TRADICIONALES Y DE SUBSISTENCIA. 58. COMO SE INDICÓ PREVIAMENTE, LA CORTE SE HA REFERIDO A LA POSESIÓN DE LA TIERRA COMO EQUIVALENTE AL TÍTULO OTORGADO POR EL ESTADO107. SIN EMBARGO, EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD COLECTIVA INDÍGENA DEBE GARANTIZARSE A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO DE UN TÍTULO DE PROPIEDAD FORMAL, U OTRA FORMA SIMILAR DE RECONOCIMIENTO ESTATAL, QUE OTORGUE SEGURIDAD JURÍDICA A LA TENENCIA INDÍGENA DE LA TIERRA FRENTE A LA ACCIÓN DE TERCEROS O DE LOS AGENTES DEL PROPIO ESTADO108. EN ESE SENTIDO, LA CIDH HA ENFATIZADO QUE “LA DEMARCACIÓN Y REGISTRO LEGAL DE LAS TIERRAS INDÍGENAS CONSTITUYE EN LA REALIDAD SÓLO UN PRIMER PASO EN SU ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA REAL”, YA QUE EN LA PRÁCTICA LA PROPIEDAD Y POSESIÓN EFECTIVAS SE VEN CONTINUAMENTE AMENAZADAS, USURPADAS O REDUCIDAS POR DISTINTAS ACCIONES DE HECHO O DE DERECHO. 60. EN EL PRESENTE CASO, LA CIDH OBSERVA QUE NO EXISTE CONTROVERSIA RESPECTO DE QUE A LA FECHA LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE SAN JUAN NO CUENTA CON UN TÍTULO DE PROPIEDAD COLECTIVA SOBRE LA TOTALIDAD DE SUS TIERRAS Y TERRITORIOS ANCESTRALES. LA COMISIÓN TOMA NOTA DE LAS MÚLTIPLES GESTIONES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD A EFECTOS DE LOGRAR LA TITULACIÓN DE SUS TIERRAS A TRAVÉS DE LAS INSTITUCIONES QUE LA LEGISLACIÓN HONDUREÑA ESTABLECE (INA Y COHDEFOR). 61. ES ASÍ COMO LA CIDH EVIDENCIA LAS MÚLTIPLES OMISIONES E IRREGULARIDADES EN LA TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE TITULACIÓN LA COMUNIDAD. LA COMISIÓN RESALTA LA PÉRDIDA DEL EXPEDIENTE ABIERTO EN 1997. DICHO EXTRAVÍO RETRASÓ LOS TRÁMITES CORRESPONDIENTES E INCLUSO, TRAS MÁS DE DOS DÉCADAS DE ESTE SUCESO, ÉSTE NO HA SIDO ENCONTRADO. LA CIDHTOMA NOTA DE LA INACTIVIDAD DE LOS ORGANISMOS POR RECUPERAR DICHO EXPEDIENTE, EVIDENCIÁNDOSE UN PERIODO IRRAZONABLE DE TIEMPO EN SU BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN. ELLO GENERÓ UNA SITUACIÓN DE INCERTIDUMBRE EN LA COMUNIDAD. 62. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA FALTA DE TITULACIÓN HA IMPEDIDO QUE LA COMUNIDAD HAYA PODIDO USAR Y GOZAR DE SUS TIERRAS EN FORMA PACÍFICA. ELLO SE EJEMPLIFICA CON EL I) OTORGAMIENTO DE TÍTULOS A TERCEROS AJENOS A LA COMUNIDAD; II) EL OTORGAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DE PROYECTOS HOTELEROS (COMO SERÁ ANALIZADO EN LA SIGUIENTE SECCIÓN; III) LA AMPLIACIÓN DEL CASCO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA; Y IV) LA CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL JEANETTE KAWAS. 63. EN RELACIÓN CON LOS ELEMENTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, LA CIDH TOMA NOTA DE QUE NO CUENTA CON LA DOCUMENTACIÓN COMPLETA DE TODOS LOS TÍTULOS DADOS A TERCEROS DENTRO DEL TERRITORIO REIVINDICADO POR LA COMUNIDAD. NO OBSTANTE, DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES SE EVIDENCIA QUE VARIOS TÍTULOS DE PROPIEDAD SE DIERON ENTRE LOS AÑOS 1997 Y 2000, LAPSO DE TIEMPO EN EL QUE LA COMUNIDAD PRESENTÓ DIVERSAS SOLICITUDES DE TITULACIÓN, MUCHAS DE LAS CUALES NO TUVIERON RESPUESTA. ADICIONALMENTE, MEDIANTE UNA RESOLUCIÓN DE ABRIL DE 1989, EL INA AUTORIZÓ LA AMPLIACIÓN DEL CASCO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE TELA EN PARTE DEL TERRITORIO REIVINDICADO POR LA COMUNIDAD. DICHA SITUACIÓN HA ORIGINADO QUE SE PRESENTEN DENUNCIAS POR USURPACIÓN EN CONTRA DE LA COMUNIDAD A EFECTOS DE QUE SUS MIEMBROS SEAN DESALOJADOS, ASÍ COMO DIVERSAS AMENAZAS Y ACTOS DE HOSTIGAMIENTO EN SU CONTRA, LO CUAL SERÁ ANALIZADO POSTERIORMENTE. 64. EN SU INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS DE 2019 LA COMISIÓN RESALTÓ QUE “LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN DERECHO A QUE SU TERRITORIO SEA RESERVADO PARA ELLOS, SIN QUE EXISTAN DENTRO DE SUS TIERRAS ASENTAMIENTOS O PRESENCIA DE TERCEROS. COMO CONSECUENCIA DE ESTE DERECHO, LOS ESTADOS TIENEN UNA OBLIGACIÓN CORRELATIVA DE PREVENIR LA INVASIÓN O COLONIZACIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA O TRIBAL POR PARTE DE OTRAS PERSONAS Y, CUANDO ESTO SUCEDE, DEBEN REALIZAR DE MANERA PRONTA Y ÁGIL LAS GESTIONES Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA REUBICAR A AQUELLOS HABITANTES NO INDÍGENAS DEL TERRITORIO QUE SE ENCUENTREN ASENTADOS”

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.324992+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.324996+00:00

Análisis del Caso

3. DERECHO A LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA, ASÍ COMO A LA OBTENCIÓN DEL CONSENTIMIENTO DE LA COMUNIDAD 67. LA CIDH DESTACA QUE LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA, SE DESPRENDE DE LA PROPIA CONVENCIÓN AMERICANA, EN UNA LECTURA CONJUNTA DE LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN SUS ARTÍCULOS 13, 21 Y 23, QUE OBLIGAN AL ESTADO GUATEMALTECO DESDE LA RATIFICACIÓN DEL INSTRUMENTO115. EN CUANTO A LOS ESTÁNDARES EN MATERIA DE CONSULTA PREVIA, LA COMISIÓN HA SOSTENIDO LO SIGUIENTE: (…) TODA DETERMINACIÓN DE LA MEDIDA EN QUE LOS RECLAMANTES INDÍGENAS MANTIENEN INTERESES EN LAS TIERRAS DE LAS QUE HAN POSEÍDO TRADICIONALMENTE TÍTULO Y QUE HAN OCUPADO Y UTILIZADO, SE BASE EN UN PROCESO DE TOTAL INFORMACIÓN Y MUTUO CONSENTIMIENTO DE PARTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA EN SU CONJUNTO. ESTO REQUIERE, COMO MÍNIMO, QUE TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD ESTÉN PLENA Y CABALMENTE INFORMADOS DE LA NATURALEZA Y LAS CONSECUENCIAS DEL PROCESO Y SE LES BRINDE UNA OPORTUNIDAD EFECTIVA DE PARTICIPAR INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE 68. ASIMISMO, LA COMISIÓN HA INDICADO QUE, EN EL CASO DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL ESTADO, O BAJO SU AUTORIZACIÓN –A TRAVÉS DE, POR EJEMPLO, LICITACIONES O CONCESIONES– QUE TENDRÍAN UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN EL USO Y GOCE DE ESTE DERECHO, ES NECESARIO QUE EL ESTADO ASEGURE QUE LOS PUEBLOS AFECTADOS CUENTEN CON INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES QUE LES AFECTARÍAN, QUE TENGAN LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LOS DIFERENTES PROCESOS PARA LA TOMA DE LAS DECISIONES RESPECTIVAS, Y POR OTRA PARTE, TENGAN ACCESO A LA PROTECCIÓN Y LAS GARANTÍAS JUDICIALES EN CASO DE CONSIDERAR QUE SUS DERECHOS NO SEAN RESPETADOS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.325893+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.325896+00:00

Análisis del Caso

DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8.1127) Y PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25.1128) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO 76. LA COMISIÓN RECUERDA QUE EL ESTADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN GENERAL DE PROVEER RECURSOS JUDICIALES EFECTIVOS A LAS PERSONAS QUE ALEGUEN SER VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, RECURSOS QUE DEBEN SER SUSTANCIADOS DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL, TODO ELLO DENTRO DE LA OBLIGACIÓN GENERAL, A CARGO DE LOS MISMOS ESTADOS, DE GARANTIZAR EL LIBRE Y PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONVENCIÓN A TODA PERSONA QUE SE ENCUENTRE BAJO SU JURISDICCIÓN129. AL RESPECTO, LA CORTE INTERAMERICANA HA ESPECIFICADO QUE EL DEBIDO PROCESO DEBE SEGUIRSE TANTO EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS COMO EN CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO CUYA DECISIÓN PUEDA AFECTAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 77. ASIMISMO, TANTO LA CIDH COMO LA CORTE HAN DETERMINADO QUE LOS PUEBLOS INDÍGENAS TIENEN DERECHO A QUE EXISTAN MECANISMOS ADMINISTRATIVOS EFECTIVOS Y EXPEDITOS PARA PROTEGER, GARANTIZAR Y PROMOVER SUS DERECHOS SOBRE LOS TERRITORIOS ANCESTRALES131. ES POR ELLO QUE LOS ESTADOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE BRINDAR UNA PROTECCIÓN EFECTIVA QUE TOME EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PROPIAS, SUS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO SU SITUACIÓN DE ESPECIAL VULNERABILIDAD, SU DERECHO CONSUETUDINARIO, VALORES, USOS Y COSTUMBRES132. DENTRO DE DICHOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBEN DAR CUMPLIMIENTO A LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO SE CUENTAN, POR EJEMPLO, LOS PROCEDIMIENTOS DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA, Y LOS PROCEDIMIENTOS DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS 78. EN EL PRESENTE CASO, LA CIDH YA DETERMINÓ QUE EL ESTADO VULNERÓ EL DERECHO A LA PROPIEDAD COLECTIVA DE LA COMUNIDAD DEBIDO A LA FALTA DE TITULACIÓN TOTAL DE SUS TERRITORIOS, ASÍ COMO POR NO ASEGURAR SU DERECHO A LA CONSULTA PREVIA FRENTE A PROYECTOS HOTELEROS Y TURÍSTICOS DENTRO DE SUS TIERRAS. LA COMISIÓN RESALTA QUE A PESAR DE LOS MÚLTIPLES RECURSOS PARA TITULAR SU TERRITORIO, ÉSTOS NO HAN SIDO EFECTIVOS YA QUE HONDURAS NO HA RECONOCIDO LA TOTALIDAD DEL TERRITORIO SOLICITADO POR LA COMUNIDAD NI SE HAN OBTENIDO RESPUESTAS ESTATALES A LAS DIFERENTES SOLICITUDES PRESENTADAS. 79. TAL COMO FUE ESTABLECIDO PREVIAMENTE, NO SE HA ESTUDIADO LA SOLICITUD PRESENTADA EN 1997 DEBIDO AL EXTRAVÍO DEL EXPEDIENTE, EL CUAL NUNCA FUE RECUPERADO A PESAR DE LAS DENUNCIAS PRESENTADAS POR LA COMUNIDAD. EN ESTE SENTIDO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE A MÁS DE VEINTE AÑOS DE LA DENUNCIA POR LA PÉRDIDA DEL EXPEDIENTE NO SE HA OBTENIDO UNA DECISIÓN SERIA Y DE FONDO. POR EL CONTRARIO, SE EVIDENCIA UNA DEMORA IRRAZONABLE, FALTA DE DILIGENCIA Y DESINTERÉS DE LAS AUTORIDADES ESTATALES PARA GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.326553+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.326556+00:00

Análisis del Caso

DERECHO A LA VIDA (ARTÍCULO 4.1135), GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8.1) Y PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25.1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO ASIMISMO, LA CIDH NOTA QUE I) NO SE EVIDENCIÓ QUE EXISTA UNA SITUACIÓN DE “PELIGRO DIRECTO”; II) LOS SEÑORES LÓPEZ Y CASTILLO NO PORTABAN NINGÚN TIPO DE ARMA NI SE EVIDENCIA QUE EN ALGÚN MOMENTO HAYAN INTENTADO AGREDIR A LOS AGENTES POLICIALES INVOLUCRADOS; Y III)LOS AGENTES POLICIALES RECURRIERON DE MANERA DIRECTA AL USO DE FUERZA LETAL SIN NINGUNA JUSTIFICACIÓN Y SIN HABER INTENTADO UTILIZAR OTROS MEDIOS MENOS LESIVOS. ASIMISMO, DE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTE LA CIDH, ASÍ COMO DE LA INVESTIGACIÓN A NIVEL INTERNO, SE DETERMINÓ QUE AL MENOS TRES AGENTES POLICIALES FUERON RESPONSABLES DE LA MUERTE DE LOS SEÑORES LÓPEZ Y CASTILLO. 87. EN VISTA DE ELLO, LA CIDH CONSIDERA QUE LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR DEMUESTRA QUE EL USO DE LA FUERZA LETAL EMPLEADO POR LOS AGENTES POLICIALES FUE INJUSTIFICADO, INNECESARIO, DESPROPORCIONAL Y CARENTE DE UN FIN LEGÍTIMO, POR LO QUE CONSTITUYERON EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES. EN CONSECUENCIA, LA CIDH CONCLUYE QUE EL ESTADO HONDUREÑO VIOLÓ EL DERECHO A LA VIDA DE GINO ELIGIO LÓPEZ Y EPSON ANDRÉS CASTILLO, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO. 88. AHORA BIEN, TANTO LA CIDH COMO LA CORTE HAN ESTABLECIDO QUE EN CASOS RELACIONADOS CON MUERTES VIOLENTAS, ESPECIALMENTE CUANDO PUEDAN ESTAR INVOLUCRADOS AGENTES ESTATALES, LA INVESTIGACIÓN DEBE SER REALIZADA A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS LEGALES DISPONIBLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VERDAD Y EL ENJUICIAMIENTO Y CASTIGO DE TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS140. ASIMISMO, LOS ESTADOS DEBEN DEBE PROVEER UN RECURSO RÁPIDO Y SENCILLO PARA LOGRAR QUE LOS RESPONSABLES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS SEAN JUZGADOS Y LAS VÍCTIMAS OBTENGAN REPARACIÓN POR EL DAÑO SUFRIDO141. ELLO A EFECTOS DE GARANTIZAR LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 89. EN EL PRESENTE ASUNTO LA COMISIÓN OBSERVA QUE DOS AGENTES POLICIALES FUERON CONDENADOS POR EL DELITO DE ASESINATO MIENTRAS QUE OTRO AGENTE FUE CONDENADO COMO COOPERADOR DE DICHO DELITO. LA CIDH TOMA NOTA DE QUE LA CONTROVERSIA RADICA EN QUE I) SE MODIFICÓ LA PENA DE UN AGENTE POLICIAL A “COOPERADOR” EN LUGAR DE AUTOR DIRECTO; Y II) OTROS AGENTES POLICIALES HABRÍAN TAMBIÉN ESTADO INVOLUCRADOS EN LA MUERTE DE LOS SEÑORES LÓPEZ Y CASTILLO Y, NO OBSTANTE, SE LES SUSPENDIÓ DE LA PERSECUCIÓN PENAL. 90. AL RESPECTO, LA COMISIÓN RESALTA QUE LOS ESTADOS TIENEN EL DEBER DE INVESTIGAR, JUZGAR Y SANCIONAR A TODAS LAS PERSONAS RESPONSABLES DE HABER COMETIDO GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS. SIN PERJUICIO DE LO SEÑALADO, LA CIDH CONSIDERA QUE LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA ANTE ÉSTA NO LE PERMITE REALIZAR UNA DETERMINACIÓN SOBRE SI LA MODIFICACIÓN DEL TIPO PENAL A “COOPERADOR” POR PARTE DE UN AGENTE POLICIAL INCUMPLIÓ CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS JUDICIALES, MÁS AÚN CUANDO LA PENA DE PRISIÓN (VEINTE AÑOS) FUE LA MISMA QUE PARA LOS OTROS AGENTES. ASIMISMO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE NO CUENTA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE COMO PARA DETERMINAR SI LA APLICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE OTROS AGENTES POLICIALES RESULTÓ COMPATIBLE CON LAS GARANTÍAS JUDICIALES, EN PARTICULAR DEBIDO A QUE, CONFORME A LOS TESTIMONIOS RECOGIDOS, LOS TRES AGENTES QUE FUERON SANCIONADOS PARTICIPARON DE LA MUERTE DE LOS SEÑORES LÓPEZ Y CASTILLO. EN VISTA DE LO EXPUESTO, LA COMISIÓN NO CUENTA CON LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.327180+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.327184+00:00

Resumen del Caso

1. EL 6 DE FEBRERO DE 2002 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN INTERAMERICANA”, “LA COMISIÓN” O “LA CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR EUSTAQUIA GARCÍA ALVARADO (EN ADELANTE “LA PARTE PETICIONARIA”) 1 EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO DE HONDURAS”, “EL ESTADO” O “HONDURAS”) POR LA ALEGADA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE HERMINIO DERAS GARCÍA, ASÍ COMO POR LAS SUPUESTAS AMENAZAS, DETENCIONES ILEGALES Y ALEGADOS ACTOS DE TORTURA EN CONTRA DE SUS FAMILIARES. LA PARTE PETICIONARIA ALEGA QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE POR LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE HERMINIO DERAS POR PARTE DE AGENTES PÚBLICOS EN ENERO DE 1983. SOSTIENE QUE LA MUERTE DEL SEÑOR DERAS SE DIO DEBIDO A SUS LABORES COMO MIEMBRO DEL PARTIDO COMUNISTA Y ASESOR SINDICAL. ELLO EN EL MARCO DE UN CONTEXTO DE PERSECUCIÓN ESTATAL Y DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, INCLUYENDO EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, EN CONTRA DE DIRIGENTES DE ORGANIZACIONES ESTUDIANTILES, SINDICALES Y POPULARES IDENTIFICADOS COMO PERSONAS OPOSITORAS AL ENTONCES GOBIERNO.

Derechos

ARTÍCULOS 4.1, 5.1, 5.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 11.2, 13.1, 16.1, 19, 22.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Análisis del Caso

A. DERECHO A LA VIDA, LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN (ARTÍCULOS 4.1, 13.1 Y 16.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO) 51. EN EL PRESENTE CASO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE NO ES UN HECHO CONTROVERTIDO QUE EL SEÑOR DERAS FALLECIÓ EL 29 DE ENERO DE 1983 COMO CONSECUENCIA DE VARIOS DISPAROS REALIZADOS POR AGENTES MILITARES LUEGO DE HABER SIDO RETENIDO MIENTRAS SE ENCONTRABA CONDUCIENDO UN VEHÍCULO. LA CIDH TAMBIÉN TOMA NOTA DE QUE, A PARTIR DE LAS DECLARACIONES DE AGENTES POLICIALES Y TESTIGOS, LA CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO DE SULA CONDENÓ EN SEGUNDA INSTANCIA AL AGENTE MILITAR MARCO TULIO REGALADO POR EL DELITO DE ASESINATO. LA COMISIÓN RESALTA QUE DICHA SENTENCIA QUEDÓ EN FIRME LUEGO DE HABERSE RECHAZADO UN RECURSO DE CASACIÓN PRESENTADO POR LA DEFENSA DEL SEÑOR REGALADO. NI EL ESTADO HONDUREÑO NI LA PARTE PETICIONARIA HAN CONTROVERTIDO ANTE LA CIDH EL RESULTADO DE ESE PROCESO. 52. EXISTIENDO CLARIDAD SOBRE EL HECHO DE QUE HERMINIO DERAS MURIÓ DE MANOS DE AGENTES ESTATALES, LA COMISIÓN DESTACA QUE EL ESTADO HONDUREÑO NO HA APORTADO UNA EXPLICACIÓN QUE PERMITA CONSIDERAR QUE LA MUERTE DEL SEÑOR DERAS CONSTITUYÓ UN USO LEGÍTIMO DE LA FUERZA, A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DE FINALIDAD LEGÍTIMA Y ESTRICTA NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD, NI TAL INFORMACIÓN SE DESPRENDE DEL EXPEDIENTE. POR EL CONTRARIO, COMO SE INDICÓ, EL ESTADO HA RECONOCIDO QUE EL AGENTE REGALADO RESULTÓ SER RESPONSABLE PENALMENTE POR LA MUERTE DE HERMINIO DERAS. 53. POR ELLO LA COMISIÓN CONSIDERA QUE SE DESPRENDE CON CLARIDAD QUE LO SUCEDIDO EN EL PRESENTE CASO CONSTITUYÓ UNA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. EN CONSECUENCIA, LA CIDH CONCLUYE QUE EL ESTADO HONDUREÑO VIOLÓ EL DERECHO A LA VIDA DE HERMINIO DERAS GARCÍA, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 4.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO. 54. ADICIONALMENTE, LA COMISIÓN TOMA NOTA DE QUE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL SEÑOR DERAS SE DIO EN EL MARCO DE UN CONTEXTO, RECONOCIDO POR ORGANISMOS INTERNACIONALES E INTERNOS, DENOMINADA “DOCTRINA DE SEGURIDAD NACIONAL”. ELLO IMPLICÓ LA ADOPCIÓN DE UNA PRÁCTICA DE GRAVES VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, INCLUYENDO EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, EN CONTRA DE PERSONAS CONSIDERADAS COMO MIEMBROS O SIMPATIZANTES DE LA GUERRILLA SALVADOREÑA O DE LOS SANDINISTAS. LA CIDH OBSERVA QUE LA CONDICIÓN DE LÍDER SINDICAL Y DIRIGENTE POLÍTICO DEL PARTIDO COMUNISTA DEL SEÑOR DERAS SE CIRCUNSCRIBE AL TIPO DE PERFIL QUE ERA CONSIDERADO COMO OBJETIVO DEL ENTONCES GOBIERNO CONFORME AL CONTEXTO AMPLIAMENTE ESTABLECIDO. A ELLO SE SUMA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PARTE PETICIONARIA RESPECTO DE LOS DIVERSOS ALLANAMIENTOS A SU DOMICILIO, INTENTOS DE DETENCIONES Y ACTOS AGRESIÓN QUE EL SEÑOR DERAS SUFRIÓ POR PARTE DE AGENTES MILITARES DURANTE AÑOS ANTES DE SU EJECUCIÓN, DEBIDO PRECISAMENTE A LAS LABORES SINDICALES Y POLÍTICAS QUE REALIZABA. DICHA INFORMACIÓN, QUE SERÁ ANALIZADA EN LA SIGUIENTE SECCIÓN, NO FUE CONTROVERTIDA POR EL ESTADO. 55. DE ESTA FORMA, LA CIDH OBSERVA QUE EL ESTADO INTENTÓ ANULAR POR MÚLTIPLES MEDIOS EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DEL SEÑOR DERAS, LO CUAL CONCLUYÓ CON SU EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. POR LO EXPUESTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEL SEÑOR DERAS, AL HABER SIDO COMETIDA CON UN CLARO MÓVIL DE REPRESALIA POR SUS ACTIVIDADES COMO LÍDER POLÍTICO Y SINDICALISTA, VULNERÓ TAMBIÉN SUS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE ASOCIACIÓN. EN CONSECUENCIA LA CIDHCONCLUYE QUE EL ESTADO VULNERÓ, EN SU PERJUICIO, LOS DERECHOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 13.1 Y 16.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS, 1. REPARAR INTEGRALMENTE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME, INCLUYENDO UNA JUSTA COMPENSACIÓN POR EL DAÑO MATERIAL E INMATERIAL, ASÍ COMO MEDIDAS DE SATISFACCIÓN DEBIDAMENTE CONCERTADAS CON LOS FAMILIARES. 2. DISPONER LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN EN SALUD FÍSICA Y MENTAL NECESARIAS PARA LOS FAMILIARES DE HERMINIO DERAS GARCÍA. ESTAS MEDIDAS DEBEN IMPLEMENTARSE EN CASO DE SER VOLUNTAD DE LAS VÍCTIMAS Y DE MANERA CONCERTADA CON ELLAS Y SUS REPRESENTANTES. 3. REALIZAR UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA Y EFECTIVA DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME. ELLO DEBE IMPLICAR I) QUE SE DESPLIEGUEN TODOS LOS ESFUERZOS NECESARIOS PARA LOGRAR LA CAPTURA DE MARCO TULIO REGALADO A FIN DE QUE CUMPLA LA CONDENA IMPUESTA; Y II) QUE SE INVESTIGUEN TODAS LAS DEMÁS RESPONSABILIDADES EN LA JUSTICIA PENAL ORDINARIA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.327969+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.327972+00:00

Análisis del Caso

DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL, LIBERTAD PERSONAL, VIDA PRIVADA, PROTECCIÓN DE LA FAMILIA Y DERECHOS DEL NIÑO (ARTÍCULOS 5.1, 5.2 7.1, 7.2, 7.3, 11.2, 17.1, 19 Y 22.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO) 65. EN EL PRESENTE CASO LA PARTE PETICIONARIA ALEGÓ QUE AGENTES MILITARES ALLANARON SIN NINGUNA ORDEN JUDICIAL LOS DOMICILIOS DE I) HERMINIO DERAS; II) LOS PADRES DEL SEÑOR DERAS; Y III) DOS DOMICILIOS DE SUS FAMILIARES EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO. DICHA INFORMACIÓN NO FUE CONTROVERTIDA POR EL ESTADO. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL ESTADO VULNERÓ EL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 11.2 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LAS PERSONAS IDENTIFICADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. 66. RESPECTO DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL, LA COMISIÓN RESALTA QUE EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA CONSAGRA LAS GARANTÍAS RELATIVAS A DICHO DERECHO QUE LOS ESTADOS DEBEN RESPETAR Y GARANTIZAR. LA CORTE HAN ESTABLECIDO QUE EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA TIENE DOS TIPOS DE REGULACIONES BIEN DIFERENCIADAS ENTRE SÍ, UNA GENERAL Y OTRA ESPECÍFICA. LA GENERAL SE ENCUENTRA EN EL PRIMER NUMERAL: “[T]ODA PERSONA TIENE EL DERECHO A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD PERSONALES”. MIENTRAS QUE LA ESPECÍFICA ESTÁ COMPUESTA POR UNA SERIE DE GARANTÍAS QUE PROTEGEN EL DERECHO A NO SER PRIVADO DE LA LIBERTAD ILEGALMENTE (ARTÍCULO 7.2) O ARBITRARIAMENTE (ARTÍCULO 7.3), A CONOCER LAS RAZONES DE LA DETENCIÓN Y LOS CARGOS FORMULADOS EN CONTRA DEL DETENIDO (ARTÍCULO 7.4), AL CONTROL JUDICIAL DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD (ARTÍCULO 7.5) Y A IMPUGNAR LA LEGALIDAD DE LA DETENCIÓN (ARTÍCULO 7.6)67. CUALQUIER VIOLACIÓN DE LOS NUMERALES 2 AL 7 DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN ACARREARÁ NECESARIAMENTE LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7.1 DE LA MISMA 67. EN EL PRESENTE CASO LA PARTE PETICIONARIA ALEGÓ QUE AGENTES MILITARES DETUVIERON A I)IRMA ISABEL DERAS LUEGO DE HABER SIDO ALLANADO SU DOMICILIO; II) OTILIA FLORES Y ELBA FLORES LUEGO DE HABER SIDO ALLANADO SU DOMICILIO; III) LUIS ROLANDO DERAS; Y IV) VARIOS FAMILIARES DEL SEÑOR DERAS EN JUNIO DE 1984. LA CIDH REITERA QUE EL ESTADO NO CONTROVIRTIÓ DICHA INFORMACIÓN. 68. LA COMISIÓN OBSERVA QUE EL ESTADO NO PRESENTÓ INFORMACIÓN SOBRE LA BASE LEGAL EN QUE SE HABRÍAN DADO LAS DETENCIONES EN PERJUICIO DE LAS PERSONAS MENCIONADAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LA CIDH NOTA QUE CONFORME A LA INFORMACIÓN PRESENTADA LAS DETENCIONES SE EFECTUARON SIN UNA ORDEN JUDICIAL Y SIN QUE PUEDA AFIRMARSE LA EXISTENCIA DE UNA SITUACIÓN DE FLAGRANCIA. POR EL CONTRARIO, LA COMISIÓN TOMA NOTA DE QUE ÉSTAS SE REALIZARON LUEGO DE HABERSE EFECTUADO UN ALLANAMIENTO ARBITRARIO EN DIVERSOS DOMICILIOS DE LOS FAMILIARES DEL SEÑOR DERAS. EN VISTA DE ELLO, LA CIDH CONSIDERA QUE LAS DETENCIONES SE REALIZARON DE FORMA ILEGAL Y ARBITRARIA. 69. ADICIONALMENTE, LA CIDH CUENTA CON INFORMACIÓN QUE ALGUNOS DE LOS FAMILIARES DEL SEÑOR ERAN NIÑOS O NIÑAS AL MOMENTO DE LOS HECHOS MENCIONADOS EN ESTA SECCIÓN69. EN ESE SENTIDO, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE EL ESTADO VULNERÓ SUS DEBERES DE ESPECIAL PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO. 70. RESPECTO DEL DERECHO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 22.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, LA CORTE HA SEÑALADO QUE ÉSTE ESTABLECE LA PROTECCIÓN DEL DERECHO DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA. ELLO EN TANTO TODA PERSONA QUE SE HALLE LEGALMENTE EN TERRITORIO DE UN ESTADO, TIENE EL DERECHO A CIRCULAR Y A RESIDIR LIBREMENTE DENTRO DE ÉL, Y EL DERECHO DE INGRESAR, PERMANECER Y SALIR DEL TERRITORIO DEL ESTADO SIN INTERFERENCIA ILEGAL . ASIMISMO, LA CORTE HA ESTABLECIDO QUE ESTE DERECHO PUEDE RESULTAR AFECTADO CUANDO UNA PERSONA ES VÍCTIMA DE AMENAZAS U HOSTIGAMIENTOS Y EL ESTADO NO PROVEE LAS GARANTÍAS NECESARIAS PARA QUE PUEDA TRANSITAR Y RESIDIR LIBREMENTE EN EL TERRITORIO DE QUE SE TRATE, INCLUSO CUANDO LAS AMENAZAS Y HOSTIGAMIENTOS PROVIENEN DE ACTORES NO ESTATALES.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.328889+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.328893+00:00

Análisis del Caso

DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) 75. TANTO LA CIDH COMO LA CORTE HAN ESTABLECIDO QUE EN CASOS RELACIONADOS CON MUERTES VIOLENTAS, ESPECIALMENTE CUANDO PUEDAN ESTAR INVOLUCRADOS AGENTES ESTATALES, LA INVESTIGACIÓN DEBE SER REALIZADA A TRAVÉSDE TODOS LOS MEDIOS LEGALES DISPONIBLES PARA LA DETERMINACIÓN DE LA VERDAD Y EL ENJUICIAMIENTO Y CASTIGO DE TODOS LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS75. ASIMISMO, LOS ESTADOS DEBEN DEBE PROVEER UN RECURSO RÁPIDO Y SENCILLO PARA LOGRAR QUE LOS RESPONSABLES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS SEAN JUZGADOS Y LAS VÍCTIMAS OBTENGAN REPARACIÓN POR EL DAÑO SUFRIDO 77. EN EL PRESENTE CASO, LA COMISIÓN OBSERVA DIVERSAS OMISIONES E IRREGULARIDADES EN LAS DILIGENCIAS QUE DEBÍAN REALIZARSE LUEGO DE LA MUERTE DEL SEÑOR DERAS. EN PRIMER LUGAR, LA COMISIÓN NOTA QUE MIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA NO PRESERVARON LA ESCENA DEL CRIMEN SINO QUE SE LLEVARON LOS RESTOS DEL SEÑOR DERAS A LA MORGUE. EN SEGUNDO LUGAR, LAS AUTORIDADES PÚBLICAS NO REALIZARON LA AUTOPSIA UNA VEZ QUE LOS RESTOS DEL SEÑOR DERAS FUERON LLEVADOS A LA MORGUE, A EFECTOS DE ESCLARECER LAS RAZONES DE SU MUERTE. EN TERCER LUGAR, NO SE REALIZARON DILIGENCIAS PARA DETERMINAR LA CANTIDAD DE DISPAROS RECIBIDOS, EL TIPO DE BALAS UTILIZADAS Y EL COTEJO CON LAS ARMAS DE LOS AGENTES MILITARES INVOLUCRADOS. 78. A ELLO SE SUMA QUE LUEGO DE LA DENUNCIA PRESENTADA POR OTILIA FLORES INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA MUERTE DEL SEÑOR DERAS, LAS AUTORIDADES JUDICIALES NO INICIARON UNA INVESTIGACIÓN PARA ESCLARECER LO SUCEDIDO NI IDENTIFICAR A LAS PERSONAS RESPONSABLES. LA COMISIÓN OBSERVA QUE FUE RECIÉN QUINCE AÑOS DESPUÉS DE LO SUCEDIDO, QUE EL MINISTERIO PÚBLICO PRESENTÓ UNA DENUNCIA, LA CUAL CULMINÓ CON UNA SENTENCIA CONDENATORIA EN SEGUNDA INSTANCIA EN CONTRA DE MARCO TULIO REGALADO POR EL DELITO DE ASESINATO. LA CIDH REMARCA QUE DICHA SENTENCIA NO HA SIDO EJECUTADA A LA FECHA. LA CIDH OBSERVA QUE DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE DICHA PERSONA SE ENCUENTRA PRÓFUGA Y EL ESTADO NO HA APORTADO INFORMACIÓN QUE INDIQUE QUE HA REALIZADO TODOS LOS ESFUERZOS A SU ALCANCE PARA LOCALIZARLA. EN EL MISMO SENTIDO EL ESTADO INFORMÓ QUE OTROS DOS AGENTES PÚBLICOS INVOLUCRADOS EN LOS HECHOS SE DIERON A LA FUGA Y EL PROCESO EN SU CONTRA ESTÁ PENDIENTE. LA COMISIÓN OBSERVA QUE EL ESTADO TAMPOCO PRESENTÓ INFORMACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA LOCALIZARLOS A FIN DE DAR CONTINUIDAD A ESTE PROCESO YESTABLECER TODAS LAS RESPONSABILIDADES POR LA MUERTE DE LA VÍCTIMA. 79. ES POR ELLO QUE LA CIDH NOTA QUE, CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA, LAS INVESTIGACIONES CONTINUARÍAN ABIERTAS DESPUÉS DE MÁS DE 35 AÑOS DE OCURRIDOS LOS HECHOS. DE LA ESCASA INFORMACIÓN DISPONIBLE SOBRE ESTE PROCESO Y TOMANDO EN CUENTA EL TIEMPO TRANSCURRIDO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL ESTADO NO DEMOSTRÓ HABERLO LLEVADO A CABO CON LA DEBIDA DILIGENCIA NI EN UN PLAZO RAZONABLE. ADEMÁS, LA COMISIÓN DESTACA QUE LA RESPONSABILIDAD PENAL DEL AGENTE MARCO TULIO REGALADO FUE ESTABLECIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO PENAL CON DIVERSAS OMISIONES E IRREGULARIDADES, SIN QUE LA FAMILIA DE LA VÍCTIMA HUBIERA CONTADO CON UN ESCLARECIMIENTO TOTAL DE LOS HECHOS NI LA DETERMINACIÓN DE TODAS LAS RESPONSABILIDADES. 80. POR LO EXPUESTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE A LA FECHA SE MANTIENE UNA SITUACIÓN DE IMPUNIDAD POR LOS HECHOS DEL CASO Y QUE EL ESTADO HA INCUMPLIDO SU DEBER DE GARANTIZAR UNA ADECUADA INVESTIGACIÓN A EFECTOS DE IDENTIFICAR Y EN SU CASO, SANCIONAR A TODAS LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LA MUERTE DEL SEÑOR DERAS, ASÍ COMO PARA HACER CUMPLIR LA ÚNICA CONDENA IMPUESTA POR SU EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. EN CONSECUENCIA, LA CIDHCONCLUYE QUE EL ESTADO VULNERÓ LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DEL SEÑOR DERAS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.330382+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.330386+00:00

Análisis del Caso

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ARTÍCULO 5.1 EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) 84. EN EL PRESENTE CASO LA COMISIÓN YA DIO POR ESTABLECIDO QUE HERMINIO DERAS PERDIÓ LA VIDA COMO RESULTADO DE UNA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL COMETIDA POR AGENTES MILITARES, LO CUAL CONSTITUYE UNA GRAVE VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS QUE NECESARIAMENTE CAUSÓ UN SUFRIMIENTO EN SUS FAMILIARES. A ELLO SE SUMA QUE EN EL PRESENTE CASO EXISTE UNA SITUACIÓN DE IMPUNIDAD EN SOLO UNA PERSONA HA SIDO CONDENADA POR ESTOS HECHOS Y LA MISMA NO SE HA CUMPLIDO. ADICIONALMENTE, LA COMISIÓN TOMA NOTA DE LAS ALEGADAS AMENAZAS QUE HABRÍAN RECIBIDO LOS FAMILIARES DURANTE EL PROCESO, LAS CUALES TAMPOCO FUERON CONTROVERTIDAS POR EL ESTADO. EN CONSECUENCIA, LA CIDH CONCLUYE QUE EL ESTADO VULNERÓ EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 5.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO, EN PERJUICIO DE LOS FAMILIARES DE HERMINIO DERAS GARCÍA INDIVIDUALIZADOS EN EL PRESENTE INFORME DE FONDO

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.331014+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.331017+00:00

Resumen del Caso

1. EL 23 DE DICIEMBRE DE 2012 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN INTERAMERICANA”, “LA COMISIÓN” O “LA CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA RED LÉSBICA “CATTRACHAS” ORGANIZACIÓN LÉSBICA FEMINISTA DE HONDURAS Y EL CENTRO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES1 (EN ADELANTE “LA PARTE PETICIONARIA”)2 EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO HONDUREÑO”, “EL ESTADO” U “HONDURAS”) EN PERJUICIO DE VICKY HERNÁNDEZ Y SU FAMILIA. 2. LA COMISIÓN APROBÓ EL INFORME DE ADMISIBILIDAD NO. 64/16 EL 6 DE DICIEMBRE DE 20163. EL 15 DE DICIEMBRE DE 2016 LA COMISIÓN NOTIFICÓ DICHO INFORME A LAS PARTES Y SE PUSO A SU DISPOSICIÓN A FIN DE LLEGAR A UNA SOLUCIÓN AMISTOSA. LAS PARTES CONTARON CON LOS PLAZOS REGLAMENTARIOS PARA PRESENTAR SUS OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL FONDO. TODA LA INFORMACIÓN RECIBIDA FUE DEBIDAMENTE TRASLADADA ENTRE LAS PARTES. 3. LA PARTE PETICIONARIA ALEGÓ QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE POR LA MUERTE DE VICKY HERNÁNDEZ, MUJER TRANS, DEFENSORA DE DERECHOS HUMANOS, QUE FUE ASESINADA DURANTE UN TOQUE DE QUEDA INSTAURADO EN EL MARCO DEL GOLPE DE ESTADO EN 2009. ALEGÓ QUE SE TRATARÍA DE UNA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DEBIDO A LA ALTA PRESENCIA MILITAR Y POLICIAL EN LA ZONA Y A LA EXISTENCIA DE UN CONTEXTO DE VIOLENCIA, DISCRIMINACIÓN Y ABUSO POLICIAL CONTRA LAS PERSONAS LGTTBI EN HONDURAS Y A SU INTENSIFICACIÓN CON POSTERIORIDAD AL GOLPE DE ESTADO. ARGUMENTÓ QUE EL ESTADO NO HA ACTUADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS Y LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES, Y QUE EXISTIÓ DISCRIMINACIÓN EN EL ACCESO A LA JUSTICIA EN VIRTUD DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE VICKY HERNÁNDEZ. 4. EL ESTADO ALEGÓ QUE HA CUMPLIDO SU OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR LA MUERTE DE VICKY HERNÁNDEZ Y QUE HA REALIZADO ESFUERZOS SUSTANCIALES ENCAMINADOS A LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD. ARGUMENTÓ QUE EL PROCESO SE HA PROLONGADO Y DILATADO EN VIRTUD DE QUE EL CASO ES COMPLEJO. SEÑALÓ QUE NO SE HA ACREDITADO QUE EL ESTADO A TRAVÉS DE SUS AGENTES HAYA ACTUADO EN CONTRAVENCIÓN DE LA CONVENCIÓN Y QUE EN EL TRANSCURSO DEL PROCESO SE HA BUSCADO EL RESPETO A LA IDENTIDAD DE GÉNERO DE LA VÍCTIMA

Clasificación Temática

LGTBI

Derechos

ARTS. 4.1, 5.1 , 8.1, 11 , 13, 24 Y 25.1 CADH, Y ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Análisis del Caso

89. EN PRIMER LUGAR, Y COMO FUE REFERIDO PREVIAMENTE, LA COMISIÓN RESALTA QUE EL ESTADO NO DISEÑÓ NI IMPLEMENTÓ LÍNEAS LÓGICAS DE INVESTIGACIÓN DERIVADAS DE LOS ELEMENTOS DE PRUEBA Y CONTEXTO QUE RODEARON LOS HECHOS DEL CASO. EN ESTE SENTIDO, LA ÚNICA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ADOPTADA POR HONDURAS FUE LA TENDIENTE A INDIVIDUALIZAR A LA PERSONA RELACIONADA CON EL SUPUESTO HECHO DE AMENAZA QUE SUFRIÓ VICKY HERNÁNDEZ, Y CUYA ÚNICA PRUEBA SE DESPRENDE DE UNA DECLARACIÓN TOMADA A LA MADRE DE LA VÍCTIMA DOS AÑOS DESPUÉS DE OCURRIDOS LOS HECHOS. 90. LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE EL ESTADO OMITIÓ POR COMPLETO DE LA INVESTIGACIÓN EL ANÁLISIS DE LOS MÚLTIPLES ELEMENTOS QUE INDICABAN QUE EL HECHO PODRÍA ENMARCARSE DENTRO DEL CONCEPTO DE CRIMEN POR PREJUICIO Y LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE AGENTES ESTATALES, ESTO ES, QUE I) MURIÓ DE UNA LESIÓN EN LA CABEZA POR ARMA DE FUEGO; II) EL CUERPO FUE ABANDONADO EN UN LUGAR PÚBLICO; III) SE ENCONTRÓ UN PRESERVATIVO APARENTEMENTE USADO EN LA ESCENA; IV) OCURRIÓ EN HORAS DE LA NOCHE DURANTE LA VIGENCIA DE UN TOQUE DE QUEDA EN EL QUE LAS CALLES SE ENCONTRABAN MILITARIZADAS; Y V) SE ENMARCÓ EN UN CONTEXTO DE DISCRIMINACIÓN POR PREJUICIO QUE INCLUYE ENTRE OTROS, VIOLENCIA POLICIAL EN CONTRA DE PERSONAS LGBT PARTICULARMENTE MUJERES TRANS TRABAJADORAS SEXUALES. EL ESTADO NO REALIZÓ NINGUNA DILIGENCIA TENDIENTE A CONFIRMAR O EXCLUIR EL INVOLUCRAMIENTO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y LA POSIBILIDAD DE QUE EL CRIMEN HUBIERA SIDO MOTIVADO POR PREJUICIOS. TAMPOCO PROFUNDIZÓ EN ALGUNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON LAS LABORES DE ACTIVISTA DE VICKY HERNÁNDEZ DENTRO DEL COLECTIVO TRANS COLOR ROSA TTT, A PESAR DE LA INFORMACIÓN POSTERIOR SOBRE LA CONTINUIDAD DE MUERTE DE PERSONAS ASOCIADAS AL MISMO COLECTIVO. 91. EN SEGUNDO LUGAR, Y EN RELACIÓN CON LAS DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO EN EL MARCO DE LA ÚNICA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ADOPTADA POR EL ESTADO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO HA SIDO DEFICIENTE Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA HA SIDO MÍNIMA, SEPARADA EN EL TIEMPO DE MANERA INJUSTIFICABLE Y DESCOORDINADA. LA COMISIÓN TOMA NOTA DE QUE LAS ÚNICAS DILIGENCIAS QUE SE REALIZARON EL MISMO AÑO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS FUERON LA DILIGENCIA PRELIMINAR DE LEVANTAMIENTO Y EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER. LOS HECHOS DEL CASO EVIDENCIAN QUE SÓLO HASTA 2011, DESPUÉS DE DOS AÑOS DE LOS HECHOS, LAS AUTORIDADES REINICIARON LAS ACTUACIONES INVESTIGATIVAS. 91. EN SEGUNDO LUGAR, Y EN RELACIÓN CON LAS DILIGENCIAS LLEVADAS A CABO EN EL MARCO DE LA ÚNICA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN ADOPTADA POR EL ESTADO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL PROCESO INVESTIGATIVO INTERNO HA SIDO DEFICIENTE Y LA ACTIVIDAD PROBATORIA HA SIDO MÍNIMA, SEPARADA EN EL TIEMPO DE MANERA INJUSTIFICABLE Y DESCOORDINADA. LA COMISIÓN TOMA NOTA DE QUE LAS ÚNICAS DILIGENCIAS QUE SE REALIZARON EL MISMO AÑO EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS FUERON LA DILIGENCIA PRELIMINAR DE LEVANTAMIENTO Y EL ACTA DE LEVANTAMIENTO DE CADÁVER. LOS HECHOS DEL CASO EVIDENCIAN QUE SÓLO HASTA 2011, DESPUÉS DE DOS AÑOS DE LOS HECHOS, LAS AUTORIDADES REINICIARON LAS ACTUACIONES INVESTIGATIVAS. 92. LA COMISIÓN OBSERVA QUE EXISTE UNA CONTROVERSIA FÁCTICA ENTRE EL ESTADO Y LA PARTE PETICIONARIA EN RELACIÓN CON EL DICTAMEN DE AUTOPSIA DE VICKY HERNÁNDEZ Y SI EL MISMO SE ENCUENTRA O NO DEBIDAMENTE AGREGADO AL EXPEDIENTE INVESTIGATIVO INTERNO. AL RESPECTO, DEBE DESTACARSE QUE EN EL EXPEDIENTE ALLEGADO A LA COMISIÓN, ACTUALIZADO A 20 DE NOVIEMBRE DE 2013, NO CONSTA DICHO DICTAMEN. ASIMISMO, LA COMISIÓN ADVIERTE QUE DE LOS HECHOS DEL CASO SE DESPRENDE QUE EL 12 DE MARZO DE 2015 LA PARTE PETICIONARIA PRESENTÓ POR SEGUNDA VEZ SOLICITUD FORMAL A LA FISCALÍA ESPECIAL DE DELITOS CONTRA LA VIDA PARA QUE SE INTEGRARA EL DICTAMEN DE AUTOPSIA EN EL EXPEDIENTE, INDICANDO ESTO QUE PARA ESA FECHA EL DICTAMEN DE AUTOPSIA TODAVÍA NO HABÍA SIDO INTEGRADO AL EXPEDIENTE. LA COMISIÓN TOMA NOTA DE QUE EL ESTADO NO HA APORTADO PRUEBA SUFICIENTE QUE DEMUESTRE QUE EL DICTAMEN EFECTIVAMENTE SE ENCUENTRA AGREGADO EN EL EXPEDIENTE, NI HA OFRECIDO UNA EXPLICACIÓN SATISFACTORIA SOBRE POR QUÉ A 2013 ESTO NO HABÍA OCURRIDO 97. EN TERCER LUGAR, Y EN RELACIÓN CON EL PLAZO RAZONABLE, LA COMISIÓN OBSERVA QUE DESPUÉS DE 9 AÑOS DE LOS HECHOS LAS AUTORIDADES NO HAN IDENTIFICADO A LOS RESPONSABLES NI HAN PRESENTADO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN RELACIÓN CON LA DETERMINACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE OCURRIÓ EL ASESINATO DE VICKY HERNÁNDEZ. CONSIDERA QUE CONTRARIO A LO ARGUMENTADO POR EL ESTADO, EL PRESENTE CASO NO PUEDE CARATULARSE COMO UN CASO COMPLEJO, PUESTO QUE SE TRATA DE UNA SOLA VÍCTIMA Y EL EXPEDIENTE CONFIRMA LA EXISTENCIA DE TESTIGOS, LA PRESENCIA DE PRUEBAS MATERIALES Y DE UN CONTEXTO CONOCIDO DE TOQUE DE QUEDA SUMADO AL CONTEXTO DE VIOLENCIA CONTRA LAS PERSONAS TRANS, COMO INDICADORES QUE DEBIERON ACTIVAR LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN. EN TODO CASO, EL ESTADO NO APORTÓ ARGUMENTOS CONCRETOS QUE PERMITAN JUSTIFICAR LA DEMORA EN GENERAL Y LOS RETRASOS E INACTIVIDAD PARTICULAR EN DIVERSOS MOMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, A LA LUZ DE LA SUPUESTA COMPLEJIDAD. PARA LA COMISIÓN RESULTA MÁS BIEN EVIDENTE QUE EL RETARDO Y AUSENCIA DE AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN SE DEBE A LA OMISIÓN DEL ESTADO DE INVESTIGAR CON LA DEBIDA DILIGENCIA QUE LE ERA EXIGIBLE EN EL PRESENTE CASO TANTO POR LA EXISTENCIA DE INDICIOS DE VIOLENCIA POR PREJUICIO, DE POSIBLE INVOLUCRAMIENTO ESTATAL, Y POR EL CONTEXTO EN QUE SE ENMARCÓ.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS, 1. REPARAR INTEGRALMENTE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME TANTO EN EL ASPECTO MATERIAL COMO INMATERIAL. EL ESTADO DEBERÁ ADOPTAR LAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y SATISFACCIÓN. 2. DISPONER LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN EN SALUD FÍSICA Y MENTAL NECESARIAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LOS FAMILIARES DE VICKY HERNÁNDEZ, DE SER SU VOLUNTAD Y DE MANERA CONCERTADA. 3. CONTINUAR LA INVESTIGACIÓN PENAL DE MANERA DILIGENTE, EFECTIVA Y DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE CON EL OBJETO DE ESCLARECER LOS HECHOS EN FORMA COMPLETA, IDENTIFICAR TODAS LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN RESPECTO DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME. EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTA RECOMENDACIÓN, EL ESTADO DEBERÁ TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS MÚLTIPLES FALENCIAS ESTABLECIDAS EN EL PRESENTE INFORME, INCLUYENDO EL DISEÑO DE LÍNEAS LÓGICAS DE INVESTIGACIÓN REFERIDAS EN EL MISMO. 4. DISPONER MECANISMOS DE NO REPETICIÓN QUE INCLUYAN: I) ADOPTAR MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS O DE OTRA ÍNDOLE PARA LOGRAR EL RECONOCIMIENTO DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO AUTOPERCIBIDA DE LAS PERSONAS TRANS TOMANDO EN CUENTA LOS ESTÁNDARES INTERAMERICANOS EN LA MATERIA; II) ADOPTAR MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS O DE OTRA ÍNDOLE PARA EFECTUAR UN DIAGNÓSTICO ADECUADO SOBRE EL CONTEXTO DE VIOLENCIA QUE ENFRENTAN LAS PERSONAS LGBT EN HONDURAS Y DISPONER UNA POLÍTICA INTEGRAL DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN EFECTIVA DEL MISMO, ATENDIENDO A SUS CAUSAS ESTRUCTURALES; II) II) DISEÑAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO EN MATERIA DE VIOLENCIA POR PREJUICIO CONTRA PERSONAS LGBT; III) ESTABLECER MECANISMOS ADECUADOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS POR PARTE DE CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO FRENTE A SUPUESTOS DE VIOLENCIA POR PREJUICIO CONTRA PERSONAS LGBT; Y IV) ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA PERSONAS LGBT CON BASE EN LOS ESTÁNDARES DESCRITOS EN EL PRESENTE INFORME DE FONDO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.331550+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.331554+00:00

Resumen del Caso

1. EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2004 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN” O “LA CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR ARQUÍMEDES GARCÍA LÓPEZ, CENDELA LÓPEZ MILTON Y BANS LÓPEZ SOLAISA (EN ADELANTE “LA PARTE PETICIONARIA”). POSTERIORMENTE, SE CONSTITUYÓ EL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL). EN LA PETICIÓN SE ALEGÓ LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO” O “EL ESTADO HONDUREÑO”) POR LA AFECTACIÓN DE MÚLTIPLES DERECHOS EN PERJUICIO DE LOS BUZOS DEL PUEBLO INDÍGENA MISKITO QUE HABITAN EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS. 2. SEGÚN LA PARTE PETICIONARIA, EL ESTADO INCUMPLIÓ SU OBLIGACIÓN DE SUPERVISAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS BUZOS DEL PUEBLO INDÍGENA MISKITO QUE SE DEDICAN A LA PESCA SUBMARINA. SEÑALÓ QUE ESTAS PERSONAS HAN SUFRIDO DE EXPLOTACIÓN LABORAL, LO CUAL HA GENERADO QUE MUCHAS DE ELLAS HAYAN FALLECIDO O TENGAN UNA DISCAPACIDAD FÍSICA, SITUACIÓN QUE TAMPOCO HA SIDO DEBIDAMENTE ABORDADA POR EL ESTADO. AGREGÓ QUE LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS NO HAN SIDO EFECTIVOS PARA OBTENER REPARACIÓN Y JUSTICIA. ALEGÓ QUE EL CASO HACE PARTE DE UNA PROBLEMÁTICA ESTRUCTURAL DE POBREZA, ABANDONO Y EXCLUSIÓN QUE EL ESTADO NO HA ATENDIDO. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO SEÑALÓ QUE NO INCURRIÓ EN RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PUESTO QUE CUENTA CON UN SISTEMA LEGAL QUE REGULA ADECUADAMENTE LAS RELACIONES LABORALES ENTRE PATRONOS Y TRABAJADORES, INCLUYENDO LA SITUACIÓN DE LOS BUZOS MISKITOS. SOSTUVO QUE EN TODO MOMENTO SE RESPETARON SUS DERECHOS Y QUE, EN LOS CASOS DONDE DENUNCIARON ABUSOS, SE REALIZARON INVESTIGACIONES SERIAS Y DILIGENTES PARA DETERMINAR RESPONSABILIDADES Y ESTABLECER UNA INDEMNIZACIÓN A SU FAVOR.

Clasificación Temática

PUEBLOS INDIGENAS

Derechos

ARTÍCULOS 4.1, 5.1, 8.1, 19, 24, 26 Y 25.1 CADH

Análisis del Caso

DERECHO AL TRABAJO Y A SUS CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS 253. DE LO ANTERIOR, LA COMISIÓN CONSIDERA CLARO QUE LOS DERECHOS A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL TRABAJO Y A LAS CONDICIONES SATISFACTORIAS DE ÉSTE CONSTITUYEN NORMAS ECONÓMICAS Y SOCIALES MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 26 DE LA CONVENCIÓN Y, EN ESE SENTIDO, LOS ESTADOS PARTES SE ENCUENTRAN EN LA OBLIGACIÓN DE PROCURAR EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL MISMO, ASÍ COMO DE RESPETAR, GARANTIZAR Y ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO TAL DERECHO. 260. AL RESPECTO, EL COMITÉ DESC ASEGURA QUE LAS CONDICIONES EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS DEL TRABAJO SON UN REQUISITO PREVIO PARA EL DISFRUTE DE OTROS DERECHOS Y COROLARIO DEL DERECHO AL TRABAJO LIBREMENTE ESCOGIDO Y ACEPTADO350. LA CIDH OBSERVA QUE LOS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE HACEN REFERENCIA EXPRESA A DICHAS CONDICIONES NO LO HACEN DE FORMA TAXATIVA, POR EL CONTRARIO RECOGEN ELEMENTOS BÁSICOS PARA GARANTIZAR EL GOCE DE CONDICIONES DE TRABAJO EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS. ASÍ POR EJEMPLO, EL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR SE REFIERE AL TÉRMINO ¨DE MANERA PARTICULAR¨ Y EL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS SOCIALES Y CULTURALES HACE MENCIÓN AL TÉRMINO “EN ESPECIAL” PARA ENUNCIAR DICHAS CONDICIONES, PERMITIENDO CON ELLO LA POSIBILIDAD DE INCLUIR ELEMENTOS DISTINTOS A LOS EXPRESAMENTE RECOGIDOS. 261. ASIMISMO, LA CIDH ENTIENDE QUE PARA CUMPLIR CON EL CONTENIDO MÍNIMO DE ESTE DERECHO UNO DE LOS ELEMENTOS ESENCIALES ES QUE LOS ESTADOS REGULEN Y REALICEN ACCIONES DIRIGIDAS A VELAR POR SU EFECTIVO CUMPLIMIENTO, EN PARTICULAR FISCALIZANDO Y SANCIONANDO SU VULNERACIÓN POR LOS EMPLEADORES PÚBLICOS Y PRIVADOS. ESTO ADQUIERE MAYOR IMPORTANCIA ANTE LA EXISTENCIA DE FORMAS DE TRATO LABORAL DESIGUALES Y ABUSIVAS DERIVADAS DE RELACIONES LABORALES PRECARIAS. LO ANTERIOR SIGNIFICA QUE ANTE EL CONOCIMIENTO DE QUE UNA EMPRESA O EMPLEADOR HAYA GENERADO EFECTOS PERJUDICIALES SOBRE EL DISFRUTE DE ESTE DERECHO, EL ESTADO DEBE CONDUCIR ACCIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y EVENTUAL SANCIÓN DE ESTÁS ASÍ COMO LA REPARACIÓN INTEGRAL DE LAS VÍCTIMAS MEDIANTE PROCESOS LEGÍTIMOS QUE CUMPLAN LAS NORMAS RECONOCIDAS DEL DEBIDO PROCESO. 262. LA CIDH CONSIDERA QUE LAS INSPECCIONES DE TRABAJO, SE ENCUENTRAN DENTRO DE LAS MEDIDAS ESENCIALES QUE LOS ESTADOS DEBEN DESPLEGAR PARA PREVENIR Y VIGILAR EL RESPETO DE ESTE DERECHO; EN PARTICULAR DEBE GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA, EXISTENCIA DE PERSONAL CAPACITADO, UN MAPEO PREVIO DE ZONAS E INDUSTRIAS SENSIBLES Y DE RIESGO, QUE TENGA LA AUTORIDAD DE INGRESO A LUGARES DE TRABAJO SIN PREVIO AVISO, ASÍ COMO FACILITAR EL ACCESO DE LAS VÍCTIMAS A LA JUSTICIA. DEBE VELAR ADEMÁS POR QUE LAS SANCIONES A ACTORES PRIVADOS SEAN ADECUADAS Y PROPORCIONALES A LA GRAVEDAD DEL DAÑO, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN SANCIONES PENALES, SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS PECUNIARIAS

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS: 1. REPARAR INTEGRALMENTE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME, TANTO EN EL ASPECTO MATERIAL COMO INMATERIAL. EL ESTADO DEBERÁ ADOPTAR MEDIDAS DE COMPENSACIÓN ECONÓMICA Y SATISFACCIÓN DEL DAÑO MORAL. ESTAS MEDIDAS DE COMPENSACIÓN Y SATISFACCIÓN DEBERÁN TOMAR EN CUENTA TANTO EL DAÑO INDIVIDUAL COMO EL DAÑO COLECTIVO DERIVADO DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME Y DEL CONTEXTO ESTRUCTURAL EN EL QUE SE ENMARCARON. 2. DISPONER LAS MEDIDAS DE ATENCIÓN EN SALUD FÍSICA Y MENTAL NECESARIAS A LAS VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES. PARA LAS VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES CON DISCAPACIDAD, LAS MEDIDAS DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN QUE SE DISPONGAN DEBEN CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN LA MATERIA. ASIMISMO, DISPONER LAS MEDIDAS DE SALUD MENTAL NECESARIAS A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS. ESTAS MEDIDAS DEBEN IMPLEMENTARSE EN CASO DE SER VOLUNTAD DE LAS VÍCTIMAS Y DE MANERA CONCERTADA CON ELLAS Y SUS REPRESENTANTES. ADEMÁS, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTA RECOMENDACIÓN, EL ESTADO DEBERÁ ASEGURAR LA SATISFACCIÓN DE CONTENIDOS DE ACEPTABILIDAD, ACCESIBILIDAD, CALIDAD Y DISPONIBILIDAD, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PRESENTE INFORME DE FONDO. 3. EMPRENDER UNA BÚSQUEDA, A TRAVÉS DE TODOS LOS MEDIOS DISPONIBLES, DEL DESTINO O PARADERO DE LAS VÍCTIMAS DESAPARECIDAS O DE SUS RESTOS MORTALES, LOS CUALES DEBERÁN SER DEBIDAMENTE IDENTIFICADOS Y DEVUELTOS A SUS FAMILIARES. 4. INVESTIGAR DE MANERA DILIGENTE, EFECTIVA Y DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE CON EL OBJETO DE ESCLARECER LOS HECHOS EN FORMA COMPLETA, IDENTIFICAR TODAS LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES E IMPONER LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN RESPECTO DE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME. ESTA RECOMENDACIÓN INCLUYE TANTO LAS INVESTIGACIONES PENALES COMO ADMINISTRATIVAS QUE CORRESPONDAN, NO SÓLO RESPECTO DE LAS PERSONAS Y EMPRESAS VINCULADAS LABORALMENTE CON LAS VÍCTIMAS, SINO CON LAS AUTORIDADES

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.333345+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.333349+00:00

Análisis del Caso

DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL 265. SOBRE LOS CONTENIDOS DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES HA SEÑALADO QUE INCLUYE EL DERECHO A OBTENER Y MANTENER PRESTACIONES SOCIALES, YA SEA EN EFECTIVO O EN ESPECIE, SIN DISCRIMINACIÓN, CON EL FIN DE OBTENER PROTECCIÓN, EN PARTICULAR CONTRA: A) LA FALTA DE INGRESOS PROCEDENTES DEL TRABAJO DEBIDO A ENFERMEDAD, INVALIDEZ, MATERNIDAD, ACCIDENTE LABORAL, VEJEZ O MUERTE DE UN FAMILIAR; B) GASTOS EXCESIVOS DE ATENCIÓN DE SALUD; C) APOYO FAMILIAR INSUFICIENTE, EN PARTICULAR PARA LOS HIJOS Y LOS FAMILIARES A CARGO355. ASIMISMO, HA INDICADO QUE LOS ELEMENTOS CARACTERÍSTICOS DE ESTE DERECHO COMPRENDEN LA DISPONIBILIDAD, LA INCLUSIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE RIESGOS E IMPREVISTOS SOCIALES ANTES INDICADOS, ACCESIBILIDAD, Y LA CONSIDERACIÓN DE SU ESTRECHA RELACIÓN CON OTROS DERECHOS. 267. DEBIDO AL CARÁCTER REDISTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL, ESTE DERECHO TIENE UN ROL CLAVE Y ES UN INSTRUMENTO ESENCIAL PARA COMBATIR LA POBREZA Y LAS DESIGUALDADES SOCIALES, POR LO QUE NO DEBE SER TRATADO ÚNICAMENTE DESDE UNA PERSPECTIVA ECONÓMICA, SINO TENIENDO EN CUENTA UN ENFOQUE DE DERECHOS. EN PARTICULAR, LA CIDH DESTACA QUE PARA QUE EL SEGURO SOCIAL SEA ACCESIBLE, LAS COBERTURAS EXISTENTES DEBEN INCLUIR A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE MAYOR VULNERABILIDAD Y POBREZA, POR LO CUAL EL ESTADO DEBE PREVER PLANES QUE LAS ABARQUEN, 268. ASIMISMO, LA CIDH RECONOCE QUE EL SEGURO SOCIAL DESDE UN ENFOQUE DE LA SALUD AUMENTA EL USO DE LOS CENTROS, BIENES Y SERVICIOS DE SALUD, PROMUEVE LA IGUALDAD DE ACCESO Y PUEDE PERMITIRSE NIVELES MÁS ALTOS DE PROTECCIÓN FINANCIERA PARA LOS POBRES. DE ESTE MODO, PARA QUE LOS PROGRAMAS DEL ESTADO DE SEGURO SOCIAL RELATIVOS A LA SALUD TENGAN UN ENFOQUE BASADO EN DICHO DERECHO SU DISEÑO Y ALCANCE NO SOLO DEBEN TENER EN CUENTA LA CAPACIDAD FINANCIERA Y LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS POBLACIONES RECEPTORAS, SINO SUS NECESIDADES ESPECÍFICAS DE SALUD 273. POR SU PARTE, LA CIDH CONSIDERA QUE COMO PARTE DEL DEBER GENERAL DE GARANTÍA, EL ESTADO DEBE PRESTAR ESPECIAL ATENCIÓN A LOS GRUPOS HISTÓRICAMENTE DISCRIMINADOS Y EXCLUIDOS, Y TOMAR MEDIDAS PARA QUE CUANDO DICHOS GRUPOS ENTREN DENTRO DE UNA RELACIÓN LABORAL CON EMPRESAS ESTAS CUMPLAN CON LA NORMATIVA INTERNA RESPECTIVA SOBRE PRESTACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL. AL RESPECTO LA COMISIÓN YA HA INDICADO QUE LAS POBLACIONES INDÍGENAS VEN AFECTADOS DE MANERA DIFERENCIADA SUS DERECHOS, POR EJEMPLO, POR LOS PERSISTENTES OBSTÁCULOS A LA REALIZACIÓN DEL DERECHO A UN TRABAJO DIGNO, A TRAVÉS DE BARRERAS MARCADAS QUE ENFRENTAN A UNA FORMACIÓN PROFESIONAL PLENA, A OPORTUNIDADES DE EMPLEO DIGNO, Y A LA SEGURIDAD SOCIAL SUFICIENTE. LO QUE ENCUENTRA SU ORIGEN EN LA EXISTENCIA DE UN PATRÓN DE DISCRIMINACIÓN ESTRUCTURAL Y DE EXCLUSIÓN HISTÓRICA, PERMITIENDO REPRODUCIR EL CICLO DE LA POBREZA, Y AFECTAR SU CAPACIDAD DE EJERCER SUS DERECHOS FUNDAMENTALES363. DEL MISMO MODO, EN RELACIÓN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD HA INDICADO QUE ELLAS TIENEN MAYOR PROBABILIDAD DE EXPERIMENTAR SITUACIONES SOCIOECONÓMICAS ADVERSAS, TALES COMO MENORES NIVELES DE EDUCACIÓN, PEORES CONDICIONES DE SALUD, Y ALTO PORCENTAJE DE DESEMPLEO 279. PARA LA CIDH ES CLARO QUE LOS HECHOS ANTES DESCRITOS SE ENMARCAN DENTRO DEL ÁMBITO DE LA SALUD OCUPACIONAL DADA LA ESTRECHA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL COMPORTAMIENTO DE LAS EMPRESAS EN LA FALTA DE PROVISIÓN DE CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO, LA ACTITUD OMISIVA DEL ESTADO EN FISCALIZAR A ESTAS Y LOS EFECTOS NOCIVOS EN EL DERECHO A LA SALUD DE LOS BUZOS MISKITOS. PRECISAMENTE, UNA DE LAS OBLIGACIONES BÁSICAS DE LOS ESTADOS EN ESTE ÁMBITO ES LA SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE SUS POLÍTICAS SOBRE LA MATERIA, LO CUAL DEBE INCLUIR COMO MÍNIMO ¨UN EXAMEN DE LAS CONSECUENCIAS DE LA EXPOSICIÓN A SUSTANCIAS NOCIVAS DURANTE EL TRABAJO, LAS MODALIDADES ESPECÍFICAS DE LAS CONDICIONES LABORALES, EL ENTORNO LABORAL, LAS RELACIONES DE TRABAJO Y EL CONTEXTO SOCIAL, AMBIENTAL Y POLÍTICO EN QUE SE DESARROLLA EL TRABAJO¨ 365. LA COMISIÓN RESALTA ADEMÁS EL DEBER ESENCIAL DEL ESTADO EN ASEGURAR QUE LOS TRABAJADORES PARTICIPEN Y ACCEDEN A INFORMACIÓN ADECUADA Y OPORTUNA SOBRE SALUD OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DE NORMAS Y POLÍTICAS EN ESE ÁMBITO366.EN SUMA, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS OCURRIDAS EN EL PRESENTE CASO NO OCURRIERON DE MANERA AISLADA, SINO EN EL MARCO DE UNA SITUACIÓN DE ABANDONO, DISCRIMINACIÓN, INDIFERENCIA Y FALTA DE PRESENCIA POR PARTE DEL ESTADO QUE HA TENIDO PLENO CONOCIMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTABA A LA POBLACIÓN INDÍGENA MISKITO Y DE LOS ABUSOS COMETIDOS POR LAS EMPRESAS EN LA ZONA, TODO SIN ADOPTAR MEDIDAS PARA OFRECER A LA POBLACIÓN CONDICIONES PARA SATISFACER LOS CONTENIDOS MÁS MÍNIMOS DE LOS DERECHOS AL TRABAJO Y A LAS CONDICIONES JUSTAS, EQUITATIVAS Y SATISFACTORIAS DE ESTE, A LA SALUD, A LA SEGURIDAD SOCIAL; Y COMO SE ANALIZARÁ MÁS ADELANTE, DE ACCESO A LA JUSTICIA. TAMPOCO CUMPLIÓ SUS OBLIGACIONES DE FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN, AL NO REQUERIR A LAS EMPRESAS IMPLICADAS EN DICHAS ACTIVIDADES MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA QUE PERMITIERAN LA PROTECCIÓN DE DICHOS DERECHOS NI SANCIONÓ A LAS MISMAS UNA VEZ VERIFICADAS LA SITUACIÓN DEPLORABLE DE LOS TRABAJADORES. 286. LA CIDH RESALTA QUE CONFORME A LA DOCUMENTACIÓN PRESENTADA POR LAS PARTES, NO LE HA SIDO POSIBLE DETERMINAR CON EXACTITUD QUÉ VÍCTIMAS TIENEN A LA FECHA UNA DISCAPACIDAD. EN RELACIÓN CON ESTE ÚLTIMO ASPECTO Y EN EL CONTEXTO DEL CONOCIMIENTO DEL ESTADO SOBRE EL DIMENSIÓN Y GRAVEDAD DE ESTA PROBLEMÁTICA, LA CIDH CONSIDERA QUE CORRESPONDÍA AL ESTADO REALIZAR UNA DIAGNÓSTICO, POR PERSONAL ESPECIALIZADO, A EFECTOS DETERMINAR QUÉ VÍCTIMAS SOBREVIVIENTES SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD. A PARTIR DE DICHO ANÁLISIS, EL ESTADO DEBÍA ADOPTAR LAS MEDIDAS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN EN SALUD, HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN, TOMANDO EN CUENTA LA DEFICIENCIA Y DISCAPACIDAD GENERADA DE CADA UNA DE LAS VÍCTIMAS. 287. NO OBSTANTE, LA CIDH NOTA QUE EL ESTADO NO HA ADOPTADO NINGUNA MEDIDA TENDIENTE A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD. LA COMISIÓN OBSERVA QUE EL ESTADO HIZO REFERENCIA A LA ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS O MULETAS A ALGUNAS DE LAS VÍCTIMAS. ASIMISMO, EN SU RECIENTE INFORME PRESENTADO ANTE EL COMITÉ DE NACIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EL ESTADO SE LIMITÓ A INDICAR QUE ESTARÍA TRADUCIENDO AL IDIOMA MISKITO LA “GUÍA PARA LA REHABILITACIÓN BASADA EN LA COMUNIDAD”376. A JUICIO DE LA CIDH, DICHA MEDIDA RESULTA INSUFICIENTE EN TANTO NO SE EVIDENCIA ESFUERZOS CONCRETOS PARA ATENDER LA GRAVE SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LAS VÍCTIMAS CON DISCAPACIDAD. 289. FINALMENTE, EN RELACIÓN CON LOS COMPONENTES DE HABILITACIÓN Y REHABILITACIÓN, LA CIDH SEÑALA QUE LOS ESTADOS DEBEN ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA GENERAR LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DE LA VIDA COMUNITARIA, LABORAL Y SOCIAL. EL COMITÉ DE NACIONES UNIDAS DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD HA INDICADO QUE CONFORME A LA CDPD LOS ESTADOS TIENEN LA OBLIGACIÓN DE APOYAR A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA BÚSQUEDA, OBTENCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EMPLEO379. EN EL MISMO SENTIDO, EL ARTÍCULO 28.2.C) DE LA CDPD ESTABLECE QUE LOS ESTADOS DEBEN “ASEGURAR EL ACCESO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DE SUS FAMILIAS QUE VIVAN EN SITUACIONES DE POBREZA A ASISTENCIA DEL ESTADO PARA SUFRAGAR GASTOS RELACIONADOS CON SU DISCAPACIDAD, INCLUIDOS CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, ASISTENCIA FINANCIERA Y SERVICIOS DE CUIDADOS TEMPORALES ADECUADOS”.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.335072+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.335075+00:00

Análisis del Caso

GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL 298. LA COMISIÓN RESALTA QUE LUEGO DE PRESENTADAS LAS DISTINTAS RECLAMACIONES POR INDEMNIZACIÓN DEBIDO A LOS ACCIDENTES SUFRIDOS POR PARTE DE LAS VÍCTIMAS, EL ESTADO NUEVAMENTE TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA SITUACIÓN ANTES DESCRITA. ELLO DEBIDO A QUE EN MUCHOS CASOS DICHAS RECLAMACIONES CONTENÍAN UNA DESCRIPCIÓN DE LAS CONDICIONES LABORALES EN LAS QUE SE ENCONTRABAN. NO OBSTANTE, A PESAR DE LA GRAVEDAD DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHAS RECLAMACIONES, ASÍ COMO DE SU CARÁCTER REITERATIVO, EL ESTADO HA ACTIVADO ACTIVÓ NINGÚN MECANISMO DE INVESTIGACIÓN PENAL, ADMINISTRATIVA O DE OTRA ÍNDOLE FRENTE A ESTA PROBLEMÁTICA A FIN DE ESCLARECERLA, IDENTIFICAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES, REALIZAR UN DIAGNÓSTICO SERIO DE SUS CARACTERÍSTICAS Y DISEÑAR UNA RESPUESTA INTEGRAL Y EFECTIVA FRENTE A LA MISMA. 299. EN SEGUNDO LUGAR, LA COMISIÓN OBSERVA QUE CON RELACIÓN A LA TOTALIDAD DE LOS ACCIDENTES DESCRITOS EN LOS PÁRRAFOS 54 A 183 DEL PRESENTE INFORME, EL ESTADO NO INICIÓ INVESTIGACIONES A FIN DE ESCLARECER LAS CIRCUNSTANCIAS DE TALES ACCIDENTES ASÍ COMO LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES PENALES O DE OTRA ÍNDOLE QUE PUDIERAN DESPRENDERSE DE LAS MISMAS, NO OBSTANTE LOS ACCIDENTES COBRARON LA VIDA DE ALGUNAS VÍCTIMAS Y CAUSARON LESIONES FÍSICAS PERMANENTES A OTRAS. LA COMISIÓN DESTACA ESPECIALMENTE EN RELACIÓN CON I) EL INCENDIO QUE PROVOCÓ LA MUERTE DE HILDO AMBROSIO Y LA DESAPARICIÓN DE ANDRES MIRANDA CLEMENTE, LORENZO LEMAN BONAPARTE, BERNARDO JULIÁN TRINO, JOSÉ TRINO PÉREZ, RÓMULO FLORES HENRÍQUEZ Y AMILTON BONAPARTE CLEMENTE; Y II) LA DESAPARICIÓN DEL NIÑO LICAR MÉNDEZ, QUE A PESAR DE HABER TOMADO CONOCIMIENTO DE ESTOS GRAVES HECHOS, EL ESTADO TAMPOCO INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN A EFECTOS DE ESCLARECER LAS CIRCUNSTANCIAS DE LA MUERTE Y LAS DESAPARICIONES, LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES POR LAS MISMAS, ASÍ COMO LOCALIZAR EL PARADERO DE LAS PERSONAS DESAPARECIDAS. 300. EN TERCER LUGAR, Y EN CUANTO A LA POSIBILIDAD DE OBTENER REPARACIÓN POR LAS MUERTES Y LESIONES DE LAS VÍCTIMAS, LA COMISIÓN TOMA NOTA DE QUE CASI LA TOTALIDAD DE ELLAS PRESENTÓ UNA RECLAMACIÓN POR INDEMNIZACIÓN ANTE LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL O LA INSPECTORÍA DE TRABAJO. AL RESPECTO, EN UN CASO DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS AL PRESENTE, LA CORTE EUROPEA RESALTÓ LA IMPORTANCIA DE QUE A NIVEL INTERNO SE ESTABLEZCA LA POSIBILIDAD REAL DE QUE PERSONAS AFECTADAS POR LA PESCA SUBMARINA PUDIERAN RECIBIR UNA INDEMNIZACIÓN390. 301. AL RESPECTO, LA CIDH TOMA NOTA DE QUE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS LAS AUTORIDADES LABORALES SE LIMITARON A LLAMAR A AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN A LAS VÍCTIMAS O SUS FAMILIARES Y A SUS EMPLEADORES. EN MUCHOS CASOS LOS EMPLEADORES NO COMPARECIERON Y LAS AUTORIDADES NO ADOPTARON MEDIDAS ADICIONALES, QUEDANDO LOS PROCESOS INACTIVOS Y SIN DETERMINACIÓN FINAL. EN OTROS CASOS, COMPARECIERON Y SE ESTABLECIERON MONTOS INDEMNIZATORIOS, PERO LOS MISMOS FUERON IRRISORIOS FRENTE A LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS Y MUCHOS PAGOS O BIEN NO SE EJECUTARON O BIEN FUERON PARCIALES. LA COMISIÓN OBSERVA QUE EN ESTOS PROCESOS LAS AUTORIDADES LABORALES NO ASUMIERON UN ROL DE GARANTE DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS, NO OBSTANTE SU EVIDENTE SITUACIÓN DE DESVENTAJA EN EL MARCO DE ESTOS PROCESOS. AL CONTRARIO, MUCHAS VÍCTIMAS ACEPTARON ARREGLOS QUE ERAN CLARAMENTE EL PRODUCTO DE NECESIDADES BÁSICAS Y DE SU SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. DE UNA LECTURA INTEGRAL DE LA DOCUMENTACIÓN RELATIVA A ESTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LAS VÍCTIMAS ESTUVIERON EN SITUACIÓN DE TOTAL INDEFENSIÓN BAJO LA MIRADA PASIVA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO LLAMADAS A PROTEGERLOS. 302. EN CUARTO LUGAR, Y MÁS ALLÁ DE ESTOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS QUE RESULTARON INEFECTIVOS POR LAS RAZONES EXPRESADAS, LA COMISIÓN DESTACA LO ALEGADO POR LA PARTE PETICIONARIA SOBRE LAS DIFICULTADES DE ACCESIBILIDAD FÍSICA PARA INTERPONER DEMANDAS JUDICIALES A FIN DE OBTENER REPARACIÓN. FRENTE A ESTOS ALEGATOS QUE SE ENCUENTRAN CORROBORADOS POR LAS DETERMINACIONES DE CONTEXTO, EL ESTADO NO HA LOGRADO DEMOSTRAR DE QUÉ MANERA LAS VÍCTIMAS DEL PRESENTE CASO TUVIERON POSIBILIDADES REALES DE PRESENTAR SUS RECLAMOS EN LA VÍA JUDICIAL. ADEMÁS, EN LOS POCOS CASOS EN QUE SÍ SE ACTIVÓ ESA VÍA, LA MISMA RESULTÓ INEFECTIVA PARA OBTENER UNA REPARACIÓN INTEGRAL. LA CIDH NO PUEDE DEJAR DE SUBRAYAR QUE ESTOS OBSTÁCULOS DE ACCESIBILIDAD A LA JUSTICIA GENERA UNA CARGA DESPROPORCIONAL EN PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y DISCAPACIDAD, EN ESE SENTIDO DESEA ENFATIZAR QUE LA ACCESIBILIDAD ES UNA CONDICIÓN PREVIA PARA QUE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PUEDAN VIVIR EN FORMA INDEPENDIENTE Y PARTICIPAR PLENAMENTE EN LA SOCIEDAD, SIN EL ACCESO AL ENTORNO FÍSICO, EL TRANSPORTE, LA INFORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS SUSTANCIALES VERÁN DIFÍCILMENTE GARANTIZADOS SUS DERECHOS. EN ESE MARCO, SI LOS EDIFICIOS EN QUE ESTÁN UBICADOS LOS ORGANISMOS DE HACER CUMPLIR LA LEY Y ADMINISTRAR JUSTICIA NO SON FÍSICAMENTE ACCESIBLES PARA ESTE GRUPO EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD NO PODRÁ HABER UN REAL ACCESO A LA JUSTICIA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.337014+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.337018+00:00

Resumen del Caso

1. EL 27 DE AGOSTO DE 2004 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN INTERAMERICANA", "LA COMISIÓN" O “LA CIDH"), RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR MARLENY PACHECO POSADAS1 (EN ADELANTE “LOS PETICIONARIOS”) EN LA CUAL SE ALEGÓ LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O “EL ESTADO”), COMO CONSECUENCIA DEL ASESINATO DE ÁNGEL PACHECO LEÓN, OCURRIDO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y LA FALTA DE INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE LAS PERSONAS RESPONSABLES. 2. SEGÚN LOS PETICIONARIOS, EL ASESINATO DE ÁNGEL PACHECO LEÓN FUE MOTIVADO DEBIDO A SU ELECCIÓN COMO CANDIDATO A DIPUTADO, Y HABRÍA SIDO PLANEADO Y EJECUTADO POR DISTINTAS PERSONAS, INCLUYENDO DIPUTADOS Y UN AGENTE POLICIAL. SEÑALARON QUE LA INVESTIGACIÓN DEL ASESINATO DEL SEÑOR PACHECO NO FUE SERIA NI EFICAZ EN TANTO NO SE HABRÍAN PRACTICADO DILIGENCIAS INDISPENSABLES, HABRÍA EXISTIDO INACTIVIDAD PROCESAL POR LARGOS PERÍODOS DE TIEMPO Y SE HABRÍA DESTRUIDO EVIDENCIA. SEÑALARON QUE HASTA LA FECHA EL PROCESO CONTINÚA EN ETAPA PRELIMINAR, NO SE HAN ESCLARECIDO LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA MUERTE DEL SEÑOR PACHECO, NI SE HA IDENTIFICADO NI SANCIONADO A LOS RESPONSABLES DEL CRIMEN. 3. EL ESTADO CONTROVIRTIÓ LOS HECHOS ALEGADOS POR LOS PETICIONARIOS. ALEGÓ QUE TRAS LA MUERTE DEL SEÑOR ÁNGEL PACHECO LEÓN SE INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN LA CUAL SE REALIZARON MÚLTIPLES DILIGENCIAS. INDICÓ QUE A PESAR DE QUE NO HAN IDENTIFICADO A LAS PERSONAS RESPONSABLES A LA FECHA, LA DURACIÓN DEL PROCESO NO ES IRRAZONABLE YA QUE SE TRATA DE UN CASO COMPLEJO. ASIMISMO, ADUJO QUE CONTINÚA REALIZANDO INVESTIGACIONES PARA SANCIONAR A TODOS LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES.

Clasificación Temática

DERECHO A LA VIDA DERECHOS POLÍTICOS

Derechos

ARTS. 4, 23, 5, 8 Y 25 CADH

Análisis del Caso

117. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LAS INVESTIGACIONES Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS NO HAN CONSTITUIDO RECURSOS EFECTIVOS PARA GARANTIZAR EL ACCESO A LA JUSTICIA, DETERMINAR LA VERDAD DE LOS HECHOS, LA INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE TODOS LOS RESPONSABLES Y LA REPARACIÓN DE LAS CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES. EN CONSECUENCIA, LA CIDH RESALTA QUE ESTOS ELEMENTOS HAN CONTRIBUIDO A QUE A LA FECHA, TRAS MÁS DE TRECE AÑOS DE OCURRIDOS LOS HECHOS, CONTINÚE SIN ESCLARECERSE EL ASESINATO DE ÁNGEL PACHECO Y DE ESA MANERA, SE MANTENGA LA SITUACIÓN DE IMPUNIDAD FRENTE A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES. 138. EN EL PRESENTE CASO, LA CIDH REITERA LOS INDICIOS DE PARTICIPACIÓN DE AGENTES ESTATALES: EL ALCALDE DE AMAPALA, JUAN JOSÉ QUIROZ; LOS DIPUTADOS MANUEL VIDES Y RAÚL PINO; Y EL AGENTE POLICIAL SANTOS MENDOZA. TAL COMO FUE INDICADO EN LA SECCIÓN PREVIA, ESTOS INDICIOS SE ENCUENTRAN PRESENTES EN UN CÚMULO DE PRUEBA CON QUE CUENTA LA CIDH Y QUE SE RECABÓ EN EL PROPIO PROCESO PENAL: I) DECLARACIONES DE FAMILIARES DEL SEÑOR PACHECO Y MIEMBROS DEL PARTIDO NACIONAL; Y II) DECLARACIONES E INFORMES DE OFICIALES ESTATALES DE LA DGIC. A ELLO SE SUMAN LAS ACCIONES QUE TUVIERON COMO EFECTO ENCUBRIR LA INFORMACIÓN RELATIVA A LAS AUTORÍAS INTELECTUALES Y AUTORÍA MATERIAL, TALES COMO LA FALTA DE TOMA DE DECLARACIONES DE DICHAS PERSONAS, LA FALTA DE DILIGENCIAS Y SEGUIMIENTO PARA IDENTIFICAR SU RESPONSABILIDAD PENAL, LA FALTA DE PROTECCIÓN A TESTIGOS QUE TENÍAN MIEDO DE DECLARAR, LOS VACÍOS PROCESALES E INCLUSO LA ELIMINACIÓN DEL GRUPO ESPECIAL DE INVESTIGACIÓN DEL CASO. 139. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, ADEMÁS DE TODOS LOS INDICIOS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL EN LA MUERTE DE ÁNGEL PACHECO, SE DEBE TOMAR EN CUENTA, COMO SE DETALLÓ EN LA SECCIÓN RELACIONADA CON LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL, QUE EL ESTADO NO CUMPLIÓ CON LAS DILIGENCIAS MÍNIMAS PARA EXPLORAR LAS LÍNEAS LÓGICAS DE INVESTIGACIÓN DEBIDO A LAS OMISIONES, OBSTACULIZACIONES E IRREGULARIDADES QUE SE PRESENTARON A LO LARGO DEL PROCESO. ELLO GENERÓ QUE LAS AUTORIDADES JUDICIALES NO ANALIZARAN CON SERIEDAD LOS POSIBLES VÍNCULOS DE AL MENOS CUATRO AUTORIDADES ESTATALES CON EL HOMICIDIO DE ÁNGEL PACHECO LEÓN. ANTE ESTAS OMISIONES, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL ESTADO NO SATISFIZO LA CARGA DE DESVIRTUAR LOS INDICIOS SOBRE PARTICIPACIÓN DIRECTA, AQUIESCENCIA O COLABORACIÓN DE AGENTES ESTATALES. ADEMÁS, LA POSIBLE PARTICIPACIÓN DE AGENTES ESTATALES EN FUNCIONES Y EX – AGENTES PODRÍA SUGERIR LA ACTUACIÓN DE ESTRUCTURAS DE PODER EN LA ZONA, LAS CUALES TAMPOCO FUERON INVESTIGADAS. 144. LA CIDH CONSTATA QUE LUEGO DE GANAR LAS ELECCIONES PRIMARIAS, LO CUAL OCURRIÓ SEMANAS ANTES DE SU FALLECIMIENTO, EL SEÑOR PACHECO FUE VÍCTIMA DE DISTINTAS PRESIONES Y AMENAZAS A SU VIDA POR PARTE DE DISTINTAS PERSONAS A EFECTOS DE QUE RETIRARA SU CANDIDATURA A LAS ELECCIONES PARA EL CONGRESO NACIONAL. LA COMISIÓN NOTA QUE, CONFORME A LOS HECHOS PROBADOS, TANTO PERSONAS INVOLUCRADAS CON EL PARTIDO NACIONAL COMO CON EL PARTIDO POLÍTICO QUE COMPETÍA CONTRA ÉSTE, EXIGIERON AL SEÑOR PACHECO QUE NO PARTICIPE EN LAS ELECCIONES. DE ESTA FORMA, LA CIDH CONSIDERA QUE EXISTEN INDICIOS QUE VINCULAN DIRECTAMENTE EL ORIGEN DE LAS AMENAZAS RECIBIDAS POR EL SEÑOR PACHECO Y SU POSTERIOR MUERTE, CON SU CALIDAD DE CANDIDATO DEL PARTIDO NACIONAL EN LAS ELECCIONES PARA EL CONGRESO NACIONAL.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS, 1. REPARAR ADECUADAMENTE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME TANTO EN EL ASPECTO MATERIAL Y MORAL, DEL SEÑOR ÁNGEL PACHECO LEÓN. 2. DESARROLLAR Y COMPLETAR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL IMPARCIAL, COMPLETA Y EFECTIVA, DE MANERA EXPEDITA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE RESULTÓ MUERTO EL SEÑOR ÁNGEL PACHECO LEÓN, IDENTIFICAR A TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON MATERIAL O INTELECTUALMENTE EN LOS DIFERENTES NIVELES DE DECISIÓN Y EJECUCIÓN, ESCLARECER LAS ESTRUCTURAS DE PODER QUE PARTICIPARON EN LA COMISIÓN DE LAS VIOLACIONES OCURRIDAS, Y APLICAR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN. EN EL MARCO DE ESTE PROCESO, CORRESPONDE AL ESTADO ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS PARA PROTEGER A TESTIGOS Y OTROS ACTORES DEL PROCESO, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO. 3. ADOPTAR LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS O PENALES CORRESPONDIENTES PARA INVESTIGAR Y, EN SU CASO, SANCIONAR LAS ACCIONES U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS ESTATALES QUE CONTRIBUYERON A LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA E IMPUNIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS HECHOS DEL CASO. 4. TOMANDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN SOBRE DENUNCIAS DE AMENAZAS EN PERJUICIO DE JOSÉ PACHECO LEÓN Y SU FAMILIA, ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA INVESTIGAR LAS POSIBLES FUENTES DE RIESGO Y SU VINCULACIÓN CON EL PRESENTE CASO. 5. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR LA REPETICIÓN DE LOS HECHOS DEL PRESENTE CASO, INCLUYENDO LA DOTACIÓN A LOS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y A LAS INSTITUCIONES A CARGO DE LAS INVESTIGACIONES, DE LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA EJERCER SUS RESPECTIVAS FUNCIONES. ASIMISMO, DISEÑAR E IMPLEMENTAR MATERIALES DE FORMACIÓN Y CURSOS PERMANENTES SOBRE DERECHOS HUMANOS PARA FUNCIONARIOS POLICIALES, FISCALES Y JUDICIALES, ESPECÍFICAMENTE SOBRE LOS ASPECTOS TÉCNICOS DE INVESTIGACIÓN EN CASOS DE MUERTES VIOLENTAS, A LA LUZ DE LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE INFORME.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.338467+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.338471+00:00

Resumen del Caso

1. EL 14 DE ENERO DE 2002 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN INTERAMERICANA", "LA COMISIÓN" O “LA CIDH"), RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR EL EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN (ERIC) Y POR EL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL) (EN ADELANTE “LOS PETICIONARIOS”) EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O “EL ESTADO”), COMO CONSECUENCIA DEL ASESINATO DEL DEFENSOR AMBIENTALISTA CARLOS ESCALERAS MEJÍA, OCURRIDO EL 18 DE OCTUBRE DE 1997 Y LA FALTA DE INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS RESPONSABLES. 2. SEGÚN LOS PETICIONARIOS, EL ASESINATO DE CARLOS ESCALERAS MEJÍA RESPONDE A UN PATRÓN SISTEMÁTICO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EN HONDURAS. SEÑALARON QUE LA INVESTIGACIÓN DE SU ASESINATO NO FUE SERIA NI EFICAZ EN TANTO NO SE HABRÍAN PRACTICADO DILIGENCIAS SUMARIALES INDISPENSABLES, NO SE HABRÍAN AGOTADO TODAS LAS PRUEBAS TESTIMONIALES, Y SE HABRÍAN EMITIDO ÓRDENES DE CAPTURA QUE FUERON EJECUTADAS EN PLAZOS EXCESIVOS. ASIMISMO ALEGARON QUE EL HECHO DE QUE ALGUNA PERSONA ESTÉ CONDENADA NO EXIME AL ESTADO DE SU RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PUESTO QUE HASTA LA FECHA NO SE HAN ESCLARECIDO LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA MUERTE NI SE HA SANCIONADO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL CRIMEN. 3. EL ESTADO CONTROVIRTIÓ LOS HECHOS ALEGADOS POR LOS PETICIONARIOS. ARGUMENTÓ QUE NO EXISTE UN CONTEXTO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE QUE SEA TOLERADO O ALENTADO POR LAS AUTORIDADES PÚBLICAS. EL ESTADO ALEGÓ QUE TRAS LA MUERTE DEL SEÑOR CARLOS ESCALERAS MEJÍA SE INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EN LA CUAL YA SE SANCIONARON DOS AUTORES MATERIALES. INDICÓ QUE LA DURACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SE DEBE A SU PROPIA COMPLEJIDAD, MÁS NO A ACTOS IMPUTABLES A SUS AUTORIDADES. ASIMISMO, ADUJO QUE CONTINÚA REALIZANDO INVESTIGACIONES PARA SANCIONAR A TODOS LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES.

Clasificación Temática

DERECHO A LA VIDA DERECHOS POLÍTICOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE LIBERTAD DE EXPRESION

Derechos

ARTS. 4, 16, 23, 5, 8 Y 25 CADH

Análisis del Caso

177. LA COMISIÓN NO DEJA DE NOTAR LA ESPECIAL GRAVEDAD QUE REVISTE EL HECHO DE QUE CADA UNO DE LOS COMPONENTES ANALIZADOS EN ESTA SECCIÓN FORMAN PARTE DE UNA SITUACIÓN EN LA QUE PREVALECE UN ALTO ÍNDICE DE IMPUNIDAD DE HECHOS CRIMINALES PERPETRADOS CONTRA DEFENSORES AMBIENTALISTAS. DICHO CONTEXTO DE IMPUNIDAD SE HA VISTO REFLEJADO POR DISTINTOS ÓRGANOS DE NACIONES UNIDAS, ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS Y POR LA PROPIA CORTE INTERAMERICANA EN LOS CASOS KAWAS FERNÁNDEZ VS. HONDURAS Y LUNA LÓPEZ VS. HONDURAS 194. LA COMISIÓN REITERA QUE ANTE INDICIOS DE ESTA NATURALEZA, QUE IMPLICARÍAN UNA ATRIBUCIÓN DIRECTA DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL AL ESTADO POR AQUIESCENCIA, COLABORACIÓN O PARTICIPACIÓN, CORRESPONDÍA A LAS AUTORIDADES A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN DESPLEGAR TODOS LOS ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESCLARECER LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES O VÍNCULOS DE AUTORIDADES ESTATALES EN UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA. DE ESTA MANERA, RECAÍA SOBRE EL ESTADO EFECTUAR UNA INVESTIGACIÓN MINUCIOSA, SERIA Y DILIGENTE PARA DETERMINAR LA VERACIDAD O DESVIRTUAR LOS INDICIOS DE PARTICIPACIÓN DE AGENTES ESTATALES 203. AL RESPECTO, LA COMISIÓN HA SEÑALADO QUE LAS ACTIVIDADES DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS SE ENCUENTRA ESPECIALMENTE VINCULADO CON EL EJERCICIO LEGÍTIMO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. EN ESE SENTIDO, “CUALQUIER ACTO QUE TIENDA A IMPEDIR (...) DE CUALQUIER MANERA, HACER EFECTIVOS LOS FINES PARA LOS CUALES FORMALMENTE SE HA (...) ASOCIADO, ES UN ATAQUE DIRECTO A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS”286. IGUALMENTE, LA CORTE HA SOSTENIDO QUE “[…] LOS ESTADOS TIENEN EL DEBER DE FACILITAR LOS MEDIOS NECESARIOS PARA QUE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS REALICEN LIBREMENTE SUS ACTIVIDADES; […] ABSTENERSE DE IMPONER OBSTÁCULOS QUE DIFICULTEN LA REALIZACIÓN DE SU LABOR, E INVESTIGAR SERIA Y EFICAZMENTE LAS VIOLACIONES COMETIDAS EN SU CONTRA, COMBATIENDO LA IMPUNIDAD”. 204. LA CIDH CONSIDERA QUE EN ESTE ASUNTO EL ESTADO NO GARANTIZÓ EL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN DE CARLOS ESCALERAS MEJÍA EN TANTO NO INVESTIGÓ SERIA Y EFICAZMENTE LOS HECHOS RELACIONADOS CON SU ASESINATO A FIN DE IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES, INCLUYENDO AGENTES ESTATALES. EN LA MISMA LÍNEA DEL ANÁLISIS RESPECTO DEL DERECHO A LA VIDA, LA FALTA DE SEGUIMIENTO A LAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADAS CON LA LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS MEDIANTE LAS ORGANIZACIONES DE LAS QUE ERA MIEMBRO, QUE A SU VEZ INVOLUCRABA A AGENTES ESTATALES, TIENE EFECTOS EN EL ANÁLISIS DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN. 205. ADICIONALMENTE, LA COMISIÓN ENTIENDE QUE EL TRABAJO ORGANIZADO DE LAS DEFENSORAS Y LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ES UNA PIEZA ESENCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA SÓLIDA Y DURADERA, EN EL LOGRO PLENO DEL ESTADO DE DERECHO, Y EN LA VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS FUNDAMENTALES DE TODO SER HUMANO. DE ESTA FORMA, LA COMISIÓN OBSERVA QUE LA MUERTE DE CARLOS ESCALERAS MEJÍA GENERA UN EFECTO AMEDRENTADOR DIRECTO EN LOS PROCESOS DE REIVINDICACIÓN DE DERECHOS O DE DENUNCIA DE VIOLACIONES. TAL COMO LO SEÑALARON LOS PETICIONARIOS, DESDE EL FALLECIMIENTO DEL SEÑOR ESCALERAS LA COPA QUEDÓ SERIAMENTE DEBILITADA 207. EL ARTÍCULO 23.1.B DE LA CONVENCIÓN AMERICANA ESTABLECE EL DERECHO DE LAS PERSONAS A “SER ELEGIDOS EN ELECCIONES PERIÓDICAS AUTÉNTICAS”. LA CORTE HA CONSIDERADO QUE DICHO DERECHO IMPLICA NO SÓLO EL DERECHO A SER ELEGIDO, SINO ADEMÁS “A TENER UNA OPORTUNIDAD REAL DE EJERCER EL CARGO PARA EL CUAL EL FUNCIONARIO HA SIDO ELECTO”290. EN PARTICULAR ES ASÍ COMO EL DERECHO A UNA PARTICIPACIÓN POLÍTICA EFECTIVA IMPLICA QUE LA PERSONA TENGA NO SÓLO EL DERECHO SINO TAMBIÉN LA POSIBILIDAD DE PARTICIPAR EN LA DIRECCIÓN DE LOS ASUNTOS PÚBLICOS291. DE ESTA FORMA, EL ESTADO TIENE LA RESPONSABILIDAD DE ADOPTAR MEDIDAS EFECTIVAS PARA GARANTIZAR LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA SU PLENO EJERCICIO. 208. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS HECHOS PROBADOS, EL SEÑOR CARLOS ESCALERAS MEJÍA FUE ELECTO, POR PARTE DEL PARTIDO AL QUE PERTENECÍA, COMO CANDIDATO PARA LA ALCALDÍA DE TOCOA, CUYAS ELECCIONES SE IBAN A REALIZAR EN NOVIEMBRE DE 1997. EL SEÑOR ESCALERAS FUE ASESINADO APROXIMADAMENTE UN MES ANTES DE QUE DICHAS ELECCIONES SE REALICEN. ASIMISMO, LA CIDH CONSTATA QUE SEMANAS ANTES DE SU FALLECIMIENTO EL SEÑOR ESCALERAS FUE VÍCTIMA DE PRESIONES Y AMENAZAS PARA RETIRAR SU CANDIDATURA E INCLUSO RECIBIÓ OFERTAS DE DINERO A CAMBIO DE QUEDAR FUERA DE LAS ELECCIONES. LA COMISIÓN OBSERVA QUE CONFORME A LOS HECHOS PROBADOS SE EVIDENCIARÍA LA PARTICIPACIÓN EN TALES HECHOS DE DOS DIPUTADOS DEL PARTIDO LIBERAL, PARTIDO POLÍTICO QUE COMPETÍA CON EL DEL SEÑOR ESCALERAS EN LAS ELECCIONES. 210. LA COMISIÓN OBSERVA QUE LOS PETICIONARIOS ALEGARON LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE CARLOS ESCALERAS MEJÍA EN TANTO SU MUERTE IMPIDIÓ QUE CONTINUARA DIFUNDIENDO LAS DENUNCIAS AMBIENTALES DESDE SU ORGANIZACIÓN Y DE UN EVENTUAL CARGO DE ALCALDE. LA CIDH CONSIDERA QUE TALES ARGUMENTOS SE ENCUENTRAN SUBSUMIDOS EN EL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN EN LAS SECCIONES CORRESPONDIENTES AL DERECHO A LA LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y A LOS DERECHOS POLÍTICOS.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS, 1. REPARAR ADECUADAMENTE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME TANTO EN EL ASPECTO MATERIAL COMO MORAL. 2. DESARROLLAR Y COMPLETAR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL IMPARCIAL, COMPLETA Y EFECTIVA, DE MANERA EXPEDITA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE RESULTÓ MUERTO EL SEÑOR CARLOS ESCALERAS MEJÍA, IDENTIFICAR A TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON MATERIAL O INTELECTUALMENTE EN LOS DIFERENTES NIVELES DE DECISIÓN Y EJECUCIÓN, Y APLICAR LAS SANCIONES QUE CORRESPONDAN. EN EL MARCO DE ESTE PROCESO, CORRESPONDE AL ESTADO ADOPTAR TODAS LAS MEDIDAS PARA PROTEGER A TESTIGOS Y OTROS ACTORES DEL PROCESO, EN CASO DE QUE SEA NECESARIO. 3. QUE DISPONGA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS O PENALES CORRESPONDIENTES FRENTE A LAS ACCIONES U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS ESTATALES QUE CONTRIBUYERON A LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA E IMPUNIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS HECHOS DEL CASO. 4. ADOPTAR MEDIDAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO, INSTITUCIONAL Y JUDICIAL ORIENTADAS A REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. EN ESE SENTIDO, EL ESTADO DEBE: 4.1. FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA COMBATIR EL PATRÓN DE IMPUNIDAD FRENTE A CASOS DE AMENAZAS Y MUERTES DE DEFENSORAS Y DEFENSORES, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN QUE TENGAN EN CUENTA LOS RIESGOS INHERENTES A LA LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y EN PARTICULAR DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, QUE CONDUZCAN A LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES Y A UNA REPARACIÓN ADECUADA A LAS VÍCTIMAS. ASIMISMO, EL ESTADO DEBE ASEGURAR QUE CUANDO FUNCIONARIOS PÚBLICOS ESTÉN IMPLICADOS EN INVESTIGACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, LAS INVESTIGACIONES SE REALICEN EFICAZMENTE Y CON INDEPENDENCIA. 4.2. FORTALECER LOS MECANISMOS PARA PROTEGER EFICAZMENTE A TESTIGOS, VÍCTIMAS Y FAMILIARES QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO COMO RESULTADO DE SU VINCULACIÓN A LAS INVESTIGACIONES. 4.3. DESARROLLAR MEDIDAS ADECUADAS Y EXPEDITAS DE RESPUESTA INSTITUCIONAL QUE PERMITAN PROTEGER EFICAZMENTE A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN SITUACIONES DE RIESGO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.340073+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.340077+00:00

Resumen del Caso

1. EL 6 DE JULIO DE 2010 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN INTERAMERICANA", "LA COMISIÓN" O "LA CIDH"), RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA ASOCIACIÓN DE JUECES POR LA DEMOCRACIA (AJD) Y EL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL) (EN ADELANTE “LOS PETICIONARIOS”), EN LA CUAL SE ALEGÓ LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O “EL ESTADO”), POR LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL MARCO DE LOS PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS SEGUIDOS EN CONTRA DE LOS JUECES ADÁN GUILLERMO LÓPEZ LONE, LUIS ALONSO CHÉVEZ DE LA ROCHA Y RAMÓN ENRIQUE BARRIOS MALDONADO, ASÍ COMO EN CONTRA DE LA MAGISTRADA TIRZA DEL CARMEN FLORES LANZA EN EL CONTEXTO DEL GOLPE DE ESTADO OCURRIDO EN 2009. 2. POR SU PARTE, EL ESTADO SEÑALÓ QUE LA ACCIÓN DEL PODER JUDICIAL FRENTE A LAS CONDUCTAS DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS HA RESPETADO EL DEBIDO PROCESO LEGAL. SOSTUVO QUE EL ACCESO A LOS RECURSOS INTERNOS SE REALIZÓ SIN RETARDO JUSTIFICADO Y QUE CONTARON CON OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE Y PRESENTAR PRUEBAS ANTE AUTORIDADES COMPETENTES, IMPARCIALES E INDEPENDIENTES. INDICÓ QUE LAS AUTORIDADES INVOLUCRADAS HAN EMITIDO SUS RESOLUCIONES SEGÚN EL ORDENAMIENTO QUE REGULA LA CARRERA JUDICIAL, DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS JUDICIALES. 7. LOS PETICIONARIOS INDICARON QUE DURANTE EL GOLPE DE ESTADO OCURRIDO EL 29 DE JUNIO DE 2009 LAS Y LOS JUECES DE LA “ASOCIACIÓN JUECES POR LA DEMOCRACIA” REALIZARON ACTOS A FAVOR DE LA RESTAURACIÓN DEL ORDEN DEMOCRÁTICO, LOS CUALES DIERON LUGAR A SUS DESPIDOS ARBITRARIOS POR PARTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA (EN ADELANTE “LA CSJ”). SEGÚN LOS PETICIONARIOS, ELLO OCURRIÓ DEBIDO A QUE LA CSJ AVALÓ AL GOBIERNO DE FACTO Y EMPRENDIÓ UNA PERSECUCIÓN POLÍTICA DE QUIENES SE PRONUNCIARON EN CONTRA DEL GOLP

Clasificación Temática

OPERADORES DE JUSTICIA LIBERTAD DE EXPRESIÓN LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

Derechos

VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES, AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, LIBERTAD DE EXPRESIÓN, LIBERTAD DE ASOCIACIÓN, DERECHOS POLÍTICOS Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 8, 9, 13, 16, 23 Y 25

Análisis del Caso

A. EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL Y SUS EFECTOS EN EL ANÁLISIS DEL CASO 117. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE ATENDIENDO A LO ESTABLECIDO EN EL DERECHO INTERNACIONAL, EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD SÓLO RESULTARÁ ACEPTABLE LA SEPARACIÓN DEL CARGO DE JUECES Y JUEZAS EN CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN AGRUPARSE EN DOS CATEGORÍAS: I) LAS RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA GARANTÍA DE INAMOVILIDAD, POR EJEMPLO, CUANDO SE CUMPLA EL PLAZO, CONDICIÓN DE NOMBRAMIENTO, O SE LLEGUE A LA EDAD DE JUBILACIÓN211; Y II) LAS RELACIONADAS CON LA IDONEIDAD PARA EL EJERCICIO DEL CARGO, ES DECIR A TRAVÉS DEL CONTROL DISCIPLINARIO EN EL CUAL SE RESPETEN LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO B. GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL 1. COMPETENCIA, INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LAS AUTORIDADES DISCIPLINARIAS 137. EN EL PRESENTE CASO, LA INFORMACIÓN DISPONIBLE INDICA QUE EL PODER JUDICIAL A TRAVÉS DE LA CSJ TENÍA UNA POSICIÓN INSTITUCIONAL CLARA Y PÚBLICA A FAVOR DE LA LEGALIDAD DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON EL GOLPE DE ESTADO, LA CUAL ERA ABIERTAMENTE OPUESTA CON EL INTERÉS QUE FUE MANIFESTADO POR LOS JUECES Y LA MAGISTRADA QUIENES, A TRAVÉS DE DIVERSOS ACTOS Y EXPRESIONES, SE MANIFESTARON COMO OPOSITORES AL GOLPE DE ESTADO. 138. ESTA POSICIÓN DE LA CSJ (AUTORIDAD CON POTESTAD DISCIPLINARIA FRENTE A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS) DIRIGIDA A VALIDAR LA LEGALIDAD DEL GOLPE, ESTÁ CONSTATADA EN QUE: I) FUE UN ACTOR PROTAGÓNICO RESPECTO DEL PROCESO DE SEPARACIÓN DE JOSÉ MANUEL ZELAYA Y LA CONSUMACIÓN DEL GOLPE; II) EMITIÓ UNA SERIE DE COMUNICADOS DE PRENSA EN LOS CUALES REITERÓ LA SUPUESTA LEGALIDAD DE LOS HECHOS RELACIONADOS CON LA CAPTURA DEL PRESIDENTE ZELAYA; III) TUVO REUNIONES CON EL PRESIDENTE DE FACTO EN RELACIÓN CON ACTOS EMANADOS DEL MISMO Y, IV) RESOLVIÓ EN SENTIDO NEGATIVO TODOS LOS AMPAROS PRESENTADOS CONTRA ACTOS DEL GOBIERNO DE FACTO Y OTORGÓ CON CELERIDAD LOS RELACIONADOS CON PERSONAS PRESUNTAMENTE AFECTADAS POR ACTOS DEL PRESIDENTE ZELAYA. 139. EN CONSECUENCIA DE LO SEÑALADO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA CSJ NO REUNÍA ELEMENTOS OBJETIVOS DE IMPARCIALIDAD PARA JUZGAR A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS DEL PRESENTE CASO DADO QUE TENÍAN UN IDENTIFICABLE INTERÉS OPUESTO AL SUYO.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS, 1. REINCORPORAR A LAS VÍCTIMAS AL PODER JUDICIAL, EN UN CARGO SIMILAR AL QUE DESEMPEÑABAN, CON LA MISMA REMUNERACIÓN, BENEFICIOS SOCIALES Y RANGO EQUIPARABLES A LOS QUE LES CORRESPONDERÍA EL DÍA DE HOY SI NO HUBIERAN SIDO DESTITUIDOS, POR EL PLAZO DE TIEMPO QUE QUEDABA PENDIENTE DE SU MANDATO, O SI POR RAZONES FUNDADAS NO ES POSIBLE LA REINCORPORACIÓN, EL ESTADO DEBERÁ PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN ALTERNATIVA. 2. REPARAR LAS CONSECUENCIAS DE LAS VIOLACIONES DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME, INCLUYENDO TANTO EL DAÑO MATERIAL COMO EL DAÑO INMATERIAL. 3. DISPONER LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS CONTRA JUECES Y JUEZAS SEAN REALIZADOS POR AUTORIDADES COMPETENTES Y CON GARANTÍAS SUFICIENTES DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD. 4. DISPONER LAS MODIFICACIONES NORMATIVAS NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE LAS CAUSALES DISCIPLINARIAS DE JUECES Y JUEZAS Y LAS SANCIONES APLICABLES, SEAN COMPATIBLES CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN LOS TÉRMINOS DESARROLLADOS EN EL PRESENTE INFORME.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.342158+00:00

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2024-02-06 04:03:55.342162+00:00

Análisis del Caso

2. DERECHO A PREPARAR UNA DEFENSA ADECUADA Y DEBER DE MOTIVACIÓN 148. ASÍ, LA COMISIÓN NOTA QUE EN LA ETAPA ANTE LA CSJ ÉSTA PROCEDIÓ A DECIDIR SOBRE SUS DESTITUCIONES CON BASE EN EL INFORME RENDIDO POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL, SIN OFRECER UN PROCEDIMIENTO EN FORMA DE JUICIO Y UNA OPORTUNIDAD PARA OÍR A LAS VÍCTIMAS Y PERMITIR QUE SE DEFENDIERAN ANTE LA PROPIA CORTE DE LOS CARGOS Y ACUSACIÓN FORMULADAS POR LA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL. EN ESTE SENTIDO, LOS JUECES Y LA MAGISTRADA NO FUERON OÍDOS ANTE LA CSJ NI TUVIERON POSIBILIDAD DE DEFENDERSE ANTE ÉSTA. 150. SOBRE EL DEBER DE MOTIVACIÓN, LA CORTE INTERAMERICANA HA PUNTUALIZADO QUE UNO DE LOS EFECTOS QUE TIENE ESTE DEBER ES PRECISAMENTE DEMOSTRAR A LAS PARTES QUE HAN SIDO OÍDAS Y, EN AQUELLOS CASOS EN QUE LAS DECISIONES SON RECURRIBLES, PROPORCIONAR LA POSIBILIDAD DE CRITICAR LA RESOLUCIÓN Y LOGRAR UN NUEVO EXAMEN DE LA CUESTIÓN ANTE LAS INSTANCIAS SUPERIORES.240 EN ESTE CASO, EN VISTA DE QUE LOS ACUERDOS DE DESTITUCIÓN NO MOTIVADOS CONSTITUYERON LA BASE SOBRE LA CUAL LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS PRESENTARON SUS RECURSOS DE APELACIÓN ANTE EL CONSEJO SIN CONOCER LOS RAZONAMIENTOS QUE ESTABAN DETRÁS DE LAS DECISIONES DE SUS DESTITUCIONES, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE TAMBIÉN RESULTÓ AFECTADA SU POSIBILIDAD DE PREPARAR ADECUADAMENTE SU DEFENSA ANTE EL CONSEJO. 151. LA COMISIÓN OBSERVA QUE TRAS SOLICITAR COPIAS DE SUS EXPEDIENTES DISCIPLINARIOS EN LA ETAPA ANTE EL CONSEJO LAS VÍCTIMAS SE ENTERARON DE UNAS RESOLUCIONES QUE OBRABAN EN SUS EXPEDIENTES, LAS CUALES CONTENÍAN LOS RAZONAMIENTOS QUE SUPUESTAMENTE MOTIVABAN SUS DESPIDOS POR PARTE DE LA CSJ. DICHAS RESOLUCIONES ESTÁN FIRMADAS POR EL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA Y POR SU SECRETARIA, BAJO UN SELLO QUE DICE “PRESIDENCIA”, SIN FIRMAS DE LOS DEMÁS INTEGRANTES DE LA CORTE SUPREMA NI CERTIFICACIÓN QUE LAS HAGA CONSTAR COMO COPIA DE OTRO DOCUMENTO ORIGINAL. LA COMISIÓN NOTA ASIMISMO QUE, A PESAR DE LOS CUESTIONAMIENTOS DE LAS VÍCTIMAS EN EL ÁMBITO INTERNO Y DE LOS PETICIONARIOS EN EL SISTEMA INTERAMERICANO, EL ESTADO NO HA PODIDO PROBAR QUE DICHAS RESOLUCIONES HAYAN SIDO DEBIDAMENTE NOTIFICADAS. DE ESTA MANERA, LA COMISIÓN OBSERVA QUE AL MOMENTO DE ACUDIR A LA AUDIENCIA DE APELACIÓN, LAS VÍCTIMAS CONTABAN POR UN LADO, CON UN ACUERDO DE DESTITUCIÓN DE LA CSJ INSUFICIENTEMENTE MOTIVADO PERO NOTIFICADO FORMALMENTE, Y POR OTRO LADO, CON UNA RESOLUCIÓN DE LA PRESIDENCIA QUE CONTENÍA MAYOR MOTIVACIÓN PERO DE LA CUAL SE ENTERARON DE MANERA FORTUITA Y SIN EXPLICACIÓN ALGUNA SOBRE SU SIGNIFICADO E IMPLICACIONES EN EL PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO. ESTA SITUACIÓN AFECTÓ NECESARIAMENTE LAS POSIBILIDADES DE DISEÑAR DE MANERA ADECUADA Y CON LA SEGURIDAD JURÍDICA REQUERIDA, LA ESTRATEGIA DE DEFENSA ANTE EL CONSEJO DE LA CARRERA EN EL MARCO DEL RECURSO DE APELACIÓN. 3. DERECHO A IMPUGNAR EL FALLO CONDENATORIO Y DERECHO A LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA 163. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, LA CORTE HA RECONOCIDO QUE PUEDEN EXISTIR RAZONES EXCEPCIONALES PARA NO REINCORPORAR A UN JUEZ EN SU CARGO, LAS CUALES TIENEN QUE SER IDÓNEAS PARA LOGRAR UNA FINALIDAD CONVENCIONALMENTE ACEPTABLE; NECESARIAS, ES DECIR QUE NO EXISTIERA OTRO MEDIO ALTERNATIVO MENOS LESIVO, Y PROPORCIONALES EN SENTIDO ESTRICTO260 . 164. EN EL PRESENTE CASO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE EL CRITERIO DE “INCONVENIENCIA” NO ES PERMISIBLE A LA LUZ DEL PESO Y RELEVANCIA FUNDAMENTALES DEL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL. EN AUSENCIA DE JUSTIFICACIÓN PERMISIBLE, EN LA PRÁCTICA EL CONSEJO IMPUSO UNA NUEVA SANCIÓN AL JUEZ CHÉVEZ SIN FORMA DE JUICIO Y SIN PERMITIR SU DERECHO DE DEFENSA POR LOS MISMOS HECHOS QUE PREVIAMENTE HABÍA DESESTIMADO COMO CAUSAL DISCIPLINARIA. 165. EN LO QUE SE REFIERE A LA SUPUESTA “IMPOSIBILIDAD” PARA DECRETAR LA RESTITUCIÓN, LA COMISIÓN ADVIERTE QUE AUNQUE EL ESTADO SE HA LIMITADO A INDICAR QUE SU CARGO FUE OCUPADO POR EL REEMPLAZO DESIGNADO POR LA CORTE SUPREMA, EL ESTADO NO HA PROBADO QUE NO EXISTIERAN OTROS MEDIOS ALTERNATIVOS QUE PERMITIERAN OFRECER LA REINCORPORACIÓN DEL JUEZ Y QUE FUERAN MENOS LESIVOS, POR EJEMPLO, EN UN CARGO SIMILAR DE ALGÚN OTRO TRIBUNAL O JUZGADO. 166. POR OTRO LADO, EN LO QUE RESPECTA AL JUEZ BARRIOS, LA COMISIÓN ADVIERTE QUE TRAS DECLARAR EL CONSEJO “CON LUGAR” SUS ALEGACIONES EN CUANTO AL FONDO, ÉSTE DECIDIÓ GARANTIZAR SU PERMANENCIA EN EL PODER JUDICIAL, ASIMISMO, DECIDIÓ “SIN LUGAR” LA PRETENSIÓN DE REINTEGRO Y SALARIOS, PUES EL JUEZ BARRIOS SE MANTUVO LABORANDO AL NO PRODUCIRSE SU SUSTITUCIÓN POR FUNCIONARIO ALGUNO. AL RESPECTO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE TRAS LA DECISIÓN DE DESTITUCIÓN DE LA CSJ, EL JUEZ BARRIOS SE MANTUVO EN SU CARGO DESDE EL 16 DE JUNIO DE 2010 HASTA EL 24 DE AGOSTO DE 2011 EN ESPERA DE SU SUSTITUTO. PRECISAMENTE, LA DECISIÓN DE DESTITUCIÓN SIN ESTAR FIRME EL FALLO, LE OCASIONÓ DURANTE DICHO PERÍODO UN ESTADO DE INCERTIDUMBRE RESPECTO DE SU PERMANENCIA EN EL PODER JUDICIAL, EL CUAL SE PROLONGÓ DURANTE MÁS DE UN AÑO, AFECTANDO ASÍ SU GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL CARGO HACIÉNDOLO SUJETO DE LIBRE REMOCIÓN Y EXPONIÉNDOLO A PRESIONES EN EL DESEMPEÑO DE SU ACTIVIDAD JURISDICCIONAL. LA COMISIÓN OBSERVA QUE EL FALLO DE LA CONSEJO NO RECONOCIÓ LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DISCIPLINARIO NI TAMPOCO ORDENÓ SE REPARARA AL JUEZ BARRIOS POR TALES VIOLACIONES.

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2024-02-06 04:03:55.343673+00:00

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2024-02-06 04:03:55.343676+00:00

Análisis del Caso

C. PRINCIPIO DE LEGALIDAD 172. EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ES UNO DE LOS PRINCIPIOS QUE PRESIDEN LA ACTUACIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS DEL ESTADO EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, PARTICULARMENTE, CUANDO DERIVA DEL EJERCICIO DE SU PODER PUNITIVO261. EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD LA CALIFICACIÓN DE UN HECHO COMO ILÍCITO Y LA FIJACIÓN DE SUS EFECTOS JURÍDICOS DEBEN SER PREEXISTENTES A LA CONDUCTA DEL SUJETO QUE SE CONSIDERA INFRACTOR.262 DICHO PRINCIPIO IMPLICA ESTABLECER “UNA CLARA DEFINICIÓN DE LA CONDUCTA INCRIMINADA, LA FIJACIÓN DE SUS ELEMENTOS Y EL DESLINDE DE COMPORTAMIENTOS NO PUNIBLES (…)”263 . LA CORTE HA SOSTENIDO QUE LAS NORMAS LEGALES VAGAS O AMBIGUAS QUE OTORGAN FACULTADES DISCRECIONALES MUY AMPLIAS A LAS AUTORIDADES SON INCOMPATIBLES CON LA CONVENCIÓN AMERICANA, PORQUE PUEDEN SUSTENTAR POTENCIALES ACTOS DE ARBITRARIEDAD 176. DESDE ESTE PUNTO DE VISTA, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LAS CAUSALES DE REMOCIÓN ESTABLECIDAS A NIVEL CONSTITUCIONAL PUEDEN ESTAR FIJADAS EN TÉRMINOS MÁS O MENOS GENERALES Y ABSTRACTOS, DADA LA NATURALEZA DE LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. SIN EMBARGO, DICHAS CAUSALES, CUANDO SE TRANSFORMAN EN UN RÉGIMEN SANCIONATORIO, DEBEN SER PRECISADAS POR LA LEGISLACIÓN A TRAVÉS DE FÓRMULAS CLARAS QUE ACOTEN CLARAMENTE LAS CONDUCTAS PROHIBIDAS273. ELLO IMPLICA ESTABLECER “UNA CLARA DEFINICIÓN DE LA CONDUCTA INCRIMINADA, LA FIJACIÓN DE SUS ELEMENTOS Y EL DESLINDE DE COMPORTAMIENTOS NO PUNIBLES (…)”274. ESTO RESULTA INDISPENSABLE PARA QUE LOS JUECES PUEDAN ORIENTAR SU COMPORTAMIENTO CONFORME A UN ORDEN JURÍDICO VIGENTE Y CIERTO275. LOS REGÍMENES SANCIONATORIOS VAGOS Y AMPLIOS OTORGAN A LOS FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE LLEVAR ADELANTE LOS PROCESOS DE ENJUICIAMIENTO DE MAGISTRADOS Y JUECES UNA INACEPTABLE DISCRECIONALIDAD QUE RESULTA INCOMPATIBLE CON LOS ESTÁNDARES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA276. EN ESTE SENTIDO, LA RELATORA ESPECIAL DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LA INDEPENDENCIA DE MAGISTRADOS Y ABOGADOS HA SOSTENIDO QUE “LA LEY DEBE ESTABLECER UNA GUÍA DETALLADA DE LAS INFRACCIONES DE LOS JUECES QUE PUEDAN DAR LUGAR A MEDIDAS DISCIPLINARIAS, INCLUYENDO LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN QUE DETERMINA EL TIPO DE MEDIDA DISCIPLINARIA A SER APLICADA EN EL CASO CONCRETO” 181. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA FORMULACIÓN DE CAUSALES DE DESTITUCIÓN COMO LAS SEÑALADAS ES AMPLIA E INDETERMINADA Y, POR LO TANTO, PERMITE UN AMPLIO MARGEN DE DISCRECIONALIDAD DE LAS AUTORIDADES A CARGO DE APLICARLAS. POR LO TANTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES DE PREVISIBILIDAD EXIGIDOS POR EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DE LA CONVENCIÓN. 191. LA COMISIÓN ADVIERTE QUE VARIAS DE LAS CAUSALES QUE FUERON APLICADAS A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS NO SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE LA CARRERA SINO EN DIVERSOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS COMO EL REGLAMENTO DE LA LEY DE CARRERA, EL CÓDIGO DE ÉTICA PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS JUDICIALES Y LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIONES DE LOS TRIBUNALES. INCLUSO, SE INVOCARON NORMAS EMITIDAS POR CUMBRES INTERNACIONALES PARA SANCIONAR A LAS VÍCTIMAS COMO LO SON LAS PROVENIENTES DEL ESTATUTO DEL JUEZ IBEROAMERICANO Y EL CÓDIGO MODELO IBEROAMERICANO DE ÉTICA JUDICIAL. LA COMISIÓN OBSERVA QUE IMPONER UNA SANCIÓN A LAS VÍCTIMAS POR CONDUCTAS ESTABLECIDAS EN OTROS INSTRUMENTOS DIFERENTES A LA LEY DE CARRERA JUDICIAL, DESDE LA PERSPECTIVA DEL RÉGIMEN INTERNO SERÍA CONTRARIO AL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE CARRERA JUDICIAL QUE ESTABLECE QUE LOS FUNCIONARIOS SÓLO PUEDEN SER REMOVIDAS “CUANDO INCURRAN EN CAUSAL DE DESPIDO”. ASIMISMO, EL HECHO DE QUE NO ESTÉN PREVISTAS EN ESTOS INSTRUMENTOS LAS SANCIONES PARA LAS CAUSALES QUE FUERON APLICADAS A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS, SIN QUE EXISTAN REGLAS CLARAS DE REMISIÓN DE UN ORDENAMIENTO A OTROS, Y SIN QUE ELLO ESTUVIERE MOTIVADO POR LA AUTORIDAD DISCIPLINARIA, RESULTA CONTRARIO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN.

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2024-02-06 04:03:55.345350+00:00

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2024-02-06 04:03:55.345353+00:00

Análisis del Caso

D. LIBERTAD DE EXPRESIÓN 1. EL DERECHO A LA LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN DE FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL 201. EN EL ÁMBITO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO DE TODA PERSONA, EN CONDICIONES DE IGUALDAD Y SIN DISCRIMINACIÓN. SEGÚN HA SEÑALADO LA JURISPRUDENCIA, LA TITULARIDAD DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN CONSAGRADA EN DICHO TRATADO NO PUEDE RESTRINGIRSE A DETERMINADA PROFESIÓN O GRUPO DE PERSONAS, NI AL ÁMBITO DE LA LIBERTAD DE PRENSA279. ESTA PERSPECTIVA AMPLIA DE LA TITULARIDAD DEL DERECHO ADOPTADA POR LA CONVENCIÓN AMERICANA INCLUYE, POR SUPUESTO, A LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, QUIENES NO DEJAN DE LADO SUS DERECHOS FUNDAMENTALES AL ASUMIR SUS CARGOS SINO QUE GOZAN, AL IGUAL QUE EL RESTO DE LAS PERSONAS, DE UN AMPLIO DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN280. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LOS JUECES, EN TANTO QUE FUNCIONARIOS PÚBLICOS, GOZAN TAMBIÉN DE ESTE DERECHO. 214. EN ESA MISMA LÓGICA, LA CIDH SOSTIENE QUE EN TODOS LOS CASOS EN LOS CUALES SE ALEGUE LA VIOLACIÓN DEL DEBER DE PRUDENCIA POR LA PARTICIPACIÓN DE UN JUEZ EN UN ASUNTO DE INTERÉS PÚBLICO QUE NO ES OBJETO DE UN CASO BAJO SU CONOCIMIENTO, ES NECESARIO QUE CUIDADOSAMENTE SE VALORE SI LA EXPRESIÓN DE LA OPINIÓN CAUSÓ UN MENOSCABO A LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE TAL MAGNITUD QUE AMERITE LA IMPOSICIÓN DE LA SANCIÓN. RECAE SOBRE EL ESTADO LA CARGA DE PROBAR QUE LOS LÍMITES IMPUESTOS TIENEN EL REDUCIDO OBJETO DE PROTEGER ESTOS PRINCIPIOS, Y QUE HAN SIDO INTERPRETADOS RESTRICTIVAMENTE, YA QUE CONSTITUYEN LA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO GENERAL SEGÚN EL CUAL LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ES UN DERECHO AMPLIO RECONOCIDO A TODAS LAS PERSONAS POR IGUAL Y ESPECIALMENTE PROTEGIDO CUANDO SE TRATA DE EXPRESIONES SOBRE ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO298 . COMO HA SOSTENIDO LA CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS EN SU JURISPRUDENCIA, “LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN PUEDE ESTAR SUJETA A DIVERSAS EXCEPCIONES, SIN EMBARGO, ÉSTAS DEBEN SER INTERPRETADAS RESTRICTIVAMENTE Y LA NECESIDAD PARA IMPONERLAS DEBE ESTABLECERSE DE MANERA CONVINCENTE”299. ADEMÁS, COMO SE INDICÓ PREVIAMENTE, CUANDO QUIERA QUE SE TRATE DE EXPRESIONES ATINENTES AL ESTADO Y A ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO, ESTE EXAMEN DE NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LAS LIMITACIONES AL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE UN FUNCIONARIO JUDICIAL DEBE SER APLICADO EN FORMA MÁS ESTRICTA. 2. LIMITACIONES IMPUESTAS EN EL CASO CONCRETO 232. EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA AMBIGÜEDAD Y AMPLITUD DE LA CAUSAL DE REMOCIÓN CONTEMPLADA EN EL ARTÍCULO 3 (6) DE LA LEY DE ORGANIZACIÓN Y ATRIBUCIÓN DE LOS TRIBUNALES APLICADA EN EL PRESENTE CASO IMPLICA UN INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE ESTRICTA LEGALIDAD EN LA IMPOSICIÓN DE RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DE REUNIÓN DE JUECES Y MAGISTRADO, APAREJANDO COMO CONSECUENCIA UNA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 9, 13.1, 13.2 Y 15 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1.1 DE LA MISMA. DEL MISMO MODO, AL HABERSE PRODUCIDO ESTA VIOLACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA APLICACIÓN DE UNA LEY, EL ESTADO TAMBIÉN INCUMPLIÓ EL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN. 239. DE LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES, PARA LA CIDH NO RESULTA PROBADO QUE LA SANCIÓN IMPUESTA GUARDE RELACIÓN CON LA NECESIDAD DE PROTEGER LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DEL PODER JUDICIAL COMO INSTITUCIÓN, NI DEL JUEZ LÓPEZ LONE EN PARTICULAR. NO PARECE VERDADERAMENTE NECESARIO CONSIDERAR LA MANIFESTACIÓN PÚBLICA EN OPOSICIÓN A UN GOLPE DE ESTADO COMO UN ACTO QUE ATENTE CONTRA ESTOS PRINCIPIOS. EN ESTE SENTIDO, NO PARECE SER UNA MEDIDA EFECTIVA PARA RESGUARDAR LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA JUDICIAL SANCIONAR A UN JUEZ POR EXPRESAR SU APOYO A LA RESTITUCIÓN DEL ORDEN CONSTITUCIONAL FRENTE A UN CONTEXTO DE CRISIS DEMOCRÁTICA COMO EL QUE ATRAVESÓ HONDURAS EN ESE MOMENTO. NO RESULTA ASIMISMO SUFICIENTE ALEGAR LA EXISTENCIA DE PELIGRO PARA LA IMPARCIALIDAD DEL PODER JUDICIAL PRODUCTO DE LA PARTICIPACIÓN DE LA PRESUNTA VÍCTIMA EN UN ACTO DE PROTESTA CON LAS CARACTERÍSTICAS SEÑALADAS. SI BIEN SE HA RECONOCIDO QUE INCLUSO LAS APARIENCIAS PUEDEN SER RELEVANTES PARA QUE GENERAR CONFIANZA EN LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA, PARA ESTOS EFECTOS, EL ÓRGANO DISCIPLINARIO TENDRÍA QUE HABER VERIFICADO OBJETIVA Y RAZONABLEMENTE LAS DUDAS AL RESPECTO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.346894+00:00

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2024-02-06 04:03:55.346897+00:00

Análisis del Caso

255. SI BIEN LA CIDH ES CONSCIENTE DE QUE UN JUEZ TIENE DEBERES ESPECIALES DE RESERVA Y PRUDENCIA Y QUE POR ELLO LA PROTECCIÓN DE LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LA FUNCIÓN JUDICIAL PUEDE DAR LUGAR AL ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES ULTERIORES POR EL EJERCICIO ABUSIVO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE CARRERA JUDICIAL ES EN EXCESO VAGO RESPECTO DEL SUJETO DE LA FALTA Y DE LA CONDUCTA ILÍCITA PROHIBIDA. LO ANTERIOR PERMITE UNA APLICACIÓN ABUSIVA POR PARTE DEL ÓRGANO DISCIPLINARIO, QUE SE TRADUCE EN UNA DILATADA PROHIBICIÓN DE TODA CRÍTICA A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y A LOS FUNCIONARIOS EN EL EJERCICIO DE SU CARGO POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL PODER JUDICIAL. EN EFECTO, AL APLICAR ESTA NORMA EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL CONSIDERÓ QUE LAS EXPRESIONES DE LA PRESUNTA VÍCTIMA CONSTITUYERON INJURIAS Y CALUMNIAS, SIN DEMOSTRAR SIQUIERA QUE LAS MISMAS HAYAN SIDO EMITIDAS CON LA MERA INTENCIÓN DE PRODUCIR UN DAÑO A LA AUTONOMÍA DE LA FUNCIÓN JUDICIAL O A LA REPUTACIÓN DE ALGUNO DE LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO DEL JUEZ Y NO DE PARTICIPAR EN UN DEBATE PÚBLICO DE ENORME RELEVANCIA NACIONAL. 3. USO DEL PROCESO DISCIPLINARIO COMO MEDIO DE RESTRICCIÓN INDIRECTA 270. LOS MECANISMOS INDIRECTOS DE RESTRICCIÓN SE OCULTAN DETRÁS DE ACCIONES APARENTEMENTE LEGÍTIMAS QUE, SIN EMBARGO, SON ADELANTADAS CON UN PROPÓSITO DISTINTO AL QUE AUTORIZA LA LEY, ESTO ES, CONDICIONAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS INDIVIDUOS. CUANDO ESO SUCEDE, SE CONFIGURA UNA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13.3 DE LA CONVENCIÓN. COMO LO HA SOSTENIDO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE, LA “CORTE INTERAMERICANA” O “CORTE”), RESULTA VIOLATORIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN “TODO ACTO DEL PODER PÚBLICO QUE IMPLIQUE UNA RESTRICCIÓN AL DERECHO DE BUSCAR, RECIBIR Y DIFUNDIR INFORMACIONES E IDEAS, EN MAYOR MEDIDA O POR MEDIOS DISTINTOS DE LOS AUTORIZADOS POR LA MISMA CONVENCIÓN” 287. EN SUMA, LA EVIDENCIA CONDUCE A CONCLUIR QUE SOBRE LA BASE DE CAUSALES DE REMOCIÓN DE JUECES EXCESIVAMENTE AMPLIAS SE INTENTÓ SILENCIAR EL DEBATE CRÍTICO RESPECTO DEL GOLPE DE ESTADO Y EL ROL DEL PODER JUDICIAL EN ÉL MISMO, ES DECIR, SE EJERCIÓ UN MECANISMO DE PRESIÓN INDIRECTA AL EJERCICIO DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DE LOS JUECES VÍCTIMAS EN EL PRESENTE CASO, EN VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 13.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

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2024-02-06 04:03:55.348654+00:00

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2024-02-06 04:03:55.348657+00:00

Resumen del Caso

1. EL 29 DE OCTUBRE DE 2003 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “COMISIÓN INTERAMERICANA”, “COMISIÓN” O “CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA ORGANIZACIÓN FRATERNAL NEGRA HONDUREÑA (EN ADELANTE “PETICIONARIA” U “OFRANEH”), CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE “ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O “ESTADO”) POR LA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN AMERICANA” O “CONVENCIÓN”) EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL Y CON EL CONVENIO 169 SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES EN PAÍSES INDEPENDIENTES DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (EN ADELANTE “CONVENIO 169 DE LA OIT”), ESTE ÚLTIMO COMO DE INTERPRETACIÓN, EN PERJUICIO DE LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS DE CAYOS COCHINOS, PUNTA PIEDRA Y TRIUNFO DE LA CRUZ, Y DE SUS MIEMBROS. 2. EL 19 DE DICIEMBRE DE 2003 LA CIDH DECIDIÓ DIVIDIR LA PETICIÓN EN TRES ASUNTOS SEPARADOS, REFERIDOS A CADA UNA DE LAS COMUNIDADES GARÍFUNAS Y ASIGNARLES UN NÚMERO DE REGISTRO INDIVIDUAL. LA PETICIÓN DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA FUE ASIGNADA CON EL NÚMERO 1119-03. RESPECTO DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS (EN ADELANTE “COMUNIDAD PUNTA PIEDRA”, “PUNTA PIEDRA” O “COMUNIDAD”), EL 24 DE MARZO DE 2010 LA CIDH EMITIÓ EL INFORME DE ADMISIBILIDAD N° 63/101 , EN EL QUE CONCLUYÓ QUE TENÍA COMPETENCIA PARA CONOCER LA PETICIÓN Y DECIDIÓ ADMITIR LA DENUNCIA SOBRE LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 Y 2 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. 3. EN EL PRESENTE ASUNTO, LA PETICIONARIA ALEGÓ QUE A PESAR DEL RECONOCIMIENTO Y TITULACIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA POR PARTE DEL ESTADO, ÉSTE NO HABRÍA CUMPLIDO CON ASEGURAR A LA COMUNIDAD EL GOCE EFECTIVO Y PACÍFICO DE SU TERRITORIO. LO ANTERIOR, PORQUE UN GRUPO DE PERSONAS HABRÍA INVADIDO EL TERRITORIO DESDE 1993, SIN QUE EL ESTADO HAYA REALIZADO LAS ACCIONES NECESARIAS PARA EL SANEAMIENTO LO QUE HABRÍA GENERADO UN CLIMA DE CONFLICTIVIDAD POR LA ALEGADA INACCIÓN DEL ESTADO. 4. EL ESTADO, POR SU PARTE, SOSTUVO QUE NO HA VULNERADO LOS DERECHOS DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA PORQUE LE HA OTORGADO DOS TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO SOBRE UN ÁREA TOTAL DE 2.314,18 HECTÁREAS Y QUE HA REALIZADO NUMEROSOS ESFUERZOS PARA LOGRAR EL SANEAMIENTO DEL TERRITORIO. ASIMISMO, AFIRMÓ QUE SE ESTÁN REALIZANDO LAS INVESTIGACIONES SOBRE LOS HECHOS DE VIOLENCIA DENUNCIADOS ANTE LAS AUTORIDADES PERTINENTES.

Clasificación Temática

PUEBLOS INDIGENAS DERECHO DE PROPIEDAD

Derechos

ARTS. 21 Y 25 CADH

Análisis del Caso

93. EL CONVENIO 169, PARTE DE LA LEGISLACIÓN INTERNA DE HONDURAS, TAMBIÉN ESTABLECE OBLIGACIONES DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN LOS ASUNTOS QUE LOS AFECTAN Y UNA SERIE DE NORMAS QUE GUARDAN RELACIÓN CON LOS DERECHOS SOBRE SUS TIERRAS, LA PROTECCIÓN EFICAZ EN MATERIA DE CONTRATACIÓN Y EMPLEO, LA SEGURIDAD SOCIAL Y LOS SERVICIOS DE SALUD, LA EDUCACIÓN Y LOS MEDIOS DE EDUCACIÓN. 96. AL RESPECTO, LA CIDH HA SEÑALADO QUE ASEGURAR EL GOCE EFECTIVO DE LA PROPIEDAD TERRITORIAL POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS MIEMBROS ES UNO DE LOS OBJETIVOS ÚLTIMOS DE LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE ESTE DERECHO. LOS ESTADOS ESTÁN OBLIGADOS A ADOPTAR MEDIDAS ESPECIALES PARA GARANTIZAR EL DISFRUTE EFECTIVO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD TERRITORIAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS96. POR ESTE MOTIVO, LA CIDH HA ENFATIZADO QUE “LA DEMARCACIÓN Y REGISTRO LEGAL DE LAS TIERRAS INDÍGENAS CONSTITUYE EN LA REALIDAD SÓLO UN PRIMER PASO EN SU ESTABLECIMIENTO Y DEFENSA REAL”, YA QUE MUY FRECUENTEMENTE LA PROPIEDAD Y POSESIÓN EFECTIVAS SE VEN CONTINUAMENTE AMENAZADAS, USURPADAS O REDUCIDAS POR DISTINTAS ACCIONES DE HECHO O DE DERECHO. 97. LA CIDH HA SEÑALADO ADEMÁS QUE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES TIENEN DERECHO A QUE SE LES PROTEJA DE CONFLICTOS CON TERCEROS POR LA TIERRA, A TRAVÉS DEL OTORGAMIENTO PRONTO DE UN TÍTULO DE PROPIEDAD, Y DE LA DELIMITACIÓN Y LA DEMARCACIÓN DE SUS TIERRAS SIN DEMORAS, PARA EFECTOS DE PREVENIR CONFLICTOS Y ATAQUES POR OTROS. EN ESTE MISMO ÁMBITO, LOS PUEBLOS INDÍGENAS O TRIBALES Y SUS MIEMBROS TIENEN DERECHO A QUE SU TERRITORIO SEA RESERVADO PARA ELLOS, SIN QUE EXISTAN DENTRO DE SUS TIERRAS ASENTAMIENTOS O PRESENCIA DE TERCEROS O COLONOS NO INDÍGENAS. EL ESTADO TIENE UNA OBLIGACIÓN CORRELATIVA DE PREVENIR LA INVASIÓN O COLONIZACIÓN DEL TERRITORIO INDÍGENA O TRIBAL POR PARTE DE OTRAS PERSONAS, Y DE REALIZAR LAS GESTIONES Y ACTUACIONES NECESARIAS PARA REUBICAR A AQUELLOS HABITANTES NO INDÍGENAS DEL TERRITORIO QUE SE ENCUENTREN ASENTADOS ALLÍ99. LA CIDH HA CALIFICADO LAS INVASIONES E INTRUSIONES ILEGALES DE POBLADORES NO INDÍGENAS COMO AMENAZAS, USURPACIONES Y REDUCCIONES DE LOS DERECHOS A LA PROPIEDAD Y POSESIÓN EFECTIVA DEL TERRITORIO POR LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES, QUE EL ESTADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE CONTROLAR Y PREVENIR. 98. EN EL ASUNTO BAJO EXAMEN, LA CIDH OBSERVA QUE, A PESAR DE EXISTIR NORMAS CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE RECONOCEN EL DERECHO DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA A LA PROPIEDAD COMUNAL, Y EXISTIENDO INCLUSO EL RECONOCIMIENTO DE SUS FORMAS TRADICIONALES DE TENENCIA DE LA TIERRA, LA COMUNIDAD NO PODIDO USAR Y GOZAR DE SUS TIERRAS EN FORMA PACÍFICA. EN OPINIÓN DE LA CIDH, LO ANTERIOR SE PRODUJO DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE AUTORIDADES ESTATALES DE DEBERES CORRELATIVOS A LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA, REFERIDOS PRINCIPALMENTE A LA FALTA DE PROTECCIÓN EFECTIVA DE SU TERRITORIO FRENTE A LA OCUPACIÓN Y DESPOJO POR PARTE DE TERCEROS, Y A GARANTIZAR QUE ÉSTE SEA EXCLUSIVAMENTE INDÍGENA A TRAVÉS DEL SANEAMIENTO RESPECTIVO. 109. UNA DE LAS CONSECUENCIAS DE LA FALTA DE PROTECCIÓN EFECTIVA Y SANEAMIENTO DEL TERRITORIO OCUPADO HISTÓRICAMENTE POR LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA CONDUJO A LA GENERACIÓN DE UNA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA. LA CIDH OBSERVA QUE, SEGÚN DENUNCIÓ LA COMUNIDAD GARÍFUNA, TALES HOSTIGAMIENTOS Y ACTOS DE VIOLENCIA CAUSADOS POR INTERESES DE LADINOS O NO GARÍFUNAS EN EL TERRITORIO ANCESTRAL FUERON EXACERBADOS POR LA DISCRIMINACIÓN EXISTENTE CONTRA EL PUEBLO GARIFUNA EN RAZÓN DE SU ORIGEN ÉTNICO. COMO SE HA ACREDITADO, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA DENUNCIARON ANTE AUTORIDADES ESTATALES ACTOS DE HOSTIGAMIENTO Y DE VIOLENCIA REALIZADOS POR PARTICULARES, CON EL OBJETO DE DESPOJARLOS DE SUS TIERRAS ANCESTRALES, LO QUE CLARAMENTE DA CUENTA DE LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD E INSEGURIDAD EXISTENTE EN EL TERRITORIO ANCESTRAL, IMPIDIENDO ASÍ SU GOCE Y DISFRUTE PACÍFICO.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA AL ESTADO DE HONDURAS: 1. ADOPTAR A LA BREVEDAD LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA HACER EFECTIVO EL DERECHO DE PROPIEDAD COMUNAL Y LA POSESIÓN DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS, CON RESPECTO A SU TERRITORIO ANCESTRAL; Y EN PARTICULAR LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS O DE OTRO CARÁCTER NECESARIAS PARA LOGRAR SU SANEAMIENTO EFECTIVO, ACORDE CON SU DERECHO CONSUETUDINARIO, VALORES, USOS Y COSTUMBRES Y, GARANTIZAR A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD QUE PUEDAN CONTINUAR VIVIENDO SU MODO DE VIDA TRADICIONAL, CONFORME A SU IDENTIDAD CULTURAL, ESTRUCTURA SOCIAL, SISTEMA ECONÓMICO, COSTUMBRES, CREENCIAS Y TRADICIONES DISTINTIVAS. 2. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PREVENIR QUE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS SEAN OBJETO DE ACTOS DE DISCRIMINACIÓN Y, EN PARTICULAR, QUE ESTÉN EXPUESTOS A ACTOS DE VIOLENCIA POR PARTE DE TERCEROS EN RAZÓN DE SU ORIGEN ÉTNICO. 3. ADOPTAR UN RECURSO EFICAZ Y SENCILLO QUE TUTELE EL DERECHO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE HONDURAS A REIVINDICAR Y ACCEDER A SUS TERRITORIOS TRADICIONALES Y QUE PERMITA PROTEGER DICHOS TERRITORIOS ANTE ACCIONES DE PARTE DEL ESTADO O TERCEROS QUE INFRINJAN SU DERECHO DE PROPIEDAD. 4. INVESTIGAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LAS AMENAZAS, HOSTIGAMIENTOS, ACTOS DE VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN Y DAÑOS REALIZADOS A LA PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS. 5. REPARAR EN EL ÁMBITO INDIVIDUAL Y COLECTIVO LAS CONSECUENCIAS DE LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS ENUNCIADOS. EN ESPECIAL, CONSIDERAR LOS DAÑOS PROVOCADOS A LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA POR LA FALTA DE SANEAMIENTO DE SU TERRITORIO ANCESTRAL COMO LOS DAÑOS PROVOCADOS EN EL PROPIO TERRITORIO POR EL ACCIONAR DE TERCEROS. 6. ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR QUE EN EL FUTURO SE PRODUZCAN HECHOS SIMILARES, CONFORME AL DEBER DE PREVENCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.350186+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.350189+00:00

Análisis del Caso

118. EN EFECTO, COMO HA CONSTATADO LA CIDH EN PÁRRAFOS PRECEDENTES, EN ABRIL DE 2001 FUE ESTABLECIDA UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL AD-HOC INTEGRADA POR REPRESENTANTES DEL INA, EL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y LA PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE TRUJILLO, “COMO ORGANISMO DE CONCILIACIÓN Y CONCERTACIÓN EN LA BÚSQUEDA DE UNA SOLUCIÓN PACÍFICA AL CONFLICTO”. POSTERIORMENTE, EL 20 DE FEBRERO DE 2007, SE ACORDÓ LA CREACIÓN DE UNA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONFORMADA POR REPRESENTANTES DEL INA, SERNA, LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, LA FISCALÍA DE ETNIAS Y DE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA. IGUALMENTE, SEGÚN SE DIO POR PROBADO, SE ESTABLECIERON UN TOTAL DE TRES COMPROMISOS: (I) EL 13 DE DICIEMBRE DE 2001 ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y AMBAS COMUNIDADES; (II) EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2006 ENTRE AUTORIDADES ESTATALES, LA ORGANIZACIÓN PETICIONARIA Y LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA; Y (III) EL 20 DE ABRIL DE 2007 ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y REPRESENTANTES DE LOS CAMPESINOS DE RÍO MIEL. ADEMÁS, EL INA REALIZÓ NO MENOS DE DOS AVALÚOS PARA DETERMINAR LAS MEJORAS INTRODUCIDAS A SER PAGADAS EN EL SANEAMIENTO. 119. NO OBSTANTE, SEGÚN HA DADO POR PROBADO LA COMISIÓN, ESTE SANEAMIENTO NO SE REALIZÓ EFECTIVAMENTE. EN OPINIÓN DE LA CIDH, LO ANTERIOR NO EQUIVALE A UN MECANISMO ADECUADO Y EFECTIVO EN LOS TÉRMINOS ANTES DESCRITOS, PUES NO PERMITIÓ EL SANEAMIENTO Y PROTECCIÓN EFECTIVAS DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA, SIN QUE SE TOMEN EN CUENTA SUS PARTICULARIDADES PROPIAS, SUS CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS Y SOCIALES, ASÍ COMO SU DERECHO CONSUETUDINARIO, VALORES, USOS Y COSTUMBRES. LA CIDH CONSIDERA INSUFICIENTE EN RELACIÓN A LA JURISPRUDENCIA ANTES REFERIDA, LA CREACIÓN DE “COMISIONES” QUE POR SU NATURALEZA SON ENTES TEMPORALES, SIN COMPETENCIAS CLARAMENTE ESTABLECIDAS CONFORME A LEY, Y QUE NO FAVORECEN LA CERTEZA JURÍDICA DE LOS DERECHOS TERRITORIALES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y TRIBALES. DE ESTE MODO, ANTE LA NEGATIVA DE LOS CAMPESINOS DE RÍO MIEL DE ABANDONAR LA ZONA A CAMBIO DEL PAGO DE LAS MEJORAS INTRODUCIDAS, LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA CARECIÓ DE UN RECURSO EFECTIVO QUE LE PERMITIERA RECUPERAR SUS TERRITORIO ANCESTRAL, EN EL QUE SE TENGA EN CUENTA ASPECTOS PROPIOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, COMO LA SIGNIFICACIÓN ESPECIAL QUE LAS TIERRAS TIENEN PARA ÉSTOS. AL RESPECTO, CABE RECORDAR QUE EN LOS CASOS SOMETIDOS A LA CORTE INTERAMERICANA CONTRA PARAGUAY, DICHO TRIBUNAL IDENTIFICÓ PRECISAMENTE COMO UNO DE LOS “PROBLEMAS ESTRUCTURALES” DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA LA REIVINDICACIÓN DE TIERRAS TRADICIONALES INDÍGENAS, “EL SOMETIMIENTO […] A LA EXISTENCIA DE UN ACUERDO DE VOLUNTAD ENTRE LAS PARTES 123. AL RESPECTO, LA CIDH RECUERDA QUE, COMO HA ESTABLECIDO LA CORTE INTERAMERICANA, EL ARTÍCULO 25 GARANTIZA NO SOLAMENTE UN RECURSO SENCILLO Y RÁPIDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS SINO TAMBIÉN UN RECURSO EFECTIVO PARA PROTEGER A LOS INDIVIDUOS DE LOS ACTOS DEL ESTADO VIOLATORIOS DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES126. DE AHÍ QUE EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL SEA CONSIDERADO COMO UN DERECHO DE TRASCENDENTAL IMPORTANCIA AL CONSTITUIRSE EN UN MECANISMO FUNDAMENTAL PARA EJERCER LA DEFENSA DE CUALQUIER OTRO DERECHO QUE HAYA SIDO TRANSGREDIDO, PLANTEANDO ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE LAS ACCIONES O RECURSOS PERTINENTES. 124. EN CONSECUENCIA, LOS ESTADOS PARTE TIENEN LA OBLIGACIÓN DE TOMAR TODO TIPO DE PROVIDENCIAS PARA QUE NADIE SEA SUSTRAÍDO DE LA PROTECCIÓN JUDICIAL Y DEL EJERCICIO DEL DERECHO A UN RECURSO SENCILLO Y EFICAZ127. DE ACUERDO CON LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA, EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE QUE “CADA ACTO ESTATAL QUE CONFORMA EL PROCESO INVESTIGATIVO, ASÍ COMO LA INVESTIGACIÓN EN SU TOTALIDAD, DEBE ESTAR ORIENTADO HACIA UNA FINALIDAD ESPECÍFICA, LA DETERMINACIÓN DE LA VERDAD Y LA INVESTIGACIÓN, PERSECUCIÓN, CAPTURA, ENJUICIAMIENTO, Y EN SU CASO, LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS”. COMO HA SEÑALADO LA CORTE REITERADAMENTE, SE TRATA DE UNA OBLIGACIÓN DE MEDIOS, Y NO DE RESULTADO, QUE DEBE SER ASUMIDA POR EL ESTADO COMO UNA OBLIGACIÓN JURÍDICA PROPIA Y NO COMO UNA SIMPLE FORMALIDAD CONDENADA DE ANTEMANO A SER INFRUCTUOSA. EN ESE SENTIDO, LA INVESTIGACIÓN DEBE SER LLEVADA A CABO CON LA DEBIDA DILIGENCIA, DE FORMA EFECTIVA, SERIA E IMPARCIAL. 125. A LA LUZ DE LO ANTERIOR, LA CIDH NOTA QUE, DURANTE LOS AÑOS MATERIA DEL PRESENTE CASO, SE PRESENTARON MÚLTIPLES DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE AGENTES ESTATALES QUE DAN CUENTA DE UNA MULTIPLICIDAD DE ACTOS DE VIOLENCIA QUE SE CIRCUNSCRIBEN DENTRO DE LA SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN DEL TERRITORIO ANCESTRAL DE LA COMUNIDAD GARÍFUNA DE PUNTA PIEDRA. NO OBSTANTE LA PRUEBA DE DENUNCIAS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE ANTE LA CIDH, EN NINGUNO DE LOS CASOS EL ESTADO INFORMÓ LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN SERIA, EFECTIVA Y SIN DILACIONES DIRIGIDA A LA AVERIGUACIÓN DE LA VERDAD Y LA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES. LA CIDH CONSIDERA DE LA INFORMACIÓN A SU ALCANCE QUE LA FALTA DE RESPUESTA ESTATAL FRENTE A LOS RECURSOS INTENTADOS, DEJÓ A LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS EN UNA SITUACIÓN DE DESPROTECCIÓN Y HA GENERADO QUE LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA Y SUS MIEMBROS PERMANEZCAN EN UNA SITUACIÓN DE CONTINUA INCERTIDUMBRE, ZOZOBRA Y TEMOR, TANTO EN RELACIÓN CON LA FALTA DE CONTROL DE SUS TERRITORIOS COMO EN RELACIÓN CON LA CONTINUIDAD DE LA SITUACIÓN DE CONFLICTIVIDAD.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.352279+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.352282+00:00

Resumen del Caso

1. EL 13 DE ENERO DE 2003, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN INTERAMERICANA", "LA COMISIÓN" O LA "CIDH"), RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR EL EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN (ERIC) Y POR EL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL), EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O “EL ESTADO”), COMO CONSECUENCIA DEL ASESINATO DEL DEFENSOR AMBIENTALISTA CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ (EN ADELANTE “LA PRESUNTA VÍCTIMA”), OCURRIDO EL 18 DE MAYO DE 1998 Y LA PRESUNTA FALTA DE INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL MISMO. 2. EN EL INFORME NO. 63/041 DE 13 DE OCTUBRE DE 2004, LA CIDH CONCLUYÓ QUE LA PETICIÓN ERA ADMISIBLE RESPECTO DE LOS RECLAMOS RELATIVOS A LOS DERECHOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 4, 5.1, 5.2, 8.1 Y 25.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN AMERICANA” O “LA CONVENCIÓN”), EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, CONFORME A LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 46.1.C Y 46.1.D, 46.2.C Y 47.B DEL MISMO INSTRUMENTO. 3. LOS PETICIONARIOS ALEGARON QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS CONFIGURAN LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA (ARTÍCULO 4); DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA (ARTÍCULOS 8.1 Y 25.1); DERECHOS POLÍTICOS (ARTÍCULO 23), ASÍ COMO EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA (ARTÍCULO 5.1 Y 5.2) TODOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONJUNCIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DEL MISMO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. SOSTIENEN QUE EL ASESINATO DE CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ NO ES UN HECHO AISLADO, SINO QUE RESPONDE A UN PATRÓN SISTEMÁTICO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE EN HONDURAS Y SEÑALARON QUE LA INVESTIGACIÓN DE SU ASESINATO “NO HA SIDO SERIA, NI EFICAZ PARA BRINDAR JUSTICIA”, PORQUE NO SE HABRÍAN PRACTICADO DILIGENCIAS SUMARIALES INDISPENSABLES, NO SE HABRÍAN AGOTADO TODAS LAS PRUEBAS TESTIMONIALES, Y SE HABRÍAN EMITIDO ÓRDENES DE CAPTURA QUE FUERON EJECUTADAS EN PLAZOS EXCESIVOS. EN CONCLUSIÓN, ALEGARON QUE “EL HECHO QUE UNA PERSONA ESTÉ CONDENADA NO EXIME AL ESTADO DE SU RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL” PUESTO QUE TRAS MÁS DE TRECE AÑOS DE OCURRIDOS LOS HECHOS, HASTA EL MOMENTO “NO SE HAN ESCLARECIDO LOS HECHOS NI SANCIONADO A TODOS LOS RESPONSABLES DEL CRIMEN”. 4. EL ESTADO ARGUMENTÓ QUE NO EXISTE UN PATRÓN SISTEMÁTICO DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE QUE SEA TOLERADO O ALENTADO POR SUS AUTORIDADES. ALEGÓ QUE TRAS LA MUERTE DEL SEÑOR CARLOS ANTONIO LUNA LÓPEZ SE INICIÓ UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL QUE CONTINÚA VIGENTE, DEBIDO A SU PROPIA COMPLEJIDAD, MÁS NO POR ACTOS IMPUTABLES A SUS AUTORIDADES. ASIMISMO, ADUJO QUE CONTINÚA REALIZANDO INVESTIGACIONES PARA SANCIONAR A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES, POR LO CUAL NO PUEDE IMPUTÁRSELES SU RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LOS HECHOS.

Clasificación Temática

DERECHO A LA VIDA DERECHOS POLÍTICOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE

Derechos

ARTS. 4, 8 Y 25, 5.1 Y 23 CADH

Análisis del Caso

DERECHO A LA VIDA 161. EN EL CASO ESPECÍFICO, LA COMISIÓN ENCUENTRA, QUE COMO DESCRIBIÓ EN EL ACÁPITE DE HECHOS, AL MOMENTO DEL ASESINATO DEL SEÑOR LUNA LÓPEZ EXISTÍA EN HONDURAS UN PATRÓN DE VIOLACIONES Y DE IMPUNIDAD EN CONTRA DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA LABOR DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES QUE EL SEÑOR LUNA LÓPEZ EJERCÍA DESDE SU PUESTO COMO REGIDOR LO POSICIONABA EN UNA SITUACIÓN DE ESPECIAL RIESGO DEBIDO AL PATRÓN EXISTENTE EN EL PAÍS A LA ÉPOCA DE LOS HECHOS. DICHO CONOCIMIENTO LE GENERABA AL ESTADO UN DEBER DE PROTECCIÓN REFORZADO. EN EL CASO DE DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, LA COMISIÓN HA RECONOCIDO QUE EL DEBER DE PREVENCIÓN IMPLICA “ENTRE OTROS DEBERES, […] LA ERRADICACIÓN DE AMBIENTES INCOMPATIBLES O PELIGROSOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”. NO OBSTANTE, HONDURAS NO HA INDICADO QUE PARA LA ÉPOCA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, HUBIERA ADOPTADO MEDIDAS ESPECÍFICAS DE PREVENCIÓN PARA EVITAR DICHA VIOLENCIA. 168. ASÍ PUES, LA CIDH CONSIDERA QUE EL ESTADO: I) TENÍA CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE UN PATRÓN Y RIESGO ESPECÍFICO; II) TENÍA CONOCIMIENTO DE ALGUNAS DE LAS AMENAZAS EN CONTRA DE CARLOS LUNA LÓPEZ QUE CONSTITUÍAN UNA SITUACIÓN DE RIESGO REAL E INMEDIATO, Y III) PUDO HABER ADOPTADO MEDIDAS ESPECÍFICAS Y NO LO HIZO, INCUMPLIENDO CON ELLO SU DEBER DE PREVENCIÓN, POR LO QUE ES INTERNACIONALMENTE RESPONSABLE DE LA VIOLACIÓN AL DERECHO A LA VIDA EN PERJUICIO DE CARLOS LUNA LÓPEZ. 177. LA CIDH CONSIDERA QUE EXISTÍAN INDICIOS SUFICIENTES PARA QUE, ADEMÁS DE LAS INVESTIGACIONES ABIERTAS CONTRA OTROS PARTICULARES, SE ABRIERA Y DESARROLLARA UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN EN RELACIÓN CON LA POSIBLE AQUIESCENCIA, PARTICIPACIÓN O COLABORACIÓN DE AGENTES ESTATALES EN LA MUERTE DE CARLOS LUNA. LA COMISIÓN REITERA QUE ANTE INDICIOS DE ESTA NATURALEZA, QUE IMPLICARÍAN UNA ATRIBUCIÓN DIRECTA DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL AL ESTADO, CORRESPONDÍA A LAS AUTORIDADES A CARGO DE LA INVESTIGACIÓN DESPLEGAR TODOS LOS ESFUERZOS NECESARIOS PARA ESCLARECER LAS POSIBLES RESPONSABILIDADES O VÍNCULOS DE AUTORIDADES ESTATALES EN UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA VIDA. DE ESTA MANERA, RECAÍA SOBRE EL ESTADO EFECTUAR UNA INVESTIGACIÓN MINUCIOSA, SERIA Y DILIGENTE PARA DETERMINAR LA VERACIDAD O DESVIRTUAR LOS INDICIOS DE PARTICIPACIÓN DE AGENTES ESTATALES. COMO SE DETALLARÁ EN LA SECCIÓN RELACIONADA CON LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y PROTECCIÓN JUDICIAL, ADEMÁS DE LAS IRREGULARIDADES DEL PROCESO ABIERTO CONTRA PARTICULARES, EL ESTADO NO INVESTIGÓ Y ANALIZÓ CON SERIEDAD LOS POSIBLES VÍNCULOS DE AUTORIDADES ESTATALES. 182. ASÍ, LA COMISIÓN OBSERVA QUE A PESAR DE CONTAR CON DIVERSOS INDICIOS DESDE 1998 QUE APUNTABAN HACIA LA PRESUNTA PARTICIPACIÓN, AQUIESCENCIA O COLABORACIÓN DE AGENTES DEL ESTADO EN LA MUERTE DE CARLOS LUNA LÓPEZ DESDE EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN Y POSTERIORMENTE REAFIRMADA EN 2004, EL ESTADO NO ABRIÓ UNA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN AL RESPECTO. FUE EL REPRESENTANTE DE LA MADRE DEL SEÑOR LUNA QUIEN SOLICITÓ QUE SE GIRARAN ÓRDENES DE CAPTURA CONTRA ESTOS INDIVIDUOS, INCLUIDO EL ALCALDE DE CATACAMAS Y SU HIJO, A LO QUE EL JUEZ RECHAZÓ LA SOLICITUD POR IMPROCEDENTE POR CONSIDERAR QUE NO SE LOGRÓ PROBAR “EL ENLACE LÓGICO Y CONCATENADO” DE UNA RELACIÓN DE PARTICIPACIÓN.

Decisión

VI. RECOMENDACIONES 244. CON FUNDAMENTO EN EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME, LA CIDH RECOMIENDA AL ESTADO HONDUREÑO: 1. REPARAR ADECUADAMENTE LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS DECLARADAS EN EL PRESENTE INFORME TANTO EN EL ASPECTO MATERIAL COMO MORAL. 2. DESARROLLAR Y COMPLETAR UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL IMPARCIAL, COMPLETA Y EFECTIVA, DE MANERA EXPEDITA, CON EL OBJETO DE ESTABLECER LAS CIRCUNSTANCIAS EN QUE RESULTÓ MUERTO EL SEÑOR CARLOS LUNA LÓPEZ; IDENTIFICAR A TODAS LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES NIVELES DE DECISIÓN Y EJECUCIÓN, Y APLICAR LAS SANCIONES QUE SEAN DEL CASO. 3. QUE DISPONGA LAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, DISCIPLINARIAS O PENALES CORRESPONDIENTES FRENTE A LAS ACCIONES U OMISIONES DE LOS FUNCIONARIOS ESTATALES QUE CONTRIBUYERON A LA DENEGACIÓN DE JUSTICIA E IMPUNIDAD EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS HECHOS DEL CASO. 4. ADOPTAR MEDIDAS DE CARÁCTER LEGISLATIVO, INSTITUCIONAL Y JUDICIAL ORIENTADAS A REDUCIR LA EXPOSICIÓN AL RIESGO DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. EN ESE SENTIDO, EL ESTADO DEBE: 4.1 FORTALECER LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA COMBATIR EL PATRÓN DE IMPUNIDAD FRENTE A CASOS DE AMENAZAS Y MUERTES DE DEFENSORAS Y DEFENSORES, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE PROTOCOLOS DE INVESTIGACIÓN QUE TENGAN EN CUENTA LOS RIESGOS INHERENTES A LA LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y EN PARTICULAR DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO, QUE CONDUZCAN A LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES Y A UNA REPARACIÓN ADECUADA A LAS VÍCTIMAS. ASIMISMO, EL ESTADO DEBE ASEGURAR QUE CUANDO FUNCIONARIOS PÚBLICOS ESTÉN IMPLICADOS EN INVESTIGACIONES DE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, LAS INVESTIGACIONES SE REALICEN EFICAZMENTE Y CON INDEPENDENCIA. 4.2 FORTALECER LOS MECANISMOS PARA PROTEGER EFICAZMENTE A TESTIGOS, VÍCTIMAS Y FAMILIARES QUE SE ENCUENTREN EN RIESGO COMO RESULTADO DE SU VINCULACIÓN A LAS INVESTIGACIONES. 4.3 DESARROLLAR MEDIDAS ADECUADAS Y EXPEDITAS DE RESPUESTA INSTITUCIONAL QUE PERMITAN PROTEGER EFICAZMENTE A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN SITUACIONES DE RIESGO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.353954+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.353957+00:00

Análisis del Caso

GARANTÍAS Y PROTECCIÓN JUDICIAL 190. LA CIDH RECUERDA QUE EN CASOS COMO EL PRESENTE, DONDE HA HABIDO UNA MUERTE VIOLENTA, SE DEBE TOMAR EN CUENTA EL MANUAL SOBRE LA PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN EFECTIVA DE EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES246. EN ESE SENTIDO, LAS AUTORIDADES ESTATALES QUE CONDUCEN UNA INVESTIGACIÓN DEBEN, ENTRE OTROS: A) IDENTIFICAR A LA VÍCTIMA; B) RECUPERAR Y PRESERVAR EL MATERIAL PROBATORIO RELACIONADO CON LA MUERTE; C) IDENTIFICAR POSIBLES TESTIGOS Y OBTENER SUS DECLARACIONES EN RELACIÓN CON LA MUERTE QUE SE INVESTIGA; D) DETERMINAR LA CAUSA, FORMA, LUGAR Y MOMENTO DE LA MUERTE, ASÍ COMO CUALQUIER PROCEDIMIENTO O PRÁCTICA QUE PUEDA HABERLA PROVOCADO, Y E) DISTINGUIR ENTRE MUERTE NATURAL, MUERTE ACCIDENTAL, SUICIDIO Y HOMICIDIO. ADEMÁS, ES NECESARIO INVESTIGAR EXHAUSTIVAMENTE LA ESCENA DEL CRIMEN, SE DEBEN REALIZAR AUTOPSIAS Y ANÁLISIS DE RESTOS HUMANOS, EN FORMA RIGUROSA, POR PROFESIONALES COMPETENTES Y EMPLEANDO LOS PROCEDIMIENTOS MÁS APROPIADOS 208. LA CIDH CONSIDERA QUE PARA ESTABLECER SI UNA INVESTIGACIÓN HA SIDO REALIZADA CON PRONTITUD, ES NECESARIO CONSIDERAR UNA SERIE DE FACTORES, COMO EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE QUE SE COMETIÓ EL DELITO, CUÁNTO TIEMPO DURÓ LA ETAPA PRELIMINAR, LAS MEDIDAS QUE HAN ADOPTADO LAS AUTORIDADES, ASÍ COMO LA COMPLEJIDAD DEL CASO257 . 209. POR TANTO, SEGÚN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 8.1 DE LA CONVENCIÓN, LA COMISIÓN TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN, A LA LUZ DE LAS CIRCUNSTANCIAS CONCRETAS DEL CASO, LOS TRES ELEMENTOS QUE HA TOMADO EN CUENTA EN SU JURISPRUDENCIA CONSTANTE, A SABER: A) LA COMPLEJIDAD DEL ASUNTO, B) LA CONDUCTA DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES, Y C) LA ACTIVIDAD PROCESAL DEL INTERESADO 212. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL PRESENTE CASO NO PRESENTA CARACTERÍSTICAS DE COMPLEJIDAD. SE TRATA DE DOS VÍCTIMAS CLARAMENTE IDENTIFICADAS261, Y DESDE EL INICIO DE LA INVESTIGACIÓN HA HABIDO CLAROS INDICIOS QUE PERMITIRÍAN LA REALIZACIÓN DE UN PROCESO PENAL EN CONTRA DE LOS PRESUNTOS RESPONSABLES. LA CIDH RECUERDA QUE ES DEBER DEL ESTADO REALIZAR LA INVESTIGACIÓN Y LOS OTROS PASOS CON DEBIDA DILIGENCIA Y OPORTUNAMENTE. SE PUEDE NOTAR QUE LOS FAMILIARES DE LA VÍCTIMA NO HAN TOMADO ACCIONES CON EL EFECTO DE ENTORPECER, RETRASAR O PARALIZAR LAS INVESTIGACIONES; POR EL CONTRARIO, HAN COADYUVADO EN EL PROCESO PRESENTANDO PRUEBA Y SOLICITANDO AGILIZAR EL MISMO. LA CIDH ADVIERTE QUE LAS DEMORAS EN EL PROCESO PENAL NO SE PRODUJERON POR LA COMPLEJIDAD DEL CASO, SINO POR LA ACTUACIÓN DEFICIENTE Y DEMORADA DE LAS AUTORIDADES ESTATALES. A TRECE AÑOS DE LA MUERTE DEL SEÑOR LUNA LÓPEZ, EL ESTADO NO HA DETERMINADO PLENAMENTE LA AUTORÍA MATERIAL DE LOS HECHOS, NO HA DETERMINADO LA AUTORÍA INTELECTUAL DE LOS MISMOS Y NO HA ABIERTO LAS NECESARIAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN CON BASE EN LOS INDICIOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE. 217. EN SÍNTESIS, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA INVESTIGACIÓN Y EL PROCESO ADELANTADOS POR LA JURISDICCIÓN PENAL INTERNA NO HAN REPRESENTADO UN RECURSO EFECTIVO PARA GARANTIZAR, EN UN PLAZO RAZONABLE, EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA DE LOS FAMILIARES DE LA PRESUNTA VÍCTIMA CON LA PLENA OBSERVANCIA DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES. 218. ADICIONALMENTE, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA FALTA DE DILIGENCIA EN EL PRESENTE CASO HA ALIMENTADO UN CONTEXTO DE IMPUNIDAD DE LOS ACTOS DE VIOLENCIA COMETIDOS EN CONTRA DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DEL AMBIENTE EN HONDURAS. COMO HA SIDO SEÑALADO EN EL INFORME SOBRE LA SITUACIÓN DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS EN LAS AMÉRICAS [U]NA DE LAS CONSECUENCIAS MÁS SERIAS DE LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS ES QUE SE ENVÍA A LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO UN MENSAJE INTIMIDATORIO QUE LA COLOCA EN SITUACIÓN DE INDEFENSIÓN. ESTOS ACTOS ESTÁN DIRIGIDOS A CAUSAR TEMOR GENERALIZADO Y, POR CONSIGUIENTE, DESANIMAR A LAS DEMÁS DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO A ATEMORIZAR Y SILENCIAR LAS DENUNCIAS, RECLAMOS Y REIVINDICACIONES DE LAS VÍCTIMAS DE DERECHOS HUMANOS, ALIMENTANDO LA IMPUNIDAD E IMPIDIENDO LA PLENA REALIZACIÓN DEL ESTADO DE DERECHO Y LA DEMOCRACIA

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.356063+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.356067+00:00

Análisis del Caso

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 234. CON BASE A LOS ANTERIORES PÁRRAFOS, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE CARLOS LUNA LÓPEZ FUE AMENAZADO, HOSTIGADO Y POSTERIORMENTE ASESINADO POR SU LABOR DE DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, Y TENÍA COMO EFECTO NO SÓLO PRIVARLO DE SU PARTICIPACIÓN POLÍTICA IMPIDIENDO CUMPLIR CON EL MANDATO PARA EL CUAL HABÍA SIDO ELECTO, SINO TAMBIÉN DE GENERAR UN EFECTO AMEDRENTADOR TANTO PARA LOS DEFENSORES DEL MEDIO AMBIENTE COMO PARA LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS QUE QUISIERAN PRESENTAR DENUNCIAS RESPECTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LA CORRUPCIÓN RELACIONADA CON ÉSTA. 235. EN CONSECUENCIA, PESE A QUE EXISTEN SERIOS INDICIOS QUE PERMITEN PENSAR QUE LAS AMENAZAS DE MUERTE Y LOS OTROS ACTOS DE HOSTIGAMIENTO ESTABAN DIRIGIDOS A ATEMORIZAR AL REGIDOR CARLOS LUNA LÓPEZ PARA QUE NO SIGUIERA DENUNCIANDO, EL ESTADO OMITIÓ EVALUAR EL RIESGO EXISTENTE, ADOPTAR MEDIDAS RAZONABLES DE PROTECCIÓN, INVESTIGAR LOS HECHOS Y, EN SU CASO, PROCESAR Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES. EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, LA FALTA DE ACTUACIÓN DEL ESTADO, PRODUJO, EFECTIVAMENTE, UNA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE CARLOS LUNA LÓPEZ, POR LO QUE HONDURAS ES RESPONSABLE INTERNACIONALMENTE POR LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA CONVENCIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.357567+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.357570+00:00

Resumen del Caso

1. EL 14 DE JULIO DE 2005, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN INTERAMERICANA”, LA “COMISIÓN” O LA “CIDH”) RECIBIÓ UNA DENUNCIA PRESENTADA POR LA PASTORAL PENITENCIARIA, CARITAS SAMPEDRANA Y EL EQUIPO DE REFLEXIÓN, INVESTIGACIÓN Y COMUNICACIÓN (ERIC) (EN ADELANTE “LOS PETICIONARIOS”) CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE “HONDURAS”, “EL ESTADO” O “EL ESTADO HONDUREÑO”) POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 4, 5, 8 Y 25, EN CONJUNCIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1, TODOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “CONVENCIÓN” O LA “CONVENCIÓN AMERICANA”), POR PRESUNTAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE 107 PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD QUE MURIERON EN LA CÁRCEL DE SAN PEDRO SULA (EN ADELANTE “LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS”) Y SUS FAMILIARES1 . 2. LOS PETICIONARIOS DENUNCIAN QUE EL 17 DE MAYO DE 2004 SE PRODUJO UN INCENDIO EN LA CELDA NO. 19 (EN ADELANTE DENOMINADO TAMBIÉN “HOGAR NO. 19” O “BARTOLINA NO. 19”) DEL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA EN EL QUE PERDIERON LA VIDA 107 INTERNOS, INDIVIDUALIZADOS COMO VÍCTIMAS EN EL PRESENTE CASO, Y OTROS 26 RESULTARON GRAVEMENTE HERIDOS. LOS PETICIONARIOS INDICAN QUE EL INCENDIO SE PRODUJO COMO CONSECUENCIA DIRECTA DE LA OMISIÓN DEL ESTADO DE PREVENIR ESTE HECHO Y DE TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROTEGER LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS INTERNOS UNA VEZ SE PRODUJO EL INCENDIO. ASIMISMO, SE DENUNCIA QUE EL ESTADO NO HA CUMPLIDO CON SU DEBER DE INVESTIGAR DEBIDAMENTE LOS HECHOS, SANCIONAR A LOS RESPONSABLES Y REPARAR ADECUADAMENTE A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS. ARGUMENTAN QUE LOS HECHOS OBJETO DEL PRESENTE CASO NO SE PRODUJERON DE MANERA AISLADA, SINO QUE SE INSCRIBEN EN UN CONTEXTO ESPECÍFICO CARACTERIZADO POR: UNA POLÍTICA ESTATAL DE “TOLERANCIA CERO” ORIENTADA A COMBATIR A LAS “MARAS”; LAS DEFICIENCIAS GENERALES DEL SISTEMA PENITENCIARIO HONDUREÑO; Y POR LAS PROPIAS DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES DEL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA. 3. EL 17 DE OCTUBRE DE 2008, DURANTE EL 133º PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, SE APROBÓ EL INFORME DE ADMISIBILIDAD NO. 78/08, EN EL CUAL LA COMISIÓN CONCLUYÓ QUE EL CASO ERA ADMISIBLE RESPECTO DE LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA), 5 (DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL), 8 (DERECHO A GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, Y DE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1.1 DE DICHO TRATADO, EN PERJUICIO DE LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES. ADEMÁS, POR APLICACIÓN DEL PRINCIPIO IURA NOVIT CURIA LA COMISIÓN CONCLUYÓ QUE LA PETICIÓN ERA ADMISIBLE POR LA PRESUNTA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN. 4. POR SU PARTE, EL ESTADO DE HONDURAS NO PRESENTÓ OBSERVACIONES ADICIONALES SOBRE EL FONDO. SIN EMBARGO, DURANTE LAS ETAPAS PREVIAS DEL TRÁMITE INFORMÓ QUE EL INCENDIO OCURRIDO EL 17 DE MAYO DE 2004 EN EL HOGAR NO. 19 SE DEBIÓ A UN SOBRECALENTAMIENTO ELÉCTRICO PROVOCADO POR LAS PRECARIAS INSTALACIONES Y EL EXCESO DE APARATOS ELÉCTRICOS EXISTENTES EN EL MISMO. SOSTUVO QUE SE HAN REALIZADO LAS INVESTIGACIONES RESPECTIVAS, QUE SU DURACIÓN RESPONDE A LA COMPLEJIDAD DE LOS HECHOS, Y QUE EL EXPEDIENTE DE LA INVESTIGACIÓN SE MANTIENE ABIERTO. ASIMISMO, ADUJO QUE LAS DEFICIENCIAS EN LAS CONDICIONES DE LOS CENTROS PENALES OBEDECEN A LA ESCASEZ DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES QUE ESTARÍA SUFRIENDO EL PAÍS.

Clasificación Temática

PRIVADOS DE LIBERTAD

Derechos

ARTS. 4, 5, 7, 8, 9 Y 25 CADH

Análisis del Caso

65. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL EJERCICIO POR PARTE DEL ESTADO DE SU POSICIÓN DE GARANTE DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD ES UNA TAREA COMPLEJA EN LA QUE CONFLUYEN COMPETENCIAS DE DISTINTAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. DESDE LOS ÓRGANOS EJECUTIVO Y LEGISLATIVO ENCARGADOS DE TRAZAR POLÍTICAS PENITENCIARIAS Y LEGISLAR EL ORDENAMIENTO JURÍDICO NECESARIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE TALES POLÍTICAS, HASTA ENTIDADES DE NIVEL MEDIO ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DE DETENCIÓN, Y AUTORIDADES DESIGNADAS EN LAS CÁRCELES CON OBLIGACIONES INMEDIATAS DE ADMINISTRACIÓN SUS ASUNTOS REGULARES. ASIMISMO, ES RELEVANTE LA LABOR QUE SE EJERCE DESDE EL ÓRGANO JUDICIAL, A TRAVÉS DE LOS JUECES DE EJECUCIÓN Y DE GARANTÍAS, QUIENES EJERCEN EL CONTROL DE LA LEGALIDAD TANTO DEL ACTO DE LA DETENCIÓN, COMO DE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE MANTIENE A LOS DETENIDOS. 72. LA COMISIÓN INTERAMERICANA OBSERVA QUE EXISTEN SUFICIENTES ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN QUE LA MUERTE DE LAS 107 VÍCTIMAS DEL PRESENTE CASO NO FUE CONSECUENCIA DE UN INCIDENTE FORTUITO E IMPREDECIBLE, SINO EL RESULTADO DE UNA PROLONGADA CADENA DE OMISIONES DE LAS AUTORIDADES ESTATALES EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES DE GARANTIZAR UN ENTORNO SEGURO Y SALUDABLE PARA LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD EN LA CELDA NO. 19. LAS CONDICIONES GENERALES DEL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA; LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DE ALOJAMIENTO DE LA CELDA O BARTOLINA NO. 19; LA FALTA DE CONTROL EN EL INGRESO DE APARATOS ELÉCTRICOS A DICHO RECINTO; EL DETERIORO Y LA FALTA DE MANTENIMIENTO DEL CABLEADO Y LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LA CELDA NO. 19; LA AUSENCIA DE EXTINGUIDORES; LA INJUSTIFICABLE CARENCIA DE UNA POLÍTICA O PLAN DE CONTINGENCIAS, ASÍ COMO LA FALTA DE ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL DEL CENTRO PENAL PARA RESPONDER A ESTOS INCIDENTES, HACEN QUE LA MUERTE DE ESTAS 107 PERSONAS NO HAYA SIDO FORTUITA, SINO PREVISIBLE Y EVITABLE; Y POR TANTO, GENERADORAS DE RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO. 98. ES PRECISAMENTE EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE INOCENCIA QUE LA CONVENCIÓN AMERICANA DISPONE EN SU ARTÍCULO 5.4 LA REGLA GENERAL DE QUE LOS PROCESADOS SERÁN SEPARADOS DE LOS CONDENADOS Y “SERÁN SOMETIDOS A UN TRATAMIENTO ADECUADO A SU CONDICIÓN DE PERSONAS NO CONDENADAS”. ESTA DISTINCIÓN EN LA CALIDAD DE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN APLICABLE A LAS PERSONAS PROCESADAS HA SIDO DESARROLLADO IN EXTENSO EN OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES COMO LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TRATAMIENTO DE RECLUSOS (ARTÍCULOS 84 A 93) Y EL CONJUNTO DE PRINCIPIOS DE LA NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE TODAS LAS PERSONAS SOMETIDAS A CUALQUIER FORMA DE DETENCIÓN O PRISIÓN (PRINCIPIOS DEL 36 Y 39). 118. EN EL CASO CONCRETO, LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE AL MOMENTO DEL INCENDIO EN EL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA, 44 DE LOS INTERNOS FALLECIDOS ESTABAN PRIVADOS DE LIBERTAD EXCLUSIVAMENTE EN RAZÓN DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA, Y OTROS 30 POR ESTE DELITO EN CONCURSO CON OTROS DELITOS101. SIN EMBARGO, COMO YA SE HA MENCIONADO, LOS PETICIONARIOS EN SU ESCRITO DE OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO INDIVIDUALIZAN UN GRUPO DE 22 VÍCTIMAS QUIENES AL MOMENTO DEL INCENDIO HABRÍAN ESTADO EN PRISIÓN PREVENTIVA Y ACUSADOS EXCLUSIVAMENTE POR EL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA. ESTOS SON: ANDRÉS ENRIQUE ZEPEDA, DARWIN GEOVANY LÓPEZ MEDINA, EDWING ALBERTO GUZMÁN, ELEAZAR MACHADO FIGUEROA, EDGARDO ALEJANDRO HERNÁNDEZ, EDDY ADALBERTO AMAYA ZEPEDA, ESMELIN TERUEL FERNÁNDEZ, IXEL ALFREDO MEDINA, JESÚS AGUILAR LEIVA, JOSÉ ANTONIO MORALES, JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ, LUIS ALBERTO ESCOBAR VALLECILLO, MAYNOR JUAQUÍN ARDÓN LÓPEZ, MARCO JOSUÉ SIERRA, MELVIN ISAÍAS LÓPEZ RECARTE, MIGUEL EDUARDO MERCADO, MIGUEL ÁNGEL PÉREZ GODOY, MARIO ROBERTO VELÁSQUEZ DUBÓN, NELSON RAFAEL ORTEGA MARTÍNEZ, OSCAR ISRAEL DUARTE VALLE, PEDRO HERNÁN TABORA CASTILLO Y VÍCTOR DAVID TORRES FUNEZ.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECOMIENDA QUE EL ESTADO DE HONDURAS: 1. REALICE UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA, IMPARCIAL, EFECTIVA Y PRONTA DE LOS HECHOS CON EL OBJETO DE ESTABLECER Y SANCIONAR A LAS PERSONAS JURÍDICAMENTE RESPONSABLES DE LAS CONDICIONES QUE GENERARON EL INCENDIO OCURRIDO EL 17 DE MAYO DE 2004 EN LA CELDA NO. 19 DEL CENTRO PENAL DE SAN PEDRO SULA. 2. REPARE ADECUADAMENTE A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS INCLUYENDO TANTO EL ASPECTO MORAL COMO EL MATERIAL, POR LAS VIOLACIONES DE SUS DERECHOS HUMANOS. 3. ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA ASEGURAR QUE EN EL FUTURO NO SE PRODUZCAN HECHOS SIMILARES EN LOS CENTROS PENALES DEL PAÍS, CONFORME AL DEBER DE PREVENCIÓN Y GARANTÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA Y ASEGURAR QUE LAS CONDICIONES DE DETENCIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD ESTÉN DE ACUERDO CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES APLICABLES EN LA MATERIA. EN PARTICULAR, (A) ADOPTAR MEDIDAS ADECUADAS Y EFECTIVAS PARA EVITAR LA SOBREPOBLACIÓN DE LOS CENTROS PENALES. (B) DOTAR A LOS CENTROS PENALES DEL EQUIPO Y LOS DISPOSITIVOS NECESARIOS PARA RESOLVER EN FORMA ADECUADA Y EFICIENTE SITUACIONES DE EMERGENCIA; (C) CAPACITAR AL PERSONAL CIVIL Y DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS PENALES CON PROGRAMAS PERMANENTES DE DERECHOS HUMANOS Y DE PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN PARA ENFRENTAR INCENDIOS U OTRO TIPO DE CATÁSTROFES; (D) REALIZAR UN ADECUADO MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LOS CENTROS PENALES. 4. ADECUAR LAS NORMAS PENALES SUSTANTIVAS Y PROCESALES NECESARIAS PARA QUE LA TIPIFICACIÓN DEL DELITO DE ASOCIACIÓN ILÍCITA SE ADECUE AL CONTENIDO Y ALCANCE DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 9 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. EN PARTICULAR, DEFINIR CON CLARIDAD LOS CRITERIOS OBJETIVOS QUE DEFINEN LA PERTENENCIA A LAS ORGANIZACIONES QUE LA LEY CALIFICA DE ILÍCITAS. 5. RECONOZCA SU RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LOS HECHOS DENUNCIADOS EN EL CASO 12.650, RAFAEL ARTURO PACHECO TERUEL Y OTROS, EN UN ACTO OFICIAL, PÚBLICO QUE HAYA SIDO DEBIDAMENTE PUBLICITADO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.358565+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.358569+00:00

Análisis del Caso

119. LA COMISIÓN OBSERVA QUE LOS PETICIONARIOS FORMULARON, TANTO EN LA FASE DE ADMISIBILIDAD102, COMO EN LA DE FONDO, PLANTEAMIENTOS RELATIVOS A LAS DETENCIONES MASIVAS E INDISCRIMINADAS DE JÓVENES COMO PARTE DE UNA POLÍTICA DE MANO DURA CONTRA LAS PANDILLAS. ESPECÍFICAMENTE, EN SU ESCRITO DE OBSERVACIONES SOBRE EL FONDO, ARGUMENTARON QUE LA DENOMINADA “LEY ANTIMARAS” SIRVIÓ DE SUSTENTO PARA LA DETENCIÓN DE UNA GRAN CANTIDAD DE PERSONAS SOBRE LA BASE DE SOSPECHARSE SU PERTENENCIA A UNA MARA, EN RAZÓN DEL USO DE TATUAJES, DEL LUGAR DONDE VIVÍAN U OTROS FACTORES QUE NO CONSTITUYEN INDICIOS DE CRIMINALIDAD103. SIN EMBARGO, EL ESTADO NO FORMULÓ OBSERVACIONES NI APORTÓ INFORMACIÓN DIRIGIDA A DESVIRTUAR LOS ARGUMENTOS DE LOS PETICIONARIOS. 123. LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONSIDERA QUE EL DECRETO NO. 117-2003 NO CONTEMPLÓ LOS MECANISMOS O CRITERIOS QUE PERMITIERAN UNA VERIFICACIÓN DE LA EFECTIVA EXISTENCIA DE LA CONDUCTA ILÍCITA. POR LO TANTO, NO SE CUMPLIÓ LA EXIGENCIA PROPIA DE LOS SISTEMAS DEMOCRÁTICOS DE EXTREMAR LAS PRECAUCIONES PARA QUE EL EJERCICIO DEL PODER PUNITIVO SEA ADMINISTRADO CON ESTRICTO RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. POR LO TANTO, DICHA REFORMA PENAL NO CUMPLIÓ CON EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 124. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN INTERAMERICANA CONSIDERA QUE DADA LA FALTA DE CRITERIOS OBJETIVOS DE APLICACIÓN DE LA QUE ADOLECÍA EL DECRETO NO. 117-2003, EL CUAL, COMO SE HA VISTO NO CUMPLÍA CON LOS ESTÁNDARES DEL ARTÍCULO 9 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, SE PUEDE CONCLUIR QUE LAS DETENCIONES QUE SE PRACTICARON CON SUSTENTO EN DICHA NORMA, SIGUIENDO LOS PATRONES DESCRITOS EN LOS PÁRRAFOS PRECEDENTES, FUERON ARBITRARIAS EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 7.3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 40. LA COMISIÓN CONSIDERA NECESARIO ENFATIZAR QUE LA INVESTIGACIÓN DE LAS VIOLACIONES PERPETRADAS EN ESTE CASO DEBE SER EFECTUADA CON EL MÁS ESTRICTO APEGO A LA DEBIDA DILIGENCIA. ELLO SE DEBE NO SOLAMENTE A LA NATURALEZA DE LOS HECHOS, SINO TAMBIÉN TOMANDO EN CONSIDERACIÓN EL CONTEXTO GENERAL EN EL QUE SE PRODUJERON LAS VIOLACIONES. EL MANTENER EN LA IMPUNIDAD LA MUERTE DE ESTOS 107 JÓVENES CONTRIBUIRÍA A AFIANZAR UNA PERCEPCIÓN GENERAL DE QUE LA VIDA HUMANA CUANDO SE TRATA DE “MAREROS” ES RELATIVA, Y ENVIARÍA UN MENSAJE PELIGROSO A LAS AUTORIDADES Y FUNCIONARIOS ENCARGADOS DE HACER CUMPLIR LA LEY QUE PODRÍAN LLEGAR A ENTENDER QUE EL ESTADO AMPARA CUALQUIER FORMA DE EJERCICIO DEL USO DE LA FUERZA CUANDO SE TRATA DE ESTOS GRUPOS. 141. EN EL PRESENTE CASO SE OBSERVA CLARAMENTE QUE EL ESTADO NO HA INVESTIGADO CON LA DEBIDA DILIGENCIA, NI HA HECHO TODO LO NECESARIO EN EL MARCO DE SU ORDENAMIENTO JURÍDICO PARA ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES PENALES, ADMINISTRATIVAS Y DISCIPLINARIAS QUE SE DERIVAN DE LA MUERTE DE 107 PERSONAS OCURRIDAS EN UNO DE SUS CENTROS PENALES.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.360008+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.360012+00:00

Resumen del Caso

1. EL 26 DE ENERO DE 1998, EL SEÑOR ERNST OTTO STALINSKI (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO”) PRESENTÓ UNA DENUNCIA ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN" O LA “CIDH”) EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO HONDUREÑO”, “HONDURAS” O EL “ESTADO”) POR LA VIOLACIÓN, EN SU PERJUICIO, DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25) Y A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 24), CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN” O LA “CONVENCIÓN AMERICANA”). LAS VIOLACIONES DENUNCIADAS SE RELACIONAN PRINCIPALMENTE CON UN PRESUNTO INTENTO DE SECUESTRO Y ASESINATO OCURRIDO EL 28 DE ABRIL DE 1990 Y CON SUPUESTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL PODER JUDICIAL DE HONDURAS EN EL PROCEDIMIENTO CRIMINAL SEGUIDO PARA JUZGAR A LOS PRESUNTOS RESPONSABLES Y, ESPECÍFICAMENTE, A LOS SEÑORES RICHARD ANDERSON, KARL KOCH Y EDUARDO ARAGÓN. 2. EN RELACIÓN CON EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS[1], EL PETICIONARIO ALEGA QUE SU PETICIÓN ES ADMISIBLE DADO QUE LOS TRES SOBRESEIMIENTOS DEFINITIVOS DICTADOS A FAVOR DE LOS SEÑORES ANDERSON, KOCH Y ARAGÓN, ÚNICOS ENCAUSADOS A LOS QUE SE REFIERE LA PETICIÓN, ADQUIRIERON EFECTO DE COSA JUZGADA A PARTIR DEL 3 DE DICIEMBRE DE 1997, FECHA EN QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS DECLARÓ SIN LUGAR EL RECURSO DE CASACIÓN POR INFRACCIÓN DE LEY O DOCTRINA LEGAL INTERPUESTO POR ÉL Y QUE, POR LO TANTO, DEBEN TRATARSE COMO SENTENCIAS DEFINITIVAS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA. CON RESPECTO AL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46 (1) (B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, ALEGA QUE INTERPUSO SU PETICIÓN DENTRO DEL PLAZO DE SEIS MESES CONTADO A PARTIR DEL 3 DICIEMBRE DE 1997, Y QUE, POR LO TANTO, CUMPLIÓ CON LO DISPUESTO EN LA REFERIDA DISPOSICIÓN. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO ALEGA QUE EL PETICIONARIO NO HA AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS, YA QUE SE SIGUEN SUSTANCIANDO LAS ACCIONES JUDICIALES (CIVILES Y CRIMINALES) DISPONIBLES EN LA LEGISLACIÓN INTERNA HONDUREÑA Y AÚN NO SE HA DICTADO SENTENCIA DEFINITIVA QUE CONDENE O ABSUELVA A LOS NUEVE ENCAUSADOS. ALEGA, ASIMISMO, QUE EL PETICIONARIO DEBIÓ AGOTAR UN RECURSO DE AMPARO Y QUE LA PETICIÓN ES EXTEMPORÁNEA PORQUE NO SE PRESENTÓ DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS. POR LO TANTO, CONSIDERA QUE LA DENUNCIA DEBE SER DECLARADA INADMISIBLE. EN RELACIÓN CON EL FONDO EL ESTADO ALEGA, ENTRE OTROS, QUE EL ALEGADO INTENTO DE SECUESTRO Y ASESINATO NO FUE SINO EL INTENTO FALLIDO DE EJECUTAR UNA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA POR AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE Y QUE EL PETICIONARIO NO PUDO COMPROBAR LA PREEXISTENCIA DEL DELITO OBJETO DE LA ACUSACIÓN.

Derechos

ARTS. 1.1, 8, 24, 25 CADH

Análisis del Caso

57. AL CONFRONTAR LOS HECHOS DE ESTE CASO CON LO EXPUESTO ANTERIORMENTE, LA COMISIÓN CONSTATA QUE, COMO RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, SE DETERMINÓ LA INEXISTENCIA DEL DELITO DE INTENTO DE SECUESTRO Y ASESINATO DENUNCIADO POR EL PETICIONARIO, YA QUE SE PROBÓ LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA EL 27 DE ABRIL DE 1990 CONTRA EL SEÑOR STALINSKI POR PARTE DEL JUEZ DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS. 58. LA COMISIÓN HA PODIDO CONSTATAR A ESTE RESPECTO QUE, EFECTIVAMENTE, EL 20 DE ABRIL DE 1990, EL SEÑOR AMÍLCAR ORELLANA PRESENTÓ ANTE EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS UNA DENUNCIA POR ESTAFA, DESOBEDIENCIA Y ENCUBRIMIENTO CONTRA EL SEÑOR OTTO STALINSKI Y OTROS[10], LA CUAL DIO LUGAR A QUE EL 27 DE ABRIL DE 1990 EL JUEZ DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, LIC. MARIO MATÍAS GALINDO M., ENVIARA EL OFICIO NO.2224 AL DELEGADO DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SAN PEDRO SULA, INSTRUYENDO QUE SE ORDENARA LA INMEDIATA CAPTURA DE LOS SEÑORES TIMOTHY STICKNEY Y OTTO STALINSKI[11], POR SUPONERLOS RESPONSABLES DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD. ESTA ORDEN JUDICIAL LLEVA ESTAMPADO EN LA PARTE INFERIOR DERECHA EL VISTO BUENO[12] DEL CORONEL DE INFANTERÍA PARIS AMISIS RIVERA RÁPALO, COMANDANTE DEL CORE NO. 2 DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA (F.S.P), ENCARGADO DE EJECUTAR LA ORDEN. 59. COMO SE HA EXPRESADO ANTES, EL PETICIONARIO HA ALEGADO QUE SE INTENTÓ DETENERLO ILEGALMENTE SIN MEDIAR ORDEN DE CAPTURA Y AL EFECTO HA PRESENTADO UNA CONSTANCIA FIRMADA POR EL DELEGADO SECCIONAL DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE PUERTO CORTÉS, JOSÉ ORLANDO NATAREN LEIVA, EN LA QUE CERTIFICA LO SIGUIENTE: …QUE HA BUSCADO MINUCIOSAMENTE EN LOS ARCHIVOS DE ESTA DELEGACIÓN Y NO SE ENCUENTRA REGISTRADA NINGUNA ORDEN DE CAPTURA O DETENCIÓN EN CONTRA DEL SEÑOR ERNST OTTO STALINSKI, QUE HAYA SIDO GIRADA POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE ESTA CIUDAD PUERTO, EN EL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. 60. ES IMPORTANTE ACLARAR QUE CON ESTA CONSTANCIA EL PETICIONARIO HA PROBADO QUE LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN LA DELEGACIÓN SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, COMANDO REGIONAL NO. 2 DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON ASIENTO EN PUERTO CORTÉS. NO PRUEBA, SIN EMBARGO, QUE LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA POR EL REFERIDO JUZGADO NO HAYA EXISTIDO, QUE NO SE HAYA ENVIADO AL COMANDO REGIONAL NO. 2 DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA CON ASIENTO EN SAN PEDRO SULA, CORTÉS (DONDE SE ENCONTRABA EL SEÑOR STALINSKI), QUE NO HAYA SIDO RECIBIDA EN DICHO COMANDO, QUE LOS HECHOS DEL 28 DE ABRIL DE 1990 NO HAYAN CONSTITUIDO UN INTENTO DE EJECUCIÓN DE DICHA ORDEN POR PARTE DE UNA PATRULLA DESIGNADA AL EFECTO Y QUE ESTA OPERACIÓN FRACASÓ PORQUE EL SEÑOR STALINSKI SE ESCAPÓ DEL HOTEL ANTES DE QUE LE SIRVIERAN LA ORDEN. POR LO TANTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL PETICIONARIO NO DEMOSTRÓ QUE HUBIESE INTENTO DE PRIVAR ILEGALMENTE AL SEÑOR STALINSKI DE SU LIBERTAD 61. LA COMISIÓN CONSIDERA NECESARIO SEÑALAR, ADEMÁS, QUE HA CONSTATADO QUE EN UN ESCRITO PRESENTADO A LA JUEZ TERCERO DE LETRAS DE LO CRIMINAL EN RELACIÓN CON LA DENUNCIA CRIMINAL OBJETO DE ESTE CASO, EL PROPIO SEÑOR STALINSKI RECONOCE LA EXISTENCIA DE LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA CONTRA ÉL CON FECHA 27 DE ABRIL DE 1990 Y DICE QUE LA MISMA SE DEJÓ SIN VALOR NI EFECTO EL 13 DE JULIO DE 1990 POR MEDIO DEL OFICIO NO.2432 DEL JUEZ MARIO MATÍAS GALINDO. 62. LA COMISIÓN CONCLUYE, EN CONSECUENCIA, QUE LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA EL 27 DE ABRIL DE 1990 CONTRA EL SEÑOR STALINSKI EFECTIVAMENTE EXISTIÓ, QUE FUE DICTADA POR JUEZ COMPETENTE, QUE ÉSTE DISPUSO QUE LA MISMA SE PRACTICARA POR MEDIO DE LA POLICÍA DE SAN PEDRO SULA (LUGAR DONDE SE ENCONTRABA EL SEÑOR STALINSKI) Y QUE LA OPERACIÓN POLICIAL QUE SE LLEVÓ A CABO SIN ÉXITO AL DÍA SIGUIENTE ESTUVO ENCAMINADA A LA EJECUCIÓN DE DICHA ORDEN Y NO AL INTENTO DE SECUESTRO Y ASESINATO DEL SEÑOR STALINSKI. TAMBIÉN ES UN HECHO PROBADO QUE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1996, ESTE SE PRESENTÓ VOLUNTARIAMENTE ANTE EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS, DONDE FUE INDAGADO Y DEJADO EN LIBERTAD POR FALTA DE MÉRITOS Y QUE EL 19 DE NOVIEMBRE DE 1996 EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORTÉS DEJÓ SIN LUGAR LA DENUNCIA PRESENTADA CONTRA ÉL POR NO EXISTIR MÉRITOS NI INDICIOS DE RESPONSABILIDAD CRIMINAL. 63. LA COMISIÓN CONSTATA POR OTRA PARTE QUE, TAL COMO LO ASEVERA EL PETICIONARIO, LAS RESOLUCIONES EN LAS CUALES SE DECRETA Y CONFIRMA, RESPECTIVAMENTE, EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LOS SRES. KOCH, ARAGÓN Y ANDERSON TANTO DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA, DEL JUZGADO DE LETRAS TERCERO DE LO CRIMINAL DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y DEL TRIBUNAL DE APELACIÓN DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA (FALLO DE 28 DE FEBRERO DE 1997) NO PRESENTAN UNA RELACIÓN DE LOS HECHOS PROBADOS Y CARECEN DEL FUNDAMENTO PROBATORIO POR EL CUAL SE DECIDEN LOS MISMOS. SIN EMBARGO, LA CORTE DE APELACIONES DEJÓ ESTABLECIDO CON CLARIDAD QUE LOS SOBRESEIMIENTOS DEFINITIVOS DE 28 DE DE FEBRERO DE 1997 SE DICTABAN “POR NO RESULTAR LA PREEXISTENCIA DE LOS DELITOS POR LOS QUE SE HA PROCEDIDO”. 64. POR SU PARTE, LA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA CORTÉS, DE 11 DE AGOSTO DE 1999, RECAÍDA EN EL RECURSO INTERPUESTO CONTRA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DICTADO A FAVOR DE JUAN JOSÉ OSORIO, ROBERT F. KISTINGER, MANUEL RODRÍGUEZ Y ALEJANDRO BAKOCSY EL 14 DE ENERO DE 1999, DA POR PROBADA LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE CAPTURA CONTRA OTTO STALINSKI EL 27 DE ABRIL DE 1990, SU ENVÍO AL COMANDANTE DEL SEGUNDO COMANDO DE LA FUERZA DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORONEL DE INFANTERÍA DEM PARIS AMISIS RIVERA RÁPALO, EL TRASLADO QUE ESTE HIZO, CON EL VISTO BUENO PARA SU CUMPLIMIENTO AL MAYOR CARLOS COELLO Y LA EJECUCIÓN DE LO ORDENADO POR PARTE DE ESTE. SEGÚN LA CORTE: “TALES EVIDENCIAS DESVIRTÚAN LOS ILÍCITOS DE TENTATIVA DE SECUESTRO Y TENTATIVA DE DETENCIÓN ILEGAL QUE SE HAN DENUNCIADO.” 65. EN RELACIÓN CON EL ALEGATO DE HECHO DEL PETICIONARIO DE QUE EL 28 DE ABRIL DE 1990 IRRUMPIÓ EL ABOGADO LEONEL MEDRANO IRÍAS EN EL HOTEL SULA DE SAN PEDRO SULA, EN COMPAÑÍA DE ALEJANDRO BAKOCSY, JUAN JOSÉ OSORIO Y RICHARD ANDERSON, QUIENES SE ENCONTRABAN FUERTEMENTE ARMADOS E INSISTÍAN EN VER AL SEÑOR STALINSKI PUES PESABA CONTRA EL UNA ORDEN DE CAPTURA Y QUE DEBIDO A LAS PRESIONES EJERCIDAS, EL GERENTE DEL REFERIDO HOTEL, SEÑOR MARCOS MUÑOZ, ACCEDIÓ A ACOMPAÑARLOS A LA HABITACIÓN DONDE SE ENCONTRABA EL SEÑOR OTTO STALINSKI, LA CORTE EXPRESÓ QUE, “AUN HABIENDO SIDO PUESTOS EN CONOCIMIENTO DEL JUZGADO INSTRUCTOR NO ARROJAN LA CERTEZA QUE ESTABLEZCA LA PREEXISTENCIA DEL DELITO, PUES NO HA COMPARECIDO MARIO MUÑOZ A RENDIR SU DECLARACIÓN A PRESENCIA JUDICIAL” Y “TODA DECLARACIÓN FUERA DE ÉSTE CONTEXTO DEBE TENERSE POR MERA ESPECULACIÓN, PUES NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO AL JUEZ PARA ORDENAR LA RESTRICCIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL DE PERSONA ALGUNA”. 66. LA CORTE ESTABLECIÓ ASIMISMO, QUE EL SEÑOR STALINSKI NO PROBÓ QUE LAS PERSONAS DENUNCIADAS POR ÉL HUBIERAN SIDO LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DEL ILÍCITO IMPUTADO”. 67. LA ANTES MENCIONADA SENTENCIA DE LA CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA, DE 11 DE AGOSTO DE 1999, NO FUE OBJETO DE RECURSO DE CASACIÓN POR PARTE DE LA PRESUNTA VÍCTIMA PORQUE, SEGÚN EL PETICIONARIO, SE BASABA EN LOS MISMOS HECHOS E IRREGULARIDADES COMETIDOS EN LOS JUICIOS INSTRUIDOS CONTRA KARL KOCH, RICHARD ANDERSON Y EDUARDO ARAGÓN, JUICIOS QUE SE ENCUENTRAN FENECIDOS POR HABER SIDO DICTADO SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO…”. LA COMISIÓN ESTIMA QUE TRATÁNDOSE DE LOS MISMOS HECHOS, SUCEDIDOS EL 28 DE ABRIL DE 1990, LA MOTIVACIÓN DADA POR LA CORTE DE APELACIONES SECCIONAL DE SAN PEDRO SULA EN SU SENTENCIA DE 11 DE AGOSTO DE 1999 DEBE TENERSE COMO VÁLIDA PARA TODOS LOS SOBRESEIMIENTOS EMITIDOS EN ESTE CASO YA QUE EN TODOS LA DECISIÓN FUE LA MISMA, ES DECIR, DECLARAR SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN POR NO HABERSE PROBADO LA PREEXISTENCIA DEL DELITO.

Decisión

V. CONCLUSIONES 77. CON BASE EN LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DERECHO ANTES EXPUESTAS, LA COMISIÓN RATIFICA SUS CONCLUSIONES EN EL SENTIDO QUE EL ESTADO HONDUREÑO NO HA VIOLADO EN PERJUICIO DEL SR. ERNEST OTTO STALINSKI LOS SIGUIENTES DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA: EL DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25) Y EL DERECHO A IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 24) EN CONCORDANCIA CON LA OBLIGACIÓN GENERAL DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1(1) DE LA MISMA. CON FUNDAMENTO EN EL ANÁLISIS Y LAS CONCLUSIONES QUE ANTECEDEN, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR QUE EL ESTADO HONDUREÑO NO HA VIOLADO EN PERJUICIO DEL SR. ERNEST OTTO STALINSKI EL DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), EL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25) Y EL DERECHO A IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 24) EN CONCORDANCIA CON LA OBLIGACIÓN GENERAL DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.361275+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.361278+00:00

Análisis del Caso

68. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LA COMISIÓN INTERAMERICANA HA DICHO EN OCASIONES ANTERIORES QUE, EN PRINCIPIO, NO TIENE COMPETENCIA PARA PRONUNCIARSE SOBRE LA MANERA EN QUE LAS AUTORIDADES JUDICIALES HAN APRECIADO Y VALORADO LAS PRUEBAS PRESENTADAS EN UN PROCESO PARA TOMAR UNA DECISIÓN, A MENOS QUE SE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE QUE SE HAYA COMETIDO UNA VIOLACIÓN DE LA CONVENCIÓN. EN PRINCIPIO, LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES EN UN PROCESO JUDICIAL CORRESPONDE A LAS AUTORIDADES NACIONALES, SEA CUAL SEA EL SISTEMA DE VALORACIÓN DE PRUEBAS ADOPTADO POR EL SISTEMA LEGAL DE CADA PAÍS. SIN EMBARGO, LA ARBITRARIEDAD SIEMPRE DEBE SER EVITADA Y CONTROLADA. EN ESTE CASO, LA COMISIÓN NO ENCUENTRA QUE HAYA EXISTIDO UNA ARBITRARIEDAD MANIFIESTA QUE VULNERE LAS GARANTÍAS JUDICIALES DEL DEBIDO PROCESO EN LA EMISIÓN DE LOS DIVERSOS SOBRESEIMIENTOS EMITIDOS EN LA CAUSA YA QUE, COMO HA QUEDADO ESTABLECIDO, EL PETICIONARIO NO PROBÓ LA PREEXISTENCIA DE LOS DELITOS QUE MOTIVARON LA ACUSACIÓN CONTRA LAS PERSONAS SOBRESEÍDAS. POR EL CONTRARIO, HA QUEDADO SUFICIENTEMENTE ESTABLECIDO QUE EXISTIÓ UNA ORDEN LEGAL DE CAPTURA CONTRA EL SEÑOR STALINSKI EMITIDA EL 27 DE ABRIL DE 1990 POR LOS DELITOS DE ESTAFA, DESOBEDIENCIA Y ENCUBRIMIENTO EN PERJUICIO DEL DEPOSITARIO AMÍLCAR ORELLANA, LO QUE DESVIRTÚA LA AFIRMACIÓN DEL PETICIONARIO DE QUE LA OPERACIÓN EFECTUADA EL 28 DE ABRIL DE 1990 PARA EJECUTAR DICHA ORDEN HAYA CONSTITUIDO UNA TENTATIVA DE SECUESTRO Y DETENCIÓN ILEGAL. 69. EL SEÑOR STALINSKI, POR OTRA PARTE, CONCURRIÓ LIBREMENTE ANTE LOS JUECES HONDUREÑOS, PRESENTANDO ACUSACIONES CONTRA CIERTAS PERSONAS, ASÍ COMO NUMEROSOS ESCRITOS, PETICIONES Y RECURSOS, INCLUSIVE EL DE CASACIÓN. ES IMPORTANTE SEÑALAR EN ESTE ORDEN DE IDEAS, QUE NO EXISTE DERECHO CONVENCIONAL A QUE SE CONDENE A CIERTAS PERSONAS POR EL SOLO HECHO DE QUE EL ACUSADOR LAS CONSIDERE CULPABLES YA QUE TODAS LAS AFIRMACIONES EN ESTE SENTIDO TIENEN QUE SER FUNDAMENTADAS Y PROBADAS EN JUICIO. EL SEÑOR STALINSKI, POR OTRA PARTE, NO DEMOSTRÓ QUE NO HAYA HABIDO UN JUICIO JUSTO Y QUE LOS SOBRESEIMIENTOS NO HAYAN SIDO PROCEDENTES. 70. POR TODO LO EXPUESTO, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE EL ESTADO NO HA INCUMPLIDO CON LOS ARTÍCULOS 8.1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA, EN PERJUICIO DE ERNEST OTTO STALINSKI. NO VIOLÓ, POR OTRA PARTE, EL ARTÍCULO 1.1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA EN LO RELATIVO AL DEBER DE INVESTIGAR, YA QUE DEMOSTRÓ LA EXISTENCIA DE UNA ORDEN DE CAPTURA LEGAL QUE DESVIRTÚA LA PREEXISTENCIA DE LOS DELITOS ALEGADOS POR EL SEÑOR STALINSKI. C. ALEGATO DE QUE SE HA VIOLADO DEL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN) 71. CON RESPECTO A LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY EL PETICIONARIO SOSTIENE QUE LAS DECISIONES JUDICIALES ADOPTADAS EN EL PROCESO PENAL SON ARBITRARIAS E ILEGALES Y VIOLAN SU DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. TEXTUALMENTE MANIFIESTA QUE EXISTE DISCRIMINACIÓN “CUANDO, COMO EN SU CASO, NO SE APLICA A UNA PERSONA LO QUE LA LEY EXIGE APLICAR, PORQUE TODAS LAS PERSONAS TIENEN DERECHO A TENER UN JUICIO JUSTO E IMPARCIAL.” 72. EL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA ENUNCIA QUE “TODAS LAS PERSONAS SON IGUALES ANTE LA LEY. EN CONSECUENCIA TIENEN DERECHO, SIN DISCRIMINACIÓN, A IGUAL PROTECCIÓN DE LA LEY.” SI BIEN ESTA NORMA NO DEFINE EL TÉRMINO “DISCRIMINACIÓN”, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE ESTA EXPRESIÓN DENOTA TODA DISTINCIÓN, EXCLUSIÓN, RESTRICCIÓN O PREFERENCIA BASADA EN ALGÚN MOTIVO QUE TENGA POR OBJETO O POR RESULTADO ANULAR O MENOSCABAR EL RECONOCIMIENTO, GOCE O EJERCICIO, EN CONDICIONES DE IGUALDAD, DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES EN LAS ESFERAS POLÍTICA, ECONÓMICA, SOCIAL, CULTURAL, O EN CUALQUIER OTRA ESFERA DE LA VIDA PÚBLICA. 73. LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HA SEÑALADO LOS FUNDAMENTOS EN LOS QUE SE PUEDE BASAR UNA DENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN: POR LO MISMO QUE LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN SE DESPRENDEN DE LA IDEA DE UNIDAD DE DIGNIDAD Y NATURALEZA DE LA PERSONA, ES PRECISO CONCLUIR QUE NO TODO TRATAMIENTO JURÍDICO DIFERENTE ES PROPIAMENTE DISCRIMINATORIO, PORQUE NO TODA DISTINCIÓN DE TRATO PUEDE CONSIDERARSE OFENSIVA, POR SÍ MISMA A LA DIGNIDAD HUMANA (...) EXISTEN, EFECTO, CIERTAS DESIGUALDADES DE TRATAMIENTO JURÍDICO, SIN QUE TALES SITUACIONES CONTRARÍEN LA JUSTICIA. NO HABRÁ, PUES, DISCRIMINACIÓN SI UNA DISTINCIÓN DE TRATAMIENTO ESTÁ ORIENTADA LEGÍTIMAMENTE, ES DECIR SI NO CONDUCE A SITUACIONES CONTRARIAS A LA JUSTICIA, A LA RAZÓN O A LA NATURALEZA DE LAS COSAS. DE AHÍ QUE NO PUEDA AFIRMARSE QUE EXISTA DISCRIMINACIÓN EN TODA DIFERENCIA DE TRATAMIENTO DEL ESTADO FRENTE AL INDIVIDUO, SIEMPRE QUE ESA DISTINCIÓN PARTA DE SUPUESTOS DE HECHO SUSTANCIALMENTE DIFERENTES Y QUE EXPRESEN DE MODO PROPORCIONADO UNA FUNDAMENTADA CONEXIÓN ENTRE ESAS DIFERENCIAS Y LOS OBJETIVOS DE LA NORMA 74. DE MANERA SIMILAR SE HA PRONUNCIADO LA CORTE EUROPEA AL AFIRMAR QUE “UNA DIFERENCIA DE TRATO EN EL EJERCICIO DE UN DERECHO CONSAGRADO EN LA CONVENCIÓN, NO SÓLO DEBE PERSEGUIR ALGÚN FIN LEGÍTIMO, TAMBIÉN HAY VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 14 CUANDO QUEDA CLARAMENTE ESTABLECIDO QUE NO EXISTE RELACIÓN RAZONABLE DE PROPORCIONALIDAD ENTRE LOS MEDIOS EMPLEADOS Y EL OBJETIVO QUE SE DESEA ALCANZAR”. 75. LA COMISIÓN ESTIMA QUE EN EL PRESENTE CASO EL PETICIONARIO NO HA PRESENTADO ELEMENTOS DE JUICIO O ANTECEDENTES DE OTRAS SITUACIONES SIMILARES A LA SUYA, EN LAS QUE LA JUSTICIA HONDUREÑA HAYA FALLADO UTILIZANDO CRITERIOS DIFERENTES Y CONTRADICTORIOS A LOS UTILIZADOS EN ESTA OCASIÓN. LA COMISIÓN OBSERVA, POR EL CONTRARIO, QUE SE LE HA RECONOCIDO UN AMPLIO ACCESO A LOS RECURSOS JUDICIALES HONDUREÑOS Y QUE EL PETICIONARIO NO HA PROBADO QUE EL TRATO QUE SE LE HA DADO SEA DISCRIMINATORIO O CONDUZCA A SITUACIONES CONTRARIAS A LA JUSTICIA. 76. POR LO TANTO, LA COMISIÓN NO PUEDE CONCLUIR QUE EL ESTADO HONDUREÑO, Y EN PARTICULAR LAS AUTORIDADES JUDICIALES, HAYAN FALLADO DE MANERA TAL QUE HUBIEREN VIOLADO EL ARTÍCULO 24 DE LA CONVENCIÓN.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.363519+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.363523+00:00

Resumen del Caso

1. EL 13 DE ABRIL DE 1995, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE, LA "COMISIÓN" O LA "CIDH") RECIBIÓ UNA DENUNCIA PRESENTADA POR EL CENTRO POR LA JUSTICIA Y EL DERECHO INTERNACIONAL (CEJIL) Y LA ASOCIACIÓN CASA ALIANZA, CONTRA LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE, EL "ESTADO" U "HONDURAS"). LOS PETICIONARIOS DENUNCIAN LA DETENCIÓN ILEGAL DE NIÑOS CALLEJEROS Y SU ENVÍO A LA CÁRCEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA. SEGÚN LOS DENUNCIANTES, LOS MENORES SE ENCONTRABAN EN LAS CELDAS 19 Y 24, JUNTO CON APROXIMADAMENTE 80 ADULTOS EN CADA CELDA. HACÍA YA DOS AÑOS QUE DANIEL VARELA ESTABA DETENIDO CON ADULTOS. ALEX HOSTILIO TOME VARGAS, POR SU PARTE, HABÍA ESTADO DETENIDO POR TRES MESES EN LA CELDA 24, SIEMPRE CON ADULTOS Y CON CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE SU CAUSA. 2. SEGÚN LOS PETICIONARIOS, ESTA PRÁCTICA VIOLA EL ARTÍCULO 122, PÁRRAFO 2 DE LA CONSTITUCIÓN DE HONDURAS, QUE DISPONE QUE "NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE UN MENOR DE 18 AÑOS A UNA CÁRCEL O PRESIDIO", Y EL ARTÍCULO 37 DE LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE DERECHOS DEL NIÑO, QUE ESTABLECE QUE "TODO NIÑO PRIVADO DE LIBERTAD ESTARÁ SEPARADO DE LOS ADULTOS". 3. LOS DENUNCIANTES MANIFIESTAN QUE LOS MENORES SON SOMETIDOS COMÚNMENTE A ABUSOS FÍSICOS Y SEXUALES EN LAS CELDAS DE LA PENITENCIARÍA CENTRAL. INDICAN, IGUALMENTE, QUE EL 28 DE MARZO DE 1995 PASARON 4 HORAS EN ESTE CENTRO PENAL CON UN REPRESENTANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS ENTREVISTANDO OTROS 26 MENORES QUE ESTABAN DETENIDOS CON MÁS DE 40 PRISIONEROS ADULTOS EN LA CELDA Nº 24. LOS NOMBRES DE ESTOS MENORES SON: ALEXIS CORREA, ALEXIS LÓPEZ YOLLANDIR, COSME FLORES, CARLOS ALBERTO DUARTE, CARLOS RENÉ NAJERA, CARLOS ROBERTO AMBROSIO, CRISTIAN OMAR GAMBOA, EDDY ELVIR, FRANCISCO ALEXANDER ALVAREZ, FRANCISCO VÁSQUEZ, HÉCTOR RAFAEL GIRÓN PONCE, JORGE ALBERTO CALIX, JORGE PEDRO DÍAZ, JUVENTINO GALDÁMEZ AGUILAR, KENNETH JOEL PERDOMO, MARLON ANTONIO MARTÍNEZ PINEDA, MIGUEL ANGEL QUIROZ, NICOLÁS QUIROZ JIMÉNEZ, SIXTO CELESTINO ACOSTA, SAÚL EDGARDO GÓMEZ, SANTOS ENRIQUE LÓPEZ, SELVIN ALONSO ROMERO, TOMÁS ANTONIO GONZÁLEZ GALINDO, ULISES EDUARDO VARGAS, WILIER ALEXIS MEJÍA, Y WALTER ALONSO CÁRCAMO. 4. LOS PETICIONARIOS INFORMAN QUE EL 16 DE ENERO DE 1995, LA CORTE SUPREMA EMITIÓ UN "AUTO ACORDADO" QUE AUTORIZA A LOS JUECES DE MENORES A MANTENER RECLUIDOS A LOS MENORES EN ÁREAS INDEPENDIENTES DENTRO DE LA PENITENCIARÍA CENTRAL. 5. SEÑALAN LOS PETICIONARIOS QUE EL 4 DE ABRIL DE 1995, LA JUEZ DE MENORES, SANDRA QUIROZ, ORDENÓ EL TRASLADO DE 7 DE LOS 28 MENORES QUE ESTABAN DETENIDOS CON ADULTOS EN LA CÁRCEL CENTRAL DE TEGUCIGALPA AL CENTRO JUVENIL JALVETA, ADMINISTRADO POR LA JUNTA NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL, AGENCIA GUBERNAMENTAL RESPONSABLE POR LOS CENTROS DE DETENCIÓN DE MENORES. COMO EL CENTRO NO ESTABA ADAPTADO PARA LA DETENCIÓN DE MENORES, LOS SIETE ESCAPARON.1 6. EN RELACIÓN CON EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, LOS DENUNCIANTES MANIFIESTAN QUE PROMOVIERON CINCO RECURSOS DE HABEAS CORPUS O EXHIBICIÓN PERSONAL ANTE LOS TRIBUNALES HONDUREÑOS Y QUE NINGUNO DE ELLOS HA DADO RESULTADOS POSITIVOS EN FAVOR DE LOS MENORES ALEX HOSTILIO TOMÉ VARGAS Y DANIEL VARELA, O DE LOS OTROS MENORES DETENIDOS. EL PRIMER RECURSO DE HABEAS CORPUS, EN EL QUE SE SOLICITABA QUE SE SACARA A LOS MENORES DE ESTA CÁRCEL PARA ADULTOS O POR LO MENOS SE LOS MANTUVIERA EN CELDAS SEPARADAS DE LOS ADULTOS, SE INTERPUSO EL 20 DE MARZO DE 1995 ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA. EL 30 DE MARZO DE 1995 SE PRESENTÓ EL SEGUNDO RECURSO EN FAVOR DE ALEX HOSTILIO TOMÉ VARGAS Y DANIEL VARELA. EL 29 DE MARZO DE 1995, LOS DENUNCIANTES PRESENTARON OTRO RECURSO DE HABEAS CORPUS ANTE LA CORTE PRIMERA DE APELACIONES EN FAVOR DE 26 MENORES RECLUIDOS EN LA CELDA Nº 24 DE LA PENITENCIARÍA CENTRAL.2 LA JUEZA EJECUTORA REINA SÁNCHEZ, QUIEN VISITÓ A LOS MENORES EN LA CELDA Nº 24 Y PUDO COMPROBAR QUE ESTABAN DETENIDOS JUNTO CON MÁS DE 40 PRISIONEROS ADULTOS, TENÍA 24 HORAS DE PLAZO PARA RESOLVER EL RECURSO E INFORMAR A LA CORTE DE APELACIONES. LA CORTE TENÍA 48 HORAS PARA EMITIR SU INFORME. HASTA EL 12 DE ABRIL DE 1995, LOS PETICIONARIOS NO HABÍAN RECIBIDO EL INFORME DE LA JUEZA EJECUTORA NI EL DE LA CORTE DE APELACIONES. SEGÚN LOS DENUNCIANTES, EN ESA FECHA, EN QUE TODAVÍA HABÍA 21 MENORES DETENIDOS JUNTO CON ADULTOS EN LA CELDA Nº 24, LAS MADRES DE ESTOS MENORES DENUNCIARON QUE SUS HIJOS ESTABAN SIENDO VIOLADOS POR LOS PRISIONEROS ADULTOS.3 7. SEÑALAN LOS PETICIONARIOS QUE, EN VIRTUD DEL INJUSTIFICADO RETARDO DE JUSTICIA, LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA HAN RESULTADO INEFICACES PARA TERMINAR CON LAS ARBITRARIEDADES, ABUSOS FÍSICOS, SEXUALES Y PSICOLÓGICOS A LOS QUE SE HAN VISTO SOMETIDOS LOS MENORES RECLUIDOS EN LAS CÁRCELES HONDUREÑAS. POR LO TANTO, SOLICITAN QUE SE DECLARE ADMISIBLE LA PETICIÓN CON BASE EN LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA CONVENCIÓN.

Clasificación Temática

NIÑEZ PRIVADOS DE LIBERTAD LIBERTAD PERSONAL

Análisis del Caso

A. LA DETENCIÓN DE MENORES EN CENTROS PARA ADULTOS Y SU REMISIÓN A ESOS CENTROS POR JUECES QUE NO SON DE MENORES 68. LA PRESENTE DENUNCIA SE INTERPONE A CONSECUENCIA DEL AUTO ACORDADO DE 16 DE ENERO DE 1995, EMITIDO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS, EL CUAL AUTORIZABA LA RECLUSIÓN DE MENORES EN PABELLONES INDEPENDIENTES DE LAS CÁRCELES PARA ADULTOS. LOS PETICIONARIOS DENUNCIAN, INTER ALIA, QUE COMO RESULTADO DE DICHO AUTO SE HA VENIDO PRODUCIENDO LA ENCARCELACIÓN DE MENORES CALLEJEROS JUNTO CON REOS ADULTOS, LO QUE HA DADO LUGAR A QUE DICHOS MENORES SUFRAN ABUSOS FÍSICOS Y SEXUALES POR PARTE DE ESTOS ÚLTIMOS. LOS PETICIONARIOS ALEGAN, ADEMÁS, QUE MUCHOS DE LOS MENORES REMITIDOS A CENTROS PENALES PARA ADULTOS HAN SIDO RECLUIDOS, NO POR ORDEN DE JUECES DE MENORES, SINO POR JUECES DE LO CRIMINAL U OTROS JUECES QUE CONOCEN DE SUS CASOS. 1. DERECHOS DEL NIÑO (ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA) 69. EL ARTÍCULO 19 (DERECHOS DEL NIÑO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DISPONE QUE "TODO NIÑO TIENE DERECHO A MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE SU CONDICIÓN DE MENOR REQUIERE POR PARTE DE SU FAMILIA, DE LA SOCIEDAD Y DEL ESTADO". EL ARTÍCULO 5(5) DE LA CONVENCIÓN ESTABLECE QUE "CUANDO LOS MENORES PUEDAN SER PROCESADOS, DEBEN SER SEPARADOS DE LOS ADULTOS Y LLEVADOS ANTE TRIBUNALES ESPECIALIZADOS". 70. LA COMISIÓN HA RECONOCIDO LA PROTECCIÓN ESPECIAL QUE OTORGA A LOS MENORES EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN, AL EXPRESAR:...QUE EL HECHO DENUNCIADO CONSTITUÍA UNA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA LIBERTAD PERSONAL, A LA INTEGRIDAD PERSONAL Y A LA VIDA...ASÍ COMO UNA FALTA A SU DEBER DE GARANTIZAR EL LIBRE Y PLENO EJERCICIO DE TALES DERECHOS COMO LO PRESCRIBE EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN....AGRAVADO EN ESTE CASO POR TRATARSE LA VÍCTIMA DE UN MENOR DE 15 AÑOS, CUYA PROTECCIÓN ESPECIAL IMPONE EL ARTÍCULO 19 DE LA REFERIDA CONVENCIÓN. 71. EN ESTE ORDEN DE IDEAS, EN SU INFORME ANUAL DE 1991, LA COMISIÓN EXPRESÓ (...) "UN NIÑO PRIVADO DE SU LIBERTAD NO DEBERÁ ESTAR EN ESTABLECIMIENTOS DE ADULTOS. EL SISTEMA CARCELARIO ES HOY UN FACTOR FUNDAMENTAL PARA EL INICIO DE UNA CARRERA DELICTUAL, PUESTO QUE ASÍ COMO LA PRISIÓN APLICA PROGRAMAS PARA CORREGIR A LOS INFRACTORES, TAMBIÉN PONE EN PRÁCTICA MECANISMOS QUE SOLIDIFICAN LA DELINCUENCIA". 72. PARA INTERPRETAR LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO EN RELACIÓN CON LOS MENORES, ADEMÁS DE LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE ACUDIR, POR REFERENCIA, A OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES QUE CONTIENEN NORMAS MÁS ESPECÍFICAS CON RESPECTO A LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ, ENTRE LAS CUALES CABRÍA CITAR LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, Y LAS DIVERSAS DECLARACIONES DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE EL TEMA. ESTA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA REGIONAL CON EL SISTEMA UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, A LOS EFECTOS DE INTERPRETAR LA CONVENCIÓN, ENCUENTRA SU FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y EN LA PRÁCTICA REITERADA DE LA CORTE Y DE LA COMISIÓN EN ESTA MATERIA. 73. EN RELACIÓN CON LA DETENCIÓN DE MENORES JUNTO CON ADULTOS, LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS, RATIFICADA POR HONDURAS EL 10 DE AGOSTO DE 1990, EXPRESA EN SU ARTÍCULO 37, LITERAL C) QUE "...EN PARTICULAR, TODO NIÑO PRIVADO DE LIBERTAD ESTARÁ SEPARADO DE LOS ADULTOS, A MENOS QUE ELLO SE CONSIDERE CONTRARIO AL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO ...". 74. EN ARMONÍA CON ESTAS DISPOSICIONES, EL ARTÍCULO 122, PÁRRAFO 2, DE LA CONSTITUCIÓN DE HONDURAS, DISPONE EXPRESAMENTE QUE "NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE UN MENOR DE 18 AÑOS A UNA CÁRCEL O PRESIDIO". EL ARTÍCULO 119 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, ADEMÁS, ESTABLECE LA OBLIGACIÓN GENERAL DEL ESTADO DE PROTEGER A LA INFANCIA. 75. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LAS DISPOSICIONES ANTES CITADAS, INTERPRETADAS EN SU CONJUNTO, DEJAN EN CLARO LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE HONDURAS DE MANTENER A LOS MENORES DETENIDOS SEPARADOS DE LOS PRISIONEROS ADULTOS.

Decisión

VII. FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN 156. EN EL PRESENTE CASO SE HA DEMOSTRADO QUE HONDURAS NO HA CUMPLIDO CON EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DEL ESTADO DE RESPETAR LOS DERECHOS Y LIBERTADES RECONOCIDOS EN ELLA Y DE GARANTIZAR SU LIBRE Y PLENO EJERCICIO A TODA PERSONA QUE ESTÉ SUJETA A SU JURISDICCIÓN. 157. SEGÚN HA ENTENDIDO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, ESTA DISPOSICIÓN IMPLICA: EL DEBER DE LOS ESTADOS PARTES DE ORGANIZAR EL APARATO GUBERNAMENTAL Y, EN GENERAL, TODAS LAS ESTRUCTURAS A TRAVÉS DE LAS CUALES SE MANIFIESTA EL EJERCICIO DEL PODER PÚBLICO, DE MANERA TAL QUE SEAN CAPACES DE ASEGURAR JURÍDICAMENTE EL LIBRE Y PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS.89 158. LA COMISIÓN NO PUEDE DESCONOCER QUE EL ESTADO HA HECHO ESFUERZOS IMPORTANTES PARA MEJORAR SU LEGISLACIÓN RELACIONADA CON LA JUSTICIA JUVENIL Y, DE ESTA MANERA, HACERLA MÁS COMPATIBLE CON SUS COMPROMISOS INTERNACIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS. TESTIMONIO DE LO ANTERIOR ES LA PROMULGACIÓN DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA (DECRETO Nº 73-96), QUE ENTRÓ EN VIGOR EL 5 DE OCTUBRE DE 1996, EL CUAL CONSTITUYE UN SIGNIFICATIVO AVANCE PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO EN ESE PAÍS. TAMBIÉN RECONOCE ESFUERZOS HECHOS PARA HABILITAR Y REHABILITAR CENTROS ESPECIALES PARA MENORES Y TRANSFERIR A LOS MENORES A DICHOS CENTROS. OTRA ACCIÓN POSITIVA FUE LA REVOCACIÓN DEL "AUTO ACORDADO" DE LA CORTE SUPREMA, CON EFECTIVIDAD AL 1? DE ENERO DE 1996. 159. SIN EMBARGO, TAMPOCO PUEDE DEJAR DE CONSTATAR QUE EL ESTADO, A TRAVÉS DE SUS AGENTES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYEN SUS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, HA PERMITIDO, DURANTE LA VIGENCIA DEL "AUTO ACORDADO" Y AUN DESPUÉS QUE EL MISMO FUERA REVOCADO, LA RECLUSIÓN DE MENORES EN CENTROS PENALES DONDE HAN ESTADO EN CONTACTO CON LOS PRESOS ADULTOS Y SOMETIDOS A ABUSOS POR PARTE DE ESTOS. 160. SI BIEN LO QUE SE ESTUDIA EN ESTE CASO ES LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO A TRAVÉS DE SUS AGENTES, LA COMISIÓN DESEA SEÑALAR QUE ES REGLA BIEN ESTABLECIDA QUE TODO INDIVIDUO, SEA FUNCIONARIO PÚBLICO O PARTICULAR, TIENE LA OBLIGACIÓN DE RESPETAR LAS NORMAS DEL DERECHO INTERNACIONAL, EN ESPECIAL, LA CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS, LOS PACTOS INTERNACIONALES DE DERECHOS HUMANOS Y OTRAS CONVENCIONES Y, POR CONSIGUIENTE, DE RESPETAR Y PROTEGER LOS DERECHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES. ASÍ, POR EJEMPLO, SE HA INTERPRETADO QUE AUNQUE LA FINALIDAD DE LOS PACTOS ES PROTEGER TALES DERECHOS Y LIBERTADES DE LAS PERSONAS FRENTE A LOS ESTADOS, TAMBIÉN AQUÉLLAS DEBEN COOPERAR SI DESEAN QUE LOS PACTOS SE APLIQUEN. EN OTRAS PALABRAS, ESTAS PERSONAS TIENEN DEBERES RESPECTO DE OTROS INDIVIDUOS Y DE LA COMUNIDAD A QUE PERTENECEN Y LA OBLIGACIÓN DE PROCURAR LA VIGENCIA Y LA OBSERVANCIA DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS. ESTA OBLIGACIÓN SE BASA EN LOS ARTÍCULOS 29(1) Y 30 DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL, EN EL PÁRRAFO OCTAVO DE SU PREÁMBULO Y, A NIVEL REGIONAL, EN LOS ARTÍCULOS 29(A) Y 32(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. LA OBLIGACIÓN SE VE ACENTUADA, EN EL CASO DE LOS MENORES, POR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN, PUES ESTABLECE UNA TUTELA ESPECIAL A SU RESPECTO. EL FUNCIONARIO, EN TANTO ESTADO, Y EL PARTICULAR, EN TANTO SOCIEDAD, ESTÁN OBLIGADOS A ELLA. ESTO HACE QUE EL JUEZ O FUNCIONARIO NO PUEDA PERMANECER INDIFERENTE ANTE LA AUSENCIA DE ESTABLECIMIENTOS PROPIOS PARA MENORES, DISPONIENDO, SIN MÁS, SU INTERNACIÓN JUNTAMENTE CON ADULTOS. POR EL CONTRARIO, DEBE AGOTAR LAS POSIBILIDADES A SU ALCANCE PARA QUE DICHA INTERNACIÓN NO SE CUMPLA. 161. EN VIRTUD DE LOS DEBERES QUE EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS IMPONE A TODA PERSONA --FUNCIONARIO O NO-- LA INTERNACIÓN DE LOS MENORES JUNTAMENTE CON LOS ADULTOS NO PUDO SER DISPUESTA SIN TRANSGREDIR LA CONVENCIÓN AMERICANA. PARA OBSERVARLA, LOS JUECES Y FUNCIONARIOS TIENEN A SU ALCANCE EL PODER-DEBER QUE LES OTORGA EL ARTÍCULO 2 DE LA CONVENCIÓN, SOBRE CUYA BASE PUEDEN ADOPTAR "LAS MEDIDAS DE OTRA NATURALEZA" CON MIRAS A ASEGURAR EL PLENO EJERCICIO DEL DERECHO RECONOCIDO A LOS MENORES (ARTÍCULO 1 DE LA CONVENCIÓN). 162. LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE ESTOS DEBERES Y LA CONSIGUIENTE TRANSGRESIÓN DE LA CONVENCIÓN AMERICANA POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO. ASÍ LO CONFIRMA LA JURISPRUDENCIA SENTADA POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, AL ESTABLECER "QUE ES UN PRINCIPIO DE DERECHO INTERNACIONAL QUE EL ESTADO RESPONDE POR LOS ACTOS DE SUS AGENTES Y POR LAS OMISIONES DE LOS MISMOS AÚN SI ACTÚAN FUERA DE LOS LÍMITES DE SU COMPETENCIA O EN VIOLACIÓN DEL DERECHO INTERNO", YA QUE "...EN PRINCIPIO, ES IMPUTABLE AL ESTADO TODA VIOLACIÓN A LOS DERECHOS RECONOCIDOS POR LA CONVENCIÓN, CUMPLIDA POR UN ACTO DEL PODER PÚBLICO O DE PERSONAS QUE ACTÚAN PREVALIDAS DE LOS PODERES QUE OSTENTAN POR SU CARÁCTER OFICIAL".90 163. EN EL PRESENTE CASO, LA EVIDENCIA ACUMULADA DENTRO DEL MISMO HA LLEVADO A LA COMISIÓN A CONCLUIR QUE, SI BIEN SE DICTARON ÓRDENES ESPECÍFICAS PARA TERMINAR CON LA PRÁCTICA DE MANTENER MENORES DETENIDOS EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS, LAS MISMAS FUERON OBVIADAS O ABIERTAMENTE DESOBEDECIDAS POR LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ESPECIALMENTE AQUELLOS DEL ORGANISMO JUDICIAL ENCARGADO DE ADMINISTRAR LA JUSTICIA DE MENORES. ESTA PRÁCTICA, POR OTRA PARTE, HA SIDO CONVALIDADA POR EL ÓRGANO SUPREMO DEL PODER JUDICIAL Y ES OBVIO QUE SE HA LLEVADO A CABO CON LA TOLERANCIA DEL PODER PÚBLICO. TAMBIÉN HA PODIDO ADVERTIR LA COMISIÓN QUE EL ESTADO NO HA SANCIONADO A LOS JUECES QUE ORDENARON TALES RECLUSIONES,91 CON EXCEPCIÓN DE UNA JUEZ DEL JUZGADO SEGUNDO DE PAZ DE LO PENAL DE SAN PEDRO DE SULA, QUE FUE REMOVIDA DE SU CARGO EL 10 DE FEBRERO DE 1997.92 LA JUEZA FUE DESTITUIDA POR ENVIAR MENORES A CÁRCELES DE ADULTOS, LO QUE TRAJO COMO CONSECUENCIA LA MUERTE DE UN MENOR. 164. AHORA BIEN, LA CORTE INTERAMERICANA HA DEJADO EN CLARO QUE "EL ESTADO TIENE EL DEBER JURÍDICO DE PREVENIR, RAZONABLEMENTE, LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE INVESTIGAR SERIAMENTE CON LOS MEDIOS A SU ALCANCE LAS VIOLACIONES QUE SE HAYAN COMETIDO DENTRO DEL ÁMBITO DE SU JURISDICCIÓN A FIN DE IDENTIFICAR A LOS RESPONSABLES, DE IMPONERLES LAS SANCIONES PERTINENTES Y DE ASEGURAR A LA VÍCTIMA UNA ADECUADA REPARACIÓN".93 165. LA OBLIGACIÓN DE INVESTIGAR ES, COMO LA DE PREVENIR, "UNA OBLIGACIÓN DE MEDIO O COMPORTAMIENTO" QUE "DEBE TENER UN SENTIDO Y SER ASUMIDA POR EL ESTADO COMO UN DEBER JURÍDICO PROPIO Y NO COMO UNA SIMPLE GESTIÓN DE INTERESES PARTICULARES…, CUALQUIERA SEA EL AGENTE AL CUAL PUEDA EVENTUALMENTE ATRIBUIRSE LA VIOLACIÓN, AUN LOS PARTICULARES, PUES, SI SUS HECHOS NO SON INVESTIGADOS CON SERIEDAD, RESULTARÍAN, EN CIERTO MODO, AUXILIADOS POR EL PODER PÚBLICO, LO QUE COMPROMETERÍA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO".94 166. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE DEJA EN CLARO QUE, EN EL CASO SUB JUDICE, EL PODER JUDICIAL NO HA RESUELTO OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS INTERPUESTOS A FAVOR DE LOS MENORES, NO HA CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES QUE PROTEGEN AL MENOR Y NO HA LLEVADO A CABO, CON EXCEPCIÓN DE UN CASO, UNA INVESTIGACIÓN SERIA TENDIENTE A JUZGAR Y SANCIONAR A LOS JUECES Y AUTORIDADES RESPONSABLES DE VIOLAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES. DE LO ANTERIOR SE COLIGE QUE LA PRÁCTICA DE INTERNAR MENORES EN CÁRCELES PARA ADULTOS, DE RECLUIRLOS POR ÓRDENES DE JUECES QUE NO SON COMPETENTES, DE PRIVARLOS DE SU LIBERTAD POR MOTIVOS NO TIPIFICADOS COMO DELITOS Y DE NO PROVEERLES DE UN DEFENSOR DE OFICIO, HA TENIDO LUGAR CON EL APOYO O LA TOLERANCIA DEL PODER PÚBLICO. 167. ESTO PERMITE A LA COMISIÓN CONCLUIR QUE EL ESTADO HA VIOLADO SU DEBER DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS MENORES CONFORME AL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.365111+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.365114+00:00

Análisis del Caso

2. LOS HECHOS PROBADOS EN RELACIÓN CON LA DETENCIÓN DE MENORES EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS 76. CON BASE EN LA PRUEBA APORTADA, LA COMISIÓN HA PODIDO CONSTATAR UNA PRÁCTICA ADMINISTRATIVA POR PARTE DEL ESTADO DE HONDURAS DE PERMITIR QUE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 18 AÑOS SEAN PRIVADOS DE LIBERTAD Y RECLUIDOS EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS. TAL PRÁCTICA, QUE FUE INSTAURADA A CONSECUENCIA DEL AUTO ACORDADO DICTADO POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS EL 16 DE ENERO DE 1995, HA CONFIGURADO UNA SITUACIÓN GENERAL EN EL TERRITORIO HONDUREÑO, Y NO SIMPLEMENTE UNA SERIE DE CASOS AISLADOS. 77. SEGÚN EL ESTADO HONDUREÑO, EL AUTO ACORDADO SE ADOPTÓ, COMO MEDIDA TEMPORAL, DEBIDO A LA ALARMANTE PARTICIPACIÓN DE MENORES EN LA COMISIÓN DE CRÍMENES Y DELITOS GRAVES Y A LA FALTA DE SEGURIDAD DE LOS CENTROS DE MENORES EXISTENTES EN EL PAÍS. EL ESTADO HA EXPRESADO QUE, CONFORME A LO DISPUESTO POR EL AUTO ACORDADO, LOS MENORES DELINCUENTES ERAN TRASLADADOS A "ÁREAS INDEPENDIENTES DENTRO DE LA PENITENCIARÍA CENTRAL O DE LAS CÁRCELES DEPARTAMENTALES" Y QUE SE ESTABAN TOMANDO "LAS MÁS ESTRICTAS MEDIDAS A EFECTO DE QUE PERMANEZCAN TOTALMENTE AISLADOS DEL RESTO DE LA POBLACIÓN PENITENCIARIA (...)". EL 29 DE NOVIEMBRE DE 1995, EL ESTADO INFORMÓ QUE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA HABÍA RESUELTO DEJAR SIN NINGÚN VALOR Y EFECTO EL AUTO ACORDADO EMITIDO EL 16 DE ENERO DE 1995, POR "HABER CESADO LAS CAUSAS QUE LE DIERON ORIGEN". LA DECISIÓN DEBÍA ENTRAR EN VIGENCIA EL 1O. DE ENERO DE 1996. 78. LA COMISIÓN CONSIDERA COMO HECHO PROBADO QUE LA DETENCIÓN DE MENORES EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS SE DA CON LA TOTAL ANUENCIA DEL ESTADO A PARTIR DE ENERO DE 1995, COMO CONSECUENCIA DE LA APROBACIÓN DEL MENCIONADO AUTO ACORDADO. LA PRÁCTICA GENERALIZADA DE DETENER MENORES CON ADULTOS ES INDEPENDIENTE DE DICHO AUTO, YA QUE SUBSISTIÓ AUN DESPUÉS DE LA DEROGACIÓN DEL MISMO. LAS DETENCIONES SE PRODUJERON EN DIFERENTES CÁRCELES PARA ADULTOS, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES: PENITENCIARÍA CENTRAL DE TEGUCIGALPA, PRISIÓN DE JALTEVA, PRESIDIO DE SAN PEDRO SULA, PRESIDIO DE TELA, PRESIDIO DE SANTA BÁRBARA, GRANJA PENAL DE LA CEIBA, ATLÁNTIDA, PRESIDIO DE GRACIAS LEMPIRA, GRANJA PENAL DE DANLÍ, PRESIDIO DE TRUJILLO, PRESIDIO DE CHOLUTECA, CENTRO PENAL DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, Y GRANJA PENAL DE SANTA ROSA DE COPÁN, PRESIDIO DE PUERTO CORTÉS, Y PRESIDIO COMAYAGUA. 79. EN RELACIÓN CON LOS 28 MENORES DETENIDOS EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL DE TEGUCIGALPA, A LOS QUE SE REFIERE LA DENUNCIA, ESTE HECHO APARECE CONFIRMADO EN UN CUADRO PRESENTADO POR EL ESTADO CON EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DEL 2 DE JUNIO DE 1995. ESTE CUADRO, TITULADO "REGISTRO DE INGRESOS A LA PENITENCIARÍA CENTRAL EN CALIDAD DE MENORES, MOTIVO DE SU INGRESO Y SU SITUACIÓN ACTUAL", FUE PREPARADO POR EL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DEPARTAMENTO DE DERECHOS DE LA INFANCIA, Y DA CUENTA DE LOS MENORES DETENIDOS EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL DE TEGUCIGALPA AL 26 DE MARZO DE 1995. EN EL MISMO ESTÁN INCLUIDOS LOS 28 NOMBRES MENCIONADOS POR LOS PETICIONARIOS EN LA DENUNCIA. 80. CON RESPECTO A LOS DEMÁS MENORES CUYAS DETENCIONES EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS SE FUERON REPORTANDO A LO LARGO DEL TRÁMITE DE LA PRESENTE DENUNCIA, EL 25 DE AGOSTO DE 1995 EL ESTADO INFORMÓ QUE DESDE EL 5 DE JULIO DE 1995 SE HABÍA ESTADO TRASLADANDO A MENORES QUE SE ENCONTRABAN EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL Y EN LAS CÁRCELES DEPARTAMENTALES AL CENTRO CERRADO DE TÁMARA, DENOMINADO "CENTRO JUVENIL RENACIENDO", EL CUAL HABÍA ENTRADO EN FUNCIONAMIENTO RECIENTEMENTE Y TIENE UNA CAPACIDAD PARA ALBERGAR 40 MENORES. SI BIEN ESTAS ACCIONES DEMUESTRAN EL INTERÉS DEL ESTADO EN SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DE LOS MENCIONADOS MENORES, A CRITERIO DE LA COMISIÓN, TAMBIÉN IMPLICA UN RECONOCIMIENTO TÁCITO DE DICHAS DETENCIONES. 85. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, AUNQUE EN MENOR ESCALA, LA PRÁCTICA DE DETENER A MENORES EN CENTROS PARA ADULTOS SUBSISTIÓ AUN DESPUÉS DE LA REVOCACIÓN DEL AUTO ACORDADO DE 16 DE ENERO DE 1995. TAMBIÉN CONSIDERA PROBADO QUE, CONTRARIAMENTE A LO QUE ALEGA EL ESTADO, LOS MENORES ESTABAN EN CONTACTO CON DETENIDOS ADULTOS. ESTO SE DERIVA, ENTRE OTROS, DE ARTÍCULOS DE PRENSA EN LOS QUE FIGURAN DECLARACIONES PÚBLICAS EMITIDAS POR FUNCIONARIOS JUDICIALES Y NO CONTROVERTIDAS, QUE FORMAN PARTE DEL ACERVO PROBATORIO. ASÍ POR EJEMPLO, EL TIEMPO, DE 12 DE ABRIL DE 1995, INFORMA SOBRE UNA VISITA DE REPRESENTANTES DE CASA ALIANZA, DEL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, DE LA FISCALÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA A LA PENITENCIARÍA CENTRAL, EN DONDE PUDIERON COMPROBAR QUE EN UNA CELDA DE SEIS POR SEIS METROS DE EXTENSIÓN HABÍA 40 PERSONAS Y, ENTRE ELLAS, 27 MENORES. 86. EL NACIONAL DE 19 DE ABRIL DE 1995, POR OTRA PARTE, PUBLICA UNA DECLARACIÓN DE LA ABOGADA TEODOLINDA MEJÍA, FISCAL PARA EL MENOR Y EL DISCAPACITADO DEL MINISTERIO PÚBLICO, EN LA QUE REFUTA UNA ASEVERACIÓN DE CASA ALIANZA DE QUE DICHA FISCALÍA Y EL COMISIONADO PARA LOS DERECHOS HUMANOS NO HACÍAN NADA EN FAVOR DE LOS NIÑOS RECLUIDOS EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL (PC). BAJO EL SUBTÍTULO "RECLUSIÓN ENTRE ADULTOS", LA DECLARACIÓN DE LA FISCAL REZA ASÍ: "...SEGÚN MEJÍA, DESDE QUE TOMÓ POSESIÓN DEL CARGO TRABAJA EN EL CASO JUNTO CON LA REPRESENTANTE DEL COMISIONADO NACIONAL (PARA LOS DERECHOS HUMANOS), TRAS LA PETICIÓN DE CASA ALIANZA DE DOS CASOS ESPECÍFICOS, PERO QUE AL CONCLUIR EL ESTUDIO SE ENCONTRARON CON 27 CASOS DE MENORES RECLUIDOS CON ADULTOS" EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL. 92. AHORA BIEN, EN RELACIÓN CON EL TEMA DE LA PRUEBA, LA COMISIÓN CONSIDERA IMPORTANTE DESTACAR QUE EL ESTADO NO HA APORTADO EVIDENCIA TENDIENTE A DESVIRTUAR LAS ALEGACIONES DE LOS PETICIONARIOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE LOS MÚLTIPLES MENORES INVOLUCRADOS EN ESTE CASO. POR EL CONTRARIO, SE HA LIMITADO A HACER PRESENTACIONES DE CARÁCTER GENERAL Y A REFERIRSE A LA SITUACIÓN DE UNO U OTRO MENOR, PRESENTANDO SIEMPRE INFORMACIÓN INCOMPLETA CON RESPECTO A ELLOS. EL ESTADO, ADEMÁS, NO HA PRESENTADO UNA LISTA EXHAUSTIVA, CONFRONTADA CON LOS CORRESPONDIENTES REGISTROS DE INGRESOS EN CADA UNO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL PAÍS, DEL NÚMERO DE MENORES DETENIDOS; DE SU FECHA DE NACIMIENTO; DE LA FECHA DE INGRESO, TRASLADO A UN CENTRO DE MENORES O SALIDA DEL CENTRO PENAL; DEL MOTIVO DE LA RECLUSIÓN; DEL JUZGADO QUE REMITIÓ A CADA MENOR A LOS CENTROS PENALES DEL PAÍS; LOS NOMBRES DE LOS CENTROS PENALES A LOS CUALES FUERON REMITIDOS Y, EN SU CASO, DE LOS CENTROS DE MENORES A LOS QUE HAN SIDO TRASLADADOS; DEL DEFENSOR PÚBLICO ASIGNADO; DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS PRESENTADOS, DE LAS FECHAS DE INTERPOSICIÓN Y DECISIÓN Y DE LAS DECISIONES ADOPTADAS CON RESPECTO A CADA UNO DE ESTOS RECURSOS. TAMPOCO HA PRESENTADO DOCUMENTOS PROBATORIOS QUE DEMUESTREN ESTOS HECHOS, NI COPIAS DE LAS DECISIONES JUDICIALES DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS INTERPUESTOS. ADEMÁS, SÓLO HA PRESENTADO UNAS POCAS PARTIDAS DE NACIMIENTO Y DICTÁMENES DE MÉDICOS FORENSES SOBRE LA EDAD DE ESTOS MENORES, SIN HACER REFERENCIA, EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS A LA FECHA EN QUE OCURRIERON LOS HECHOS, LO QUE DIFICULTA AUN MÁS LA TAREA DE ANÁLISIS DE LA COMISIÓN. 93. A ESTE RESPECTO, LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HA ESTABLECIDO QUE: A DIFERENCIA DEL DERECHO PENAL INTERNO, EN LOS PROCESOS SOBRE VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS, LA DEFENSA DEL ESTADO NO PUEDE DESCANSAR SOBRE LA IMPOSIBILIDAD DEL DEMANDANTE DE ALLEGAR PRUEBAS QUE, EN MUCHOS CASOS, NO PUEDEN OBTENERSE SIN LA COOPERACIÓN DEL ESTADO. ES EL ESTADO QUIEN TIENE EL CONTROL DE LOS MEDIOS PARA ACLARAR HECHOS OCURRIDOS DENTRO DE SU TERRITORIO. LA COMISIÓN, AUNQUE TIENE FACULTADES PARA REALIZAR INVESTIGACIONES, EN LA PRÁCTICA DEPENDE, PARA PODER EFECTUARLAS DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL ESTADO, DE LA COOPERACIÓN Y DE LOS MEDIOS QUE LE PROPORCIONE EL GOBIERNO 94. ESTA JURISPRUDENCIA FUE REITERADA POR LA CORTE EN EL CASO NEIRA ALEGRÍA, EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE DOS PERSONAS QUE ESTABAN DETENIDAS EN EL PENAL SAN JUAN BAUTISTA (CONOCIDO COMO "EL FRONTÓN") DE PERÚ, EN CALIDAD DE PROCESADOS COMO PRESUNTOS AUTORES DEL DELITO DE TERRORISMO. 95. LA COMISIÓN HA RECOGIDO LA JURISPRUDENCIA ANTES CITADA EN SU INFORME Nº 55/97, QUE SE APOYA EN LA RELACIÓN QUE EXISTÍA ENTRE LOS AGENTES DEL ESTADO Y LOS ATACANTES DEL CUARTEL MILITAR DEL REGIMIENTO DE INFANTERÍA MECANIZADA Nº 3 "GENERAL BELGRANO", DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, LUEGO DE SER CAPTURADOS, ERA ANÁLOGA A LA DE LOS GUARDIAS DE UNA CÁRCEL Y LOS PRESOS QUE SE HALLAN BAJO SU CUSTODIA.53 TANTO LA JURISPRUDENCIA DE LA CORTE COMO LA DOCTRINA DE LA COMISIÓN A LA QUE ACABAMOS DE REFERIRNOS SE APLICAN EN EL PRESENTE CASO, EN EL CUAL LOS DETENIDOS SE ENCONTRABAN EN ESTADO DE INDEFENSIÓN Y BAJO EL CONTROL ABSOLUTO Y LA CUSTODIA EXCLUSIVA DEL ESTADO. 96. CON BASE EN LO EXPUESTO, LA COMISIÓN ESTIMA QUE EN EL PRESENTE CASO LA CARGA DE LA PRUEBA, PARA COMPROBAR SUS DESCARGOS DE LOS HECHOS ALEGADOS Y PROBADOS POR LOS PETICIONARIOS, DEBIÓ SER ASUMIDA POR EL ESTADO HONDUREÑO, COSA QUE NO SUCEDIÓ. A CRITERIO DE LA COMISIÓN, ESTO ES SUFICIENTE PARA DAR POR CIERTOS LOS HECHOS ALEGADOS Y NO DESVIRTUADOS POR EL ESTADO EN VIRTUD DEL PRINCIPIO DE QUE "SALVO EN LA MATERIA PENAL --QUE NO TIENE QUE VER CON EL PRESENTE CASO--"…"EL SILENCIO DEL DEMANDADO O SU CONTESTACIÓN ELUSIVA O AMBIGUA PUEDEN INTERPRETARSE COMO ACEPTACIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA, POR LO MENOS MIENTRAS LO CONTRARIO NO APAREZCA DE LOS AUTOS O NO RESULTE DE LA CONVICCIÓN JUDICIAL".54 EN ESTE CASO PARTICULAR, A PESAR DEL SILENCIO Y DE LA FALTA DE DILIGENCIA DEL ESTADO PARA ASUMIR SU DEFENSA, EL ACERVO PROBATORIO TIENDE A CORROBORAR BUENA PARTE DE LOS HECHOS. 97. EN RELACIÓN CON LOS RECORTES DE PRENSA QUE FORMAN PARTE DE ESTE ACERVO PROBATORIO, LA COMISIÓN HACE CONSTAR QUE, CONFORME LO HA DECLARADO LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, NO SE LES PUEDE DAR EL CARÁCTER DE PRUEBA DOCUMENTAL PROPIAMENTE DICHA. "MUCHOS DE ELLOS, SIN EMBARGO, CONSTITUYEN LA MANIFESTACIÓN DE HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS QUE, COMO TALES, NO REQUIEREN EN SÍ MISMOS DE PRUEBA; OTROS TIENEN VALOR, COMO HA SIDO RECONOCIDO POR LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL (MILITARY AND PARAMILITARY ACTIVITIES IN AN AGAINST NICARAGUA), SUPRA 127, PÁRRS. 62-64 EN CUANTO REPRODUCEN TEXTUALMENTE DECLARACIONES PÚBLICAS, ESPECIALMENTE DE ALTOS FUNCIONARIOS ... DEL GOBIERNO ... O DE LA PROPIA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS...". EN ESTE CASO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE SE TRATA DE HECHOS NOTORIOS QUE HAN DESPERTADO REACCIÓN A NIVEL MUNDIAL Y DE DECLARACIONES DE FUNCIONARIOS JUDICIALES A CUYO CARGO ESTÁ LA PROTECCIÓN JUDICIAL DE LOS DERECHOS INDEROGABLES DEL NIÑO. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE ESTOS ARTÍCULOS DE PRENSA TIENEN UN ESPECIAL VALOR PROBATORIO EN TANTO DE ELLOS PUEDEN INFERIRSE CONCLUSIONES CONSISTENTES Y NO CONTROVERTIDAS SOBRE LOS HECHOS PÚBLICOS Y NOTORIOS. 98. ESTOS HECHOS, CONSIDERADOS A LA LUZ DE LA NORMATIVA APLICABLE, PERMITEN CONCLUIR QUE LA PRÁCTICA DE RECLUIR A MENORES DE 18 AÑOS EN CENTROS DE PRISIÓN PARA ADULTOS, CON GRAVE RIESGO PARA SU INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL, VIOLA EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN NO SUSPENDIBLE DE GARANTIZAR, EN FORMA ESPECIAL, LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ. DE ESTA OBLIGACIÓN SE HACEN ECO LA CONSTITUCIÓN DE HONDURAS Y LA LEGISLACIÓN DICTADA CONFORME A ELLA. TODO LO CUAL GUARDA RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN ESTATAL DE CARÁCTER POSITIVO DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES QUE ESTÁN BAJO SU JURISDICCIÓN, SIN DISTINCIÓN DE NINGUNA CLASE.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.368288+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.368291+00:00

Análisis del Caso

3. LA NORMATIVA APLICABLE EN RELACIÓN CON EL JUZGAMIENTO DE LOS MENORES 99. CON RESPECTO AL JUZGAMIENTO DE LOS MENORES, HEMOS DICHO ANTES QUE EL ARTÍCULO 5(5) DE LA CONVENCIÓN ESTABLECE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA DE LLEVAR A LOS MENORES "ANTE TRIBUNALES ESPECIALIZADOS, CON LA MAYOR CELERIDAD POSIBLE, PARA SU TRATAMIENTO". EN OTRAS PALABRAS, ESTA DISPOSICIÓN ESTABLECE EL DEBER DE CREAR UNA MAGISTRATURA ESPECIALIZADA EN INFRACCIONES COMETIDAS POR PERSONAS MENORES DE 18 AÑOS, QUE SEA LA ÚNICA COMPETENTE PARA JUZGAR A LOS MENORES. 100. LA CONSTITUCIÓN DE HONDURAS, EN SU ARTÍCULO 122, TAMBIÉN ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE CREAR UNA JURISDICCIÓN DE MENORES, AL EXPRESAR QUE "LA LEY ESTABLECERÁ LA JURISDICCIÓN Y LOS TRIBUNALES ESPECIALES QUE CONOCERÁN DE LOS ASUNTOS DE FAMILIA Y DE MENORES". 101. A CRITERIO DE LA COMISIÓN, ESTA DISPOSICIÓN RECOGE UNA DE LAS PRINCIPALES NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL EN MATERIA DE DERECHOS DE LA INFANCIA, CUAL ES LA PROHIBICIÓN DE JUZGAR A NIÑOS58 COMO ADULTOS. ELLO IMPLICA QUE EL SISTEMA PENAL DE LA JUSTICIA DE MENORES DEBE TENER UN CAMPO DE APLICACIÓN MUCHO MÁS LIMITADO QUE EL DEL DERECHO PENAL COMÚN, DADA LA OBLIGACIÓN QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN, DE OTORGAR AL NIÑO UNA PROTECCIÓN ESPECIAL.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.370981+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.370984+00:00

Resumen del Caso

1. EN COMUNICACIÓN DE 14 DE ENERO DE 1982, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECIBIÓ LA SIGUIENTE DENUNCIA: FRANCISCO FAIRÉN GARBI, PASAPORTE 9-048-377, ESTUDIANTE, 28 AÑOS Y YOLANDA SOLÍS, PASAPORTE 1-419-1217 EDUCADORA, 28 AÑOS, DESAPARECIERON EN HONDURAS EL 11 DE DICIEMBRE DE 1981 ENCONTRÁNDOSE EN TRÁNSITO POR ESTE PAÍS CON DESTINO A MÉXICO. LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS, NIEGAN SU INGRESO A HONDURAS MIENTRAS QUE INFORMES DEL GOBIERNO DE NICARAGUA CERTIFICAN SU SALIDA HACIA HONDURAS POR EL PUESTO FRONTERIZO DE "LAS MANOS" EL 11 DE DICIEMBRE DE 1981, A LAS 4:00 P.M. PEDIMOS AL GOBIERNO HONDUREÑO RESPETO POR SUS VIDAS E INTEGRIDAD PERSONAL YA QUE SE TEME ESTÉN SUFRIENDO MAL TRATO Y QUE SE LE INFORME AL GOBIERNO COSTARRICENSE ACERCA DE SU PARADERO Y CONDICIONES, ASÍ COMO QUE SE LES FACILITE SU REGRESO A COSTA RICA. 2. EN NOTA DE 19 DE ENERO DE 1982, LA COMISIÓN TRANSMITIÓ LAS PARTES PERTINENTES DE LA DENUNCIA AL GOBIERNO DE HONDURAS SOLICITÁNDOLE QUE SUMINISTRASE LA INFORMACIÓN RELATIVA A LOS HECHOS, ASÍ COMO CUALQUIER ELEMENTO DE JUICIO QUE PERMITIESE A LA COMISIÓN APRECIAR SI EN EL CASO MATERIA DE LA PRESENTE SOLICITUD SE HAN AGOTADO O NO LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA. 3. EN NOTA DE 21 DE ENERO DE 1982, LA COMISIÓN RECIBIÓ INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ESTE CASO, LA QUE FUE TRANSMITIDA AL GOBIERNO DE HONDURAS EL 22 DE FEBRERO DE 1982, EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: DENUNCIAMOS LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS POR PARTE DEL GOBIERNO HONDUREÑO, EN PERJUICIO DE LAS SIGUIENTES PERSONAS: FRANCISCO FAIRÉN GARBI, PASAPORTE COSTARRICENCE NO. 9048377, DE 28 AÑOS, SOLTERO, ESTUDIANTE DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, Y EMPLEADO DEL BANCO NACIONAL DE COSTA RICA DESDE 1974 Y CUYA DIRECCIÓN EN COSTA RICA ES CALLE L AVENIDAS 8 Y 10, ESCAZÚ CENTRO, TELÉFONO 28-05-26 Y DE LA SRTA. YOLANDA SOLÍS CORRALES PASAPORTE COSTARRICENSE NO. 14191217, DE 28 AÑOS, SOLTERA, PROFESORA DE CIENCIAS SOCIALES, Y CUYA DIRECCCIÓN EN COSTA RICA ES CALLE 5, AVENIDA 12 Y 14, ESCAZÚ, TELÉFONO: 28-21-23. NUESTRA DENUNCIA ESTÁ BASADA EN LOS SIGUIENTES HECHOS: EL 8 DE DICIEMBRE DE 1981, LAS PERSONAS MENCIONADAS SALIERON DE SAN JOSÉ EN EL VEHÍCULO MARCA OPEL-RECORD, MODELO 1971 DE MATRÍCULA COSTARRICENSE NO. 39992, SE DIRIGÍAN A MÉXICO, ATRAVESANDO NICARAGUA, HONDURAS, GUATEMALA, PARA LLEGAR A LA CIUDAD DE CÓRDOVA, ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO; DEBIENDO REGRESAR A COSTA RICA EL 21 DE DICIEMBRE YA QUE FRANCISCO DEBÍA REINTEGRARSE A SUS LABORES EL 22 DE DICIEMBRE. POR OTRA PARTE AMBOS SE HABÍAN COMPROMETIDO CON SUS FAMILIAS A ESTAR PRESENTES EN LA CELEBRACIÓN DE LA NAVIDAD. AL NOTAR SU AUSENCIA, EL 24 DE DICIEMBRE, SE HICIERON GESTIONESS PARA AVERIGUAR EL PARADERO ENTRE SUS AMIGOS Y CONOCIDOS QUIENES INFORMARON NO TENER NOTICIAS. EN CASA DE LOS FAMILIARES QUE IBAN A RECIBIRLOS EN MÉXICO INFORMARON QUE NO HABÍAN LLEGADO. EN VISTA DE ESTO, EL 5 DE ENERO DE 1982, SE DIRIGIERON NOTAS SIMILARES A LAS EMBAJADAS DE NICARAGUA, HONDURAS Y GUATEMALA SOLICITANDO INFORMACIÓN ACERCA DEL PARADERO DE AMBOS. EL 8 DE ENERO DE 1982 SE RECIBIÓ RESPUESTA DE LA EMBAJADA DE NICARAGUA EN COSTA RICA, EN DONDE CERTIFICABAN QUE TANTO FRANCISCO COMO YOLANDA ABANDONARON TERRITORIO DE NICARAGUA EL 11 DE DICIEMBRE DE 1981 POR EL PUESTO FRONTERIZO DE "LAS MANOS" EN EL LÍMITE CON HONDURAS. EL 24 DE ENERO DE 1982 SE RECIBIÓ RESPUESTA DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN QUE CONSTA QUE ENTRE EL 8 Y 12 DE DICIEMBRE DE 1981 NI FRANCISCO NI YOLANDA INGRESARON A GUATEMALA. AL NO RECIBIRSE REPUESTA DE LA EMBAJADA DE HONDURAS, SE VISITÓ A LA SRA. ARGENTINA DE SÁNCHEZ, TERCER SECRETARIO A CARGO DE LA EMBAJADA, EN AUSENCIA DE LA SEÑORA EMBAJADORA POR MOTIVO DE VACACIONES, QUIEN EXPLICÓ QUE ELLA NO ESTABA AUTORIZADA PARA COMUNICARSE CON LA CANCILLERÍA DE SU PROPIO PAÍS MIENTRAS ESTUVIERA AUSENTE LA EMBAJADORA, RECIBIÉNDOSE EL 20 DE ENERO DE 1982 POR TODA RESPUESTA EL TELEGRAMA CUYO TEXTO ES EL SIGUIENTE; SEÑORES: SINTIENDO SU GRAN PREOCUPACION ESTAMOS ESPERANDO CONTESTACION DE LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS PARA HACERLAS DE VUESTRO CONOCIMIENTO. A PARTIR DEL 4 DE ENERO DE 1982, SE REALIZARON GESTIONES ANTE EL SEGUNDO VICEPRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y MINISTRO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMERCIO, LIC. JOSÉ MIGUEL ALFARO; ANTE EL MINISTRO DE JUSTICIA, LIC. ELIZABETH ODIO BENITO; EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, LIC. JOSÉ RAFAEL CORDERO GROCERÍ, EL VICE-MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, LIC. MARIO FERNÁNDEZ SILVA, Y LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA CANCILLERÍA; DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO EXTERIOR, SEÑORA FRANCIS VÍQUEZ DE SOLÓRZANO; DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO, LIC. JOSÉ LUIS CORDERO COOPER, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INMUNIDADES Y PRIVILEGIOS, LIC. JOSÉ ANDRÉS CARRILLO CHÁVEZ; JEFE DEL DEPARTAMENTO CONSULAR, SEÑOR VÍCTOR MONGE. ADEMÁS DE UNA CARTA AL LIC. BERND NIHAUS, MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, AL RESPECTO. EL SEÑOR VÍCTOR MONGE, JEFE DEL DEPARTAMENTO CONSULAR INFORMÓ QUE ERA EL QUINTO CASO DE COSTARRICENSES DESAPARECIDOS EN HONDURAS, DE CONOCIMIENTO DE LA CANCILLERÍA. AL COMUNICARSE CON EL CONSULADO DE COSTA RICA EN HONDURAS Y LUEGO DE QUE EL CONSULADO PIDIERA INFORMES A LA DNI (DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES) INFORMÓ QUE EN LOS REGISTROS DE LOS PUESTOS MIGRATORIOS NO APARECÍA EL INGRESO DE FRANCISCO Y YOLANDA Y POR TANTO ELLOS NO SE ENCONTRABAN EN HONDURAS, SIN EMBARGO NO SE HABÍA REVISADO EL INFORME OFICIAL DEL MES DE DICIEMBRE. POSTERIORMENTE EL CÓNSUL DE COSTA RICA EN HONDURAS RECIBIÓ COPIAS DEL LISTADO DE COMPUTADOR EN LAS ENTRADAS A HONDURAS POR LOS TRES PUESTOS FRONTERIZOS CON NICARAGUA ENTRE EL 8 Y 15 DE DICIEMBRE, EN QUE NO SE REPORTABA EL INGRESO DE FRANCISCO Y YOLANDA. DICHO INFORME FUE RECIBIDDO TRES DÍAS DESPUÉS DE SOLICITADO, Y NO EN EL MISMO DÍA QUE SE ACOSTUMBRA. EL SR. VÍCTOR MONGE, NI EL CONSULADO DE COSTA RICA EN HONDURAS TUVIERON EN NINGÚN MOMENTO UNA RESPUESTA OFICIAL. EL VICEPRESIDENTE ALFARO QUE ESTUVO EN HONDURAS ENTRE EL 11 Y 13 DE ENERO, SOLICITÓ INFORMES A SU HOMÓLOGO DE HONDURAS, QUIEN QUEDÓ EN SOLICITAR INFORMACIÓN AL DIRECTOR DE LA G-2 Y HASTA AHORA NO SE HA RECIBIDO RESPUESTA ALGUNA. EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, LIC. CORDERO GROCERI, INFORMÓ QUE EL CASO SE HABÍA TRATADO EN UNA REUNIÓN DEL CONSEJO DE GOBIERNO DEL JUEVES 7 DE ENERO Y TODO EL GABINETE MOSTRÓ PREOCUPACIÓN POR LA SITUACIÓN QUE ÉL PERSONALMENTE HACÍA GESTIONES ANTE EL GOBIERNO HONDUREÑO. LA LIC. ELIZABETH ODIO, MINISTRA DE JUSTICIA, SOLICITÓ INFORMACIÓN RECIBIENDO RESPUESTA ORAL EN EL SENTIDO DE QUE NO HABÍAN INGRESADO A HONDURAS ESTA COMUNICACIÓN TAMBIÉN ORAL, NO TIENE NINGUNA COMUNICACIÓN OFICIAL. EL VICEPRESIDENTE LIC. FERNÁNDEZ SILVA, SE COMUNICÓ CON EL EMBAJADOR DE COSTA RICA EN HONDURAS, LIC. FEDERICO ALVAREZ, QUIEN PROMETIÓ HACER LAS AVERIGUACIONES DEL CASO SIN OBTENER RESULTADOS POSITIVOS. ASÍMISMO, PROMETIÓ AYUDA Y PROTECCIÓN OFICIAL A UNO DE LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS PARA UN EVENTUAL VIAJE A HONDURAS. A LA LUZ DE LA EVASIVA DEL GOBIERNO DE HONDURAS DE DAR INFORMES OFICIALES INMEDIATOS, DEL INFORME DEL GOBIERNO DE NICARAGUA DE QUE SALIERON DEL PAÍS, Y DEL TESTIMONIO DE VECINOS DE TEGUCIGALPA, QUE AFIRMAN HABER VISTO ENTRE LAS 18:00 Y 18:30 HORAS DEL 11 DE DICIEMBRE EN LAS INMEDIACIONES DEL HOTEL ALAMEDA A UN VEHÍCULO OPEL CON MATRÍCULA COSTARRICENSE Y UNA PAREJA JOVEN DENTRO DEL VEHÍCULO, YA QUE ES UNA SITUACIÓN QUE SE REPITE: ES QUE RESPONSABILIZAMOS AL GOBIERNO HONDUREÑO Y AL G-2 DEL DESAPARECIMIENTO DE LAS VÍCTIMAS. COMO SE SABE EN OTROS CASOS HA HABIDO MALTRATO FÍSICO, TEMEMOS QUE ESTO SE REPITA Y SOLICITAMOS QUE SE LES REPETE SU VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL.

Clasificación Temática

DESAPARICIONES FORZADAS

Derechos

ARTS. 4 Y 7 CADH

Análisis del Caso

1. QUE SE PUEDE TENER COMO INCONTROVERTIBLE EL HECHO DE QUE FRANCISCO FAIREN GARBI Y YOLANDA SOLIS CORRALES, PORTADORES DE PASAPORTES COSTARRICENCES, HAN VIAJADO DESDE SAN JOSÉ, COSTA RICA, EL 8 DE DICIEMBRE DE 1981, POR VÍA TERRESTRE, EN AUTOMÓVIL PARTICULAR CON DESTINO A CÓRDOVA, ESTADO DE VERACRUZ, MÉXICO. NO SOLAMENTE LO AFIRMA EL RECLAMANTE, SINO TAMBIÉN LO CONFIRMA EL GOBIERNO DE NICARAGUA, EN NOTA EN QUE INFORMA EL INGRESO DE AQUELLAS DOS PERSONAS EN SU TERRITORIO Y LA SALIDA DE LAS MISMAS PARA EL TERRITORIO DE HONDURAS. 2. QUE DE LA MISMA MANERA, PUEDE CONSIDERARSE COMPROBADO EL HECHO DE QUE FRANCISCO FAIREN GARBI Y YOLANDA SOLIS CORRALES INGRESARON EN EL TERRITORIO DE NICARAGUA EN LA ÉPOCA DE SU VIAJE. EL HECHO ESTÁ IMPLÍCITO EN LAS INFORMACIONES DE LA EMBAJADA DE ESE PAÍS EN COSTA RICA, PUES LAS AUTORIDADES NICARAGUENSES, DESDE EL PRIMER MOMENTO (8 DE ENERO DE 1982) CERTIFICARON LA SALIDA DE LOS DOS DESAPARECIDOS EL 11 DE DICIEMBRE DE 1981 POR EL PUESTO FRONTERIZO DE "LAS MANOS", A TRAVÉS DEL CUAL INGRESARON EN EL TERRITORIO DE HONDURAS. 3. QUE LAS COMUNICACIONES POSTERIORMENTE PRESENTADAS POR LOS GOBIERNOS DE HONDURAS Y GUATEMALA NO TIENEN LA MISMA COHERENCIA DE LOS INFORMES DEL GOBIERNO DE NICARAGUA. A SABER: A. EL 14 DE ENERO DE 1982, EN NOTA FIRMADA POR EL SEÑOR PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA, CATEGÓRICAMENTE, SE AFIRMA QUE LOS DESAPARECIDOS "NO ENTRARON NI SALIERON DE GUATEMALA" ENTRE EL 8 Y EL 12 DE DICIEMBRE DE 1981 "LO CUAL ESTÁ REGISTRADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN DE GUATEMALA". TENIENDO EN CUENTA QUE LOS DESAPARECIDOS HABÍAN INGRESADO EN HONDURAS, SEGÚN LO QUE FUERA CERTIFICADO POR EL GOBIERNO DE NICARAGUA, Y QUE DE ALLÍ NO SALIERAN, SEGÚN LA INFORMACIÓN DEL GOBIERNO DE GUATEMALA, LA CONCLUSIÓN NATURAL SERÍA LA PERMANENCIA DE AQUELLAS PERSONAS EN TERRITORIO DE HONDURAS. B. A SU VEZ, EL GOBIERNO DE HONDURAS HIZO UNA INICIAL DECLARACIÓN DE QUE LOS DESAPARECIDOS NO CONSTABAN EN EL LISTADO DE COMPUTADOR DE LAS ENTRADAS EN HONDURAS ENTRE EL 8 Y 15 DE DICIEMBRE DE 1981, SEGÚN ACLARACIONES PRESENTADAS AL SEÑOR CÓNSUL DE COSTA RICA EN HONDURAS. ESO LLEVARÍA A LA CONCLUSIÓN INACEPTABLE DE QUE LOS DOS JÓVENES DESAPARECIDOS NO SE ENCONTRABAN EN NINGUNO DE LOS PAÍSES DE SU ITINERARIO TURÍSTICO. C. EXISTIÓ, POR LO MENOS INICIALMENTE, UNA FLAGRANTE CONTRADICCIÓN ENTRE LAS INFORMACIONES DE LOS GOBIERNOS DE NICARAGUA Y GUATEMALA Y LAS INFORMACIONES DEL GOBIERNO DE HONDURAS, LO QUE, EN AQUEL MOMENTO, HACÍA IMPOSIBLE AVERIGUAR CUAL ERA LA INFORMACIÓN CORRECTA, TODA VEZ QUE, EN SÍNTESIS, LOS TRES ESTADOS SUPRA REFERIDOS NEGARAN LA PERMANENCIA, EN SUS TERRITORIOS DE FRANCISCO FAIREN GARBI Y YOLANDA SOLÍS CORRALES. 4. QUE OCURRIÓ TODAVÍA QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS EL 11 DE FEBRERO DE 1982, EN DOCUMENTO FIRMADO POR EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE POBLACIÓN Y POLÍTICA MIGRATORIA, ADMITIÓ ALGO NUEVO, ES DECIR, QUE, AL CONTRARIO DE LO QUE FUERA AFIRMADO ANTERIORMENTE, YOLANDA SOLIS CORRALES INGRESÓ EN HONDURAS EL DÍA 12 DE DICIEMBRE DE 1981 Y SE HIZO CONSTAR, AL MISMO TIEMPO, QUE LO MISMO NO OCURRIÓ CON FRANCISCO FAIREN GARBI, AGREGÁNDOSE, ADEMÁS, EL HECHO SIGNIFICATIVO DE QUE NO FUE REGISTRADA LA SALIDA DE AMBOS CIUDADANOS COSTARRICENSES DEL TERRITORIO DE HONDURAS. 5. QUE LA CONTRADICCIÓN INICIAL SE PROFUNDIZA TODAVIA MÁS, POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN COSTA RICA, POR LA NOTA FECHADA EN 19 DE FEBRERO DE 1982 Y FIRMADA POR LA SEÑORA ALBERTINA BENRHARD DE ZELAYA, EMBAJADORA DE HONDURAS, INFORMA LA INTENCIÓN DEL GOBIERNO DE REANUDAR LAS INVESTIGACIONES, PORQUE HASTA ENTONCES NO EXISTÍA "EVIDENCIA DE LA ENTRADA A HONDURAS DE LOS JÓVENES ALUDIDOS", DE LOS CUALES, POR LO MENOS, YOLANDA SOLÍS CORRALES, COMPROBADAMENTE, HABÍA INGRESADO EN HONDURAS, SEGÚN EL CERTIFICADO ANTES CITADO DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE POBLACIÓN Y POLÍTICA MIGRATORIA, FECHADO EL 11 DE FEBRERO. 6. QUE EL GOBIERNO DE GUATEMALA, A SU VEZ, NEGÓ, INICIALMENTE, LA EXISTENCIA DE REGISTROS RELATIVOS AL INGRESO DE LOS DOS DESAPARECIDOS EN SU TERRITORIO, DEL 8 AL 12 DE DICIEMBRE DE 1981 EL CERTIFICADO RESPECTIVO, FIRMADO POR EL SEÑOR CARLOS AUGUSTO LÓPEZ SANTIZO, PRIMER SECRETARIO Y CÓNSUL DE LA EMBAJADA DE GUATEMALA EN SAN JOSÉ DE COSTA RICA, TIENE FECHA DE 14 DE ENERO DE 1982. SIN EMBARGO, EL 3 DE FEBRERO DE 1982, LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIÓN DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, EN DOCUMENTO FIRMADO POR EL INSPECTOR JEFE DE MIGRACIÓN, SEÑOR ISMAEL MORALES CHINCHILLA, Y POR EL INSPECTOR NO. 4, JORGE SOLARES ZAVALA, CONTRADICEN EL DOCUMENTO DIPLOMÁTICO DE 14 DE ENERO ANTERIOR, PUES INDICAN QUE FRANCISCO FAIRÉN GARBI Y YOLANDA SOLÍS CORRALES ENTRARON EN EL TERRITORIO DE GUATEMALA, POR LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE "EL FLORIDO", EL DÍA 12 DE DISSEMBLE DE 1981, AGREGANDO QUE AMBOS SALIERON DE GUATEMALA EL DÍA 14 DE DICIEMBRE SIGUIENTE, POR LA DELEGACIÓN DE MIGRACIÓN DE "VALLE NUEVO", CON DESTINO A EL SALVADOR. 7. QUE EL GOBIERNO DE EL SALVADOR, MEDIANTE CERTIFICADO DE MOVIMIENTO MIGRATORIO DEL 23 DE MARZO DE 1982, FIRMADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE MIGRACIÓN, EL QUE OBRA EN PODER DE LA COMISIÓN, CERTIFICÓ QUE "LOS SEÑORES FRANCISCO FAIRÉN GARBI Y YOLANDA SOLÍS CORRALES, DE NACIONALIDAD COSTARRICENSES, SE LES BUSCÓ ENTRADA AL PAÍS POR LAS DELEGACIONES DE LAS CHINAMAS Y LA HACHADURA DESDE EL 10 DE DICIEMBRE AL 20 DEL MISMO MES, DEL AÑO 1981, NO ENCONTRÁNDOSELES NINGÚN MOVIMIENTO MIGRATORIO". 8. QUE LA DOCUMENTACIÓN PROCEDENTE DE LAS AUTORIDADES GUATEMALTECAS CONTRADICE LA INFORMACIÓN DE LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS, SEGÚN LAS CUALES UNICAMENTE YOLANDA INGRESÓ EN EL TERRITORIO DE HONDURAS. LA INEXACTITUD DE ESA INFORMACIÓN FUE RECONOCIDA, EXPRESAMENTE, POR EL GOBIERNO DE HONDURAS, EN TELEX URGENTE CURSADO AL SEÑOR MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE COSTA RICA, EN FECHA DE 10 DE MARZO DE 1982, TRANSCRIBIENDO UNA CARTA DIRIGIDA AL SEÑOR EMBAJADOR EN TEGUCIGALPA POR EL SEÑOR MINISTRO EDGARDO PAZ BARNICA. EN ESTE DOCUMENTO SE AFIRMA QUE, EN RAZÓN DE INVESTIGACIONES MAS DETALLADAS, FINALMENTE SE PUDO COMPROBAR QUE LAS DOS PERSONAS DESAPARECIDAS INGRESARON EN EL TERRITORIO HONDUREÑO, EFECTIVAMENTE, POR EL PUESTO FRONTERIZO "LAS MANOS", EL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 1981, POR LA TARDE, RECIBIENDO CON FECHA 12 EL INICIO DEL CICLO MIGRATORIO. 9. QUE LO QUE SE RESALTA, PUES, ES LO QUE NICARAGUA INFORMÓ (FINALMENTE CON EL ASENTIMIENTO DEL GOBIERNO DE HONDURAS) QUE LOS DOS DESAPARECIDOS EFECTIVAMENTE INGRESARON EN TERRITORIO HONDUREÑO. EL GOBIERNO DE HONDURAS ACEPTA EL INGRESO DE LOS DESAPARECIDOS Y AFIRMA EL PASO DE LOS MISMOS PARA EL TERRITORIO DE GUATEMALA, EL CUAL, A SU VEZ, INFORMA, QUE LOS DOS JÓVENES VIAJARON, DE INMEDIATO, PARA EL SALVADOR. ESTE ÚLTIMO GOBIERNO COMO QUEDÓ ESTABLECIDO EN EL NUMERAL 7 DE LOS CONSIDERANDOS NEGÓ EL INGRESO DE ESTAS PERSONAS A SU TERRITORIO. 10. QUE EL RECLAMANTE NO PRESENTÓ NINGUNA ACCIÓN AL PODER JUDICIAL DE HONDURAS SIN RECURRIR, POR LO TANTO, A LAS INSTANCIAS PREVISTAS EN DICHO ESTADO. EN OPINIÓN DE LA COMISIÓN NO SE CONSIDERA NECESARIO AGOTAR LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, DEBIDO A QUE LAS GESTIONES HECHAS POR EL RECLAMANTE ANTE VARIOS GOBIERNOS SON SUFICIENTES PARA DAR POR SATISFECHO ESTE REQUISITO, MÁXIME SI SE TIENE EN CUENTA EL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA OCURRENCIA DE LOS HECHOS. 11. ES UN HECHO INCONTROVERTIBLE QUE FRANCISCO FAIRÉN GARBI Y YOLANDA SOLÍS CORRALES ENTRARON EN TERRITORIO DE HONDURAS COMO ESTE ESTADO LO RECONOCE FINALMENTE A PESAR DE HABERLO NEGADO AL COMIENZO; ES DUDOSO QUE HAYAN SALIDO DE HONDURAS DADAS LAS CARACTERÍSTICAS ESPECIALES QUE SE OBSERVAN EN LAS TARJETAS DE EMIGRACIÓN QUE NO TIENEN FIRMA, ESTAN ESCRITAS A MÁQUINA AL CONTRARIO DE LO QUE COMUNMENTE SUCEDE; Y FUERON ENTREGADAS TRES MESES DESPUÉS DE OCURRIDOS LOS HECHOS; EL GOBIERNO DE HONDURAS NO PROCURÓ A TRAVÉS DEL PODER JUDICIAL ESTABLECER PLENAMENTE LA IDENTIDAD DEL CADÁVER DE UN JOVEN ENCONTRADO CON TRES BALAZOS EN UN LUGAR DENOMINADO "LA MONTAÑITA" A 20 KM DE TEGUCIGALPA POR CUANTO NO SE HIZO UNA SEGUNDA EXHUMACIÓN COMO LE HABÍA SIDO PEDIDO A TRAVÉS DE LA CANCILLERÍA DE COSTA RICA; Y NO EXISTEN INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL PODER JUDICIAL DE HONDURAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS DENUNCIADOS A PESAR DE LA INTERVENCIÓN DE LA COMISIÓN Y AL CONTRARIO, LAS VARIAS CONTRADICCIONES EN QUE INCURRIÓ DICHO GOBIERNO NO PERMITEN ACEPTAR LA VERSIÓN DE QUE LOS CIUDADANOS COSTARRICENSES HAYAN SALIDO DE HONDURAS.

Decisión

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. DECLARAR QUE LOS HECHOS MATERIA DE LA DENUNCIA CONSTITUYEN GRAVES VIOLACIONES AL DERECHO A LA VIDA (ARTÍCULO 4) Y AL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (ARTÍCULO 7), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, Y QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS ES RESPONSABLE DE LA DESAPARICIÓN DE FRANCISCO FAIRÉN GARBI Y YOLANDA SOLÍS CORRALES DE NACIONALIDAD COSTARRICENSE. 2. RECOMENDAR AL GOBIERNO DE HONDURAS: A. QUE DISPONGA LA MÁS EXHAUSTIVA INVESTIGACIÓN DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, PARA ESTABLECER LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DESAPARECIMIENTO DE FRANCISCO FAIRÉN GARBI Y YOLANDA SOLÍS CORRALES; B. QUE DE ACUERDO A LAS LEYES HONDUREÑAS SE SANCIONE A LOS RESPONSABLES DE LOS HECHOS DENUNCIADOS; C. QUE INFORME A LA COMISIÓN EN UN PLAZO DE 90 DÍAS ACERCA DE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA PONER EN PRÁCTICA LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES. 3. COMUNICAR ESTA RESOLUCIÓN AL GOBIERNO DE HONDURAS. 4. SI TRANSCURRIDO EL PLAZO FIJADO EN EL NUMERAL 2 DE ESTA RESOLUCIÓN, EL GOBIERNO DE HONDURAS NO PRESENTARE OBSERVACIONES, LA COMISIÓN INCLUIRÁ ESTA RESOLUCIÓN EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 59 INCISO G) DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN Y TRANSMITIRÁ LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL PETICIONARIO EN EL PRESENTE ASUNTO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.392581+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.392584+00:00

Análisis del Caso

B. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL 104. LOS DENUNCIANTES ALEGAN QUE MUCHOS DE LOS MENORES HAN SIDO INTERNADOS EN CENTROS PARA ADULTOS POR MOTIVOS NO TIPIFICADOS COMO DELITOS, TALES COMO VAGANCIA Y ORFANDAD, Y PORQUE NO EXISTEN LUGAR MEJOR DONDE ENVIARLOS. 1. MARCO LEGAL 105. EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS PARTES DE GARANTIZAR EL DERECHO A LA LIBERTAD Y LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS BAJO SU JURISDICCIÓN. SEÑALA, ASIMISMO, EN SU INCISO 2, QUE "NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD FÍSICA, SALVO POR LAS CAUSAS Y EN LAS CONDICIONES FIJADAS DE ANTEMANO POR LAS CONSTITUCIONES POLÍTICAS DE LOS ESTADOS PARTES O POR LAS LEYES DICTADAS CONFORME A ELLA". A SU VEZ, EL INCISO 3 AGREGA QUE "NADIE PUEDE SER SOMETIDO A DETENCIÓN O ENCARCELAMIENTO ARBITRARIOS". 106. EN EL CASO GANGARAM PANDAY, LA CORTE INTERAMERICANA, INTERPRETANDO EL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN, SEÑALÓ QUE, SEGÚN EL SUPUESTO NORMATIVO ESTABLECIDO EN EL INCISO 2 DEL ARTÍCULO 7, NADIE PUEDE SER DETENIDO O ARRESTADO EN FORMA ILEGAL. ES DECIR, NADIE PUEDE SER PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL SINO POR LAS CAUSAS Y EN LAS CONDICIONES TIPIFICADAS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PARTE O EN LAS LEYES DICTADAS CONFORME A ELLA (ASPECTO MATERIAL) Y CONFORME A LOS PROCEDIMIENTOS FIJADOS EN LA MISMA (ASPECTO FORMAL). EL SUPUESTO NORMATIVO CONTEMPLADO EN EL INCISO 3 SE REFIERE A QUE NADIE PUEDE SER DETENIDO ARBITRARIAMENTE, ES DECIR, POR CAUSAS INCOMPATIBLES CON LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL INDIVIDUO, "POR SER, ENTRE OTRAS COSAS, IRRAZONABLES, IMPREVISIBLES, O FALTOS DE PROPORCIONALIDAD". 107. DENTRO DE ESTE CONTEXTO, PARA ANALIZAR LA SITUACIÓN DE LOS MENORES ENCARCELADOS CON ADULTOS EN HONDURAS A LA LUZ DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN, ES RELEVANTE OBSERVAR LO QUE DISPONE SU LEGISLACIÓN INTERNA. 108. EL ARTÍCULO 84 DE LA CONSTITUCIÓN DE HONDURAS DISPONE QUE "NADIE PODRÁ SER ARRESTADO O DETENIDO SINO EN VIRTUD DE MANDATO ESCRITO DE AUTORIDAD COMPETENTE, EXPEDIDO CON LAS FORMALIDADES LEGALES Y POR MOTIVO PREVIAMENTE ESTABLECIDO POR LA LEY". EL ARTÍCULO 120 DEL MISMO CUERPO LEGAL EXPRESA QUE "LOS MENORES DE EDAD, DEFICIENTES FÍSICA O MENTALMENTE, LOS DE CONDUCTA IRREGULAR, LOS HUÉRFANOS Y LOS ABANDONADOS, ESTÁN SOMETIDOS A UNA LEGISLACIÓN ESPECIAL DE REHABILITACIÓN, VIGILANCIA Y PROTECCIÓN SEGÚN EL CASO". EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA, POR SU PARTE, DEFINE LO QUE SE CONSIDERA "ABANDONO" EN SU ARTÍCULO 141 Y EN SU LITERAL (B) CONSIDERA COMPRENDIDOS DENTRO DE ESTA CAUSAL, ENTRE OTROS, A LOS NIÑOS QUE FUEREN EXPÓSITOS, ABANDONADOS POR SU FAMILIA Y A LOS DEDICADOS A LA MENDICIDAD "O LA VAGANCIA". 109. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA DETENCIÓN DE UN MENOR DE EDAD POR ACTOS NO DELICTIVOS, SINO SENCILLAMENTE PORQUE SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE ABANDONO SOCIAL, RIESGO, ORFANDAD O VAGANCIA, REPRESENTA UN GRAVE PELIGRO PARA LA INFANCIA HONDUREÑA. EL ESTADO NO PUEDE PRIVAR DE SU LIBERTAD A NIÑOS Y NIÑAS QUE NO HAN COMETIDO HECHOS TIPIFICADOS COMO DELITOS, SIN INCURRIR EN RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL (ARTÍCULO 7 DE LA CONVENCIÓN). 110. TODA RESTRICCIÓN DE LIBERTAD DE UN MENOR NO BASADA EN LA LEY, O EN UNA ACCIÓN TIPIFICADA COMO DELITO, CONSTITUYE UNA GRAVE VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS. EL ESTADO NO PUEDE, INVOCANDO RAZONES DE TUTELA DEL MENOR, PRIVARLO DE SU LIBERTAD O DE OTROS DERECHOS INHERENTES A SU PERSONA. LOS MENORES QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE RIESGO, ESTO ES, QUE DEBEN TRABAJAR PARA GANAR SU SUSTENTO, O QUE VIVEN EN LA CALLE POR CARECER DE UN HOGAR, NO PUEDEN SER SANCIONADOS POR ESTA SITUACIÓN. MÁS ALLÁ DE SANCIONAR A LOS MENORES POR SU SUPUESTA VAGANCIA, EL ESTADO TIENE UN DEBER DE PREVENCIÓN Y REHABILITACIÓN Y ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLES MEDIOS ADECUADOS PARA QUE PUEDAN DESARROLLARSE A PLENITUD. EN ESTE SENTIDO, EL ARTÍCULO 39 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO ESTABLECE QUE: LOS ESTADOS PARTES ADOPTARÁN TODAS LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA PROMOVER LA RECUPERACIÓN FÍSICA Y PSICOLÓGICA Y LA REINTEGRACIÓN SOCIAL DE TODO NIÑO VÍCTIMA DE: CUALESQUIER FORMAS DE ABANDONO, EXPLOTACIÓN, O ABUSO, TORTURA U OTRA FORMA DE TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES... ESA RECUPERACIÓN Y REINTEGRACIÓN SE LLEVARÁN A CABO EN UN AMBIENTE QUE FOMENTE LA SALUD, EL RESPETO DE SÍ MISMO Y LA DIGNIDAD DEL NIÑO. 111. A SU VEZ, LOS PRINCIPIOS 1.1 A 1.3 DE LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS --EN ADELANTE "REGLAS DE BEIJING"-- ESTABLECEN QUE:72 LOS ESTADOS MIEMBROS PROCURARÁN, EN CONSONANCIA CON SUS RESPECTIVOS INTERESES GENERALES, PROMOVER EL BIENESTAR DEL MENOR Y DE SU FAMILIA (PRINCIPIO 1.1); LOS ESTADOS MIEMBROS SE ESFORZARÁN POR CREAR CONDICIONES QUE GARANTICEN AL MENOR UNA VIDA SIGNIFICATIVA EN LA COMUNIDAD FOMENTANDO, DURANTE EL PERÍODO DE EDAD EN QUE EL MENOR ES MÁS PROPENSO A UN COMPORTAMIENTO DESVIADO, UN PROCESO DE DESARROLLO PERSONAL Y EDUCACIÓN LO MÁS EXENTO DE DELITO Y DELINCUENCIA POSIBLE (PRINCIPIO 1.2); EL ESTADO TOMARÁ LAS MEDIDAS POSITIVAS QUE INVOLUCREN LA MOVILIZACIÓN DE LOS RECURSOS PARA PROMOVER EL BIENESTAR DEL MENOR Y EVITAR, ASÍ, LA NECESIDAD DE UNA INTERVENCIÓN PUNITIVA (PRINCIPIO 1.3). 112. LAS DIRECTRICES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL (DIRECTRICES DE RIAD) DISPONEN, POR SU PARTE, QUE EL ESTADO DEBERÁ "...ELABORAR MEDIDAS PERTINENTES QUE EVITEN CRIMINALIZAR Y PENALIZAR AL NIÑO POR UNA CONDUCTA QUE NO CAUSA GRAVES PERJUICIOS A SU DESARROLLO NI PERJUDICA A LOS DEMÁS". 113. A ESTE RESPECTO CABE TENER EN CUENTA QUE, EN EL CASO DE LOS MENORES, EXISTE DENTRO DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS UNA CLARA TENDENCIA A DARLE UNA PROTECCIÓN MAYOR QUE A LOS ADULTOS Y A LIMITAR EL PAPEL DEL IUS PUNIENDI. ES POR ELLO QUE SE EXIGE A LOS ESTADOS MÁS GARANTÍAS PARA SU DETENCIÓN, LA CUAL DEBERÁ CONSTITUIR UN MECANISMO EXCEPCIONAL. 114. LAS REGLAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD, REFUERZAN ESPECÍFICAMENTE LA IDEA DE QUE LOS MENORES NO DEBEN SER PRIVADOS DE LIBERTAD SINO EN SITUACIONES EXCEPCIONALES. LA REGLA 1, EN ESTE PUNTO, ESTABLECE QUE .. "EL ENCARCELAMIENTO DEBERÁ USARSE COMO ÚLTIMO RECURSO". 115. EL ARTÍCULO 37 DE LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO TAMBIÉN ESTABLECE "QUE LA DETENCIÓN, O ENCARCELAMIENTO O PRISIÓN DE UN NIÑO SE UTILIZARÁ TAN SÓLO COMO MEDIDA DE ÚLTIMO RECURSO..." (LITERAL B). 116. DE ESTAS Y OTRAS NORMAS DE DERECHO INTERNACIONAL SE DESPRENDEN ALGUNAS REGLAS CLARAS EN RELACIÓN CON EL DISEÑO DE LA POLÍTICA SOCIAL Y EL PAPEL SUBSIDIARIO DE LA POLÍTICA CRIMINAL CON RESPECTO A LOS MENORES: EN PRIMER LUGAR, EL ESTADO NO PUEDE UTILIZAR EL IUS PUNIENDI ESTATAL COMO UN MECANISMO PARA OBVIAR O NO ABORDAR LOS PROBLEMAS SOCIALES QUE ENFRENTAN LOS NIÑOS. EN SEGUNDO LUGAR, EL ESTADO DEBE LIMITAR LA INTERVENCIÓN PENAL AL MÍNIMO. LOS MÉTODOS SANCIONATORIOS DEBEN SER EL ÚLTIMO RECURSO ESTATAL PARA ENFRENTAR LOS MÁS GRAVES HECHOS DE CRIMINALIDAD. NO DEBE EMPLEARSE, POR TANTO, EL IUS PUNIENDI ESTATAL FRENTE A SITUACIONES QUE NO SON GRAVES, O QUE PUEDAN ATENDERSE UTILIZANDO OTROS MECANISMOS MENOS GRAVOSOS PARA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL MENOR. 117. DE MANERA GENERAL, EL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS SE DIRIGE A PROCURAR QUE LAS PENAS QUE IMPONEN GRAVES RESTRICCIONES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS MENORES, SEAN LIMITADAS ÚNICAMENTE A LAS INFRACCIONES MÁS SEVERAS. POR TANTO, AUN EN EL CASO DE INFRACCIONES TIPIFICADAS, LA LEGISLACIÓN TUTELAR DEL MENOR DEBE PROPENDER HACIA FORMAS DE SANCIÓN DISTINTAS A LA RECLUSIÓN O PRIVACIÓN DE LIBERTAD. 118. DEL ESTUDIO REALIZADO EN 1995 POR EL DOCTOR LEO VALLADARES, COMISIONADO DE LOS DERECHOS HUMANOS, SE DESPRENDE QUE ENTRE LOS MOTIVOS DE DETENCIÓN DE 84 MENORES RECLUIDOS EN LA PRISIÓN DE JALTEVA SE ENCONTRABAN LOS SIGUIENTES: 50 POR VAGANCIA, 1 POR PROTECCIÓN, Y 1 POR ORFANDAD. 119. ESTA INFORMACIÓN APARECE CONFIRMADA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS 50 CASOS DE VAGANCIA Y AL CASO DE ORFANDAD, POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS (CIPRODEH), QUIEN EXPRESA QUE "EN HONDURAS ES UN DELITO LA VAGANCIA Y SE PAGA CON SANCIONES QUE SE TRADUCEN EN PRIVACIÓN DE LIBERTAD INDEFINIDA. EN HONDURAS ES UN DELITO LA ORFANDAD, EL ABANDONO MORAL, LA CONDUCTA IRREGULAR". 120. LA COMISIÓN, SIN EMBARGO, CONSIDERA QUE EN EL PRESENTE CASO NO SE HA PROBADO QUE LOS MENORES A LOS QUE SE HAN REFERIDO LAS PARTES HAYAN SIDO DETENIDOS POR MOTIVOS DE VAGANCIA, PROTECCIÓN, ABANDONO U ORFANDAD. POR ESTE MOTIVO, CONCLUYE QUE EN ESTE CASO PARTICULAR NO SE HA COMPROBADO LA VIOLACIÓN, POR PARTE DEL ESTADO, DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 7(2) DE LA CONVENCIÓN. 121. AHORA BIEN, EL ARTÍCULO 7(6) DE LA CONVENCIÓN ESTABLECE QUE "TODA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD TIENE DERECHO A RECURRIR ANTE UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE, A FIN DE QUE ÉSTE DECIDA, SIN DEMORA, SOBRE LA LEGALIDAD DE SU ARRESTO O DETENCIÓN Y ORDENE SU LIBERTAD SI EL ARRESTO O LA DETENCIÓN FUERAN ILEGALES". EN EL CASO SUB JUDICE, LOS PETICIONARIOS HAN PODIDO DEMOSTRAR QUE HAN INTERPUESTO EN DISTINTAS OCASIONES Y ANTE DIVERSOS JUZGADOS DE HONDURAS, RECURSOS DE HABEAS CORPUS PARA LOGRAR LA LIBERTAD, O CUANDO MENOS, EL TRASLADO INMEDIATO A CENTROS ESPECIALIZADOS DE LOS MENORES INTERNADOS EN PRISIONES PARA ADULTOS. UN CUADRO EN EL QUE, INTER-ALIA, CONSTAN LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS INTERPUESTOS, SE ADJUNTA A ESTE INFORME COMO ANEXO I. 122. SEGÚN EXPRESAN LOS PETICIONARIOS, ALEGACIÓN NO CONTROVERTIDA POR EL ESTADO, LOS MENCIONADOS RECURSOS NO SE RESOLVIERON CON LA CELERIDAD DEBIDA. LA COMISIÓN HA RECIBIDO INFORMACIÓN CON RESPECTO A UN SOLO RECURSO DE HABEAS CORPUS QUE SE TRAMITÓ COMPLETAMENTE, Y ES EL QUE INTERPUSO EL PROCURADOR ROLANDO QUIÑÓNEZ, EN REPRESENTACIÓN DE CASA ALIANZA, EL 19 DE ENERO DE 1996. ESTE RECURSO SE INTERPUSO ANTE LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE CUATRO MENORES INFRACTORES ENCARCELADOS EN EL PRESIDIO SANPEDRANO POR ORDEN DE LA JUEZ DE MENORES, ELISABETH GATICA MITCHELL. COMO RESULTADO DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS POR EL JUEZ EJECUTOR, SE CONSTATÓ LA DETENCIÓN ILEGAL DE LOS CUATRO MENORES. EL 14 DE FEBRERO DE 1996, LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA DICTÓ SENTENCIA OTORGANDO EL AMPARO A FAVOR DE LOS CUATRO MENORES POR DETENCIÓN ILEGAL, EN VIRTUD DE QUE, A PARTIR DEL 1? DE ENERO DE 1996, EL AUTO ACORDADO QUE FACULTABA A LOS JUECES A REMITIR INFRACTORES A LOS PRESIDIOS YA HABÍA SIDO DEROGADO. EL 21 DE FEBRERO DEL MISMO AÑO, LA CORTE DE APELACIONES, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE AMPARO, REMITIÓ EL EXPEDIENTE A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. 123. CONFORME AL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE AMPARO, LA CORTE SUPREMA DEBÍA FALLAR CON SÓLO LA VISTA DE AUTOS DENTRO DE LOS 6 DÍAS DE HABER RECIBIDO EL EXPEDIENTE, REFORMANDO, CONFIRMANDO O REVOCANDO LA SENTENCIA CONSULTADA. TAN SÓLO EL 26 DE JUNIO DE 1997, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS REVOCÓ LA SENTENCIA DEL 14 DE FEBRERO DE 1996 Y DENEGÓ EL RECURSO DE AMPARO OTORGADO POR LA CORTE DE APELACIONES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LOS CUATRO MENORES INFRACTORES DETENIDOS EN EL PRESIDIO SANPEDRANº ES DECIR, QUE LA ÚNICA SENTENCIA DEFINITIVA RECAÍDA CON RESPECTO A UNO DE LOS TANTOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS INTENTADOS, SE EMITIÓ UN AÑO Y CUATRO MESES DESPUÉS DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN LA LEY DE AMPARO. 124. CON ESTOS ANTECEDENTES, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE EL ESTADO HONDUREÑO HA VIOLADO EL ARTÍCULO 7(6) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE HONDURAS DE GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONVENCIÓN A TODA PERSONA SUJETA A SU JURISDICCIÓN, SIN DISTINCIÓN DE NINGUNA CLASE.

Decisión

VIII. ACTUACIONES POSTERIORES AL INFORME Nº 26/98 168. EL 9 DE ABRIL DE 1998, LA COMISIÓN REMITIÓ AL ESTADO HONDUREÑO EL INFORME Nº 26/98 ADOPTADO EN EL PRESENTE CASO, CON BASE EN EL ARTÍCULO 50(2) DE LA CONVENCIÓN, Y LE OTORGÓ UN PLAZO DE DOS MESES PARA ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN EL. IX. CONCLUSIONES 191. EN VIRTUD DE TODO LO EXPUESTO, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE EL ESTADO HONDUREÑO HA HECHO ESFUERZOS POSITIVOS PARA ERRADICAR LA PRÁCTICA DE INTERNAR MENORES EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS. SIN EMBARGO, HACE CONSTAR QUE NO HA ADOPTADO LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS LITERALES "B", "C" Y "D" DEL INFORME 26/98, QUE FUERA ELABORADO Y NOTIFICADO AL ESTADO CONFORME AL ARTÍCULO 50 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 192. LA COMISIÓN REITERA, POR LO TANTO, SU CONCLUSIÓN QUE EL ESTADO HA DEJADO DE CUMPLIR SU OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ARTÍCULO 5), LIBERTAD PERSONAL (ARTÍCULO 7), GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), Y PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25) CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN AGRAVIO DE LOS MENORES DETENIDOS EN CENTROS DE PRISIÓN PARA ADULTOS. EN VIRTUD DE DICHAS VIOLACIONES, EL ESTADO HONDUREÑO HA INCUMPLIDO ADEMÁS, CON SU OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y GARANTÍAS DEL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 193. EN VIRTUD DE LAS CONSIDERACIONES Y CONCLUSIONES QUE ANTECEDEN Y CON BASE EN LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 51(3) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y 48 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN, LA COMISIÓN DECIDE REITERAR, Y EN SU CASO REFORMULAR DE ACUERDO CON LO CONTESTADO POR EL ESTADO, LAS RECOMENDACIONES QUE AÚN DEBEN SER CUMPLIDAS POR EL ESTADO HONDUREÑO:

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.372294+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.372297+00:00

Análisis del Caso

C. VIOLACIÓN DEL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL 125. A CRITERIO DE LA COMISIÓN, DEL ARTÍCULO 5(5) LEÍDO CONJUNTAMENTE CON EL ARTÍCULO 19 DE LA CONVENCIÓN, DERIVA EL DEBER DEL ESTADO DE MANTENER A LOS MENORES DETENIDOS EN ESTABLECIMIENTOS SEPARADOS DE LOS QUE OCUPAN LOS ADULTOS. RESULTA EVIDENTE QUE LA OBLIGACIÓN QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 19, DE OTORGAR AL NIÑO UN TRATAMIENTO ESPECIALIZADO, NO PUEDE SER ENTENDIDA EXCLUSIVAMENTE COMO LA EXIGENCIA DE CREAR UNA MAGISTRATURA DE MENORES SINO QUE REQUIERE TAMBIÉN, PARA HACER EFECTIVA LA "PROTECCIÓN QUE [LA] CONDICIÓN DE MENOR REQUIERE", QUE EL MENOR PERMANEZCA SEPARADO DE LOS ADULTOS, ES DECIR, EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS. 126. ADEMÁS, CONFORME AL ARTÍCULO 5(6) DE LA CONVENCIÓN, "LAS PENAS PRIVATIVAS DE LA LIBERTAD TENDRÁN COMO FINALIDAD ESENCIAL LA REFORMA Y LA READAPTACIÓN SOCIAL DE LOS CONDENADOS". LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, EN EL CASO DE LOS NIÑOS, ESTE OBJETIVO ES ABSOLUTAMENTE IMPOSIBLE DE ALCANZAR EN ESTABLECIMIENTOS PENALES DONDE LOS MENORES DEBEN CONVIVIR CON DELINCUENTES ADULTOS. 127. EL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN PRECEPTÚA, EN SU INCISO 1, QUE "TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE RESPETE SU INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL" Y EN SU INCISO 2, QUE "NADIE DEBE SER SOMETIDO A TORTURAS NI A PENAS O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES. TODA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD SERÁ TRATADA CON EL RESPETO DEBIDO A LA DIGNIDAD INHERENTE AL SER HUMANO". 128. EN EL PRESENTE CASO, LOS PETICIONARIOS HAN DENUNCIADO QUE ALGUNOS NIÑOS Y NIÑAS RECLUIDOS EN CENTROS DE PRISIÓN PARA ADULTOS HAN SIDO OBJETO DE ABUSOS Y GOLPES POR PARTE DE LOS PRISIONEROS MAYORES DE EDAD RECLUIDOS EN DICHOS CENTROS. 129. LOS PETICIONARIOS HAN EXPRESADO QUE LOS NIÑOS DETENIDOS VIVEN ATEMORIZADOS POR LOS DETENIDOS ADULTOS, "QUIENES LOS OBLIGAN A CONSUMIR DROGAS Y SON ABUSADOS SEXUALMENTE POR LOS MAYORES". ADEMÁS, ESTÁN DETENIDOS EN CONDICIONES INFRAHUMANAS Y EN UN AMBIENTE DE HACINAMIENTO Y PROMISCUIDAD. MUCHOS DE ELLOS SE VEN OBLIGADOS A DORMIR EN EL SUELO, YA QUE LOS CENTROS DE DETENCIÓN NO CUENTAN CON CAMAS. POR OTRA PARTE, NO SE LES BRINDA ASISTENCIA MÉDICA APROPIADA Y ALGUNOS PADECEN ENFERMEDADES INFECTO CONTAGIOSAS. 130. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA FORMA EN QUE SE HA DESARROLLADO LA CONVIVENCIA ENTRE ADULTOS Y NIÑOS ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA DE LOS MENORES Y HA CONDUCIDO A ABUSOS CONTRA LA INTEGRIDAD PERSONAL DE LOS MENORES, YA QUE LA SUPERIORIDAD FÍSICA DE LOS PRISIONEROS ADULTOS LES PERMITE IMPONERSE Y ABUSAR DE ELLOS. LO ANTERIOR SE DESPRENDE, ENTRE OTRAS PRUEBAS, DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS PETICIONARIOS, DE ARTÍCULOS DE PERIÓDICOS QUE CONTIENEN INFORMACIÓN SOBRE ESTOS HECHOS79, Y DE DECLARACIONES DE LOS PROPIOS MENORES.80 LAS ACCIONES U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES CARCELARIAS, POLICIALES Y JUDICIALES A ESTE RESPECTO SON, A JUICIO DE LA COMISIÓN, DIRECTAMENTE IMPUTABLES AL ESTADO. 131. EL ESTADO HA PRESENTADO UNA NOTA DE LA JUNTA NACIONAL DE BIENESTAR DEL 17 DE MAYO DE 1995, EN QUE SE DICE QUE LOS MENORES DE LA PENITENCIARÍA CENTRAL GOZAN DE "ESMERADA ATENCIÓN". A CRITERIO DE LA COMISIÓN, ESTA INFORMACIÓN QUEDA DESVIRTUADA POR LOS ARTÍCULOS DE PRENSA ANTES MENCIONADOS (VÉASE SUPRA NOTA) Y POR EL BOLETÍN DEL COMISIONADO DE DERECHOS HUMANOS, EN EL QUE SEÑALA QUE AL VISITAR LA MENCIONADA CELDA Nº 24, SE PUDO COMPROBAR QUE "SUS PAREDES ESTÁN CASI CAYÉNDOSE, CON LITERAS QUE LLEGAN HASTA EL TECHO, SIN COLCHONES, CON UNOS CUANTOS LADRILLOS EN EL PISO, LO QUE CLARAMENTE DEMUESTRA EL HACINAMIENTO EN QUE VIVE LA MAYORÍA DE LOS RECLUSOS HONDUREÑOS..." Y "AL ESTAR RECLUIDOS CON ADULTOS SE CONVIERTEN EN VÍCTIMA DE MÚLTIPLES ABUSOS". 132. EN UNO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL ESTADO, LA JUNTA NACIONAL DE BIENESTAR SOCIAL INDICA QUE LA "INVESTIGACIÓN QUE HICIERA LA PENITENCIARÍA CENTRAL SOBRE UNA SUPUESTA VIOLACIÓN SEXUAL DE LOS JÓVENES POR PARTE DE LOS ADULTOS NO ES CIERTA".81 ESTA AFIRMACIÓN RESULTA DESVIRTUADA POR LAS DECLARACIONES HECHAS A LA PRENSA POR LA MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, BLANCA VALLADARES, QUIEN EXPRESÓ AL SALIR DEL CENTRO PENAL QUE ANTERIORMENTE TENÍAN INFORMADO QUE EN ESA CÁRCEL ABUSABAN SEXUALMENTE DE LOS MENORES DE EDAD, PRESOS POR DIFERENTES DELITOS". "VALLADARES SOSTUVO QUE LAMENTABLEMENTE COMPROBARON AYER QUE UN MENOR DE EDAD RECLUIDO EN EL PRIMER CENTRO PENAL DEL PAÍS FUE VIOLADO POR OTRO INTERNO"..."POR LO QUE AYER DETERMINARON TRASLADAR A TODOS LOS MENORES DE EDAD A LA CELDA Nº 24 EN DONDE PERMANECEN LOS REOS QUE, SUPUESTAMENTE, SE CONSIDERA SE HAN REHABILITADO EN LA PC". (EL ÉNFASIS NO ES DEL ORIGINAL). LA MISMA MAGISTRADA VALLADARES EXPRESÓ: "ACTUALMENTE LOS MENORES QUE HAN COMETIDO FALTAS GRAVES ESTÁN EN EL HOGAR 24 DE LA PC, DONDE HAY OTRO TIPO DE PERSONAS QUE HAN LOGRADO CIERTO TIPO DE REHABILITACIÓN Y QUE MIRAN COMO PADRES A LOS MENORES....".82 133. ESTAS DECLARACIONES CONFIRMAN, A CRITERIO DE LA COMISIÓN, QUE AUN DESPUÉS DE QUE SE CONSTATÓ EL ABUSO SEXUAL SUFRIDO POR EL MENCIONADO MENOR Y AUN SABIENDO QUE EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL SE ABUSABA DE LOS MENORES, LOS AGENTES DEL ESTADO DECIDIERON TRASLADARLOS A LA CELDA 24, TAMBIÉN OCUPADA POR ADULTOS, DONDE SEGUIRÍAN CORRIENDO RIESGOS SIMILARES. 134. LA CORTE INTERAMERICANA HA ESTABLECIDO QUE "EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 5(2) DE LA CONVENCIÓN, TODA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD TIENE DERECHO A VIVIR EN CONDICIONES DE DETENCIÓN COMPATIBLES CON SU DIGNIDAD PERSONAL Y EL ESTADO DEBE GARANTIZARLE EL DERECHO A LA VIDA Y A LA INTEGRIDAD PERSONAL. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO, COMO RESPONSABLE DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE DETENCIÓN, ES EL GARANTE DE ESTOS DERECHOS DE LOS DETENIDOS". 83(EL SUBRAYADO ES NUESTRO). 135. ES DECIR, QUE EL ESTADO, AL PRIVAR DE LIBERTAD A UNA PERSONA, SE COLOCA EN UNA ESPECIAL POSICIÓN DE GARANTE DE SU VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA. AL MOMENTO DE DETENER A UN INDIVIDUO, EL ESTADO LO INTRODUCE EN UNA "INSTITUCIÓN TOTAL", COMO ES LA PRISIÓN, EN LA CUAL LOS DIVERSOS ASPECTOS DE SU VIDA SE SOMETEN A UNA REGULACIÓN FIJA, Y SE PRODUCE UN ALEJAMIENTO DE SU ENTORNO NATURAL Y SOCIAL, UN CONTROL ABSOLUTO, UNA PÉRDIDA DE INTIMIDAD, UNA LIMITACIÓN DEL ESPACIO VITAL Y, SOBRE TODO, UNA RADICAL DISMINUCIÓN DE LAS POSIBILIDADES DE AUTOPROTECCIÓN. TODO ELLO HACE QUE EL ACTO DE RECLUSIÓN IMPLIQUE UN COMPROMISO ESPECÍFICO Y MATERIAL DE PROTEGER LA DIGNIDAD HUMANA DEL RECLUSO MIENTRAS ESTÉ BAJO SU CUSTODIA, LO QUE INCLUYE SU PROTECCIÓN FRENTE A LAS POSIBLES CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDAN PONER EN PELIGRO SU VIDA, SALUD E INTEGRIDAD PERSONAL, ENTRE OTROS DERECHOS. 136. LA OBLIGACIÓN QUE DIMANA DE ESTA POSICIÓN DE GARANTE IMPLICA ENTONCES QUE LOS AGENTES DEL ESTADO NO SÓLO DEBEN ABSTENERSE DE REALIZAR ACTOS QUE PUEDAN INFLIGIR LESIONES A LA VIDA E INTEGRIDAD FÍSICA DEL DETENIDO, SINO QUE DEBEN PROCURAR, POR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE, MANTENER A LA PERSONA DETENIDA EN EL GOCE DE SUS DERECHOS FUNDAMENTALES Y, EN ESPECIAL, DEL DERECHO A LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL. DE ESA SUERTE, EL ESTADO TIENE LA OBLIGACIÓN ESPECÍFICA DE PROTEGER A LOS RECLUSOS DE LOS ATAQUES QUE PUEDAN PROVENIR DE TERCEROS, INCLUSO DE OTROS RECLUSOS. 137. CUANDO EL ESTADO OMITE ESTA PROTECCIÓN A LOS RECLUSOS, ESPECIALMENTE A AQUELLOS QUE POR SITUACIONES PARTICULARES SE ENCUENTRAN EN UNA SITUACIÓN DE DESAMPARO O DESVENTAJA, COMO SUCEDE CON LOS MENORES, VIOLA EL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN E INCURRE EN RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL. ASÍ LO HA ENTENDIDO LA CORTE AL INTERPRETAR EL ARTÍCULO 5 DE LA CONVENCIÓN, CUANDO DICE QUE ESTE PRECEPTO SE REFIERE, EN ESENCIA, A QUE NADIE DEBE SER "SOMETIDO A TORTURAS, NI A PENAS O TRATOS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES, Y A QUE TODA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD DEBE SER TRATADA CON EL RESPETO DEBIDO A LA DIGNIDAD INHERENTE AL SER HUMANO". 138. EN EL ÁMBITO MUNDIAL, LA CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO DE LAS NACIONES UNIDAS ESTABLECE QUE LOS ESTADOS PARTES TENDRÁN, INTER ALIA: LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA CREACIÓN DE INSTITUCIONES Y SERVICIOS DESTINADOS A SU CUIDADO (ARTÍCULO 18). TENDRÁN, ASIMISMO, LA OBLIGACIÓN DE ADOPTAR LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS, ADMINISTRATIVAS, SOCIALES Y EDUCATIVAS PARA PROTEGER A LOS NIÑOS DE TODA FORMA DE VIOLENCIA FÍSICA O MENTAL, LESIÓN CORPORAL, ABUSO, TRATO NEGLIGENTE, MALTRATO O EXPLOTACIÓN, INCLUYENDO ABUSO SEXUAL, MIENTRAS PERMANEZCAN BAJO EL CUIDADO DE LOS PADRES, GUARDIANES LEGALES U OTRA PERSONA QUE TENGA A CARGO SU CUIDADO. TALES MEDIDAS DEBEN INCLUIR PROCEDIMIENTOS EFECTIVOS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES DESTINADOS A DARLE AL NIÑO Y A LOS QUE ESTÁN ENCARGADOS DE SU CUIDADO, EL APOYO NECESARIO PARA LA IDENTIFICACIÓN, DENUNCIA, INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA ANTES MENCIONADAS, Y PARA LA INTERVENCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 19). 139. EL ARTÍCULO 37 DE LA MENCIONADA CONVENCIÓN ESTABLECE A ESTE RESPECTO QUE "TODO NIÑO PRIVADO DE SU LIBERTAD SERÁ TRATADO CON LA HUMANIDAD Y RESPETO QUE MERECE LA DIGNIDAD INHERENTE A LA PERSONA HUMANA, Y DE MANERA QUE SE TENGAN EN CUENTA LAS NECESIDADES FÍSICAS, SOCIALES, CULTURALES, MORALES Y PSICOLÓGICAS DE LAS PERSONA DE SU EDAD...". 140. A CRITERIO DE LA COMISIÓN, EL DEBER DEL ESTADO DE PROTEGER LA INTEGRIDAD PERSONAL DE TODA PERSONA PRIVADA DE LIBERTAD INCLUYE LA OBLIGACIÓN POSITIVA DE TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LOS ATAQUES O ATENTADOS CONTRA UNA PERSONA RECLUIDA POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADO O POR PARTICULARES. TALES OBLIGACIONES ADQUIEREN MAYOR SEVERIDAD CUANDO SE TRATA DE MENORES DE EDAD, EN DONDE EL ESTADO NO DEBE SÓLO BUSCAR PROTEGER SU INTEGRIDAD PERSONAL, SINO EL DESARROLLO INTEGRAL DE SU PERSONALIDAD Y SU REINTEGRACIÓN A LA SOCIEDAD. 141. EN EL PRESENTE CASO, EL ESTADO HA VIOLADO EL DERECHO ESPECIAL DE LOS MENORES A QUE SE RESPETE SU INTEGRIDAD FÍSICA, PSÍQUICA Y MORAL AL SOMETERLOS A UN TRATAMIENTO INHUMANO Y DEGRADANTE Y AL NO HABER TOMADO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA IMPEDIR QUE PRISIONEROS MAYORES DE EDAD PUDIERAN AGREDIR O ABUSAR FÍSICA O SEXUALMENTE A LOS RECLUSOS MENORES DE EDAD. ESTO PERMITE A LA COMISIÓN CONCLUIR QUE EL ESTADO ES RESPONSABLE DE HABER VIOLADO EL DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ARTÍCULOS 5(1) Y 5(2) DE LA CONVENCIÓN) EN RELACIÓN CON EL 1(1) DE LA MISMA, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE HONDURAS DE GARANTIZAR EL PLENO EJERCICIO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA CONVENCIÓN A TODA PERSONA SUJETA A SU JURISDICCIÓN. HA VIOLADO ADEMÁS OBLIGACIONES INTERNACIONALES LIBREMENTE CONTRAÍDAS EN RELACIÓN CON LA PROTECCIÓN ESPECIAL QUE DEBE DARSE A LA NIÑEZ, DE LAS CUALES SE HACE ECO LA CONSTITUCIÓN Y EL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA DE HONDURAS.

Decisión

X. RECOMENDACIONES LA COMISIÓN RECOMIENDA AL ESTADO HONDUREÑO QUE ADOPTE LAS SIGUIENTES MEDIDAS: A. INSTRUIR FORMALMENTE A LOS JUECES DE MENORES QUE UNA VEZ QUE LLEGUE A SU CONOCIMIENTO QUE SE HA ORDENADO LA DETENCIÓN DE UN MENOR DE EDAD EN UNA CÁRCEL O CENTRO PENAL PARA ADULTOS, PROCEDAN A ADOPTAR LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES. B. COMPLETAR LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS RESPONSABLES DE ORDENAR O CONSENTIR LA PRÁCTICA CONSISTENTE EN INTERNAR MENORES DE EDAD EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS, Y A AQUELLOS QUE, DESOBEDECIENDO ÓRDENES EXPRESAS, HAN DADO CONTINUIDAD A LA MISMA. C. COMPLETAR LA INVESTIGACIÓN, PROCESAMIENTO Y SANCIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN ORDENADO O TOLERADO QUE SE PRACTIQUEN ACTOS DE AGRESIÓN FÍSICA CONTRA MENORES DE EDAD DURANTE SU PERMANENCIA EN PRISIÓN. D. REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LAS VIOLACIONES IDENTIFICADAS, INCLUYENDO EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA A LOS MENORES QUE HAN ESTADO DETENIDOS CON ADULTOS EN LOS CENTROS PENALES DE HONDURAS ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA REVOCATORIA DEL AUTO ACORDADO. LOS NOMBRES DE DICHOS MENORES CONSTAN EN EL ANEXO I DE ESTE INFORME.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.375236+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.375239+00:00

Análisis del Caso

D. DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL 1. VIOLACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 8(1) Y 25(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA 142. EL ARTÍCULO 8, INCISO 1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DISPONE QUE "TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER OÍDA, CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS Y DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, POR UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD POR LA LEY...". 143. EL ARTÍCULO 25, INCISO 1 DE LA CONVENCIÓN, SEÑALA QUE "TODA PERSONA TIENE DERECHO A UN RECURSO SENCILLO Y RÁPIDO O A CUALQUIER OTRO RECURSO EFECTIVO ANTE LOS JUECES O TRIBUNALES COMPETENTES QUE LA AMPARE CONTRA ACTOS QUE VIOLEN SUS DERECHOS FUNDAMENTALES RECONOCIDOS POR LA CONSTITUCIÓN, LA LEY O LA PRESENTE CONVENCIÓN, AUN CUANDO TAL VIOLACIÓN SEA COMETIDA POR PERSONAS QUE ACTÚEN EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES OFICIALES". 144. LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, EN SU CONJUNTO, GARANTIZAN A TODAS LAS PERSONAS EL DERECHO DE ACCEDER A UN TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, A SER OÍDAS POR LA JUSTICIA DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE Y CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS JUDICIALES, Y A OBTENER QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL COMPETENTE EMITA UN FALLO SOBRE SUS DERECHOS. 145. AL REFERIRNOS A LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD, YA ENTRAMOS A CONSIDERAR, EN FORMA PRELIMINAR, EL TEMA DE LA EFICACIA DE LOS RECURSOS INTERNOS Y CONCLUIMOS QUE LA PETICIÓN ERA ADMISIBLE PORQUE HABÍA EXISTIDO RETARDO EN LA DECISIÓN DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS INTERPUESTOS A FAVOR DE LOS MENORES DETENIDOS EN CÁRCELES DE ADULTOS (ARTÍCULO 46(2)(C) DE LA CONVENCIÓN). CUANDO EXAMINAMOS EL DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL TAMBIÉN NOS REFERIMOS A LA DEMORA EN LA TRAMITACIÓN DE LOS RECURSOS DE HABEAS CORPUS O DE EXHIBICIÓN PERSONAL EN RELACIÓN AL ARTÍCULO 7(6) DE LA CONVENCIÓN. AHORA VOLVEMOS A REFERIRNOS A ESTE TEMA, EN VIRTUD DE QUE EL CUMPLIMIENTO, POR PARTE DEL ESTADO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, ESTÁ ÍNTIMAMENTE VINCULADO A LA APLICABILIDAD DE LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 46(2) DE LA MISMA Y, EN ESTE CASO, AL DERECHO CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 7(6) DE LA CONVENCIÓN. EN ESTA INSTANCIA CONCLUIMOS, COMO CUESTIÓN DE FONDO, QUE EL ESTADO DE HONDURAS NO HA CUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR A LOS MENORES UN RECURSO SENCILLO Y RÁPIDO ANTE LOS JUECES O TRIBUNALES COMPETENTES. 146. LO EXPRESADO PERMITE CONCLUIR QUE, EN EL PRESENTE CASO, LOS MENORES DETENIDOS EN HONDURAS NO HAN CONTADO CON UN RECURSO SENCILLO Y RÁPIDO QUE LOS AMPARE CONTRA LA PRÁCTICA DE LOS JUECES DE INTERNARLOS EN CENTROS PENALES PARA ADULTOS Y, POR ENDE, CONTRA LOS ACTOS DE ACOSO Y HOSTIGAMIENTO POR PARTE DE LOS INTERNOS MAYORES DE EDAD. ESTO VIOLA LOS ARTÍCULOS 8(1) Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN RELACIÓN CON EL 1(1) DE LA MISMA CONVENCIÓN, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LOS ESTADOS DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN ELLA. 2. VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8, LITERAL E) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA (DERECHO A UN DEFENSOR DE OFICIO) 147. LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN SU ARTÍCULO 8, LITERALES D) Y E), ESTABLECE LAS SIGUIENTES GARANTÍAS JUDICIALES MÍNIMAS EN RELACIÓN CON EL DERECHO DE DEFENSA: D) "DERECHO DEL INCULPADO DE DEFENDERSE PERSONALMENTE O DE SER ASISTIDO POR UN DEFENSOR DE SU ELECCIÓN Y DE COMUNICARSE LIBRE Y PRIVADAMENTE CON SU DEFENSOR" Y E) "DERECHO IRRENUNCIABLE DE SER ASISTIDO POR UN DEFENSOR PROPORCIONADO POR EL ESTADO, REMUNERADO O NO SEGÚN LA LEGISLACIÓN INTERNA, SI EL INCULPADO NO SE DEFENDIERE POR SÍ MISMO NI NOMBRARE DEFENSOR DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY". 148. A NIVEL MUNDIAL, LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO ESTABLECE EN SU ARTÍCULO 37, LITERAL D), QUE "TODO NIÑO PRIVADO DE SU LIBERTAD TENDRÁ DERECHO A UN PRONTO ACCESO A LA ASISTENCIA JURÍDICA Y OTRA ASISTENCIA ADECUADA". EL ARTÍCULO 40 DE LA MISMA CONVENCIÓN ESTABLECE EL DERECHO A QUE "LA CAUSA SEA DIRIMIDA SIN DEMORA POR UNA AUTORIDAD U ÓRGANO JUDICIAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL EN UNA AUDIENCIA EQUITATIVA CONFORME A LA LEY Y EN PRESENCIA DE UN ASESOR JURÍDICO U OTRO TIPO DE ASESOR ADECUADO". 149. LAS REGLAS MÍNIMAS DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE MENORES (REGLAS DE BEIJING), EN SU ARTÍCULO 7, INCISO 1, CONSAGRAN "EL DERECHO AL ASESORAMIENTO..." Y EN EL ARTÍCULO 15, INCISO 1 INDICAN QUE "EL MENOR TENDRÁ DERECHO A HACERSE REPRESENTAR POR UN ASESOR JURÍDICO DURANTE TODO EL PROCESO, Y A SOLICITAR ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA CUANDO ESTÁ PREVISTA LA PRESTACIÓN DE DICHA AYUDA EN EL PAÍS". 150. EN ARMONÍA CON ESTAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES, EL ARTÍCULO 182 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA DE HONDURAS DISPONE QUE "COMO EN TODOS LOS PROCESOS, EN AQUELLOS EN QUE FIGURE UN NIÑO SE RESPETARÁN LAS GARANTÍAS PROCESALES CONSAGRADAS EN LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA Y EN LAS LEYES, ESPECIALMENTE LAS QUE SE REFIEREN A (...) GOZAR DEL ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA LEGAL PROFESIONAL EN FORMA INMEDIATA (...)". ADEMÁS, LA LEY DE JURISDICCIÓN DE MENORES OBLIGA AL ESTADO EN SU ARTÍCULO 21 A BRINDAR REPRESENTACIÓN LEGAL A LOS MENORES DETENIDOS AL DECIR: "LA REPRESENTACIÓN DE LOS MENORES, PARA SU DEFENSA Y PROTECCIÓN ESTARÁ A CARGO DE PROCURADORES ESPECIALES NOMBRADOS POR LA CORTE SUPREMA". 151. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE MUCHOS DE LOS NIÑOS RECLUIDOS EN CENTROS DE DETENCIÓN PARA ADULTOS NO HAN CONTADO CON DEFENSOR DE OFICIO. LA COMISIÓN CONSIDERA ESTE HECHO COMO PROBADO EN RELACIÓN CON VARIOS DE LOS MENORES, SEGÚN SE DERIVA DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: UNA COMUNICACIÓN DE 3 DE JULIO DE 1996, DIRIGIDA POR EL COMISIONADO NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS A LA DIRECTORA NACIONAL DE LA DEFENSA PÚBLICA, EN LA QUE SE DA LA LISTA DE 11 MENORES INTERNADOS EN LA PENITENCIARÍA CENTRAL QUE "CARECEN DE DEFENSOR PÚBLICO".86 LO MISMO SE DEDUCE DE LA CARTA DIRIGIDA EL 22 DE AGOSTO DE 1996 POR EL SECRETARIO GENERAL DE LA PENITENCIARÍA CENTRAL AL FISCAL ESPECIAL DEL MENOR. 152. POR LO ANTES EXPUESTO, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 8, INCISO 2, LITERAL E) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EL ESTADO HONDUREÑO TIENE EL DEBER JURÍDICO DE PROVEER DE UN DEFENSOR DE OFICIO A LOS MENORES, CUANDO NO TENGAN DEFENSOR PARTICULAR, EN TODOS LOS ACTOS PROCESALES Y DESDE EL MOMENTO EN QUE SE LES IMPUTA UNA INFRACCIÓN. ESTO APARECE CORROBORADO POR LAS DIVERSAS DISPOSICIONES INTERNACIONALES A QUE NOS HEMOS REFERIDO SUPRA Y POR LA MISMA LEGISLACIÓN HONDUREÑA, QUE INCORPORA Y RATIFICA ESTE DEBER JURÍDICO EN SU DERECHO INTERNº LA COMISIÓN CONCLUYE, EN CONSECUENCIA, QUE AL NO PROPORCIONAR UN DEFENSOR DE OFICIO A DICHOS MENORES, EL ESTADO HA VIOLADO EL ARTÍCULO 8, INCISO 2, LITERAL E) DE LA CONVENCIÓN Y LAS OBLIGACIONES INTERNACIONALES LIBREMENTE ASUMIDAS POR HONDURAS DE GARANTIZAR LA INVIOLABILIDAD DEL DERECHO DE DEFENSA. TODO ESTO EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, QUE ESTABLECE EL DEBER DEL ESTADO DE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

206. LA CIDH OBSERVA, ADEMÁS, QUE LA OFERTA DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE LA NIÑEZ Y LA FAMILIA (IHNFA) NO PARECE CONSTITUIR UNA MEDIDA DE REPARACIÓN ESPECIAL POR LAS VIOLACIONES IDENTIFICADAS EN EL INFORME, SINO QUE LA PROPUESTA SE HA PLANTEADO "EN EL CONTEXTO DE UNA MEDIDA COMPENSATORIA EQUIPARABLE AL TRATO QUE ESTE INSTITUTO HARÍA A CUALQUIER MENOR DE EDAD INFRACTOR A LA LEY EN NUESTROS PROGRAMAS REGULARES DE REINSERCIÓN SOCIAL". SIN EMBARGO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, EN DEFINITIVA, LO IMPORTANTE ES QUE SEAN AQUELLOS MENORES DE EDAD CUYOS DERECHOS FUERON VIOLADOS, LOS QUE SEAN SUJETOS A LAS REPARACIONES EFECTIVAS RECOMENDADAS AL ESTADO EN EL INFORME Nº 72/98. 207. POR OTRA PARTE, CONFORME LO ESTABLECE LA OFERTA PRESENTADA POR EL ESTADO, LA MISMA "NO PUEDE INTERPRETARSE COMO UNA SUMISIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE LOS HECHOS IMPUTADOS. NO TIENE POR CONSIGUIENTE UNA ACEPTACIÓN NI EXPRESA O TÁCITA SOBRE EL HECHO DEBATIDO EN EL CASO EXPUESTO ANTE LA CIDH, SINO UNA MEDIDA SOCIO EDUCATIVA PLASMADA EN NUESTRAS LEYES VIGENTES SOBRE LA MATERIA". ESTO SIGNIFICA QUE EL ESTADO NO ACEPTA EXPRESAMENTE SU RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL POR LAS VIOLACIONES IDENTIFICADAS EN EL PRESENTE INFORME. LA CIDH CONSIDERA QUE ESTA DECLARACIÓN UNILATERAL DEL ESTADO NO LO DESVINCULA DE LAS CONCLUSIONES FORMULADAS EN EL INFORME Nº 72/98 Y QUE LO IMPORTANTE EN ESTA ETAPA DEL TRÁMITE ES EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS EN DICHO INFORME, A FIN DE REPARAR EFECTIVAMENTE LOS DAÑOS CAUSADOS A LOS MENORES DE EDAD A LOS QUE SE REFIERE EL PRESENTE CASO. 208. ADEMÁS, EL ESTADO EXPRESÓ QUE "EL IHNFA SE RESERVA LA ATRIBUCIÓN QUE LAS LEYES NACIONALES LE OTORGAN DE DECIDIR CÓMO INTERVENIR EN CADA CASO INDIVIDUAL QUE LE SEA PRESENTADO", LO CUAL DEJA A CRITERIO DE ESE INSTITUTO LA REPARACIÓN O COMPENSACIÓN QUE PUDIERA DÁRSELE A CADA UNA DE LAS VÍCTIMAS ENUMERADAS EN LA LISTA DE LA COMISIÓN (ANEXO I). 209. EN VIRTUD DE LAS CONSIDERACIONES QUE ANTECEDEN Y DE LO DIPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 51, NUMERAL 3 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y 48 DE SU REGLAMENTO, LA COMISIÓN DECIDE REITERAR LAS CONCLUSIONES CONTENIDAS EN LA SECCIÓN VIII SUPRA Y LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS LITERALES "A", "B", "C" Y "D" DE LA SECCIÓN X SUPRA; HACER PÚBLICO EL PRESENTE INFORME Y PUBLICARLO EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA. 210. LA CIDH, CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LOS INSTRUMENTOS QUE RIGEN SU MANDATO, CONTINUARÁ EVALUANDO LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL ESTADO HONDUREÑO RESPECTO DE LAS CUATRO RECOMENDACIONES MENCIONADAS, HASTA QUE ÉSTAS HAYAN SIDO TOTALMENTE CUMPLIDAS POR DICHO ESTADO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.377424+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.377427+00:00

Resumen del Caso

MIGUEL ANGEL PAVÓN SALAZAR, 45 AÑOS, Y MOISÉS LANDAVERDE RECARTE, 33 AÑOS, FUERON ASESINADOS EL DÍA 14 DE ENERO DE 1988, APROXIMADAMENTE A LAS 6:30 DE LA TARDE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS. LAS CIRCUNSTANCIAS DEL DELITO INDICAN QUE LAS VÍCTIMAS SE ENCONTRABAN EN EL INTERIOR DEL CARRO DEL PROFESOR MIGUEL ANGEL PAVÓN, CON EL MOTOR EN MARCHA Y LOS FAROLES ENCENDIDOS CUANDO SE APROXIMÓ UNA MOTOCICLETA TRIPULADA POR DOS HOMBRES. UNO DE LOS INDIVIDUOS BAJÓ DE LA MOTOCICLETA, CAMINÓ HASTA LA VENTANILLA DELANTERA IZQUIERDA DEL CARRO ESTACIONADO Y DISPARÓ SOBRE MIGUEL ANGEL PAVÓN Y MOISÉS LANDAVERDE, CAUSÁNDOLES MUERTE INMEDIATA. EL PROFESOR MIGUEL ANGEL PAVÓN SALAZAR ERA EL PRESIDENTE DEL COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS (CODEH), EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA; DIPUTADO AL CONGRESO NACIONAL, POR EL DEPARTAMENTO DE CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO INNOVACIÓN Y UNIDAD-SOCIAL DEMÓCRATA; ADEMÁS ERA UN PROFESIONAL DE LA DOCENCIA, CON ESPECIALIDAD EN EDUCACIÓN TÉCNICA. MOISÉS LANDAVERDE RECARTE ERA MAESTRO DE EDUCACIÓN MEDIA, DIRIGENTE GREMIAL EN LA SECCIONAL DE CORTÉS DEL COLEGIO DE PROFESORES DE LA EDUCACIÓN MEDIA DE HONDURAS. MIGUEL ANGEL PAVÓN HABÍA SIDO AMENAZADO DE MUERTE EN VARIAS OPORTUNIDADES COMO CONSECUENCIA DE SU TESTIMONIO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DONDE COMPARECIÓ EN SEPTIEMBRE DE 1987 COMO TESTIGO DE LA COMISIÓN, EN EL JUICIO SEGUIDO CON MOTIVO DEL DESAPARECIMIENTO DE MANFREDO VELÁSQUEZ Y SAÚL GODINEZ CRUZ.

Derechos

ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA); 8 (DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES), Y ARTÍCULO 25, (DERECHO A UNA EFECTIVA PROTECCIÓN JUDICIAL) EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1, CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS

Análisis del Caso

CONSIDERACIONES 1. LA COMISIÓN ES COMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE CASO, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, POR TRATARSE DEL DERECHO A LA VIDA, CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 4 DE LA CITADA CONVENCIÓN. 2. LA DENUNCIA REÚNE LOS REQUISITOS FORMALES DE ADMISIBILIDAD, CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 46, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 3. POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO EL PETICIONARIO NO HA PODIDO LOGRAR UNA PROTECCIÓN EFECTIVA DE PARTE DE LOS ORGANISMOS JURISDICCIONALES, POR LO CUAL NO SON APLICABLES LOS REQUISITOS REFERENTES AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 46, INCISO 2), PÁRRAFO B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 4. QUE NO ES APLICABLE EN EL PRESENTE CASO, EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 48, INCISO F, Y 45, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN RESPECTIVAMENTE. 5. LA RECLAMACIÓN NO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE OTRO PROCEDIMIENTO DE ARREGLO INTERNACIONAL Y, POR LO TANTO, NO SE ENCUENTRA SUJETA A LAS INCOMPATIBILIDADES CONTEMPLADAS EN LOS ARTÍCULOS 47 D) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y 39 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN. 6. LA RECLAMACIÓN NO ES LA REPRODUCCIÓN DE PETICIÓN ANTERIOR YA EXAMINADA POR LA COMISIÓN, Y POR LO TANTO, SUPERA TAMBIÉN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 47 D) DE LA CONVENCIÓN Y DEL ARTÍCULO 39 1, B) DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN. 7. SE HAN EFECTUADO EN EL PRESENTE CASO TODAS LAS GESTIONES TENDIENTES A OBTENER DE PARTE DEL GOBIERNO DE HONDURAS ADECUADA INFORMACIÓN CON RELACIÓN A LAS ACTUACIONES JUDICIALES REFERENTES A LOS ASESINATOS DE MIGUEL ANGEL PAVÓN Y MOISÉS LANDAVERDE. EL 19 DE JULIO DE 1990, EN TESTIMONIO PRESENTADO ANTE EL TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS, EL SR. CONSTANTINO PAVÓN REITERÓ LA FALTA DE INTERÉS DEL GOBIERNO EN ESCLARECER EL ASESINATO DE SU HERMANO MIGUEL ANGEL PAVÓN, MENCIONANDO QUE NO OBSTANTE TODAS LAS GESTIONES REALIZADAS, SE LE HABÍA NEGADO INFORMACIÓN SOBRE LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES DEL CASO. 8. EL GOBIERNO DE HONDURAS NO HA AGILIZADO EL PROCESO JUDICIAL NI HA REALIZADO LOS ESFUERZOS DEL CASO DESTINADOS A INVESTIGAR DEBIDAMENTE LOS HECHOS DENUNCIADOS, LIMITÁNDOSE A CONSTATAR SU OCURRENCIA. 9. EN PARTICULAR, EL GOBIERNO DE HONDURAS NO HA TOMADO EN CUENTA NI HA INVESTIGADO LA EVIDENCIA DEL TESTIMONIO PRESENTADO POR EL SEÑOR REYES CABALLERO, ANTIGUO MIEMBRO DEL BATALLÓN 3-16, EL CUAL MANIFESTÓ HABER VISTO EL NOMBRE DEL PROF. PAVÓN EN LA LISTA NEGRA DE DICHO BATALLÓN, COMO CONSECUENCIA DE SU TESTIMONIO EN LOS CASOS VELÁSQUEZ RODRÍGUEZ Y GODÍNEZ CRUZ ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 10. QUE LA COMISIÓN APROBÓ CON FECHA 11 DE FEBRERO DE 1992, EL INFORME PROVISIONAL 18/92 PRODUCIDO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN EL QUE LUEGO DE REFERIRSE A LOS HECHOS QUE DABAN LUGAR A LA PETICIÓN, LA COMISIÓN EFECTUABA RECOMENDACIONES AL GOBIERNO, OTORGÁNDOLE UN PLAZO DE NOVENTA DÍAS PARA CUMPLIMENTARLAS E INFORMAR A LA COMISIÓN. DICHO INFORME FUE TRANSMITIDO AL GOBIERNO CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 1992. 11. QUE EL GOBIERNO CONTESTÓ CON FECHA 27 DE FEBRERO DE 1992, AGREGANDO COPIA DE LAS ACTUACIONES JUDICIALES EFECTUADAS EN TORNO AL CASO. 12. QUE DE DICHA RESPUESTA Y EN LOS ELEMENTOS CONTENIDOS EN ELLA, NO SURGEN NUEVOS ELEMENTOS QUE PERMITAN DESVIRTUAR LOS HECHOS DENUNCIADOS O ACREDITEN QUE SE HAN ADOPTADO MEDIDAS ADECUADAS PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DENUNCIADA TAL COMO FUERON REQUERIDAS EN EL INFORME PROVISIONAL 18/92. 13. QUE NO EXISTEN EN LA COMISIÓN NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO QUE AMERITEN MODIFICAR LAS CONCLUSIONES DEL INFORME ORIGINAL.

Decisión

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, CONCLUYE: 1. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS HA DEJADO DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA); 8 (DERECHO A LAS GARANTÍAS JUDICIALES), Y ARTÍCULO 25, (DERECHO A UNA EFECTIVA PROTECCIÓN JUDICIAL) EN CONEXIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1, CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DE LA QUE HONDURAS ES ESTADO PARTE, RESPECTO AL ASESINATO DE LOS SEÑORES MIGUEL ANGEL PAVÓN Y MOISÉS LANDAVERDE RECARTE. 2. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO REALIZÓ UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA E IMPARCIAL PARA DETERMINAR LA AUTORÍA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, NI SANCIONÓ A LOS CULPABLES, NI PAGÓ INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA A LOS FAMILIARES DE LAS VÍCTIMAS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.378781+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.378784+00:00

Resumen del Caso

FRANCISCO JAVIER BONILLA FUE HASTA EL MOMENTO DE SU MUERTE, ACAECIDA EL 31 DE MAYO DE 1990 EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, MIEMBRO ACTIVO DEL SINDICATO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (SITRAIHSS) DEL CUAL FUE INCLUSIVE DIRECTIVO EN DISTINTOS CARGOS Y FECHAS. COMO RESULTADO DE SU PROTAGONISMO EN EL MOVIMIENTO SINDICAL EN DOS OCASIONES SE INTENTÓ SECUESTRARLE, INTENTOS QUE SE FRUSTRARON Y DE LOS CUALES LA VÍCTIMA RESPONSABILIZÓ EN SU DEBIDO MOMENTO, A POSIBLES MIEMBROS DEL BATALLÓN 316 O DE OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO, TAL COMO LO HIZO CONSTAR EN TESTIMONIO ORAL OPORTUNAMENTE. PREVIO A SU MUERTE LAS BASES DE SU SINDICATO LO ESTABAN POSTULANDO DE NUEVO COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DEL MISMO EN CONTRA DE LA VOLUNTAD Y DE LOS INTERESES POLÍTICOS DE LAS AUTORIDADES DIRECTIVAS DEL IHSS. (INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL). 2. CIRCUNSTANCIAS DE SU MUERTE: EL DÍA JUEVES 31 DE MAYO DE 1990, LA VÍCTIMA PARTICIPÓ EN UNA REUNIÓN EN LA QUE SE TRATARON ASUNTOS DEL SITRAIHSS Y EN LA QUE PARTICIPARON ENTRE OTRAS PERSONAS RAMÓN ROSA CABRERA Y FRANCISCA CONSUELO VALLADARES DE CASTELLANOS. AL FINALIZAR LA MISMA LOS INTEGRANTES SALIERON BAJO LA LLUVIA DEL DOMICILIO DE RAMÓN ROSA CABRERA, EN EL BARRIO EL CHILE DE TEGUCIGALPA HACIA EL PUENTE QUE UNE DICHA COLONIA CON LA CIUDAD. LA VÍCTIMA IBA AL LADO DE LA SEÑORA FRANCISCA CONSUELO VALLADARES DE CASTELLANOS AL LLEGAR AL EXTREMO PONIENTE DEL PUENTE CUANDO UN HOMBRE ARMADO LE DISPARÓ, CAUSANDO SU MUERTE INSTANTÁNEA. LA ACOMPAÑANTE PUDO OBSERVAR EL ROSTRO DEL ASESINO A PESAR DE LA LLUVIA Y LA OBSCURIDAD PREVALECIENTES A ESA HORA ENTRE SEIS Y SIETE DE LA NOCHE. EL SINDICALISTA RAMÓN ROSA CABRERA VENÍA A POCOS PASOS DETRÁS DE LA VÍCTIMA. 3. INVESTIGACIÓN DEL CASO: A RAÍZ DEL ASESINATO DESCRITO LA DIRECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS PUBLICÓ UN COMUNICADO, CON FECHA 1º DE JUNIO DE 1990 DANDO A CONOCER QUE LAS FUERZAS ARMADAS HABÍAN ORDENADO "UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA QUE SE LLEVARÁ HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS, PARA LO CUAL SE HA CONSTITUIDO UNA COMISIÓN ESPECIAL PARA TAL EFECTO". POSTERIORMENTE SE CONOCIÓ QUE LA COMISIÓN ESTABA INTEGRADA POR CINCO CORONELES, CUYO INFORME FINAL REVELÓ QUE LOS SUPUESTOS ASESINOS ERAN TRES PERSONAS, QUE HABÍAN ACTUADO BAJO LAS ÓRDENES Y SUPUESTO PAGO DEL ESTUDIANTE DE MEDICINA Y DIRIGENTE UNIVERSITARIO, MARTÍN PINEDA. LOS TRES PRIMEROS ACUSADOS, AL SER PRESENTADOS ANTE EL JUEZ COMPETENTE DENUNCIARON QUE HABÍAN DECLARADO SU CULPABILIDAD BAJO LOS EFECTOS DE LA TORTURA EN LAS CELDAS DEL DEPARTAMENTO NACIONAL DE INVESTIGACIONES (DNI), Y AL SER CONFRONTADOS CON EL SUPUESTO AUTOR INTELECTUAL, NEGARON HABERLE CONOCIDO ANTES DE ESE MOMENTO. LOS DOS TESTIGOS ARRIBA MENCIONADOS DECLARARON ANTE EL JUEZ COMPETENTE, QUE LOS ACUSADOS NO CORRESPONDÍAN A LA DESCRIPCIÓN FÍSICA DEL ASESINO DADA POR ELLOS.

Derechos

ART. 1.1, 2, 8 Y 25 CADH

Análisis del Caso

CON RESPECTO A LA TRAMITACIÓN JUDICIAL DEL SUMARIO. 9. SURGE DE LOS ANTECEDENTES EN PODER DE LA COMISIÓN QUE PESE A QUE LA TESTIGO PRINCIPAL DENUNCIARA EL HABER RECONOCIDO EN FOTOS DE LOS PERIÓDICOS COMO EL AUTOR MATERIAL DEL HECHO A UN FUNCIONARIO ENTONCES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES, CONOCIDO COMO "POPEYE" A RAÍZ DE UNA TENTATIVA DE SECUESTRO DE LA QUE FUE COAUTOR, EL MISMO NO FUE INTERROGADO NI CONFRONTADO CON LOS TESTIGOS PRESENCIALES DEL ATAQUE A BONILLA Y SUS ACOMPAÑANTES. 10. QUE ASIMISMO DICHO FUNCIONARIO DEL DNI "POPEYE" INDICA -SEGÚN DECLARACIONES A PERIODISTAS - QUE SU INTERVENCIÓN EN LA TENTATIVA DE SECUESTRAR DE LA CUSTODIA JUDICIAL A OTRO FUNCIONARIO DEL MISMO ORGANISMO ERA PARTE DE SU TRABAJO OFICIAL; LO CUAL FUE CONFIRMADO POR UN SUPERIOR JERÁRQUICO CAPITÁN CESAR AUGUSTO SOMOZA EN DECLARACIONES A LOS PERIODISTAS, QUIEN MANIFESTÓ QUE HUBO SIN EMBARGO "EXCESO DE CELO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN." (DIARIO LA PRENSA, 17 DE OCTUBRE DE 1990). 11. QUE DICHA TENTATIVA DE SECUESTRO FUE PÚBLICA Y NOTORIA, PRESENCIADA POR JUECES Y PERIODISTAS, Y ESTABA DESTINADA A RETIRAR DE LA CUSTODIA JUDICIAL JOSÉ MANUEL GUZMÁN MARTÍNEZ A QUIEN SE SINDICABA JUDICIALMENTE COMO CEREBRO DEL SECUESTRO DE OTRO LÍDER SINDICAL DE APELLIDO BRICEÑO. 12. QUE ESE MISMO "POPEYE" EN DICHAS DECLARACIONES REFIRIÉNDOSE AL SECUESTRO QUE INTENTARA DIJO A LOS PERIODISTAS: "NO PRESENTÍAMOS EL PROBLEMA QUE SE IBA A PRESENTAR AQUÍ. CUMPLÍAMOS UNA MISIÓN OFICIAL. NO PUEDO DECIR DE PARTE DE QUIÉN. ESTO ES COMÚN Y CORRIENTE EN LOS TRABAJOS QUE UNO HACE." (DIARIO LA PRENSA, 17 DE OCTUBRE DE 1990). 13. QUE DE ACUERDO A LA NOTA DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL 8 DE FEBRERO DE 1992, EL JUEZ CONFRONTÓ A LOS TESTIGOS FRANCISCA CONSUELO VALLADARES, CARLOS ALBERTO CERRATO PADILLA, WILFREDO YOLANDO SILVESTRUCCI SANTOS Y RAMÓN ROSA CABRERA GIRÓN, PERO NO LO HABRÍA HECHO DE LOS TESTIGOS PRESENCIALES DEL ASESINATO LILIAN CERRATO, FLORENCIO SÁNCHEZ, ARNULFO MONCADA Y ANA BELL GÓMEZ. 14. QUE SI BIEN ES CIERTO LO QUE INDICA LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL QUE LA TESTIGO PRINCIPAL CONSUELO VALLADARES EN SU DECLARACIÓN JUDICIAL (5 Y 18 DE JUNIO DE 1990) ALUDIÓ A DIFICULTADES DE VISIBILIDAD PARA IDENTIFICAR O RECONOCER AL ASESINO EN EL MOMENTO DEL HECHO, UNA LECTURA CUIDADOSA DE LAS MISMAS MUESTRA QUE ELLA NO DIJO QUE NO VIO EN SU TOTALIDAD O NO VIO DE CERCA AL PERPETRADOR, Y POR EL CONTRARIO LA MISMA DICE: ... Y EN ESO FUE CUANDO LES EMPEZARON A DISPARAR POR LA ESPALDA DE AMBOS INMEDIATAMENTE LOS DOS SE DIERON VUELTA, Y EL SEÑOR FRANCISCO BONILLA LA EMPUJÓ A ELLA (DECLARANTE) CON SU MANO DERECHA, LUGAR DONDE LA DICENTE VIO QUE IMPACTA UNA BALA LA CUAL CREE ELLA QUE IBA DIRIGIDA A ELLA, QUE CUANDO FRANCISCO (BONILLA) LA EMPUJO YA TENÍA (ÉL) DOS DISPAROS O TRES, QUE NO PUEDE PRECISAR CUANTOS, QUE ELLA VIO QUE EL SR. FRANCISCO PRETENDIÓ CORRER DIO TRES PASOS HACIA EL LADO DERECHO, BUSCANDO LA ESQUINA..., CUANDO FRANCISCO CAYÓ AL SUELO EL VICTIMARIO SE LE ACERCÓ Y LE DISPARÓ DOS VECES MÁS; EN ESE MOMENTO FRANCISCO ESTABA CAÍDO BOCA ABAJO, QUE INMEDIATAMENTE EL VICTIMARIO SE DIO VUELTA Y FRENTE A LA DICENTE LE APUNTÓ UN INSTANTE CON LA PISTOLA (A ELLA), QUE IGNORA SI EL VICTIMARIO DISPARÓ O NO TENÍA BALA EN LA PISTOLA,...(EL SUBRAYADO ES NUESTRO).15. QUE LA TESTIGO PRINCIPAL DECLARÓ LUEGO QUE ESTABA ATEMORIZADA AL DECLARAR, Y QUE EN UN EXAMEN PSIQUIÁTRICO POSTERIOR INDICÓ QUE EL TEMOR LE IMPIDIÓ REVELAR QUE RECORDABA PERFECTAMENTE EL ROSTRO DEL ASESINO. 16. QUE LA FALTA DE DILIGENCIAS JUDICIALES DESTINADAS A INTERROGAR Y A ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD DE "POPEYE" PESE A LAS MANIFESTACIONES PÚBLICAS REALIZADAS, REVELA LA FALTA DE INTERÉS DE LA JUSTICIA DE PROFUNDIZAR LAS INVESTIGACIONES. 17. QUE DICHO DESINTERÉS JUDICIAL SE PRODUCE EN UN CONTEXTO HISTÓRICO EN EL CUAL EN EL PERÍODO DE POCOS MESES FUERON ASESINADOS EN EL PAÍS VARIOS LÍDERES SINDICALES Y UNIVERSITARIOS OPOSITORES AL GOBIERNO, SIN QUE SE HAYA PODIDO RESOLVER NINGUNO DE ESOS ASESINATOS. (CASO SALOMÓN VALLECILLO EN SAN PEDRO SULA, POCO DESPUÉS DE QUE EL SINDICATO TRABAJADORES TABACALEROS HONDUREÑO QUE DIRIGÍA, TRIUNFARA EN LA NEGOCIACIÓN DE UN CONTRATO COLECTIVO, A MEDIADOS DE 1989; DE EDGARDO HERRERA, DIRIGENTE DEL FRENTE DE REFORMA UNIVERSITARIA, TAMBIÉN EN SAN PEDRO SULA EN JULIO DE 1989; A CRISTÓBAL PÉREZ ALFARO, EN LA MISMA CIUDAD Y ÉPOCA; DE REINALDO ZÚÑIGA Y HERNÁN RODRÍGUEZ GARCÍA, DIRIGENTES CAMPESINOS ASESINADOS EL 25 DE ENERO Y EL 26 DE ABRIL DE 1990; DEL LANZAMIENTO DE UNA BOMBA CONTRA LA DIRIGENTE DEL SINDICATO ELÉCTRICO GLADYS LANZA EN LA MISMA ÉPOCA, Y LA MENCIONADA MUERTE DEL LÍDER TRANSPORTISTA BRICEÑO, DE LA QUE ESTABA JUDICIALMENTE PROCESADO EL FUNCIONARIO DEL DNI GUZMÁN MARTÍNEZ A QUIEN OTROS FUNCIONARIOS DEL D.N.I. TRATARON DE SECUESTRAR DE SUS JUECES).

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. DECLARAR QUE EL ESTADO DE HONDURAS ES RESPONSABLE DE LA VIOLACIÓN DEL DERECHO A PROTECCIÓN JUDICIAL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN JUEGO ARMÓNICO CON SUS ARTÍCULOS 1.1, 2 Y 8 DE OBLIGACIÓN DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS DERECHOS RECONOCIDOS EN LA MISMA DEL DIRIGENTE SINDICAL FRANCISCO JAVIER BONILLA MEDINA, CUYO HOMICIDIO OCURRIDO EL 31 DE MAYO DE 1990 EN TEGUCIGALPA. 2. RECOMENDAR AL GOBIERNO DE HONDURAS QUE: A) ESTABLEZCA LAS CONDICIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN JUDICIAL EXHAUSTIVA DE LOS HECHOS, Y LA EVENTUAL SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES. B) TOME LAS MEDIDAS LEGISLATIVAS O DE OTRA NATURALEZA NECESARIAS PARA GARANTIZAR EN LO SUCESIVO LOS DERECHOS QUE A JUICIO DE LA COMISIÓN HAN SIDO VIOLADOS EN ESTE CASO Y EVITAR LA REPETICIÓN DE DICHAS VIOLACIONES. C) REPARE LAS CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN QUE HA CONFIGURADO LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS ANTES ENUNCIADOS Y PAGUE UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN COMPENSATORIA A LAS PARTES LESIONADAS. D) DESARROLLE UN PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TESTIGOS PARA EL PRESENTE CASO ASÍ COMO SUS SIMILARES. 3. PUBLICAR ESTE INFORME EN EL INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL, EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 48 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN Y 51.3 DE LA CONVENCIÓN; TODA VEZ QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO ADOPTÓ LAS MEDIDAS PARA SOLUCIONAR LA SITUACIÓN DENUNCIADA, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO EN EL INFORME Nº 25/92.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.380134+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.380137+00:00

Análisis del Caso

CON RESPECTO A LA INVESTIGACIÓN POR LA COMISIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS CONSIDERA LA COMISIÓN QUE: 18. EL HECHO QUE EL GOBIERNO A TRAVÉS DE LAS FUERZAS ARMADAS, BAJO CUYA SUPERVISIÓN ESTÁN LA DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES Y LA POLICÍA, HAYAN PUBLICITADO Y CREADO ESPECIALMENTE UNA COMISIÓN DE ALTO NIVEL PARA EFECTUAR LA INVESTIGACIÓN, SEÑALA LA IMPORTANCIA SOCIAL Y DE OPINIÓN PÚBLICA DEL ASESINATO DEL SR. BONILLA Y EL ATENTADO CONTRA SUS ACOMPAÑANTES SINDICALES. 19. QUE LA INCONSISTENCIA DE SUS CONCLUSIONES QUEDÓ EVIDENCIADA POR LA LIBERTAD DECRETADA POR EL JUEZ DE LOS ACUSADOS POR LA COMISIÓN MILITAR, LOS QUE POR SU PARTE ACUSARON A DICHA COMISIÓN Y A SUS CAPTORES DE HABERLOS TORTURADO PARA QUE CONFESARAN. 20. QUE TAMPOCO SURGE DE LAS RESPUESTAS DEL GOBIERNO, QUE SE HAYA INVESTIGADO COMO CORRESPONDE, EN FORMA INDEPENDIENTE, LA DENUNCIA DE TORTURAS Y APREMIOS ILEGALES QUE EFECTUARAN LOS ACUSADOS FALSAMENTE. 21. QUE IGUALMENTE CONTRADICE LA VERSIÓN MILITAR QUE LOS AUTORES INTELECTUALES, DOS DIRIGENTES UNIVERSITARIOS ESTABAN PRÓFUGOS, LAS NOTICIAS DE LOS PERIÓDICOS SEÑALANDO QUE LOS PERIODISTAS HABÍAN VISITADO POR LO MENOS A UNO DE ELLOS, QUE ESTABA EN SU CASA REALIZANDO SU VIDA HABITUAL, Y QUE INDICÓ QUE SE PRESENTARÍA ANTE EL JUZGADO INMEDIATAMENTE, YA QUE ERA LA PRIMERA NOTICIA QUE TENÍA DEL ASUNTO. CON RESPECTO A LA SUPUESTA PERSECUCIÓN DE LA PRINCIPAL TESTIGO 22. QUE, COMO SOSTIENE LA SRA. CONSUELO DE VALLADARES, A PARTIR DEL CRIMEN EN QUE EL AUTOR SE LE HABÍA ACERCADO, APUNTADO Y GATILLADO SIN ÉXITO, SE INICIÓ UNA PERSECUCIÓN ESPECIAL CONTRA ELLA, CON AMENAZAS Y SEGUIMIENTOS. 23. QUE PARTE DE ESA PERSECUCIÓN CONSISTIÓ TAMBIÉN EN TRATAR DE IMPEDIRLE SU SALIDA DEL PAÍS, A TRAVÉS DE UNA ORDEN DE LA DIRECCIÓN DE POBLACIÓN Y MIGRACIÓN. LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL REPRESENTANTE DEL GOBIERNO, EN NOTA DEL 8 DE FEBRERO DE 1992 A ESTA COMISIÓN NEGÓ QUE EXISTIERA ESA ORDEN DE IMPEDIR LA SALIDA. 24. SIN EMBARGO, QUE OBRA EN PODER DE LA COMISIÓN, UN TELEGRAMA OFICIAL DEL 27-12-90 COPIA DEL CUAL FUERA TRANSMITIDA OPORTUNAMENTE AL GOBIERNO EN EL CUAL EL DIRECTOR DE POBLACIÓN Y MIGRACIÓN, CORONEL BUSTILLO MURCIA DICE "SÍRVASE DEJAR SIN VALOR NI EFECTO ALERTA DE IMPEDIR SALIDA A NOMBRE DE VALLADARES MONTOYA, FRANCISCA CONSUELO., DE FECHA 11-06-90, DE NACIONALIDAD HONDUREÑA". 25. SE ADVIERTE TAMBIÉN QUE TAL ORDEN FUE EMITIDA DESPUÉS QUE LA PRINCIPAL TESTIGO DENUNCIARA DICHO IMPEDIMENTO AL MINISTRO DE GOBERNACIÓN, PRESENTANDO CONSTANCIAS JUDICIALES QUE NO EXISTÍAN CAUSA CONTRA ELLA NI ERA REQUERIDA, EL MINISTRO ASÍ LO ORDENA POR AUTO DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1990. 26. EL QUE DICHO IMPEDIMENTO DE SALIDA EXISTIERA EFECTIVAMENTE SEGÚN CONSTA MÁS ARRIBA, SUMADO A LA ACTITUD DEL GOBIERNO DE COMUNICAR POR NOTA OFICIAL A LA COMISIÓN QUE EL MISMO NO EXISTÍA, DA VEROSIMILITUD A LA DENUNCIA DE PERSECUCIÓN POR PARTE DEL GOBIERNO A LA PRINCIPAL TESTIGO. 27. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO PRESENTÓ SUS OBSERVACIONES AL INFORME NO. 25/92.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.382181+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.382184+00:00

Resumen del Caso

SE PRESENTARON AL FILO DE LAS 10:00 P.M. DEL DÍA L0 DE JUNIO DE L98L EL PROFESOR TOMÁS NATIVÍ Y EL INGENIERO FIDEL MARTÍNEZ, DE MANERA INESPERADA Y DECIDIERON QUEDARSE EN LA CASA. NOSOTROS CONTINUAMOS CON NUESTRO TRABAJO EL CUAL DIMOS POR CONCLUIDO A LAS 0.30 MINUTOS DEL DÍA LL DE JUNIO DE L98L. TANTO (...) COMO YO NOS RETIRAMOS A LA MISMA HABITACIÓN Y EL PROFESOR NATIVÍ Y EL INGENIERO FIDEL MARTÍNEZ A CADA UNA DE LAS OTRAS DOS HABITACIONES. A ESO DE LAS 3:00 A.M., SE PUDO ESCUCHAR CON CLARIDAD TRES DISPAROS HECHOS CON SILENCIADOR. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DEL PRIMER DISPARO SE OYÓ UN QUEJIDO EN LA HABITACIÓN DEL PROFESOR NATIVÍ Y A CONTINUACIÓN LOS OTROS DOS DISPAROS. DE INMEDIATO UNA VOZ ORDENÓ: "HÁGANSE CARGO DEL OTRO HIJO DE PUTA" Y UNA VOZ QUE DIJO "ABRE LA PUERTA" CONTESTÉ "QUIÉN ES", A LO QUE NUEVAMENTE SE REPITIÓ LA ORDEN DE "ABRA" Y YO LE DIJE ENTONCES: "ENTRE SEÑOR LA PUERTA ESTÁ ABIERTA", NUEVAMENTE DIJERON: "ABRA LA PUERTA O DISPARO". BAJO ESTA AMENAZA Y POR TEMOR A QUE DISPARARAN ME LEVANTÉ DE LA CAMA Y ABRÍ LA PUERTA Y VÍ CINCO HOMBRES ENCAPUCHADOS Y UNO SIN CAPUCHA, EN ESE MISMO MOMENTO EL PROFESOR NAVITÍ SALIÓ DE LA HABITACIÓN DE ENFRENTE Y DIJO "NO DISPAREN, AQUÍ ESTOY". TODOS ESTOS HOMBRES ESTABAN ARMADOS CON PISTOLAS CON SILENCIADOR, EL QUE ACTUABA COMO JEFE ERA EL QUE ANDABA SIN CAPUCHA. LOS CINCO ENCAPUCHADOS VESTÍAN CHOMPAS DE COLOR VERDE OLIVO, DE MANGAS ARRUGADAS, Y CON FORRO ANARANJADO DEL TIPO QUE USAN LOS MILITARES DEL EJÉRCITO HONDUREÑO. EL JEFE DIO LA ORDEN PARA QUE DOS ENCAPUCHADOS CONDUJERAN AL PROFESOR NATIVÍ AL EXTERIOR DE LA CASA, DONDE EN ESE MOMENTO SE ESTACIONÓ UN CARRO CON MOTOR DIESEL QUE ARRANCÓ CON EL PROFESOR, EN ESE MOMENTO DOS DE LOS ENCAPUCHADOS ME EMPUJARON SOBRE LA CAMA Y ME PREGUNTARON POR LA PUERTA CONTIGUA A LA HABITACIÓN Y LES CONTESTÉ QUE ERA UN BAÑO. AL PROBAR EL LLAVÍN SE DAN CUENTA QUE ESTÁ CON LLAVE. (...) SEGUNDOS ANTES DE LOS DISPAROS SE HABÍA LEVANTADO AL BAÑO Y AL ESCUCHARLOS SE ENCERRÓ CON LLAVE, Y LE DIERON LA ORDEN DE SALIR, Y DESPUÉS DE TRES LLAMADOS, EL ÚLTIMO CON AMENAZA DE DISPARAR, ABRIÓ LA PUERTA Y TAMBIÉN A PUNTA DE PISTOLA SE LE TIRÓ EN LA CAMA DONDE ME TENÍAN A MÍ. NOS AMARRARON CON LAS MANOS HACIA ATRÁS USANDO UNA SOGA QUE ELLOS MISMOS TRAÍAN. DOS ENCAPUCHADOS MÁS EN EL CUARTO DEL INGENIERO MARTÍNEZ DIJERON: "HAY QUE DEJAR ESTE HIJO DE PUTA AQUÍ, NO PODEMOS CON ÉL", POR LO QUE EL JEFE LE ORDENA A LOS DOS ENCAPUCHADOS QUE VENÍAN ENTRANDO QUE VAYAN EN AYUDA PARA RETIRAR EL CUERPO HERIDO DEL INGENIERO, QUIEN FUE SACADO ENVUELTO EN UNA SÁBANA Y CORTINAS DEL CUARTO, ARRASTRÁNDOLO HASTA EL EXTERIOR DE LA CASA. EL MISMO ENCAPUCHADO QUE AMARRÓ A (...) PROCEDIÓ A AMARRARME CUMPLIENDO ÓRDENES DEL MISMO JEFE. PUDE VER CUANDO RETIRARON EL CUERPO DEL INGENIERO, POR LO QUE SE ME ORDENÓ DE VER PARA OTRO LADO O SE ME DISPARABA. A CONTINUACIÓN NOS ENVOLVIERON EN SÁBANAS PUDIENDO OÍR OTRO AUTOMÓVIL CON EL RUIDO DEL MOTOR SIMILAR AL DEL ANTERIOR. NOS CERRARON CON LLAVE LA PUERTA DEL DORMITORIO Y LA MISMA VOZ ORDENÓ: "QUEDATE MEDIA HORA MÁS AQUÍ VOS". DESPUÉS DE CIERTO TIEMPO LOGRÉ QUITARME LAS AMARRAS Y LIBERAR A (...) A LAS 3:12 A.M. QUIEN SALIÓ DE LA HABITACIÓN A ESO DE LAS 4:00 A.M. Y FUE HASTA EL CUARTO DONDE ESTABA EL INGENIERO MARTÍNEZ Y QUISO LIMPIAR, RETIRANDO GRAN CANTIDAD DE COÁGULOS HASTA LLENAR POR LA MITAD UN BALDE. TAMBIÉN ENCONTRÓ UN FRAGMENTO DE HUESO PLANO. YO NO PUDE RESISTIR LO QUE VEÍAN MIS OJOS Y ME TUVE QUE RETIRAR. EL CONTÍNUO LADRIDO DE UN PERRO NOS HIZO TEMER QUE ALGUIEN VIGILABA LA CASA POR LO QUE LLAMÉ A UNOS PARIENTES HASTA LAS 5:00 A.M. EN ESTE HECHO CONSIDERO VIOLADO EL DERECHO A LA VIDA, A LA LIBERTAD, A LA SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LA PERSONA, DERECHO A LA INVIOLABILIDAD DE DOMICILIO, Y DERECHO DE PROTECCIÓN CONTRA LA DETENCIÓN ARBITRARIA. CONSIDERO CULPABLE DE ESTOS DELITOS AL ESTADO HONDUREÑO POR SU POSIBLE ACCIÓN, ASÍ COMO POR OMISIÓN, YA QUE UN RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL FUE PRESENTADO EL MISMO DÍA JUEVES LL DE JUNIO POR UN FAMILIAR DEL PROFESOR NATIVÍ, RECURSO QUE FUE EJECUTADO POR EL JUEZ CORRESPONDIENTE HASTA EL MARTES L6 DE JUNIO ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN (DNI) CON RESULTADOS NEGATIVOS. EL TEMOR Y LA DESCONFIANZA ME HICIERON PERMANECER EN MI PROPIO DOMICILIO, HASTA QUE SE HIZO UNA DENUNCIA PÚBLICA DEL ATENTADO, POR EL PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS DE HONDURAS (FEUH) EN UN MITÍN PÚBLICO EN LA PLAZA LA MERCED. EL SÁBADO L3 POR LA MAÑANA SE PRESENTARON A MI DOMICILIO TRES AGENTES DE LA DNI A QUIENES ABRÍ LA PUERTA PREVIA IDENTIFICACIÓN. CONSIDERO QUE LAS DECLARACIONES BRINDADAS A LA DNI EN ESE MOMENTO LAS DÍ BAJO UN ESTADO EMOCIONAL MUY DIFÍCIL. A LAS 4:00 P.M. REGRESARON LOS MISMOS AGENTES ACOMPAÑADOS DE UNA FOTÓGRAFA QUIEN TOMÓ FOTOS DE LAS DISTINTAS HABITACIONES Y OTRAS PARTES DE LA CASA. UNA HERMANA DEL PROFESOR NATIVÍ, PRESENTÓ LA CORRESPONDIENTE DENUNCIA ANTE LA DNI EL MISMO SÁBADO 13. A PESAR DE QUE AL PROFESOR NATIVÍ LO HABÍAN SECUESTRADO VARIOS CONOCIDOS AGENTES DE LA DNI, ENTRE ELLOS UNO APODADO "LA CABARA", FUE TORTURADO DEL 23 AL 25 DE DICIEMBRE DEL RECIÉN PASADO AÑO L980, LA DNI HA NEGADO SU PARTICIPACIÓN AUN CUANDO EN ESA OCASIÓN DURANTE LA PRESENTACIÓN DEL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL DIJERON: "QUE NO LO TENÍAN ELLOS, A PESAR DE QUE SABÍAN QUE EL PROFESOR NATIVÍ SE DEDICABA A ACTIVIDADES SUBVERSIVAS". AHORA AL PRESENTARSE NUEVAMENTE EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, DIJERON EN CAMBIO: "QUE NO LO CONOCÍAN Y QUE NUNCA LO HABÍAN OÍDO NOMBRAR PORQUE NO TENÍA NINGÚN ANTECEDENTE PENAL". DECLARO QUE NO HE HECHO NINGUNA SOLICITUD A OTRA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL GUBERNAMENTAL DE QUE EL ESTADO HONDUREÑO SEA MIEMBRO Y RUEGO A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA, INTERVENIR ANTE QUIEN CORRESPONDA, A FIN DE QUE ESTE ABOMINABLE HECHO SANGRIENTO SEA ESCLARECIDO Y NO SE QUEDE IMPUNE.

Derechos

DERECHOS A LA VIDA (ART. 4); A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ART. 5) A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD PERSONALES (ART. 7) CADH

Análisis del Caso

QUE LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN LA NOTA DE LL DE SEPTIEMBRE DE 1981 (OFICIO 3074) DESCONOCEN QUE EL DÍA 11 DE JUNIO DE 1981, SIGUIENTE A LOS HECHOS ALEGADOS, UN FAMILIAR DEL PROFESOR TOMÁS NATIVÍ PRESENTÓ UN RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, EL CUAL NO FUE SUSTANCIADO POR EL JUEZ CORRESPONDIENTE HASTA EL L6 DE JUNIO ANTE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIONES (DNI), CON RESULTADOS NEGATIVOS Y, POR TANTO, RESULTA INFUNDADO LO QUE SE DICE EN EL CITADO OFICIO, EN EL SENTIDO DE QUE LA DENUNCIA DE LOS HECHOS "SE PRESENTÓ HASTA EL DÍA SÁBADO L3 DE JUNIO O SEA DOS DÍAS DESPUÉS DE LOS SUPUESTOS ACONTECIMIENTOS". QUE, EN EFECTO, TAL COMO APARECE EN AUTOS, OTRA DENUNCIA DE LOS HECHOS SE PRESENTÓ ANTE LA PROPIA DNI EL SÁBADO 13 DE JUNIO DE 1981. QUE EXISTE CONTRADICCIÓN ENTRE LO MANIFESTADO EN EL OFICIO NO. 3074, MENCIONADO ATRÁS, Y LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN NOTA DE 2 DE DICIEMBRE DE L983 (OFICIO NO. 1547), EN EL CUAL SE DEJA CONSTANCIA DEL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL DE LL DE JUNIO DE 1981. QUE, ASIMISMO, SEGÚN EL OFICIO 3074 SOLAMENTE HASTA EL DÍA L6 DE JUNIO DE 1981 SE EJECUTÓ O SUSTANCIÓ EL RECURSO DE EXHIBICIÓN PERSONAL, CON NOTORIO RETARDO EN CASO GRAVE DE ALEGADA DESAPARICIÓN DEL PROFESOR NATIVÍ, PUES HABÍAN YA TRANSCURRIDO CINCO DÍAS DESDE LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO Y SEIS DESDE EL DÍA DE LOS GRAVES HECHOS MATERIA DE LA QUEJA. QUE EL RECURSO DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR VARIOS CIUDADANOS EL 4 DE JULIO DE 1983, DOS AÑOS DESPUÉS DE OCURRIDOS LOS HECHOS, TAMPOCO DIO RESULTADOS POSITIVOS, LIMITÁNDOSE LOS ÓRGANOS JUDICIALES COMPETENTES DE HONDURAS A DARLE CURSO MERAMENTE PROCEDIMENTAL, PUES LA APERTURA A PRUEBAS TAMPOCO CONDUJO A UNA INVESTIGACIÓN A FONDO DE LOS HECHOS. QUE EN EL CASO DE REFERENCIA NO ES VÁLIDA LA RAZÓN DEL PREVIO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, COMO RAZÓN PARA DECLARAR EL CASO INADMISIBLE PRESENTADA POR EL GOBIERNO DE HONDURAS EN EL OFICIO 1547, DE REFERENCIA, PUESTO QUE POR EL TENOR DE LAS PROPIAS RESPUESTAS DEL GOBIERNO HONDUREÑO A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN SE DEDUCE QUE LOS INTERESADOS EN ESCLARECER EL PARADERO O SITUACIÓN DEL PROFESOR TOMÁS NATIVÍ Y DEL INGENIERO FIDEL MARTÍNEZ HAN AGOTADO SIN RESULTADO LOS REMEDIOS LEGALES A LOS QUE HAN ACUDIDO POR LA NEGLIGENCIA DE LAS AUTORIDADES ENCARGADAS DE EFECTUAR LAS INVESTIGACIONES, LIMITÁNDOSE A DECIR ESTAS AUTORIDADES QUE LOS CITADOS "SON RECONOCIDOS MIEMBROS DE LA UNIÓN REVOLUCIONARIA DEL PUEBLO, URP, FACCIÓN IZQUIERDISTA TERRORISTA QUE OPERA EN HONDURAS, SEGÚN LO MANIFESTADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIONES". QUE, SEGÚN INFORMACIONES ADICIONALES PRESENTADAS POR EL RECLAMANTE, FUERZAS MILITARES TUVIERON QUE VER EN EL CASO DE LA DESAPARICIÓN DEL INGENIERO AGRÓNOMO FIDEL MARTÍNEZ Y DEL PROFESOR TOMÁS NATIVÍ. EN ESTE SENTIDO EL RECLAMANTE SEÑALA QUE UN "AGENTE DE LA DNT DE APELLIDO OSORIO EXPRESÓ LO SIGUIENTE: "A FIDEL Y A TOMÁS LOS TENEMOS NOSOTROS. EL OPERATIVO LO LLEVÓ A CABO EL MAYOR LAGOS Y ELLOS FUERON TRASLADADOS A UN CAMPAMENTO ANTI-GUERRILLERO CON SEDE EN OLANCHO. LOS VAN A INTERROGAR PARA SACARLES TODO LO QUE SE QUIERA SABER DE LAS ACTIVIDADES DE LA URP, Y SUS POSIBLES NEXOS CON EL CONTRABANDO DE ARMAS HACIA EL SALVADOR. ESOS HIJOS DE PUTA ASÍ QUIEREN, ESTÁ BUENO QUE LOS JODAN". QUE, ASIMISMO, POR INFORMACIONES DE LOS RECLAMANTES, "PERSONAS QUE CONOCEN AMPLIAMENTE AL INGENIERO FIDEL MARTÍNEZ Y AL PROFESOR TOMÁS NATIVÍ QUE VIERON CUANDO EN UN AEROPUERTO DE JUTICALPA FUERON ELLOS DOS MONTADOS A UNA AVIONETA Y LLEVADOS CON RUMBO DESCONOCIDO. LAS PERSONAS (...) ESTABAN EN UN LUGAR PRÓXIMO A ESE AEROPUERTO". QUE, DE IGUAL MODO, CONSTA EN AUTOS QUE LAS INFORMACIONES ADICIONALES DE LOS RECLAMANTES QUE "TANTO EL INGENIERO FIDEL MARTÍNEZ COM AL PROFESOR TOMÁS NATIVÍ LOS HAN ANDADO DE BATALLÓN EN BATALLÓN PARA QUE NO TENGAN NINGUNA EFICACIA LOS HABEAS CORPUS PRESENTADOS Y QUE ÚLTIMAMENTE ESTUVIERON DETENIDOS EN TRUJILLO Y LUEGO TRASLADADOS AL PRIMER BATALLÓN DE INFANTERÍA DONDE LOS MUEVEN DEL TORRIÓN UNO AL TORRIÓN DOS". QUE LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS, REMITIDAS CON LA NOTA DE 7 DE ABRIL DE 1986 (NO. 13/86/MPH/OEA, CITADA), NO OFRECEN NUEVOS ELEMENTOS DE JUICIO QUE PUDIERAN PERMITIR A LA COMISIÓN DEDUCIR POR OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE NO SON VERDADEROS LOS HECHOS MATERIA DE LA DENUNCIA; POR EL CONTRARIO, LA INEFICACIA DE LAS INVESTIGACIONES DE UNA COMISIÓN ESPECIAL CREADA AD-HOC (ACUERDO 232 DE 14 DE JUNIO DE 1984), FUERA DEL ÁMBITO DEL PODER JUDICIAL, REAFIRMA EL CRITERIO DE QUE LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS, LUEGO DE UN LARGO PROCEDIMIENTO JUDICIAL SIN RESULTADOS, DECIDIERON TRASLADAR EL ASUNTO A MANOS DE AGENCIAS O INSTITUTOS DISTINTOS DEL GOBIERNO, COMO LA MENCIONADA COMISIÓN AD-HOC, ANTE LAS CUALES LOS INTERESADOS NO GOZARON DEL DERECHO DE REPRESENTACIÓN O DE DEFENSA PARA HACER PROSEGUIR LAS PESQUISAS QUE PUDIERAN ESCLARECER EL PARADERO O SITUACIÓN DEL AGRÓNOMO MARTÍNEZ Y DEL PROFESOR NATIVÍ. QUE, TAMPOCO, LOS RECLAMANTES TUVIERON OPORTUNIDAD DE EXAMINAR U OBSERVAR EL INFORME PRESENTADO POR LA MENCIONADA COMISIÓN AD-HOC, NO OBSTANTE HABERLO SOLICITADO, TODO LO CUAL CONFIRMA LO ANTERIOR. QUE EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN DISPONE: ARTÍCULO 42. PRESUNCIÓN SE PRESUMIRÁN VERDADEROS LOS HECHOS RELATADOS EN LA PETICIÓN Y CUYAS PARTES PERTINENTES HAYAN SIDO TRANSMITIDAS AL GOBIERNO DEL ESTADO ALUDIDO SI, EN EL PLAZO MÁXIMO FIJADO POR LA COMISIÓN DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34, PÁRRAFO 5, DICHO GOBIERNO NO SUMINISTRARE LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE Y CUANDO DE OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN NO RESULTARE UNA CONCLUSIÓN DIVERSA.

Decisión

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. PRESUMIR VERDADEROS LOS HECHOS DENUNCIADOS EN LA COMUNICACIÓN DE 26 DE JUNIO DE 1981, RELATIVOS A LOS HECHOS OCURRIDOS AL INGENIERO AGRÓNOMO FIDEL MARTÍNEZ Y AL PROFESOR TOMÁS NATIVÍ Y SU CONSIGUIENTE DESAPARICIÓN. 2.OBSERVAR AL GOBIERNO DE HONDURAS QUE LOS HECHOS MATERIA DE LA QUEJA CONSTITUYEN GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS A LA VIDA (ART. 4); A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ART. 5) A LA LIBERTAD Y A LA SEGURIDAD PERSONALES (ART. 7) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DE LA CUAL HONDURAS ES ESTADO PARTE Y ESTÁ OBLIGADO INTERNACIONALMENTE A RESPETAR. 3. DECLARAR QUE ES RESPONSABILIDAD DEL GOBIERNO DE HONDURAS LOS ACTOS QUE POR ACCIÓN U OMISIÓN HAYAN CONDUCIDO A LA DESAPARICIÓN DE LAS PERSONAS A QUE SE CONTRAE ESTA DENUNCIA, EN VISTA DE QUE EN TALES ACTOS INTERVINIERON PERSONAS O AGENTES QUE, AL TENOR DE LA DENUNCIA Y DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO DE QUE HA DISPUESTO LA COMISIÓN, OBRABAN EN O POR AUTORIDAD DE DICHO GOBIERNO O CON SU AQUIESCENCIA. 4. RECOMENDAR AL GOBIERNO DE HONDURAS QUE OTORGUE A LAS FAMILIAS O LEGATARIOS DE LOS DESAPARECIDOS Y PRESUNTAMENTE MUERTOS UNA INDEMNIZACIÓN ADECUADA, CONFORME A DERECHO E INFORME A LA COMISIÓN, EN UN PLAZO DE 60 DÍAS, DEL CURSO DE ESTA RECOMENDACIÓN. 5. SI EN EL CURSO DEL PLAZO FIJADO EL GOBIERNO DE HONDURAS NO FORMULARE OBSERVACIONES A ESTA RESOLUCIÓN LA COMISIÓN LA INCLUIRÁ EN EL INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 63 G DE SU REGLAMENTO.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.383459+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.383462+00:00

Resumen del Caso

1. CON COMUNICACIÓN CABLEGRÁFICA DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1985, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS RECIBIÓ LA SIGUIENTE DENUNCIA: DENUNCIAMOS ATAQUE EJERCITO HONDUREÑO A REFUGIADOS SALVADOREÑOS COLOMONCAGUA, HONDURAS, 29 AGOSTO PASADO, RESULTANDO 2 MUERTOS, 50 HERIDOS Y L5 CAPTURADOS. UN BEBE ENTRE MUERTOS, 2 MUJERES VIOLADAS Y 7 TORTURADOS. 3 EN ESTADO CRÍTICO EN HOSPITAL TEGUCIGALPA. EXIGIMOS CASTIGO CULPABLES, Y PEDIMOS MEDIDAS CAUTELARES ARTICULO 26 REGLAMENTO PARA REFUGIADOS Y DETENIDOS. 2. LA COMISIÓN, EN CABLEGRAMA DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1985, SOLICITÓ DEL GOBIERNO DE HONDURAS LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 34 (ANTIGUO 31) DE SU REGLAMENTO. AL MISMO TIEMPO SOLICITÓ QUE LAS AUTORIDADES DE HONDURAS, ATENDIENDO A LA GRAVEDAD DE LA DENUNCIA, ADOPTARAN LAS MEDIDAS CAUTELARES PERTINENTES PARA ASEGURAR QUE LOS HECHOS MATERIA DE LA DENUNCIA FUERAN ACTIVA Y RÁPIDAMENTE INVESTIGADOS, ASÍ COMO PARA SALVAGUARDAR A LAS VÍCTIMAS Y CONSERVAR LA EXISTENCIA DE OTROS ELEMENTOS DE JUICIO PARA LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE LA COMISIÓN SOLICITÓ DEL GOBIERNO DE HONDURAS QUE ADOPTARA LAS MEDIDAS OPORTUNAS PARA QUE NO PUDIERAN REPETIRSE SITUACIONES COMO LA DENUNCIADA Y, ADEMÁS, FUERA DEBIDAMENTE RESPETADO EL PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN, ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 22, INCISO 8, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.

Clasificación Temática

REFUGIADOS / PRINCIPIO DE NO DEVOLUCIÓN

Derechos

ART. 26 REGLAMENTO PARA REFUGIADOS Y DETENIDOS ART. 4, (INCISO 1); 5, (INCISO 1) Y 8 (INCISOS 1 Y 2, C Y D), 22 INCISO 8, CADH ART. 42 REGLAMENTO CIDH

Análisis del Caso

CONSIDERANDO: 1. QUE SE HAN AGOTADO TODOS LOS PLAZOS REGLAMENTARIOS PARA EL TRÁMITE DEL CASO SIN QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS HAYA SUMINISTRADO LOS INFORMES OFRECIDOS EN EL CABLEGRAMA DE 4 DE ABRIL DE 1986. 2. QUE LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS POR EL GOBIERNO DE HONDURAS NO SON SUFICIENTES PARA DESVIRTUAR LA DENUNCIA Y MÁS BIEN AFIRMAN LA COMISIÓN DE LOS HECHOS MATERIA DE QUEJA, AL TENOR DE LO EXPRESADO EN EL PUNTO 5, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL COMUNICADO OFICIAL DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LOS REFUGIADOS, TRANSMITIDO POR EL GOBIERNO HONDUREÑO EN EL CABLEGRAMA DE LL DE SEPTIEMBRE DE L985, ANTES TRANSCRITO. 3. QUE ANTE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EN LOS TÉRMINOS DE LOS COMPROMISOS INTERNACIONALES DE HONDURAS, LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS SON RESPONSABLES DE LA SITUACIÓN, SEGURIDAD E INTEGRIDAD DE LOS REFUGIADOS ASILADOS EN SU TERRITORIO, DE MANERA QUE RESULTA INCEPTABLE LA DECLINACIÓN DE ESA RESPONSABILIDAD, TAL COMO PARECERÍA DESPRENDERSE DEL CONTEXTO DEL COMUNICADO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REFUGIADOS, EN ESPECIAL, DE LO DICHO EN LOS PUNTOS 3 Y 4, TRANSCRITOS. 4. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO INFORMÓ EN CONCRETO A LA COMISIÓN DEL CURSO DE LAS INVESTIGACIONES EFECTUADAS PARA ESCLARECER LOS HECHOS, A SABER: QUÉ AUTORIDAD INICIÓ LA INVESTIGACIÓN; CUÁNDO COMENZÓ, EN CONCRETO, LA MISMA; SI FUERON APREHENDIDOS PRESUNTOS CULPABLES Y DÓNDE SE ENCUENTRAN DETENIDOS Y POR ÚLTIMO, CUÁL ES EL ESTADO DEL ASUNTO ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES. 5. QUE, ASIMISMO, LAS INFORMACIONES SUMINISTRADAS CON POSTERIORIDAD AL CITADO COMUNICADO DE PRENSA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE REFUGIADOS (NOTA DE 18/9/85-Nº 721), DEJAN SERIOS INTERROGANTES, TALES COMO LOS SIGUIENTES: A. QUÉ AUTORIDAD JUDICIAL (ORDINARIO O MILITAR) TOMÓ CONOCIMIENTO DE LA DETENCIÓN DEL SUPUESTO GUERRILLERO SALVADOREÑO JOSÉ ANTONIO CHICAS SÁNCHEZ; B. CAUSA INSTRUÍDA CONTRA DICHO SEÑOR; C. COPIA DE LOS INTERROGATORIOS HECHOS AL MISMO Y, D. INFORMACIÓN SOBRE SI EL SR. CHICAS SÁNCHEZ FUE ASISTIDO DE ABOGADO LETRADO EN EL CURSO DE LOS INTERROGATORIOS Y OTRAS DILIGENCIAS EN SU CAUSA Y CUÁNDO FUE SOMETIDO A JUICIO, RESULTADO DEL MISMO Y DÓNDE SE ENCONTRARÍA DICHO SEÑOR CUMPLIENDO SU CONDENA. 6. QUE TAMPOCO EL GOBIERNO HONDUREÑO HA SUMINISTRADO INFORMACIÓN SOBRE LOS HECHOS DE SANGRE OCURRIDOS EN COLOMONCAGUA SIENDO LAS VÍCTIMAS EL SR. SAÚL ROMERO, DE 23 AÑOS Y LA NIÑA GLORIA NOEMÍ BLANCO ARGUETA, DE DOS MESES, AMBOS MUERTOS EN EL INCIDENTE; NI SOBRE LOS NUMEROSOS HERIDOS, ENTRE ELLOS LOS SIGUIENTES: JUAN CRISTO PÉREZ, DE TRES AÑOS; ELÍAS VÁSQUEZ, DE 4 AÑOS; DOMITILA RAMOS, DE 13 AÑOS; ANDRÉS GÓMEZ, DE 48 AÑOS, ELIA HERNÁNDEZ, DE 19 AÑOS; MAURA RAMÍREZ, DE 42 AÑOS; MODESTA RODRÍGUEZ, DE 61 AÑOS; RUTILIO ARGUETA, DE 43 AÑOS; SANTIAGO GÓMEZ, DE 62 AÑOS; CANDELARIA MADARIAGA DE 56 AÑOS, EDUARDO MEJÍA DE 70 AÑOS; JUAN SÁENZ DE 33 AÑOS; SANTOS VÁSQUEZ DE 33 AÑOS, IGNORÁNDOSE SI SE ABRIERON CAUSAS PENALES PARA DETERMINAR LAS RESPONSABILIDADES EN TALES CASOS Y CUÁL FUE EL RESULTADO DE LAS MISMAS. 7. QUE, DE IGUAL MODO, TAMPOCO LA COMISIÓN RECIBIÓ DATOS RESPECTO DE LA SITUACIÓN LEGAL QUE SE HUBIERE PRODUCIDO COMO CONSECUENCIA DE LAS PERSONAS LESIONADAS EN EL CURSO DE LOS HECHOS, ASÍ COMO EN EL CASO DE LA VIOLACIÓN ALEGADAMENTE COMETIDA EN LAS PERSONAS DE ESTELA RODRÍGUEZ, DE 24 AÑOS Y CONCEPCIÓN MARTÍNEZ, CUYA EDAD NO APARECE MENCIONADA EN LOS DATOS RECIBIDOS POR LA COMISIÓN. 8. QUE EN EL CASO MATERIA DE LA QUEJA NO SE HA PERMITIDO AL RECLAMANTE EL ACCESO A LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, O HA SIDO IMPEDIDO DE AGOTARLOS, EN CUYO CASO SE HA SUPERADO EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 37 DEL REGLAMENTO. 9. QUE EN PODER DE LA COMISIÓN OBRA EL TESTIMONIO EMITIDO POR UN TESTIGO PRESENCIAL DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN COLOMONCAGUA, PERTENECIENTE A UNA ENTIDAD DE AYUDA HUMANITARIA DE CARÁCTER INTERNACIONAL QUE, POR SU CONDICIÓN MERECE CRÉDITO, EN CUYO TESTIMONIO SE AFIRMAN HECHOS EN TODO COINCIDENTES CON LOS PORMENORES MATERIALIZADOS EN LA QUEJA PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN, LO CUAL CONSTITUYE VALIOSO ELEMENTO DE CONVICCIÓN EN FAVOR DE LA VERACIDAD DE DICHA DENUNCIA. 10. QUE COMO CONSTA EN LOS ANTECEDENTES DE ESTA RESOLUCIÓN OBRAN EN PODER DE LA COMISIÓN, ADEMÁS, OTROS TESTIMONIOS Y PRESENTACIONES DE LOS RECLAMANTES Y TESTIGOS PRESENCIALES DE LOS HECHOS EN TODO COINCIDENTES CON LAS OTRAS FUENTES DE JUICIO MENCIONADAS SEGÚN LOS CUALES SE AFIRMARÍA, MÁS ALLÁ DE TODA DUDA RAZONABLE, QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS OCURRIERON EN LA FORMA Y MODOS DENUNCIADOS Y QUE CORRESPONDE GRAVE RESPONSABILIDAD A LAS AUTORIDADES DE HONDURAS EN PARTICULAR A LOS MANDOS MILITARES QUE DISPUSIERON Y A LOS QUE EJECUTARON EL OPERATIVO DEL 29 DE AGOSTO DE 1985 EN EL CAMPO DE COLOMONCAGUA. 11. QUE EL ARTÍCULO 42 DEL REGLAMENTO AUTORIZA A LA COMISIÓN A PRESUMIR VERDADEROS LOS HECHOS RELATADOS EN LA PETICIÓN, SIEMPRE Y CUANDO DE OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN NO RESULTARE UNA CONCLUSIÓN DIVERSA, LO CUAL NO OCURRE EN ESTE CASO

Decisión

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. PRESUMIR VERDADEROS LOS HECHOS MATERIA DEL CASO 9619, OCURRIDOS EN EL CAMPO DE REFUGIADOS DE COLOMONCAGUA, HONDURAS, EL 29 DE AGOSTO DE 1985. 2. OBSERVAR AL GOBIERNO DE HONDURAS QUE LOS HECHOS DENUNCIADOS EN ESE CASO CONSTITUYEN GRAVES VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN GENERAL Y, EN CONCRETO, DE LOS ESPECIFICADOS EN LOS ARTÍCULOS 4, (INCISO 1); ARTÍCULO 5, (INCISO 1) Y ARTÍCULO 8 (INCISOS 1 Y 2, C Y D) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 3. SOLICITAR DEL GOBIERNO DE HONDURAS QUE EN EL PLAZO DE 60 DÍAS PRESENTE A LA COMISIÓN UN INFORME DETENIDO Y COMPLETO SOBRE EL CURSO DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE HAYAN LLEVADO A CABO SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN EL CAMPAMENTO DE COLOMANCAGUA Y, EN PARTICULAR, SI SE HAN CELEBRADO JUICIOS PARA ESTABLECER LA RESPONSABILIDAD PENAL POR TALES HECHOS Y CUÁL HA SIDO SU RESULTADO TENIENDO PRESENTE LA GRAVEDAD DE LOS HECHOS Y LOS CASOS DE MUERTES, LESIONES GRAVES, ASALTO A MENORES Y VIOLACIONES COMETIDAS EN EL LUGAR EL 29 DE AGOSTO DE 1985. 4. RECOMENDAR AL GOBIERNO DE HONDURAS QUE, ASIMISMO, INFORME A LA COMISIÓN EN EL PLAZO DE 60 DÍAS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE SE PROPONGA TOMAR PARA OTORGAR A LAS VÍCTIMAS O SUS DEUDOS LAS INDEMNIZACIONES ADECUADAS A QUE TIENEN DERECHO. 5. INCLUIR EL TEXTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN EN EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 63, G DEL REGLAMENTO DE LA MISMA. 6. TRANSMITIR LA PRESENTE RESOLUCIÓN AL GOBIERNO DE HONDURAS Y AL RECLAMANTE.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.386003+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.386006+00:00

Resumen del Caso

1. LA RESOLUCIÓN NO. 32/83, APROBADA POR LA COMISIÓN EN SU 61º PERÍODO DE SESIONES (OCTUBRE DE 1983), MEDIANTE LA CUAL Y EN APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 42 (ANTIGUO ART. 39) DE SU REGLAMENTO, ACORDÓ PRESUMIR VERDADEROS LOS HECHOS MATERIA DE ESTE CASO, CONSISTENTES EN LA DETENCIÓN Y DESAPARICIÓN DEL PROFESOR SAÚL GODINEZ CRUZ, OCURRIDAS EL 22 DE JULIO DE 1982, EN CHOLUTECA, HONDURAS, FORMULANDO AL GOBIERNO DE HONDURAS LAS RECOMENDACIONES PARA QUE ADOPTARA LAS MEDIDAS COMPETENTES SOBRE LA SITUACIÓN EXAMINADA, A SABER: A) DISPUSIERA UNA INVESTIGACIÓN COMPLETA E IMPARCIAL PARA DETERMINAR LA AUTORÍA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS; B) SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE TALES HECHOS Y C) INFORMAR A LA COMISIÓN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA PONER EN PRÁCTICA TALES RECOMENDACIONES LO CUAL FUE COMUNICADO AL GOBIERNO DE HONDURAS CON NOTA DE 11 DE OCTUBRE DE 1983. 2. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS, EN NOTA DE 1º DE DICIEMBRE DE 1983 (OFICIO NO. 1543), PRESENTÓ OBSERVACIONES A LA RESOLUCIÓN 32/83 SOLICITANDO SU RECONSIDERACIÓN, EN VISTA DE QUE SE HALLABA EN MARCHA UNA INVESTIGACIÓN DE UNA COMISIÓN (ESPECIAL) INVESTIGADORA PARA ESCLARECER LAS DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES DE LOS HECHOS Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LOS MISMOS, OFRECIENDO REMITIR A LA COMISIÓN LOS INFORMES SOBRE EL RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE DICHA COMISIÓN (ESPECIAL) INVESTIGADORA. 3. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO HA SUMINISTRADO LA INFORMACIONES OFRECIDAS SOBRE EL RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN (ESPECIAL) INVESTIGADORA NI LOS QUE LA CIDH LE HA SOLICITADO PARA PODER PROSEGUIR CON EL ESTUDIO DEL CASO. 4. QUE, POR TANTO, EL PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 32/83 RESULTA INFUNDADO Y CARENTE DE ELEMENTOS DE JUICIO DISTINTOS DE LOS YA EXAMINADOS POR LA COMISIÓN QUE PUDIERAN AMERITAR LA RECONSIDERACIÓN DE LA DECISIÓN TOMADA EN EL 61º PERÍODO DE SESIONES. 5. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO HA ADOPTADO LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN.

Clasificación Temática

DESAPARICIONES FORZADAS

Análisis del Caso

1. QUE DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO PRESENTADOS EN ESTE CASO, TANTO POR EL GOBIERNO ALUDIDO COMO POR EL RECLAMENTE, SE DEDUCE QUE EL PRESUNTO LESIONADO EN SUS DERECHOS O QUIENES RECLAMAN EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, NO TUVIERON ACCESO A LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA DE HONDURAS O FUERON IMPEDIDOS DE AGOTARLOS. 2. QUE EN EL CASO MATERIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN LA COMISIÓN NO HA PODIDO, POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DENUNCIA, APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 48, INCISO 1, LETRA F DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EN EL ARTÍCULO 45 DE SU REGLAMENTO. 3. QUE AL NO SER APLICABLE EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA LA COMISIÓN DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN, EMITIENDO SU OPINIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE LA CUESTIÓN SOMETIDA A SU CONSIDERACIÓN. 4. QUE LA COMISIÓN, EN 67º PERÍODO DE SESIONES (ABRIL DE 1986), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51, INCISO 1 DE LA CONVENCIÓN Y EN APLICACIÓN DEL INCISO 3 DEL PROPIO ARTÍCULO Y, ADEMÁS, HABIENDO TRANSCURRIDO TODOS LOS PLAZOS FIJADOS PARA QUE EL GOBIERNO ALUDIDO ADOPTARA LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 32/83, HA DECIDIDO QUE EL ESTADO DE HONDURAS NO HA TOMADO LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN EXAMINADA. 5. QUE, ASIMISMO, AL NO SER APLICABLE AL CASO MATERIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN, EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA, LA COMISIÓN PUEDE AL TENOR DEL ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO SOMETER EL CASO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SI EL GOBIERNO NO HUBIERE ADOPTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS Y, 6. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS, EN FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1981, DEPOSITÓ EL INSTRUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DE LA CONVENCIÓN.

Decisión

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. PUBLICAR, EN TODAS SUS PARTES, LA RESOLUCIÓN NO. 32/83, ASÍ COMO EL TEXTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 2. REFERIR EL ASUNTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN Y, POR TANTO, QUE LA CORTE DECIDA QUE HUBO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA (ART. 4), A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ART. 5) Y A LA LIBERTAD PERSONAL (ART. 7) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, QUE SE REPAREN LAS CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN QUE HA CONFIGURADO LA VULNERACIÓN DE ESOS DERECHOS Y SE OTORGUE A LA PARTE O PARTES LESIONADAS UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. 3. COMUNICAR ESTA RESOLUCIÓN A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, AL PETICIONARIO Y AL GOBIERNO DE HONDURAS, CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 50, INCISO 1 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.388015+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.388018+00:00

Resumen del Caso

1. LA RESOLUCIÓN NO. 16/84, APROBADA POR LA COMISIÓN EN SU 63º PERÍODO DE SESIONES (OCTUBRE DE 1984), MEDIANTE LA CUAL, EN APLICACIÓN DE LO PREVISTO EN EL ARTICULO 42 (ANTIGUO ART. 39) DE SU REGLAMENTO, ACORDÓ PRESUMIR VERDADEROS LOS HECHOS MATERIA DE ESTE CASO, CONSISTENTES EN LA CAPTURA Y DESAPARICIÓN DEL SR. FRANCISCO FAIRÉN GARBI Y LA SRTA. YOLANDA SOLÍS, OCURRIDA EL 11 DE DICIEMBRE DE 1981, EN HONDURAS, MIENTRAS SE HALLABAN EN TRÁNSITO POR DICHO PAÍS, FORMULANDO AL GOBIERNO DE HONDURAS LAS RECOMENDACIONES PARA QUE ADOPTARA LAS MEDIDAS COMPETENTES SOBRE LA SITUACIÓN EXAMINADA, A SABER: A) DISPUSIERA UNA INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA DE LOS HECHOS DENUNCIADOS, B) SANCIONARA A LOS RESPONSABLES DE TALES HECHOS Y C) INFORMARA A LA COMISIÓN SOBRE LAS MEDIDAS TOMADAS PARA PONER EN PRÁCTICA LAS RECOMENDACIONES ANTERIORES. 2. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS, EN NOTA DE 29 DE OCTUBRE DE 1984 (OFICIO NO. 3004), PRESENTÓ OBSERVACIONES A LA RESOLUCIÓN 16/84, SOLICITANDO SU RECONSIDERACIÓN, EN VISTA DE QUE SE HALLABA EN MARCHA UNA INVESTIGACIÓN DE UNA COMISIÓN (ESPECIAL) INVESTIGADORA PARA ESCLARECER LAS DENUNCIAS SOBRE PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS, ESTABLECER LAS RESPONSABILIDADES DE LOS HECHOS Y SANCIONAR A LOS RESPONSABLES DE LOS MISMOS, OFRECIENDO REMITIR A LA COMISIÓN LOS INFORMES SOBRE EL RESULTADO DE LOS TRABAJOS DE DICHA COMISIÓN (ESPECIAL) INVESTIGADORA. 3. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO HA SUMINISTRADO LA INFORMACIÓN OFRECIDA SOBRE EL CURSO Y RESULTANDO DE LAS INVESTIGACIONES QUE SE HUBIERAN EFECTUADO POR LA MENCIONADA COMISIÓN (ESPECIAL) INVESTIGADORA NI LOS QUE LA CIDH LE HA SOLICITADO PARA PODER PROSEGUIR CON EL ESTUDIO DEL CASO. 4. QUE, POR TANTO, EL PEDIDO DE RECONSIDERACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 16/84 RESULTA INFUNDADO Y CARENTE DE ELEMENTOS DE JUICIO, DISTINTOS DE LOS YA EXAMINADOS POR LA COMISIÓN, QUE PUDIEREN AMERITAR UNA RECONSIDERACIÓN DE LA DECISIÓN TOMADA POR LA COMISIÓN. 5. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS NO HA ADOPTADO LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN O LAS MEDIDAS TOMADAS PARA PONER EN PRÁCTICA TALES RECOMENDACIONES NO HAN SIDO EFICACES O NO HAN TENIDO NINGÚN RESULTADO PARA EL ESCLARECIMIENTO DE LOS HECHOS MATERIA DEL CASO Y LA SANCIÓN DE LOS RESPONSABLES.

Clasificación Temática

DESAPARICIONES FORZADAS

Análisis del Caso

1. QUE DE LOS ELEMENTOS DE JUICIO PRESENTADOS EN ESTE CASO, TANTO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS COMO POR EL RECLAMANTE, SE DEDUCE QUE LOS PRESUNTOS LESIONADOS EN SUS DERECHOS O QUIEN RECLAMA EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, NO TUVO ACCESO A LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA DE HONDURAS O FUE IMPEDIDO DE AGOTARLOS. 2. QUE EN EL CASO MATERIA DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN LA COMISIÓN NO HA PODIDO, POR LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DENUNCIA, APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 48, INCISO 1, LETRA F DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y EN EL ARTÍCULO 45 DE SU REGLAMENTO. 3. QUE AL NO SER APLICABLE EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA LA COMISIÓN DEBE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN, EMITIENDO SU OPINIÓN Y CONCLUSIONES SOBRE LA CUESTIÓN SOMETIDA A SU CONSIDERACIÓN. 4. QUE LA COMISIÓN, EN SU 67º PERÍODO DE SESIONES (ABRIL DE 1986), DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 51, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN Y EN APLICACIÓN DEL INCISO 3 DEL PROPIO ARTÍCULO Y, ADEMÁS, HABIENDO TRANSCURRIDO TODOS LOS PLAZOS FIJADOS PARA QUE EL GOBIERNO ALUDIDO ADOPTARA LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN CONTENIDAS EN LA RESOLUCIÓN 16/84, E INFORMARA SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS, HA DECIDIDO QUE EL ESTADO DE HONDURAS NO HA TOMADO LAS MEDIDAS ADECUADAS PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN EXAMINADA. 5. QUE, ASIMISMO, AL NO SER APLICABLE EL PROCEDIMIENTO DE SOLUCIÓN AMISTOSA, LA COMISIÓN PUEDE AL TENOR DEL ARTÍCULO 50 DE SU REGLAMENTO, SOMETER EL CASO ANTE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, SI EL GOBIERNO NO HUBIESE ADOPTADO LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS. 6. QUE EL GOBIERNO DE HONDURAS, EN FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 1981, DEPOSITÓ EL INSTRUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 62 DE LA CONVENCIÓN.

Decisión

LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, RESUELVE: 1. PUBLICAR, EN TODAS SUS PARTES, LA RESOLUCIÓN 16/84, ASÍ COMO EL TEXTO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. 2. REFERIR EL ASUNTO A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS DE DERECHOS HUMANOS A LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63, INCISO 1, DE LA CONVENCIÓN Y, POR TANTO, QUE LA CORTE DECIDA QUE HUBO VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS A LA VIDA (ART. 4), A LA INTEGRIDAD PERSONAL (ART. 5) Y A LA LIBERTAD PERSONAL (ART. 7) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS; QUE SE REPAREN LAS CONSECUENCIAS DE LA SITUACIÓN QUE HA CONFIGURADO LA VULNERACIÓN DE ESOS DERECHOS Y, SE OTORGUE A LA PARTE O PARTES LESIONADAS UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN. 3. COMUNICAR ESTA RESOLUCIÓN A LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EL PETICIONARIO Y AL GOBIERNO DE HONDURAS, CONFORME LO DISPONE EL ARTÍCULO 50, INCISO 1 DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:03:55.389414+00:00

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2024-02-06 04:03:55.389417+00:00

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2024-02-06 04:03:55.395384+00:00

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2024-02-06 04:03:55.395939+00:00

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2024-02-06 04:03:55.395942+00:00

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2024-02-06 04:03:55.396746+00:00

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2024-02-06 04:03:55.396749+00:00

Derechos

FUENTE:

Análisis del Caso

1) CIDH HTTP://WWW.OAS.ORG/ES/CIDH/DECISIONES/FONDOS.ASP?YEAR=2005&COUNTRY=HND

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2024-02-06 04:03:55.397738+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:03:55.397741+00:00

Resumen del Caso

1. EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 1997, EL SEÑOR ZACARÍAS E. BENDECK (EN ADELANTE EL "PETICIONARIO"), ACCIONISTA MAYORITARIO DE LA COMPAÑÍA HONDUREÑA DE INVERSIONES, S.A. DE C.V. (EN ADELANTE "COHDINSA") INTERPUSO UNA DENUNCIA FORMAL ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA "COMISIÓN") EN LA CUAL ALEGA LA VIOLACIÓN POR PARTE DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE EL "ESTADO HONDUREÑO", "EL ESTADO" U "HONDURAS") DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), A LA PROPIEDAD (ARTÍCULO 21) Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25), ESTABLECIDOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 2. LA VIOLACIÓN DENUNCIADA TUVO LUGAR CUANDO LA CORPORACIÓN HONDUREÑA DE DESARROLLO FORESTAL (EN ADELANTE "COHDEFOR") PRESUNTAMENTE INCUMPLIÓ CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA (AVISO DE SUBASTA PÚBLICA DE 9 DE OCTUBRE DE 1989), MEDIANTE LA CUAL SACÓ A SUBASTA LOS BIENES DE MADERERA LOCOMAPA SOCIEDAD ANÓNIMA (EN ADELANTE "LOCOMAPA") UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO, CON SU CORRESPONDIENTE RECURSO FORESTAL. 3. SEGÚN RESOLUCIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1989 DE COHDEFOR, LOS BIENES OBJETO DE LA SUBASTA SE ADJUDICARON A COHDINSA, DE LA CUAL EL PETICIONARIO ES ACCIONISTA MAYORITARIO. EL 5 DE MARZO DE 1990 (EL PROTOCOLO TIENE FECHA 21 DE FEBRERO DE 1990) SE REALIZÓ EL TRASPASO DE LOS BIENES DEL ASERRADERO A COHDINSA. SIN EMBARGO, SEGÚN EL PETICIONARIO, EN LA ESCRITURA PÚBLICA DE VENTA DE ACTIVOS SE MODIFICARON LAS CONDICIONES DE VENTA DE LOS BIENES OBJETO DE LA SUBASTA, ESTABLECIÉNDOSE QUE NO SE INCLUÍA DENTRO DE LA ADJUDICACIÓN EL ÁREA TRIBUTARIA, ES DECIR, EL RECURSO FORESTAL. ESTOS CAMBIOS, A JUICIO DEL PETICIONARIO, MODIFICARON LAS BASES DE LA SUBASTA, IMPIDIERON A COHDINSA EXPLOTAR LOS RECURSOS FORESTALES DEMARCADOS EN EL ÁREA TRIBUTARIA E IMPUSIERON RESTRICCIONES NO ACORDADAS PARA LA EXPLOTACIÓN Y EL USO RACIONAL DE LOS RECURSOS FORESTALES. 4. LA COMISIÓN CONCLUYE EN EL PRESENTE INFORME QUE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 44 DE LA CONVENCIÓN, TIENE COMPETENCIA RATIONE PERSONAE PARA CONOCER LA PRESENTE PETICIÓN POR CUANTO HA SIDO PRESENTADA POR "UNA PERSONA", EL SEÑOR BENDECK Y POR CUANTO "PERSONA", SEGÚN EL ARTÍCULO 1(2) DE LA CONVENCIÓN, ES "TODO SER HUMANO". NO OBSTANTE, AL ALEGAR EL SEÑOR BENDECK SU CALIDAD DE PRESUNTA VÍCTIMA, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE SU PETICIÓN ES INADMISIBLE POR CUANTO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS NO FUERON AGOTADOS POR ÉL EN NOMBRE PROPIO O EN SU CARÁCTER DE ACCIONISTA, SINO POR COHDINSA, UN ENTE CON PERSONALIDAD JURÍDICA.

Clasificación Temática

FALTA DE COMPETENCIA RATIONE PERSONAE

Derechos

ARTS. 47 C) CADH

Análisis del Caso

17. LA COMISIÓN ESTIMA, EN CONSECUENCIA, QUE LA CONVENCIÓN OTORGA SU PROTECCIÓN A LAS PERSONAS FÍSICAS O NATURALES. SIN EMBARGO, EXCLUYE DE SU ÁMBITO DE APLICACIÓN A LAS PERSONAS JURÍDICAS O IDEALES, POR CUANTO ÉSTAS SON FICCIONES LEGALES. ESTA INTERPRETACIÓN SE CONFIRMA AL VERIFICAR EL VERDADERO SIGNIFICADO QUE SE LE ATRIBUYE A LA FRASE "PERSONA ES TODO SER HUMANO" EN EL TEXTO DEL PREÁMBULO DE LA CONVENCIÓN, EL CUAL RECONOCE QUE LOS DERECHOS ESENCIALES DEL HOMBRE "TIENEN COMO FUNDAMENTO LOS ATRIBUTOS DE LA PERSONA HUMANA" Y REITERA LA NECESIDAD DE CREAR CONDICIONES QUE PERMITAN A CADA PERSONA "REALIZAR EL IDEAL DEL SER HUMANO LIBRE, EXENTO DEL TEMOR Y LA MISERIA". 18. ESTA ACLARACIÓN ES ESPECIALMENTE RELEVANTE EN EL CASO QUE NOS OCUPA, POR CUANTO LA PRUEBA APORTADA POR EL PETICIONARIO Y LOS HECHOS DESCRITOS POR ÉL EN SU DENUNCIA REVELAN UNA CONEXIDAD SUSTANCIAL ENTRE LAS VIOLACIONES ALEGADAS Y CODHINSA, COMPAÑÍA DE LA CUAL EL PETICIONARIO ES ACCIONISTA MAYORITARIO. EN EFECTO, ESTAS PRESUNTAS VIOLACIONES SE REFIEREN A ACTOS U OMISIONES DE LAS AUTORIDADES DE CODHEFOR, EMPRESA ESTATAL DE HONDURAS, Y DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES DE ESTE ESTADO MIEMBRO, LAS CUALES SE VINCULAN DIRECTAMENTE CON COHDINSA --UN ENTE CON PERSONALIDAD JURÍDICA-- Y NO CON EL PETICIONARIO. ESTO SE REFLEJA CLARAMENTE EN LOS ESCRITOS PRESENTADOS POR EL PETICIONARIO Y EN EL HECHO QUE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS FUERON INTERPUESTOS Y AGOTADOS POR COHDINSA, EN SU CARÁCTER DE PERSONA JURÍDICA. 19. POR OTRO LADO, LA COMISIÓN NOTA QUE EL SEÑOR BENDECK NO INTERVINO COMO PARTE EN NINGUNO DE LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES AGOTADOS POR CODHINSA NI A NOMBRE PROPIO NI COMO ACCIONISTA DE LA MISMA, NI HA PROBADO QUE LOS ACCIONISTAS DE DICHA EMPRESA NI NINGUNA OTRA PERSONA FÍSICA HAYAN SIDO VÍCTIMAS DE VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS. TAMPOCO HA ALEGADO QUE ALGUNA PERSONA FÍSICA O NATURAL HAYA AGOTADO LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, SE HAYA PRESENTADO ANTE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMO AGRAVIADO, NI HAYA MANIFESTADO ALGÚN IMPEDIMENTO PARA DEJAR DE HACERLO. 20. POR LO ANTES EXPUESTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE NO TIENE COMPETENCIA RATIONE PERSONAE ACTIVA PARA CONOCER DE ESTA DENUNCIA CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1(2), Y 47 DE LA CONVENCIÓN. AL MISMO TIEMPO, HABIDA CUENTA QUE LA VINCULACIÓN ENTRE LAS VIOLACIONES ALEGADAS SE DA EN FORMA DIRECTA CON COHDINSA, LO QUE DE HECHO LE DARÍA A ESTA PERSONA JURÍDICA LA CALIDAD DE PRESUNTA VÍCTIMA, LA COMISIÓN RATIFICA SU PRÁCTICA Y SU DOCTRINA ESTABLECIDAS EN LOS CASOS BANCO DEL PERÚ4, TABACALERA BOQUERÓN5 Y MEVOPAL, S.A.6, DONDE SEÑALÓ QUE NO TIENE COMPETENCIA RATIONE PERSONAE PARA CONOCER UNA PETICIÓN PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN POR UNA PERSONA JURÍDICA O MORAL, POR CUANTO ÉSTAS SE ENCUENTRAN EXCLUIDAS DE LOS SUJETOS A QUIENES LA CONVENCIÓN OTORGA SU PROTECCIÓN. LA PRESENTE PETICIÓN NO CONTIENE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEN MODIFICAR LA JURISPRUDENCIA DE LA COMISIÓN. 21. POR RAZONES DE ECONOMÍA PROCESAL, LA COMISIÓN SE INHIBE DE CONTINUAR ANALIZANDO LOS DEMÁS FACTORES DE ADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE PETICIÓN.

Decisión

IV. CONCLUSIONES 22. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE NO TIENE COMPETENCIA RATIONE PERSONAE ACTIVA PARA CONOCER LA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR ZACARÍAS E. BENDECK EN VIRTUD DE SUS PROPIOS ANTECEDENTES JURISPRUDENCIALES Y DE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 1(2) Y 47(C) DE LA CONVENCIÓN Y 31 DE SU REGLAMENTO. 23. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES, Y 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.071799+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.071806+00:00

Resumen del Caso

1. MEDIANTE COMUNICACIÓN PRESENTADA A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN” O LA “CIDH”) EN FECHA 3 DE SEPTIEMBRE DE 1998 POR EL SEÑOR GONZALO RAFAEL CHÁVEZ (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO”), EN REPRESENTACIÓN DE MARÍA CRISTINA ÁLVAREZ LANZA Y RAMONA MARTÍNEZ, SE DENUNCIÓ QUE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “HONDURAS”, “EL ESTADO O” EL ESTADO HONDUREÑO”) VIOLÓ LOS ARTÍCULOS 4 (DERECHO A LA VIDA) Y 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN”) EN CONJUNCIÓN CON LA OBLIGACIÓN GENÉRICA DEL ESTADO DE RESPETAR Y GARANTIZAR LOS PRECITADOS DERECHOS, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1(1) DEL MENCIONADO INSTRUMENTO, TODO ELLO EN PERJUICIO DE BESSY MARGARITA MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y BLANCA ROSA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ. 2. EL ESTADO HONDUREÑO ALEGÓ QUE LA PETICIÓN ERA MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, SIENDO EVIDENTE SU TOTAL IMPROCEDENCIA, POR LO QUE SOLICITÓ A LA COMISIÓN DECLARARLA INADMISIBLE EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 47(B) Y (C) DE LA CONVENCIÓN. 5. EL PETICIONARIO SEÑALÓ EN SU COMUNICACIÓN INICIAL[1] QUE EN FECHA 12 DE DICIEMBRE DE 1988 LOS VECINOS DE LA COLONIA DIVANNA DE COMAYAGUELA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, ENVIARON UNA NOTA AL GERENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADO (SANAA), INSTITUCIÓN ESTATAL DESCENTRALIZADA, EN LA CUAL LE COMUNICARON EL MAL ESTADO DE UNA DE LAS PAREDES DE PROPIEDAD DE DICHA ENTIDAD EN EL “CALLEJÓN DE LOS FILTROS DEL SANNA”, SOLICITÁNDOLE SU REPARACIÓN A FIN DE EVITAR LA PÉRDIDA DE VIDAS HUMANAS Y MATERIALES.[2] 6. EN FECHA 14 DE OCTUBRE DE 1991, APROXIMADAMENTE A LA HORA 14:55, EL MURO SE DERRUMBÓ MATANDO A BESSY MARGARITA MARTÍNEZ ALVAREZ, EMBARAZADA DE 20 SEMANAS, Y BLANCA ROSA SÁNCHEZ RODRÍGUEZ QUIENES CIRCULABAN POR EL CALLEJÓN. LA HIJA DE DOS AÑOS DE LA PRIMERA, MAYRA ALEJANDRA IZAGUIRRE MARTÍNEZ, SUFRIÓ LA FRACTURA DE UNO DE SUS BRAZOS.

Derechos

ART. 47 B) Y C)

Análisis del Caso

28. LA COMISIÓN ADVIERTE QUE EN EL PRESENTE ASUNTO, LA DISCUSIÓN SE CENTRA EN UN TEMA PROCESAL REFERIDO A LA OPORTUNIDAD EN QUE SE PLANTEÓ LA EXCEPCIÓN DE PAGO. LA COMISIÓN NOTA QUE EL PRESENTE ASUNTO TIENE CARACTERÍSTICAS SIMILARES A OTRO EN EL QUE ESTE MISMO ÓRGANO ADVIRTIÓ QUE “[E]L PETICIONARIO PLANTEA[BA] A LA CIDH UN DESACUERDO CON LA INTERPRETACIÓN QUE LOS TRIBUNALES… DIERON A CIERTAS NORMAS PROCESALES INTERNAS.[12]” EN ESA OPORTUNIDAD, LA COMISIÓN SEÑALÓ QUE “[C]ORRESPOND[ÍA] A LOS TRIBUNALES NACIONALES INTERPRETAR LAS LEYES PROCESALES INTERNAS Y LA CIDH NO [TENÍA] COMPETENCIA PARA DETERMINAR CUÁL [ERA] LA INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS LOCALES, A MENOS QUE LA INTERPRETACIÓN MISMA CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN DE LA CONVENCIÓN.[13]” COMO EN EL REFERIDO CASO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EN EL PRESENTE ASUNTO, LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES REALIZADA POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES HONDUREÑAS NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA. 29. DE IGUAL FORMA, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EN LA SUBSTANCIACIÓN DE LA DEMANDA EN SEDE INTERNA, AMBAS PARTES GOZARON DE AMPLIAS E IGUALES POSIBILIDADES PARA SUSTENTAR SU POSICIÓN DENTRO DE UN PROCESO TRAMITADO CON ARREGLO A LAS GARANTÍAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 8(1) Y 8(2), EN LO PERTINENTE, DE LA CONVENCIÓN. EN CONSECUENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47(B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, LA CIDH CONCLUYE QUE LOS HECHOS ALEGADOS POR EL PETICIONARIO RESPECTO A LA VIOLACIÓN DEL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN NO CARACTERIZAN VIOLACIONES A LAS GARANTÍAS JUDICIALES TUTELADAS POR LA REFERIDA DISPOSICIÓN. 33. LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS ES, COMO LO SEÑALA EL PREÁMBULO DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, “COADYUVANTE O COMPLEMENTARIA DE LA QUE OFRECE EL DERECHO INTERNO DE LOS ESTADOS AMERICANOS”. EL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CONSTA DE UN ÁMBITO NACIONAL Y OTRO INTERNACIONAL. SI UN CASO CONCRETO NO ES SOLUCIONADO A NIVEL DEL PRIMERO, LA CONVENCIÓN PREVÉ, ENTONCES, QUE OPERE EL SEGUNDO EN EL QUE LOS ÓRGANOS PRINCIPALES SON ESTA COMISIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. 34. POR OTRA PARTE, LA COMISIÓN TIENE PRESENTE QUE, TANTO EN EL PLANO DOMÉSTICO COMO EL INTERNACIONAL, EXISTEN DIVERSAS FORMAS DE REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS. LA PERTINENCIA DE ESAS MÚLTIPLES FORMAS DE REPARACIÓN DEPENDE DE LAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS EN QUE SUCEDEN LAS ALEGADAS VIOLACIONES Y, ESPECIALMENTE EN EL NIVEL INTERNO, DEL TIPO DE JURISDICCIÓN QUE SE ACCIONA PARA LOGRAR LA REPARACIÓN. 35. EN EL PRESENTE ASUNTO, LAS RECLAMANTES ACCIONARON LA VÍA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA, A TRAVÉS DE LA CUAL PIDIERON QUE EL ESTADO PAGUE UNA INDEMNIZACIÓN POR UN HECHO DE CARACTERÍSTICAS NO DOLOSAS, CARENTE DE CONTENIDO CRIMINAL, CUYA RESPONSABILIDAD SE LE IMPUTÓ. 36. AL MARGEN DE ESTAS CONSIDERACIONES, NO EXISTE NINGUNA EVIDENCIA EN EL TRÁMITE SUBSTANCIADO ANTE LA CIDH DE QUE EL CONSENTIMIENTO DE LAS RECLAMANTES HUBIESE ESTADO VICIADO CUANDO ACEPTARON EL MONTO DE LPS. 16.800.00, RECONOCIDO COMO INDEMNIZATORIO POR LA JURISDICCIÓN INTERNA A LA QUE ACUDIERON, JUSTAMENTE CON FINES DE REPARACIÓN ECONÓMICA POR LA MUERTE DE SUS FAMILIARES. A ESTO SE SUMA QUE LAS RECLAMANTES, PARA HACER VALER SUS PRETENSIONES, ACCIONARON LA JURISDICCIÓN INTERNA EN TODAS SUS INSTANCIAS Y QUE LA COMISIÓN NO CONSIDERA QUE EN DICHO PROCESO SE HUBIESEN VIOLADO LAS GARANTÍAS RECONOCIDAS POR EL ARTÍCULO 8 DE LA CONVENCIÓN. ESTAS ESPECIALES CIRCUNSTANCIAS LLEVAN A LA CIDH A CONCLUIR QUE EN EL ASUNTO BAJO EXAMEN LA PRETENSIÓN Y SU DISPUTA SE SOLUCIONARON EN EL ÁMBITO INTERNO. EN CONSECUENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47(C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, LA COMISIÓN ENCUENTRA QUE LA ALEGACIÓN SOBRE LA VIOLACIÓN AL DERECHO PROTEGIDO POR EL ARTÍCULO 4 DE LA CONVENCIÓN CARECE DE FUNDAMENTO.

Decisión

V. CONCLUSIÓN 37. LA COMISIÓN HA ESTABLECIDO QUE LA PETICIÓN SE ENMARCA EN LAS PREVISIONES CONTENIDAS EN EL ARTÍCULO 47(B) Y (C) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, POR LO CUAL, CONCLUYE QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE. 38. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL PETICIONARIO Y AL ESTADO. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.075097+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.075101+00:00

Resumen del Caso

1. EL 13 DE DICIEMBRE DE 2000 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN INTERAMERICANA” O “LA CIDH”) RECIBIÓ UNA DENUNCIA PRESENTADA POR EL SEÑOR CARLOS ALBERTO LÓPEZ URQUÍA (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO”) EN LA CUAL ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO” O EL “ESTADO HONDUREÑO”) POR LA VIOLACIÓN, EN SU PERJUICIO, DE LOS SIGUIENTES DERECHOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (DE AHORA EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN” O “LA CONVENCIÓN AMERICANA”): GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8); PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25) Y PROPIEDAD PRIVADA (ARTÍCULO 21), TODOS EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1.1, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN GENÉRICA DEL ESTADO DE RESPETAR LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LA CONVENCIÓN. SEGÚN EL PETICIONARIO, EL ESTADO HA INCURRIDO EN ESTAS PRESUNTAS VIOLACIONES AL EMITIR SENTENCIAS JUDICIALES ARBITRARIAS E ILEGALES EN UN ASUNTO SOMETIDO A LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. 6. EL PETICIONARIO ALEGA QUE EL SEÑOR CARLOS LÓPEZ URQUÍA GANÓ EN 1990 DOS LICITACIONES CONVOCADAS POR EL INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (EN ADELANTE EL “IHSS”), ENTIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HONDURAS, PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO SOCIAL, EL UNO, Y PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN EN EL IHSS, EL OTRO. LOS CONTRATOS PARA LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS LICITADOS SE CELEBRARON EL 25 DE JULIO (CONTRATO 59/90 DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN) Y EL 28 DE JUNIO DE 1990 (CONTRATO 60/90 DE ALIMENTACIÓN). EN AMBOS CONTRATOS SE FIRMARON ADENDUMS QUE EXTENDIERON EL PLAZO DE EJECUCIÓN Y MODIFICARON OTROS ELEMENTOS DEL CONTRATO Y ADENDUMS. 7. ALEGA EL PETICIONARIO QUE NINGUNO DE LOS DOS CONTRATOS CUMPLIÓ CON LAS BASES DE LA LICITACIÓN GANADA POR EL SEÑOR LÓPEZ URQUÍA YA QUE EL CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIÓN INCLUYÓ UN DESCUENTO ILEGAL DEL 15% Y EL DESTINADO A LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS HOSPITALES DEL SERVICIO SOCIAL UNO DEL 20%, DESCUENTOS ESTOS NO PREVISTOS EN LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO, QUE ES LA QUE RIGE LAS LICITACIONES Y CONTRATACIONES HECHAS POR ÉSTE.

Derechos

ARTÍCULO 47(B)

Análisis del Caso

61. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE SI HUBIERA PRIMADO LA ALEGADA ANIMADVERSIÓN POR PARTE DE ALGUNOS FUNCIONARIOS DEL IHSS, ESTA INSTITUCIÓN NO HABRÍA APROBADO SUCESIVAS EXTENSIONES Y AMPLIACIONES DE LOS CONTRATOS ORIGINALES NI EXTENDIDOS LA VIGENCIA DE LOS MISMOS POR DOS AÑOS Y MEDIO MÁS. LA COMISIÓN OBSERVA, POR OTRA PARTE, QUE EL SEÑOR LÓPEZ URQUÍA SÓLO VINO A PRESENTAR SUS RECLAMOS ADMINISTRATIVOS PARA LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS Y LA INCLUSIÓN DE LOS AJUSTES INFLACIONARIOS DOS AÑOS MÁS TARDE (1995) DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE LAS AMPLIACIONES DE AMBOS CONTRATOS (31 DE DICIEMBRE DE 2003) Y CUANDO YA HABÍA RECIBIDO EL IHSS LOS SERVICIOS Y OCHIR EL PAGO DE LOS VALORES CONTRATADOS POR TALES SERVICIOS. ES DECIR, QUE PRIMERO SE BENEFICIÓ CON LOS TÉRMINOS CONTRACTUALES Y EXTENSIONES QUE ACEPTÓ VOLUNTARIAMENTE Y SIN HACER RESERVA ALGUNA. DOS AÑOS MÁS TARDE, EL 19 DE JULIO DE 1995, SIN EMBARGO, CUANDO YA SE HABÍAN CUMPLIDO LOS CONTRATOS, EXTENSIONES Y AMPLIACIONES QUE EL IHSS NO LICITÓ NUEVAMENTE EN SU BENEFICIO, EL SEÑOR LÓPEZ URQUÍA RECLAMÓ ANTE EL INSTITUTO ADUCIENDO NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHOS TÉRMINOS. 62. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LOS HECHOS ANTES DESCRITOS NO TIENDEN A CARACTERIZAR UNA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN EN PERJUICIO DEL SEÑOR LÓPEZ URQUÍA. 66. LA COMISIÓN REITERA QUE PARA DETERMINAR SI HA EXISTIDO PARCIALIDAD LO DECISIVO NO ES EL TEMOR SUBJETIVO DE LA PERSONA INTERESADA CON RESPECTO A LA IMPARCIALIDAD QUE DEBE TENER EL TRIBUNAL QUE SE OCUPA DEL JUICIO, SINO EL HECHO DE QUE EN LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO PUEDA SOSTENERSE QUE SUS TEMORES SE JUSTIFICAN OBJETIVAMENTE[41]. QUIEN ALEGA LA ARBITRARIEDAD DE LOS TRIBUNALES DEBE PROBAR SU AFIRMACIÓN[42]. 67. EL SEÑOR LÓPEZ URQUÍA NO ESTÁ SATISFECHO CON LA DECISIÓN DEFINITIVA DE LA JURISDICCIÓN INTERNA Y ALEGA QUE LA MISMA HA SIDO PARCIALIZADA Y ARBITRARIA Y QUE NO DECIDIÓ EL FONDO DEL ASUNTO. SIN EMBARGO, LA COMISIÓN CONSTATA QUE EL SEÑOR LÓPEZ URQUÍA NO HA CONTROVERTIDO EN NINGUNO DE SUS ESCRITOS EL ALEGATO DEL ESTADO DE QUE DEJÓ CADUCAR EL PLAZO PARA IMPUGNAR LA RESOLUCIÓN Nº 1910-96 TEG, DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EN QUE SE DECLARÓ SIN LUGAR EL FONDO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO PRESENTADO POR ÉL, POR LO CUAL ESTE HECHO SE PRESUME COMO VERDADERO. EL PETICIONARIO, EN CAMBIO, INTERPUSO ANTE EL JUZGADO DE LETRAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, CON FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DEMANDA CONTRA OTRAS DOS RESOLUCIONES DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVOS DEL IHSS, LA NO. 019-JD-96 Y LA NO. 37-JD-96. EL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, MEDIANTE SENTENCIA DE 23 DE ABRIL DE 1999 DECLARÓ INADMISIBLE ESTA ACCIÓN POR HABER SIDO DIRIGIDA CONTRA ACTOS DE MERO TRÁMITE NO SUSCEPTIBLES DE IMPUGNACIÓN ANTE ESA JURISDICCIÓN Y DENEGÓ LAS EXCEPCIONES PERENTORIAS DE COSA JUZGADA Y PRESCRIPCIÓN[43] POR SER IMPROCEDENTES. ESTA SENTENCIA FUE CONFIRMADA EN APELACIÓN EL 30 DE AGOSTO DE 2000. 69. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN TODAS LAS INSTANCIAS JUDICIALES EL PETICIONARIO EJERCIÓ SU DERECHO DE DEFENSA DISEÑANDO SU ESTRATEGIA LEGAL E INTERPONIENDO VARIOS RECURSOS, INCLUSO LOS DE APELACIÓN, CASACIÓN Y REPOSICIÓN. ADEMÁS, FUE FAVORECIDO CON ALGUNAS DE LAS DECISIONES JUDICIALES INTERLOCUTORIAS, AUNQUE LAS DEFINITIVAS HAYAN SIDO CONTRARIAS A SUS PRETENSIONES. 72. LA COMISIÓN REITERA QUE LA MERA DISCREPANCIA DE LOS PETICIONARIOS CON LA INTERPRETACIÓN QUE LOS TRIBUNALES INTERNOS HAYAN HECHO DE LAS NORMAS LEGALES PERTINENTES NO BASTA PARA CONFIGURAR VIOLACIONES A LA CONVENCIÓN. LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY, EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE Y LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ES, ENTRE OTROS, EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, QUE NO PUEDE SER REMPLAZADO POR LA CIDH[46]. 74. ES IMPORTANTE REITERAR, EN ESTE ORDEN DE IDEAS, QUE LA COMISIÓN NO PUEDE REVISAR LAS SENTENCIAS DICTADAS POR LOS TRIBUNALES NACIONALES QUE ACTÚEN EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA Y APLICANDO LAS DEBIDAS GARANTÍAS JUDICIALES, A MENOS QUE CONSIDERE LA POSIBILIDAD DE QUE SE HAYA COMETIDO UNA VIOLACIÓN DE LA CONVENCIÓN.[47] A CONTRARIO SENSU, LA COMISIÓN SÍ TIENE COMPETENCIA PARA DECLARAR ADMISIBLE UNA PETICIÓN Y FALLAR SOBRE SU FUNDAMENTO, CUANDO ÉSTA SE REFIERE A UNA SENTENCIA NACIONAL QUE PRESUNTAMENTE HAYA SIDO DICTADA AL MARGEN DEL DEBIDO PROCESO O EN VIOLACIÓN DE CUALQUIER OTRO DERECHO GARANTIZADO POR LA CONVENCIÓN, [48] LO QUE NO SE HA PROBADO EN ESTE CASO.

Decisión

V. CONCLUSIONES 77. LA COMISIÓN INTERAMERICANA REITERA SU CONCLUSIÓN DE QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47(B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN EN CUANTO SE REFIERE A PRESUNTAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS PROTEGIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, 21 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.077285+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.077288+00:00

Resumen del Caso

1. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “COMISIÓN”, “COMISIÓN INTERAMERICANA” O “CIDH”) RECIBIÓ EL 3 DE AGOSTO DE 2004 UNA PETICIÓN PRESENTADA POR DORIS ARGELIA ARÉVALO SIERRA (EN ADELANTE “PETICIONARIA” Y “PRESUNTA VÍCTIMA”), EN CONTRA DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE “ESTADO” O “ESTADO HONDUREÑO” O “HONDURAS”), EN LA CUAL SE ALEGA QUE EL ESTADO HONDUREÑO HABRÍA VIOLADO LOS DERECHOS HUMANOS DE LA PRESUNTA VÍCTIMA, POR HABER CANCELADO SU NOMBRAMIENTO COMO DEFENSORA PÚBLICA SIN OBSERVAR EL DEBIDO PROCESO CONFORME A LA LEGISLACIÓN INTERNA SOBRE LA CARRERA JUDICIAL. 2. LA PETICIONARIA SOSTIENE QUE EL ESTADO HONDUREÑO ES RESPONSABLE POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LOS ARTÍCULOS 8.1 (GARANTÍAS JUDICIALES), 13 (LIBERTAD DE EXPRESIÓN), Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN” O “CONVENCIÓN AMERICANA”), EN CONCORDANCIA CON LA OBLIGACIÓN GENERAL ESTABLECIDA EN LOS ARTÍCULOS 1.1 Y 2 DE DICHO INSTRUMENTO. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO ALEGA QUE LA PETICIÓN DEBE SER DECLARADA INADMISIBLE YA QUE LA PETICIONARIA NO AGOTÓ LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA. ASIMISMO SOSTIENE QUE LA PETICIONARIA BUSCA QUE LA COMISIÓN SE CONVIERTA EN UN TRIBUNAL DE CUARTA INSTANCIA.

Clasificación Temática

AGOTAMIENTO RECURSOS INTERNOS

Análisis del Caso

24. EN EL PRESENTE CASO, EL ESTADO SOSTIENE QUE LA PETICIONARIA NO AGOTÓ LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA Y PRUEBA DE ELLO ES QUE CON POSTERIORIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN, LA PETICIONARIA PRESENTÓ UN RECURSO DE AMPARO QUE FUE DECLARADO EXTEMPORÁNEO. POR SU PARTE, LA PETICIONARIA SEÑALA QUE EN EL PRESENTE CASO SE APLICA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46.2.C DE LA CONVENCIÓN POR LA DEMORA EN LA RESOLUCIÓN DE SU CASO. ASIMISMO INDICA QUE CONFORME AL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL, CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS DICTADAS POR EL CONSEJO NO CABRÁ RECURSO ALGUNO, ORDINARIO O EXTRAORDINARIO, POR LO QUE CONFORME A DICHA DISPOSICIÓN, NO ESTABA OBLIGADA A RECURRIR EN AMPARO NI EN OTRO RECURSO INTERNO. 25. LA COMISIÓN HA EXPRESADO QUE PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE PREVIO AGOTAMIENTO, LOS PETICIONARIOS SÓLO DEBEN AGOTAR LOS RECURSOS IDÓNEOS, ES DECIR, LOS RECURSOS DISPONIBLES Y EFICACES PARA REMEDIAR LA SITUACIÓN DENUNCIADA. EN EL PRESENTE CASO, LA CIDH OBSERVA QUE LA CANCELACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE LA PRESUNTA VÍCTIMA FUE EL 3 DE ABRIL DE 2002, ANTE LO CUAL ÉSTA PRESENTÓ EL 9 DE ABRIL DE 2002 UN RECURSO ANTE EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL QUE FUE DECLARADO SIN LUGAR EL 29 DE NOVIEMBRE DE 2004. AL RESPECTO, LA CIDH OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 31 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL ESTABLECE QUE: “CONTRA LAS RESOLUCIONES DEFINITIVAS QUE EMITA EL CONSEJO NO CABRÁ RECURSO ALGUNO, ORDINARIO NI EXTRAORDINARIO”. 27. LA CIDH OBSERVA QUE EL ARTÍCULO 48 DE LA LEY SOBRE JUSTICIA CONSTITUCIONAL DE 2004 DE HONDURAS ESTABLECE QUE LA ACCIÓN DE AMPARO DEBERÁ PRESENTARSE DENTRO DE LOS DOS MESES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA ÚLTIMA NOTIFICACIÓN AL AFECTADO O DE AQUÉLLA EN QUE ESTE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DE LA ACCIÓN U OMISIÓN QUE, A SU JUICIO, LE PERJUDICA O PUEDE PERJUDICARLE . ES DECIR, RESPECTO DE LA CANCELACIÓN DEL NOMBRAMIENTO, LA RESOLUCIÓN A IMPUGNAR ERA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DE 2004 Y EL RECURSO DE AMPARO FUE PRESENTADO EL 15 DE NOVIEMBRE DE 2005. EN RELACIÓN A LAS ALEGACIONES DE LA PETICIONARIA RESPECTO A LA PRESUNTA NEGATIVA DEL ESTADO DE PROPORCIONAR UNA COPIA DEL EXPEDIENTE A NIVEL INTERNO SOLICITADA EL 17 DE JUNIO DE 2005, EN BASE A LOS DOCUMENTOS PROPORCIONADOS POR LAS PARTES, LA COMISIÓN NO CUENTA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE.

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE EL PRESENTE CASO. 2. NOTIFICAR DE ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.079616+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.079620+00:00

Resumen del Caso

1. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN” O “LA CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR GERMÁN CRISTINO GRANADOS CABALLERO1 (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO” O “LA PRESUNTA VÍCTIMA”), EL 24 DE NOVIEMBRE DE 2003 EN LA CUAL SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE "HONDURAS", "ESTADO" O "ESTADO HONDUREÑO") POR PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “CONVENCIÓN AMERICANA” O “CONVENCIÓN”), DERIVADAS DE LA CANCELACIÓN POR CESANTÍA DE SU CARGO COMO PRONOSTICADOR DE TIEMPO III DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (EN ADELANTE “SOPTRAVI”) EN EL 2002. 2. EN LA PETICIÓN SE ALEGA LA PRESUNTA VIOLACIÓN POR PARTE DEL ESTADO A LOS ARTÍCULOS 8 (GARANTÍAS JUDICIALES) Y 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA, EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 1.1 DE LA MISMA, DEBIDO A QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA HABRÍA SIDO CANCELADA POR CESANTÍA DE SU CARGO DE FORMA INJUSTIFICADA, Y SIN QUE SE SIGUIERAN LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS PERTINENTES. EL PETICIONARIO TAMBIÉN ALEGA QUE EL ESTADO HONDUREÑO ES RESPONSABLE POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS AL TRABAJO Y A LA SALUD. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO ADUCE QUE LA CANCELACIÓN POR CESANTÍA DEL PETICIONARIO SE HABRÍA REALIZADO “CON APEGO TOTAL A LA LEGISLACIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE”, ADEMÁS DE QUE EN EL PROCESO RESPECTIVO, EL RECLAMO DEL PETICIONARIO SE HABRÍA TRAMITADO RESPETANDO LAS DEBIDAS GARANTÍAS JUDICIALES Y DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE. SEÑALA TAMBIÉN QUE LOS ARGUMENTOS DEL PETICIONARIO NO SE REFIEREN A UN ASUNTO DE DENEGACIÓN DE JUSTICIA, SINO MÁS BIEN A QUE EL RESULTADO DEL JUICIO NO LE HABRÍA SIDO FAVORABLE.

Análisis del Caso

35. EN ESE SENTIDO, LA CIDH OBSERVA QUE EL PRESENTE RECLAMO SE SUSTENTA ESENCIALMENTE EN LA INDEBIDA INTERPRETACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPECTO DE LA ACREDITACIÓN DE LA ANTIGÜEDAD DEL PETICIONARIO EN SU CARGO, ASÍ COMO EN EL HECHO DE QUE ALGUNOS DE SUS COLEGAS SÍ HABRÍAN SIDO OBJETO DE MAYORES AUMENTOS SALARIALES. ASÍ, EL ASUNTO ESPECÍFICO PLANTEADO ANTE ESTA COMISIÓN CONSISTE ESENCIALMENTE EN UNA DISCREPANCIA DEL PETICIONARIO RESPECTO DE LA INTERPRETACIÓN QUE LAS AUTORIDADES JUDICIALES HAN HECHO DE LAS NORMAS QUE REGULAN LOS AUMENTOS SALARIALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS. 36. EN ATENCIÓN A LAS CONSIDERACIONES HECHAS EN LA PRESENTE SECCIÓN, LA CIDH RATIFICA SU DOCTRINA SEGÚN LA CUAL NO LE CORRESPONDE REEMPLAZAR LAS AUTORIDADES JUDICIALES EN LA INTERPRETACIÓN DEL ALCANCE DE LAS NORMAS DE DERECHO INTERNO8. ASÍ, EN VIRTUD DEL CARÁCTER COMPLEMENTARIO DE LA PROTECCIÓN INTERNACIONAL OFRECIDA POR EL SISTEMA INTERAMERICANO, “LA COMISIÓN NO PUEDE HACER LAS VECES DE UN TRIBUNAL DE ALZADA PARA EXAMINAR SUPUESTOS ERRORES DE HECHO O DE DERECHO QUE PUEDAN HABER COMETIDO LOS TRIBUNALES NACIONALES QUE HAYAN ACTUADO DENTRO DE LOS LÍMITES DE SU COMPETENCIA9, SALVO QUE EXISTIERA EVIDENCIA INEQUÍVOCA DE VULNERACIÓN DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO CONSAGRADAS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA”. EN CONSECUENCIA, ANTE LA AUSENCIA DE ELEMENTOS QUE INDIQUEN QUE LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES RESPECTIVOS HAYAN SIDO ADOPTADAS CON BASE EN CRITERIOS ARBITRARIOS O CONTRARIOS A DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA, LOS HECHOS PLANTEADOS POR EL PETICIONARIO NO TIENDEN A CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN AL MENCIONADO INSTRUMENTO INTERNACIONAL. 37. EN EL PRESENTE CASO, HABIENDO ANALIZADO LA POSICIÓN DE LAS PARTES Y LOS HECHOS QUE SURGEN DEL EXPEDIENTE DE LA PETICIÓN, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE NO CUENTA CON ELEMENTOS DE JUICIO QUE LE PERMITAN IDENTIFICAR PRIMA FACIE QUE SE VULNERARON DERECHOS HUMANOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN DICHO INSTRUMENTO. 38. EN CONSECUENCIA, LA CIDH CONCLUYE QUE LA PETICIÓN NO SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 47.B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

V. CONCLUSIONES 39. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47.B DE LA CONVENCIÓN, DEBIDO A QUE NO EXPONE HECHOS QUE TIENDAN A CARACTERIZAR LA VIOLACIÓN A DERECHOS PROTEGIDOS POR DICHA CONVENCIÓN, Y EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PETICIÓN BAJO ESTUDIO, CONFORME AL ARTÍCULO 47.B) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL ESTADO Y AL PETICIONARIO. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN EL INFORME ANUAL, A SER PRESENTADO A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.081214+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.081217+00:00

Resumen del Caso

1. EL 10 DE JUNIO DE 1997, EL SEÑOR JESÚS CHUCRY ZABLAH Y SU ESPOSA CLAUDIA ESTHER RODRÍGUEZ DE ZABLAH (EN ADELANTE LOS PETICIONARIOS), PRESENTARON ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA COMISIÓN O LA CIDH) UNA DENUNCIA CONTRA LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “HONDURAS”, “EL ESTADO” O “EL ESTADO HONDUREÑO”). EN LA PETICIÓN SE DENUNCIÓ LA VIOLACIÓN DE LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA (ARTÍCULO 21) Y DERECHO A LA IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 24) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN”), EN PERJUICIO DE LOS PETICIONARIOS. 2. LOS PETICIONARIOS, SOCIOS DE LA SOCIEDAD INMOBILIARIA “LA SOLEDAD S. DE R.L” (EN ADELANTE “SOCIEDAD INMOBILIARIA”), FIRMARON, JUNTO CON DOS PERSONAS NATURALES, UN CONTRATO CON EL ESTADO POR LA VENTA DE TRES LOTES DE TERRENO CON UN VALOR DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS. DICHO CONTRATO FUE ANULADO POSTERIORMENTE MEDIANTE SENTENCIA JUDICIAL DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 1981. LA SENTENCIA ORDENÓ QUE LAS PARTES FUERAN RESTITUIDAS AL ESTADO EN QUE SE ENCONTRABAN ANTES DE LA EXISTENCIA DEL CONTRATO Y ORDENÓ EL EMBARGO DE DOS CUENTAS BANCARIAS QUE LOS PETICIONARIOS TENÍAN EN BANK OF AMERICA Y EN BANCO EL AHORRO HONDUREÑO, CON EL OBJETO DE DEVOLVER AL ESTADO EL MONTO DE TRES MILLONES DE LEMPIRAS. POSTERIORMENTE ORDENÓ EL EMBARGO DE OTROS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD, LOS CUALES FUERON VALORADOS PERICIALMENTE Y REMATADOS. 3. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE SE VIOLÓ EL DEBIDO PROCESO EN LA SUSTANCIACIÓN DE ESTE PROCEDIMIENTO, PUES EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DICTÓ SENTENCIA ANTES DE QUE SE EVACUASEN LAS RESPECTIVAS PRUEBAS, Y DECLARÓ LA NULIDAD DEL CONTRATO DE OFICIO, TRAS LA EMISIÓN DE UN ACUERDO DEL PODER EJECUTIVO MEDIANTE EL CUAL DESAPROBABA EL CONTRATO DE COMPRAVENTA. ASIMISMO, SOSTIENEN QUE EL CONGELAMIENTO DE SUS CUENTAS FUE ILEGAL, Y QUE SUS BIENES FUERON SUBVALORADOS, HABIENDO PAGADO AL ESTADO DIEZ VECES MÁS DE LO QUE ESTABAN OBLIGADOS A DEVOLVERLE. SOSTIENEN QUE LA SENTENCIA JUDICIAL Y EL DICTAMEN PERICIAL DE VALORACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES PRESENTARON MÚLTIPLES IRREGULARIDADES PROCESALES QUE LES CAUSARON INDEFENSIÓN, Y QUE DERIVARON EN LA CONFISCACIÓN Y DESPOJO FLAGRANTE DE SUS BIENES. 4. LAS PARTES DEBATIERON AMPLIAMENTE SOBRE EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS Y EL PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LA PETICIÓN. LOS PETICIONARIOS ALEGARON QUE AGOTARON LOS RECURSOS INTERNOS Y QUE LA PETICIÓN FUE PRESENTADA DENTRO DEL PLAZO DE LOS SEIS MESES. EL ESTADO ALEGÓ QUE NO SE HABÍAN AGOTADO LOS RECURSOS INTERNOS, Y QUE, AÚN DE ADMITIRSE DICHO AGOTAMIENTO, LA PETICIÓN HABRÍA SIDO EXTEMPORÁNEA POR HABER SIDO PRESENTADA FUERA DEL PLAZO DE LOS SEIS MESES.

Derechos

ART. 46. 2 A) Y B) CADH

Análisis del Caso

33. EN EL PRESENTE CASO, EL ESTADO SEÑALÓ QUE TODAVÍA ESTABA DISPONIBLE PARA LOS PETICIONARIOS LA ACCIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS. AGREGÓ EL ESTADO QUE ÉSTOS HABÍAN INTENTADO ANTE EL JUZGADO PRIMERO DE LETRAS DE LO CIVIL (DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN) UNA DEMANDA ORDINARIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS, CON EL OBJETO DE OBTENER LA REPARACIÓN DE LOS DAÑOS QUE SE LES CAUSÓ CON EL EMBARGO Y VENTA DE SUS BIENES POR UNA CUANTÍA INFERIOR A SU VALOR REAL, PERO DEJARON DE SUSTANCIAR EL JUICIO, ABANDONANDO LA INSTANCIA. EL ESTADO INDICÓ QUE AL NO IMPULSAR EL CURSO DEL PROCEDIMIENTO, LOS PETICIONARIOS DEJARON CADUCAR LA INSTANCIA CONFORME AL ARTÍCULO 147 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE ESTABLECE QUE SE TENDRÁ POR ABANDONADA LA INSTANCIA Y CADUCARÁ DE DERECHO, SI NO SE INSTA SU CURSO DENTRO DE TRES AÑOS, CUANDO EL PLEITO SE HALLARE EN PRIMERA INSTANCIA. 34. LOS PETICIONARIOS ALEGARON QUE DICHO RECURSO HABRÍA SIDO INEFECTIVO Y QUE DICHA DEMANDA NO TENDRÍA POSIBILIDAD ALGUNA DE PROSPERAR DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN FAVOR DEL ESTADO. IGUALMENTE ALEGARON QUE LA TRAMITACIÓN DE DICHAS DEMANDAS DURAN GENERALMENTE ENTRE 5 Y 10 AÑOS, Y QUE EN ESE MOMENTO, EL SISTEMA JUDICIAL HONDUREÑO CARECÍA DE UN MÍNIMO DE INDEPENDENCIA EN SUS DECISIONES. 35. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, SI BIEN LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE DICHO RECURSO SERÍA IMPROCEDENTE POR HABER UNA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL CASO, ELLO SE CONTRADICE CON EL HECHO DE QUE EFECTIVAMENTE INTERPUSIERON LA DEMANDA Y QUE ÉSTA FUE ADMITIDA. IGUALMENTE SU TEMOR A OBTENER UNA SENTENCIA DESFAVORABLE POR PARTE DEL PODER JUDICIAL NO ES RAZÓN SUFICIENTE PARA CONFIGURAR UNA EXCEPCIÓN AL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS EN ESTE CASO. 36. EN CUANTO A LA FALTA DE INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL Y LA PARCIALIDAD DE LOS JUECES ALEGADAS POR LOS PETICIONARIOS, LA COMISIÓN RECUERDA QUE ÉSTA NO PUEDE PRESUMIRSE PRIMA FACIE, PUES LO DECISIVO NO ES EL TEMOR SUBJETIVO DE LOS PETICIONARIOS CON RESPECTO A LA IMPARCIALIDAD QUE DEBE TENER EL TRIBUNAL QUE SE OCUPA DEL JUICIO, SINO EL HECHO DE QUE EN LAS CIRCUNSTANCIAS PUEDA SOSTENERSE QUE SUS TEMORES SE JUSTIFICAN OBJETIVAMENTE. EN ESE SENTIDO, LA CORTE EUROPEA HA MANIFESTADO QUE "EN PRINCIPIO, LA IMPARCIALIDAD DE LOS MIEMBROS DE UN TRIBUNAL SERÁ PRESUMIDA HASTA QUE SE PRUEBE LO CONTRARIO".[30] LOS PETICIONARIOS NO HAN APORTADO PRUEBAS SUFICIENTES EN ESTE SENTIDO.

Decisión

V. CONCLUSIONES 39. LA COMISIÓN HA ESTABLECIDO QUE LA PRESENTE PETICIÓN NO REÚNE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46(1)(A) Y (A) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47(A) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 40. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.083054+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.083057+00:00

Resumen del Caso

1. LOS PETICIONARIOS AFIRMAN QUE EL ESTADO DE HONDURAS ES RESPONSABLE POR LA VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL POLICÍA JOSÉ SALOMÓN LEMUS BERRIOS (EN ADELANTE “EL SEÑOR LEMUS” “O LA PRESUNTA VÍCTIMA”) POR HABERLE: I) ARRESTADO, ACUSADO Y ENCARCELADO DE MANERA TRAUMÁTICA E INJUSTA; II) SEPARADO DE SU CARGO DE MANERA DISCRIMINATORIA Y SIN OBSERVAR EL PROCEDIMIENTO LEGAL ESTABLECIDO PARA SU SEPARACIÓN; Y III) DENEGADO UNA INDEMNIZACIÓN POR ESTOS HECHOS. 2. SOBRE LA DETENCIÓN Y EL PROCESO PENAL, SEÑALAN QUE EL 15 DE DICIEMBRE DE 1999 EL JUZGADO DE LETRAS PRIMERO DEL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA (EN ADELANTE, “EL JUZGADO”) RECIBIÓ UNA ACUSACIÓN FORMULADA POR LA FISCALÍA REGIONAL EN CONTRA DEL SEÑOR LEMUS POR HURTO, ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS EN PERJUICIO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. EL 21 DE AGOSTO DE 2000, EL JUZGADO ORDENÓ LA CAPTURA DE LA PRESUNTA VÍCTIMA. SEÑALAN QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA, SIN HABER SIDO NOTIFICADA DE DICHA RESOLUCIÓN, SE PRESENTÓ ESPONTÁNEAMENTE EL 24 DE AGOSTO DEL MISMO AÑO Y FUE DETENIDA. EL 30 DE AGOSTO DE 2000, EL JUZGADO DECRETÓ EL AUTO DE PRISIÓN AL CONSIDERAR PROBADA LA EXISTENCIA DEL ILÍCITO Y LA POSIBLE RESPONSABILIDAD PENAL DEL IMPUTADO. EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2000 EL MINISTERIO PÚBLICO FORMULÓ LA ACUSACIÓN POR LOS DELITOS DE ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE LOS FUNCIONARIOS. 3. INDICAN QUE, POR SER POLICÍA, EL SEÑOR LEMUS TENÍA DERECHO A CONTAR CON UNA DEFENSA LEGAL COSTEADA POR LA INSTITUCIÓN Y QUE ESTO NO FUE OBSERVADO Y QUE ÉSTE REQUIRIÓ DE LA AYUDA DE SUS FAMILIARES PARA CONTRATAR UN ABOGADO PRIVADO DE DEFENSA. EL 11 DE FEBRERO DE 2002, EL JUZGADO DICTÓ SENTENCIA Y LO ABSOLVIÓ DE TODA RESPONSABILIDAD PENAL. EL 11 DE ABRIL DE 2002, EL JUZGADO DISPUSO LA LIBERTAD INMEDIATA DE LA PRESUNTA VÍCTIMA TRAS RECIBIR UNA SOLICITUD DE EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA PRESENTADA POR LA PRESUNTA VÍCTIMA EN RAZÓN DE QUE LA SENTENCIA DE FEBRERO DE 2002 NO HABÍA SIDO IMPUGNADA.

Derechos

ARTÍCULOS 3 (PERSONALIDAD JURÍDICA), 4 (VIDA), 5 (INTEGRIDAD PERSONAL), 7 (LIBERTAD PERSONAL), 8 (GARANTÍAS JUDICIALES), 9 (PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y RETROACTIVIDAD), 10 (INDEMNIZACIÓN), 11 (HONRA Y DIGNIDAD), 17 (PROTECCIÓN DE LA FAMILIA), 19 (DERECHOS DEL NIÑO), 21 (PROPIEDAD PRIVADA), 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY), 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL) EN RELACIÓN CON LOS ARTÍCULOS 1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS) Y 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS1; ARTÍCULOS I (LA VIDA, LIBERTAD, SEGURIDAD E INTEGRIDAD), II (IGUALDAD ANTE LA LEY), V (HONRA, REPUTACIÓN PERSONAL Y VIDA PRIVADA Y FAMILIAR), VI (CONSTITUCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA FAMILIA), IX (INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO), XI (PRESERVACIÓN DE LA SALUD Y BIENESTAR), XII (EDUCACIÓN), XVI (SEGURIDAD SOCIAL), XVII (RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA Y DE LOS DERECHOS CIVILES), XVIII (JUSTICIA), XXIV (PETICIÓN); XXV (PROTECCIÓN CONTRA LA DETENCIÓN ARBITRARIA), XXVI (PROCESO REGULAR) Y XXVIII (ALCANCE DE LOS DERECHOS) DE LA DECLARACIÓN AMERICANA DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL HOMBRE2 Y OTROS TRATADOS

Análisis del Caso

17. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA NO HA AGOTADO LOS RECURSOS INTERNOS PARA PLANTEAR LAS SUPUESTAS VIOLACIONES DE SUS DERECHOS HUMANOS REFERIDAS EN SU PETICIÓN. EN ESE SENTIDO, NO CONSTA QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA HAYA SOLICITADO SER REPRESENTADA POR UN DEFENSOR INSTITUCIONAL Y TAMPOCO QUE HAYA AGOTADO LOS RECURSOS INTERNOS EN EL MOMENTO OPORTUNO PARA CUESTIONAR LA LEGALIDAD DE SU DETENCIÓN. ASIMISMO, CON RESPECTO A LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA POR LOS DAÑOS SUPUESTAMENTE OCASIONADOS POR LA PRIVACIÓN DE LIBERTAD, LA CIDH OBSERVA QUE: I) EN LA PRIMERA ACCIÓN DE NULIDAD SE DETERMINÓ QUE NO CORRESPONDÍA SOLICITAR DICHA INDEMNIZACIÓN ANTE UN ÓRGANO QUE NO HABÍA SIDO RESPONSABLE POR SU PRIVACIÓN DE LIBERTAD; II) LA SEGUNDA ACCIÓN DE NULIDAD, EN QUE TAMBIÉN SE SOLICITÓ INDEMNIZACIÓN POR ESTOS CONCEPTOS, FUE INADMITIDA POR ERRORES FORMALES DESPUÉS DE QUE SE LE HABÍA DADO LA OPORTUNIDAD PARA CORREGIR LOS DEFECTOS; Y III) NO CONSTA QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA HAYA PRESENTADO OTRA ACCIÓN EN EL ÁMBITO CIVIL O EN EL ÁMBITO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, CORRECTAMENTE FORMULADA, PARA SOLICITAR LA INDEMNIZACIÓN REFERIDA. ASIMISMO, LAS DEMÁS VIOLACIONES ALEGADAS EN SU ACCIÓN DE NULIDAD NO FUERON ANALIZADAS DEBIDO A ERRORES FORMALES. POR TANTO, LA CIDH CONSIDERA QUE LA PRESENTE PETICIÓN NO SATISFACE EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 46.1.A DE LA CONVENCIÓN AMERICANA Y QUE NO ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS SOBRE CARACTERIZACIÓN DE POSIBLES VIOLACIONES A LOS DERECHOS INVOCADOS POR LA PRESUNTA VÍCTIMA.

Decisión

VII. DECISIÓN 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN; Y 2. NOTIFICAR A LAS PARTES LA PRESENTE DECISIÓN; Y PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.084805+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.084808+00:00

Resumen del Caso

1. LA COMISIÓN RECIBIÓ UNA DENUNCIA DE FECHA 17 DE JUNIO DE 1993, EN QUE SE ALEGA LA PRESUNTA VIOLACIÓN POR PARTE DEL ESTADO DE HONDURAS DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA (ARTÍCULO 21 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS) Y DEL DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25 DE LA MISMA CONVENCIÓN) EN PERJUICIO DEL SR. JUAN MILLA BERMÚDEZ.

Clasificación Temática

FÓRMULA DE LA CUARTA INSTANCIA

Derechos

ARTS 46 ,47 CADH

Análisis del Caso

35. LA "FÓRMULA DE LA CUARTA INSTANCIA" FUE ELABORADA POR LA COMISIÓN EN EL CASO DE CLIFTON WRIGHT, CIUDADANO JAMAIQUINO, QUE ADUJO UN ERROR JUDICIAL QUE DIO LUGAR A UNA SENTENCIA DE MUERTE EN SU CONTRA. EL SISTEMA NACIONAL NO PREVEÍA UN TRÁMITE DE IMPUGNACIÓN DE SENTENCIAS DETERMINADAS POR ERRORES JUDICIALES, LO QUE DEJÓ AL SR. WRIGHT DESPROVISTO DE RECURSOS. EN ESE CASO, LA COMISIÓN ESTABLECIÓ QUE NO PODÍA ACTUAR COMO "UNA CUARTA INSTANCIA CUASI-JUDICIAL" CON FACULTADES PARA REVISAR LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OEA. NO OBSTANTE, LA COMISIÓN DECLARÓ FUNDADOS LOS HECHOS ADUCIDOS POR EL PETICIONARIO Y DETERMINÓ QUE EL MISMO NO PUDO HABER COMETIDO EL CRIMEN. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN LLEGÓ A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL GOBIERNO DE JAMAICA HABÍA VIOLADO EL DERECHO DEL PETICIONARIO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL, LO QUE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, PORQUE EL PROCEDIMIENTO JUDICIAL INTERNO NO PERMITÍA CORREGIR EL ERROR JUDICIAL. 50. EN EL CASO DE AUTOS, EL GOBIERNO SOSTUVO EN SU CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE INFORMACIÓN FORMULADA POR LA COMISIÓN, QUE "EN LA SECUELA DEL JUICIO EL ESTADO DE HONDURAS HA OBSERVADO TODAS LAS GARANTÍAS JUDICIALES QUE NUESTRAS LEYES ADJETIVAS FRANQUEAN A LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO. LOS REMEDIOS QUE NUESTRA CONSTITUCIÓN ESTABLECE TAMBIÉN HAN SIDO GOZADOS POR EL INGENIERO JUAN MILLA BERMÚDEZ, ASÍ QUE EL ARTÍCULO 8 DE GARANTÍAS JUDICIALES DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, NO HA SIDO VIOLADO POR EL GOBIERNO DE HONDURAS". SEÑALA TAMBIÉN EL GOBIERNO QUE EN EL JUICIO DE MÉRITO Y EN LA SECUELA DEL JUICIO SE HA OBSERVADO EL DERECHO AL DEBIDO PROCESO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN. 51. CABE SEÑALAR QUE LA COMISIÓN EUROPEA HA SEGUIDO LA PRÁCTICA DE DECLARAR A LAS PETICIONES "INADMISIBLES POR SER MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS SÓLO CUANDO UN ANÁLISIS DEL EXPEDIENTE NO REVELA UNA VIOLACIÓN PRIMA FACIE" DE LAS NORMAS EUROPEAS SOBRE DERECHOS HUMANOS.[12] 52. ESA PRÁCTICA HA SIDO EXPLICADA DEL MODO SIGUIENTE: ...NO OBSTANTE, CUANDO LA COMISIÓN DECLARA QUE UNA PETICIÓN ES MANIFIESTAMENTE INFUNDADA, EN REALIDAD SE PRONUNCIA SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO, BASÁNDOSE EN UN EXAMEN PRIMA FACIE DE LOS HECHOS ADUCIDOS Y DEL FUNDAMENTO DE DERECHO EXPRESADO. POR OTRA PARTE, QUIENES ELABORARON LA CONVENCIÓN PROCURARON, DE HECHO, CONFERIR A LA COMISIÓN LA FUNCIÓN DE TAMIZ DEL GRAN NÚMERO DE PETICIONES QUE SE PREVEÍA. LA COMPETENCIA DE LA COMISIÓN DE DESESTIMAR LAS PETICIONES MANIFIESTAMENTE INFUNDADAS, A LOS EFECTOS DE NO SEGUIR TRAMITÁNDOLAS, PARECERÍA CONGRUENTE CON ESE OBJETIVO DE ECONOMÍA PROCESAL.[13] 53. CON RESPECTO AL PRESENTE CASO, LAS VIOLACIONES ALEGADAS HAN SIDO ANALIZADAS A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN INVOCADOS POR EL PETICIONARIO, OTRAS NORMAS INTERNACIONALES SOBRE DERECHOS HUMANOS, ASÍ COMO LA PRÁCTICA OBSERVADA Y ESTABLECIDA POR LA COMISIÓN, LA CORTE INTERAMERICANA Y LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS. LA DENUNCIA FUE EXAMINADA TAMBIÉN CONFORME A LOS ARTÍCULOS 8 Y 25 DE LA CONVENCIÓN, A FIN DE ESTABLECER LA POSIBILIDAD DE UNA VIOLACIÓN DEL DEBIDO PROCESO. 54. EN DEFINITIVA, UN ANÁLISIS DE LA PRESENTE PETICIÓN POR PARTE DE LA COMISIÓN, Y UNA ULTERIOR DECISIÓN SOBRE EL FONDO DEL CASO, REQUERIRÍAN QUE LA MISMA ACTUARA COMO UNA CUARTA INSTANCIA CUASI-JUDICIAL, O TRIBUNAL DE ALZADA DE DERECHO INTERNO, CON RESPECTO A LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES HONDUREÑAS. CONFORME A LA CONVENCIÓN, LA COMISIÓN CARECE DE COMPETENCIA PARA CONOCER Y DECIDIR UN PROCEDIMIENTO DE DICHA NATURALEZA, COMO HA QUEDADO EXPRESADO A LO LARGO DEL PRESENTE INFORME.

Decisión

IV. CONCLUSIÓN 55. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE ESTE CASO REÚNE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD FORMAL PREVISTOS POR EL ARTÍCULO 46 DE LA CONVENCIÓN. 56. NO OBSTANTE, EL ANÁLISIS EFECTUADO EN ESTE INFORME RESPECTO A LA INFORMACIÓN Y LAS PRUEBAS DISPONIBLES EN EL EXPEDIENTE CONDUCE TAMBIÉN A LA COMISIÓN A CONCLUIR QUE LA PETICIÓN NO REVELA NINGUNA VIOLACIÓN EVIDENTE DEL DERECHO DE PROPIEDAD (ARTÍCULO 21) NI DEL DERECHO DE IGUALDAD ANTE LA LEY (ARTÍCULO 24) INVOCADOS POR EL PETICIONARIO. LO MISMO PUEDE DECIRSE CON RESPECTO A LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8) Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25). 57. DADAS LAS CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO QUE ANTECEDEN, LA COMISIÓN DECIDE QUE EL PRESENTE CASO ES INADMISIBLE CONFORME AL ARTÍCULO 47(B) DE LA CONVENCIÓN, Y EN CONSECUENCIA ACUERDA PUBLICAR INMEDIATAMENTE ESTE INFORME E INCLUIRLO EN EL INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.086479+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.086483+00:00

Resumen del Caso

1. EL DÍA 14 DE JUNIO DE 2003, LA SEÑORA TERESA DAMARIS SIERRA (EN ADELANTE “LA PETICIONARIA”) PRESENTÓ ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN”) UNA PETICIÓN CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE HONDURAS O EL ESTADO) EN LA QUE DENUNCIA LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS DEL SEÑOR LUIS RAÚL PINOT ARMIJO (EN ADELANTE “LA PRESUNTA VÍCTIMA”) PROTEGIDOS POR LOS SIGUIENTES ARTÍCULOS DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA CONVENCIÓN”): 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY), 25 (PROTECCIÓN JUDICIAL), 1 (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS), 2 (DEBER DE ADOPTAR DISPOSICIONES DE DERECHO INTERNO). ASIMISMO, BASA SU DENUNCIA EN EL ARTÍCULO 18 (PROTECCIÓN DE LOS MINUSVÁLIDOS) DEL PROTOCOLO ADICIONAL DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, PROTOCOLO DE SAN SALVADOR (EN ADELANTE “EL PROTOCOLO ADICIONAL”). 2. LA PETICIONARIA ALEGA QUE EL 28 DE MAYO DE 2002, LA PRESUNTA VÍCTIMA PRESENTÓ UNA SOLICITUD DE EXEQUÁTUR DE NOTARIO ANTE LA SALA CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE HONDURAS PARA RECIBIR PERMISO PARA PODER EJERCER COMO NOTARIO PÚBLICO. QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA FUE DESCALIFICADA PARA EJERCER COMO NOTARIO DEBIDO A QUE ES DISCAPACITADO VISUAL. EN ESTE SENTIDO, SEÑALA LA PETICIONARIA QUE SIENDO LA PRESUNTA VÍCTIMA ABOGADO SE LE ESTÁ NEGANDO LA POSIBILIDAD DE SER NOTARIO SOLAMENTE POR SU CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD. ASIMISMO, CONSIDERA QUE SE ESTÁ FRENTE A UNA DISCRIMINACIÓN VIOLATORIA DE SUS DERECHOS Y QUE EL ESTADO NO TIENE MEDIOS PROCESALES QUE LE PERMITAN CONTRADECIR LA POSICIÓN DE LA SALA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA ENCARGADA DE EXAMINAR LAS PETICIONES PARA OCUPAR EL PUESTO DE NOTARIO. 3. EL ESTADO RESPONDE QUE LA SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD VISUAL DE LA PRESUNTA VÍCTIMA ES UN SERIO IMPEDIMENTO FÍSICO QUE LE IMPIDE PRESENCIAR, DAR FE Y TESTIMONIO DE TODOS LOS ACTOS CUYO CONOCIMIENTO CORRESPONDE A LOS NOTARIOS. QUE ESTO ES NECESARIO A FIN DE GARANTIZAR A LA CIUDADANÍA LA CONFIANZA Y SEGURIDAD JURÍDICA QUE DEBEN INSPIRAR AQUELLAS PERSONAS A QUIENES, POR DELEGACIÓN ESTATAL, SE LES CONFÍA LA FE PÚBLICA.

Derechos

ART. 47 A) CADH

Análisis del Caso

36. DEBIDO A QUE LA PETICIÓN HA SIDO PRESENTADA A LA COMISIÓN EL 20 DE JUNIO DE 2003, QUE LA FECHA DE ELABORACIÓN DE LA PETICIÓN ES DEL 14 DE JUNIO DE 2003, Y QUE LA RESOLUCIÓN DE LA CORTE SUPREMA DATA DEL 1º DE AGOSTO DE 2002, LA COMISIÓN OBSERVA QUE LA PETICIÓN SE PRESENTÓ DESPUÉS DE EXTINGUIRSE EL PLAZO DE 6 MESES ESTABLECIDO EN LA DISPOSICIÓN, POR LO CUAL CONSIDERA QUE LA PETICIÓN HA SIDO PRESENTADA EN FORMA EXTEMPORÁNEA. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE INCLUSIVE TENIENDO EN CUENTA, A FAVOR DE LA PETICIÓN, COMO POSIBLE FECHA DE NOTIFICACIÓN EL 15 DE OCTUBRE DE 2002, FECHA QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA DICE QUE SE HIZO EFECTIVA SU NOTIFICACIÓN, DE TODAS MANERAS SE ESTARÍA FRENTE A UNA PETICIÓN FUERA DEL PLAZO DE PRESENTACIÓN ESTABLECIDO EN LA CONVENCIÓN AMERICANA.

Decisión

V. CONCLUSIÓN 36. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47(A) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, DEBIDO A QUE NO CUMPLE CON EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46(1)(B) DE LA MISMA. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES Y AL ESTADO. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.088102+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.088105+00:00

Resumen del Caso

1. EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 1996, LA LICENCIADA MARÍA TERESA BULNES ACOSTA (EN ADELANTE TAMBIÉN “LA PETICIONARIA”) DENUNCIÓ ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN”, “LA COMISIÓN INTERAMERICANA, O “LA CIDH”), QUE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “EL ESTADO”, “HONDURAS” O “EL ESTADO HONDUREÑO”) VIOLÓ, EN SU PERJUICIO, LOS DERECHOS PROTEGIDOS POR LOS ARTÍCULOS 8, 10, 24, Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 2. LA LICENCIADA MARÍA TERESA BULNES ACOSTA ALEGA EN SU PETICIÓN QUE FUE REMOVIDA DEL CARGO DE JUEZ PRIMERO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZÁN EL DÍA 5 DE JULIO DE 1992 SIN QUE MEDIASE NINGUNA DE LAS CONDICIONES ESTIPULADAS POR LA LEGISLACIÓN HONDUREÑA PARA DICHA REMOCIÓN Y SIN QUE SE CUMPLIERAN LOS REQUISITOS LEGALES QUE DEBEN CUMPLIR LAS NOTIFICACIONES. 3. CON RESPECTO A LA ADMISIBILIDAD EL ESTADO ARGUMENTA, FUNDAMENTALMENTE, QUE EL ACUERDO Nº 366 DE LA CORTE SUPREMA, MEDIANTE EL CUAL SE SEPARA DEL CARGO DE JUEZ PRIMERO DE LETRAS DE FAMILIA A LA LICENCIADA MARÍA TERESA BULNES Y SE DICE QUE SE LA TRASLADA A OTRO CARGO SIN DETERMINAR EL MISMO, SE NOTIFICÓ A LA PETICIONARIA EL DÍA VIERNES 5 DE JUNIO DE 1992 Y NO EL LUNES 8 DE JUNIO COMO ELLA ALEGA. AFIRMA HONDURAS QUE, EN CONSECUENCIA, EL RECLAMO INTERPUESTO POR LA PETICIONARIA EL 18 DE JUNIO DE 1992 ANTE EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL SE PRESENTÓ FUERA DEL PLAZO DE 10 DÍAS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 67 DE LA LEY DE LA CARRERA JUDICIAL PARA RECURRIR ANTE DICHO CONSEJO, RAZÓN POR LA CUAL ÉSTE LO DECLARÓ EXTEMPORÁNEO MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 9 DE JUNIO DE 1996. INDICA, ASIMISMO, EL ESTADO, QUE LA PRESENTE PETICIÓN ES INADMISIBLE POR HABER SIDO PRESENTADA ANTE LA COMISIÓN EN FORMA EXTEMPORÁNEA Y POR NO HABERSE AGOTADO LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS, YA QUE LA PETICIONARIA DEBIÓ ACUDIR A LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Y A LA PENAL ANTES DE ACUDIR A LA VÍA INTERNACIONAL.

Clasificación Temática

OPERADORES DE JUSTICIA AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS

Derechos

ART. 46 CADH

Análisis del Caso

48. EL ESTADO ALEGA QUE LA PETICIONARIA NO CUMPLIÓ CON EL REQUISITO DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA PORQUE NO RECLAMÓ LOS SUPUESTOS DAÑOS Y PERJUICIOS EN LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA, LA ÚNICA COMPETENTE PARA RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO Y DE LAS ENTIDADES ESTATALES. AFIRMA TAMBIÉN EL ESTADO QUE LA LICENCIADA BULNES TAMPOCO AGOTÓ LA VÍA PENAL, DE ACUERDO CON LA RESERVA HECHA POR ELLA EN SU ESCRITO DE 16 DE FEBRERO DE 1996, DE ACUDIR A ESA VÍA. 49. CON RESPECTO A LA VÍA PENAL, LA COMISIÓN ESTIMA QUE UNA SIMPLE RESERVA HECHA POR LA PETICIONARIA NO IMPLICA UNA OBLIGACIÓN DE SU PARTE DE AGOTAR ESA VÍA. SIN EMBARGO, LA PETICIONARIA DEBIÓ AGOTAR LA VÍA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA PARA RECLAMAR EL PAGO DE UNA INDEMNIZACIÓN, UNA VEZ QUE EL CONSEJO DE LA CARRERA JUDICIAL DECIDIÓ EN FORMA DEFINITIVA SU DESPIDO. 50. CON BASE EN LO ANTERIOR, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LAS EXCEPCIONES OPUESTAS POR EL ESTADO SON PROCEDENTES Y QUE LA LICENCIADA BULNES NO AGOTÓ LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES INTERNOS DE HONDURAS.

Decisión

V. CONCLUSIONES 63. LA COMISIÓN CONCLUYE QUE NO TIENE COMPETENCIA PARA CONOCER LA DENUNCIA PRESENTADA POR LA PETICIONARIA, ABOGADA MARÍA TERESA BULNES ACOSTA Y QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS. 64. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE EL PRESENTE CASO POR FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS 2. NOTIFICAR LA PRESENTE DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTE INFORME E INCLUIRLO EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.089993+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.089996+00:00

Resumen del Caso

1. EL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2004, EL SEÑOR MIGUEL RICARDO DE ARRIBA ESCOLÁ, CIUDADANO ESPAÑOL RESIDENTE EN HONDURAS (EN ADELANTE “EL PETICIONARIO”) PRESENTÓ ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN”, LA “COMISIÓN INTERAMERICANA” O LA “CIDH”), UNA PETICIÓN EN CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE, “EL ESTADO” O “EL ESTADO HONDUREÑO” O “HONDURAS”) EN LA QUE DENUNCIA QUE VARIOS ÓRGANOS E INSTITUCIONES ESTATALES, TALES COMO LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, LA FISCALÍA, LA POLICÍA, EL COMISIONADO NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL CONSEJO NACIONAL ANTICORRUPCIÓN, SE HAN ABSTENIDO DE RESOLVER LAS DENUNCIAS QUE HA PRESENTADO POR DIVERSOS HECHOS ANTE TALES ESTAMENTOS, VIOLANDO ASÍ LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “CONVENCIÓN AMERICANA” O LA “CONVENCIÓN”), ENTRE OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES. 2. EL PETICIONARIO ALEGA QUE HA INTERPUESTO DENUNCIAS ANTE DIVERSAS ENTIDADES GUBERNAMENTALES Y JUDICIALES DE HONDURAS SIN QUE LE HAYAN SIDO RESUELTAS, POR LO QUE CONSIDERA QUE EL ESTADO DE HONDURAS LE VIOLENTÓ SU DERECHO A OBTENER JUSTICIA. ASIMISMO, EL PETICIONARIO DENUNCIÓ ANTE LA CIDH EL 11 DE NOVIEMBRE DE 2004 HABER SIDO EXPULSADO DE HONDURAS EL 4 DE JULIO DE 2004 SIN QUE LE FUERA ENVIADA NINGUNA COMUNICACIÓN PREVIA Y SIN QUE SE LE PERMITIERA LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO, RAZONES POR LAS CUALES ADUCE QUE LE FUE VIOLADO SU DERECHO DE DEFENSA. 3. POR SU PARTE, EL ESTADO SOLICITA A LA COMISIÓN QUE DECLARE LA INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE PETICIÓN POR CONSIDERAR QUE EL PETICIONARIO NO AGOTÓ LOS RECURSOS INTERNOS, TAL Y COMO ESTABLECE EL ARTÍCULO 46.1.A DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. AL RESPECTO, ARGUMENTA QUE AL SR. DE ARRIBA NO SE LE HA DENEGADO EL DERECHO A OBTENER JUSTICIA Y HACE UNA RELACIÓN DE LAS DILIGENCIAS REALIZADAS POR LAS DISTINTAS AUTORIDADES RESPECTO A LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS POR EL PETICIONARIO.

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ART. 47.A Y 47.B CADH

Análisis del Caso

28. SEGÚN SE INFIERE DE LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO INTERNACIONAL, REFLEJADOS EN LOS PRECEDENTES ESTABLECIDOS POR LA COMISIÓN Y LA CORTE INTERAMERICANA, RESULTA, EN PRIMER LUGAR, QUE EL ESTADO DEMANDADO PUEDE RENUNCIAR EN FORMA EXPRESA O TÁCITA LA INVOCACIÓN DE ESA REGLA[15]. EN SEGUNDO LUGAR, LA EXCEPCIÓN DE NO AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, PARA SER OPORTUNA, DEBE PLANTEARSE EN LAS PRIMERAS ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN, A FALTA DE LO CUAL SE PRESUME LA RENUNCIA TÁCITA A VALERSE DE DICHA EXCEPCIÓN POR PARTE DEL ESTADO INTERESADO[16]. EN TERCER LUGAR, DE ACUERDO CON LA CARGA DE PRUEBA APLICABLE EN LA MATERIA, EL ESTADO QUE ALEGA EL NO AGOTAMIENTO DEBE SEÑALAR LOS RECURSOS INTERNOS QUE DEBEN AGOTARSE Y PROPORCIONAR LA PRUEBA DE SU EFECTIVIDAD[17]. CONSECUENTEMENTE, SI EL ESTADO EN CUESTIÓN NO PRESENTA OPORTUNAMENTE ALEGATOS EN CUANTO A ESTE REQUISITO, SE CONSIDERA QUE HABRÁ RENUNCIADO A SU DERECHO DE ALEGAR LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS Y POR LO TANTO A SATISFACER LA CARGA DE PRUEBA QUE LE CORRESPONDE. 29. EN EL PRESENTE CASO, QUEDA POR RESOLVER SI LA DENUNCIA RESPECTO DE LA EXPULSIÓN DEL PETICIONARIO DEL TERRITORIO HONDUREÑO OCURRIDA EL 4 DE JULIO DE 2004, CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 46.1.A DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 30. AL RESPECTO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN REMITIDA POR EL SR. DE ARRIBA NO CONSTA QUE EL PETICIONARIO, AL MENOS, HAYA INTENTADO INTERPONER, POR SÍ O POR INTERPÓSITA PERSONA, RECURSOS EN LA JURISDICCIÓN INTERNA EN CONTRA DEL PROCESO DE EXPULSIÓN QUE ALEGA ARBITRARIO. SI BIEN EN ALGUNAS CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES, LA COMISIÓN HA EXIMIDO A LOS PETICIONARIOS DE LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR CON LOS RECAUDOS DEL ARTÍCULO 46 EN CASO DE EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS[18], EN EL PRESENTE ASUNTO EL PETICIONARIO NO HA PROVISTO RAZÓN ALGUNA PARA EXPLICAR POR QUÉ NO RECURRIÓ A LAS AUTORIDADES HONDUREÑAS, POR SÍ O POR TERCERA PERSONA, PARA CUESTIONAR SU EXPULSIÓN O PARA LOGRAR SU REINTEGRO AL PAÍS, NI LOS MOTIVOS QUE LO EXIMIRÍAN DE TAL REQUISITO DE INDISPENSABLE CUMPLIMIENTO PARA LA INTERVENCIÓN DE ESTA COMISIÓN. 31. LA COMISIÓN CONSIDERA POR LO TANTO QUE, DADA LA FALTA DE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS, LA PETICIÓN PRESENTADA POR EL SR. MIGUEL DE ARRIBA RELACIONADA CON SU EXPULSIÓN DE HONDURAS RESULTA INADMISIBLE CON BASE EN LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 46.1.A.

Decisión

V. CONCLUSIÓN 32. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE DE CONFORMIDAD CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 47.A Y 47.B DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN AL PETICIONARIO Y AL ESTADO. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.091584+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.091587+00:00

Resumen del Caso

1. EL 3 DE MARZO DE 1997 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA COMISIÓN" O "LA COMISIÓN INTERAMERICANA"), RECIBIÓ DEL COMITÉ PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS -CODEH- (EN ADELANTE "LOS PETICIONARIOS" O "LOS DENUNCIANTES") UNA DENUNCIA EN CONTRA DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE EL "ESTADO HONDUREÑO", "HONDURAS" O "EL ESTADO") POR LA VIOLACIÓN, EN PERJUICIO DEL SEÑOR OSCAR SIRÍ ZÚÑIGA (EN ADELANTE "LA PRESUNTA VÍCTIMA" O "EL SEÑOR SIRÍ ZÚÑIGA"), DE LOS DERECHOS A LAS GARANTÍAS JUDICIALES (ARTÍCULO 8), A LA PROPIEDAD PRIVADA (ARTÍCULO 21), Y A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ARTÍCULO 25), EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 1(1), TODOS PROTEGIDOS POR LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE "LA CONVENCIÓN" O "LA CONVENCIÓN AMERICANA"). 2. LOS HECHOS DENUNCIADOS SE REFIEREN A LA SUPUESTA OCUPACIÓN, POR PARTE DEL GRUPO MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS EN HONDURAS (DE AHORA EN ADELANTE EL “GRUPO MILITAR DE LOS ESTADOS UNIDOS” O GRUPO MILITAR”), DE UN INMUEBLE QUE SEGÚN LOS PETICIONARIOS PERTENECE AL SEÑOR SIRÍ ZÚÑIGA. LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE A RAÍZ DE DICHA OCUPACIÓN LA PRESUNTA VÍCTIMA INTERPUSO UN JUICIO POSESORIO QUE FUE RESUELTO A SU FAVOR EL 18 DE OCTUBRE DE 1994. SOBRE ESTA BASE LAS AUTORIDADES JUDICIALES HONDUREÑAS EFECTUARON VARIAS ACCIONES DE LANZAMIENTO DEL GRUPO MILITAR PERO SUS MILITARES SE NEGARON A ABANDONAR EL INMUEBLE, POSICIÓN QUE CONTÓ CON EL RESPALDO DEL OFICIAL DE ENLACE ENTRE DICHO GRUPO Y LAS FUERZAS ARMADAS HONDUREÑAS, CORONEL JOSÉ C. CASTRO 3. EL ESTADO INDICA QUE EL SEÑOR SIRÍ ZÚÑIGA ACCIONÓ CON NOTORIA FALTA DE DERECHO Y QUE NO AGOTÓ LOS RECURSOS DE LA JURISDICCIÓN INTERNA. LO ANTERIOR POR CUANTO CONSIDERAN QUE SU QUERELLA FUE MAL DIRIGIDA AL PROMOVERSE EN CONTRA DEL OFICIAL DE ENLACE Y EL GRUPO MILITAR, QUE NO TIENEN PERSONERÍA JURÍDICA, Y NO EN CONTRA DEL ESTADO HONDUREÑO, QUE ES EL PROPIETARIO LEGÍTIMO Y ACTUAL POSEEDOR DEL INMUEBLE EN CUESTIÓN. 4. SEGÚN HONDURAS, UNA SENTENCIA RECAÍDA EN UN JUICIO POSESORIO DE DOMINIO NO PUEDE DAR LUGAR A UN LANZAMIENTO, EL CUAL SOLAMENTE PUEDE SER ORDENADO CON BASE EN UNA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO ORDINARIO DE REIVINDICACIÓN DE DOMINIO, LO QUE HACE QUE LOS LANZAMIENTOS DICTADOS POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA SEAN ILEGALES.

Derechos

ART. 46 A) Y B) CADH

Análisis del Caso

43. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, SI BIEN LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE EXISTE UNA SENTENCIA DEFINITIVA A FAVOR DEL SEÑOR SIRÍ ZÚÑIGA Y QUE NO SE DEBIÓ DAR TRÁMITE AL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR EL ESTADO, TAMBIÉN ES CIERTO QUE LA CORTE DE APELACIONES ADMITIÓ DICHO RECURSO Y DICTÓ UNA SENTENCIA DENTRO DEL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, A TRAVÉS DE UN FALLO QUE CONTIENE UNA INTERPRETACIÓN DE LA LEGISLACIÓN HONDUREÑA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. EL HECHO DE QUE EL MISMO NO HAYA SIDO FAVORABLE A LOS INTERESES DEL SEÑOR SIRÍ ZÚÑIGA DESPUÉS DE VARIAS DECISIONES JUDICIALES QUE LE FUERON FAVORABLES EN LA QUERELLA DE AMPARO, NO SIGNIFICA QUE ESTÉ EXENTO DE AGOTAR LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS. LA PRESUNTA VÍCTIMA HA TENIDO LIBRE ACCESO A LOS TRIBUNALES HONDUREÑOS, QUE FALLARON A SU FAVOR EN DIFERENTES INSTANCIAS. EL HECHO DE QUE TENGA TEMOR A OBTENER UNA SENTENCIA DESFAVORABLE SI PRESENTA EL RECURSO DE AMPARO A QUE HACE REFERENCIA EL ESTADO, NO ES RAZÓN SUFICIENTE PARA NO IMPUGNAR EL FALLO DE LA CORTE DE APELACIONES NI PARA CONFIGURAR UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA DEL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS EN ESTE CASO. (ARTÍCULO 46(2)) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA). 44. LA COMISIÓN DESEA SEÑALAR QUE, SI EN UN CASO ESPECÍFICO EL RECURSO NO ES ADECUADO, ES OBVIO QUE NO HAY QUE AGOTARLO. ASÍ LO INDICA EL PRINCIPIO DE QUE LA NORMA ESTÁ ENCAMINADA A PRODUCIR UN EFECTO Y NO PUEDE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO DE QUE NO PRODUZCA NINGÚN RESULTADO O QUE SU RESULTADO SEA MANIFIESTAMENTE ABSURDO O IRRAZONABLE. EN ESTE CASO NO ES EVIDENTE QUE, DE INTERPONER DICHO RECURSO, EL MISMO NO SERÍA IDÓNEO PARA PROTEGER LA SITUACIÓN JURÍDICA PRESUNTAMENTE INFRINGIDA Y PARA PRODUCIR UN RESULTADO RAZONABLE. CONFORME AL PRINCIPIO DE SUBSIDIARIDAD DEL SISTEMA INTERAMERICANO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS CON RESPECTO AL SISTEMA JURISDICCIONAL INTERNO DE UN ESTADO, ÉSTE DEBE CONTAR CON LA OPORTUNIDAD DE RESOLVER LAS POSIBLES VIOLACIONES DENTRO DEL ÁMBITO INTERNO Y, POR ELLO, LA PRESUNTA VÍCTIMA DEBE AGOTAR LOS RECURSOS JURISDICCIONALES INTERNOS A SU ALCANCE. 45. LA COMISIÓN SEÑALA, EN TODO CASO, QUE CORRESPONDE A LOS TRIBUNALES NACIONALES INTERPRETAR LAS LEYES PROCESALES INTERNAS Y QUE LA CIDH NO TIENE COMPETENCIA PARA DETERMINAR CUÁL ES LA INTERPRETACIÓN CORRECTA DE LAS NORMAS LOCALES, A MENOS QUE LA INTERPRETACIÓN MISMA CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN DE LA CONVENCIÓN.”[25] EN EL CASO QUE SE EXAMINA LA COMISIÓN CONSIDERA QUE, DE LOS HECHOS EXPUESTOS POR LOS PETICIONARIOS, NO SE DERIVA QUE LA INTERPRETACIÓN DE NORMAS PROCESALES REALIZADA POR LAS AUTORIDADES JUDICIALES HONDUREÑAS CONSTITUYA UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA A LA CONVENCIÓN AMERICANA. 46. CON RESPECTO A LA PARCIALIDAD DE LA CORTE DE APELACIONES DE TEGUCIGALPA, ALEGADA POR LOS PETICIONARIOS, LA COMISIÓN RECUERDA QUE ÉSTA NO PUEDE PRESUMIRSE SINO QUE DEBE PROBARSE, LO QUE NO HA HECHO EN EL PRESENTE CASO EL PETICIONARIO. EN CUANTO AL TEMOR QUE PUDIERA TENER LA PRESUNTA VÍCTIMA DE QUE EL RECURSO DE AMPARO SEA RESUELTO MEDIANTE UN FALLO QUE LE SEA DESFAVORABLE, CABE RECORDAR QUE LO DECISIVO NO ES EL TEMOR SUBJETIVO DE LOS PETICIONARIOS CON RESPECTO A LA IMPARCIALIDAD QUE DEBE TENER EL TRIBUNAL QUE SE OCUPA DEL JUICIO, SINO EL HECHO DE QUE EN EL CASO CONCRETO PUEDA SOSTENERSE QUE SUS TEMORES SE JUSTIFICAN OBJETIVAMENTE. A ESTE RESPECTO, LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS HA EXPRESADO QUE NO SE PUEDE PRESUMIR CON LIGEREZA QUE UN ESTADO PARTE EN LA CONVENCIÓN HA INCUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR RECURSOS INTERNOS EFICACES. EN EL MISMO SENTIDO, LA CORTE EUROPEA, POR SU PARTE, HA MANIFESTADO QUE "EN PRINCIPIO, LA IMPARCIALIDAD DE LOS MIEMBROS DE UN TRIBUNAL SERÁ PRESUMIDA HASTA QUE SE PRUEBE LO CONTRARIO".[26] LOS PETICIONARIOS NO HAN APORTADO PRUEBAS SUFICIENTES EN ESTE SENTIDO.

Decisión

V. CONCLUSIONES 49. LA COMISIÓN HA ESTABLECIDO QUE LA PRESENTE PETICIÓN NO REÚNE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46(1)(A) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. EN CONSECUENCIA, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA PETICIÓN ES INADMISIBLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47(A) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 50. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS. 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL PARA LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.093087+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.093090+00:00

Resumen del Caso

1. EL 19 DE SETIEMBRE DE 2003 LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “COMISIÓN”, LA “COMISIÓN INTERAMERICANA” O LA “CIDH”) RECIBIÓ UNA PETICIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA BERNARDA LILIANA GÓMEZ GARCÍA Y EL SEÑOR ROLANDO ERNESTO GÓMEZ GARCÍA (EN ADELANTE LOS “PETICIONARIOS” O “PRESUNTAS VÍCTIMAS), CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS (EN ADELANTE EL “ESTADO”, EL ‘’ESTADO HONDUREÑO’’). EN LA PETICIÓN SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO POR PRESUNTAS VIOLACIONES AL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA, AL DEBIDO PROCESO LEGAL Y A LAS GARANTÍAS JUDICIALES DE LOS PETICIONARIOS. 2. EL ESTADO SOSTIENE QUE LA PETICIÓN DEBE SER DECLARADA INADMISIBLE, PORQUE NO SE AGOTARON LOS RECURSOS EXISTENTES EN LA LEGISLACIÓN HONDUREÑA. ADEMÁS AFIRMA QUE SE TRATARÍA DE UN PLEITO ENTRE PARTICULARES Y QUE EL HECHO QUE NO SE HAYA BENEFICIADO A LOS PETICIONARIOS EN EL ÁMBITO INTERNO NO SUPONE UNA VIOLACIÓN A LA CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS.

Derechos

ART. 47 B) CADH

Análisis del Caso

26. EN EL PRESENTE CASO, LOS PETICIONARIOS INTERPUSIERON LOS RECURSOS ORDINARIOS DISPONIBLES, Y NO ES EVIDENTE Y EL ESTADO NO HA EXPLICADO PORQUE HABRÁ SIDO NECESARIO INVOCAR OTRO RECURSO. RESPECTO A LAS ACCIONES PENALES ABIERTAS CONTRA LAS PRESUNTAS VÍCTIMAS, LAS PARTES INDICAN QUE FUERON SOBRESEÍDAS A SU FAVOR POR INACTIVIDAD. 27. POR LO ANTERIOR, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA PETICIÓN SATISFACE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 46.1.A) DE LA CONVENCIÓN, CON LA RESOLUCIÓN DE AMPARO DE FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 2003. 28. EN RELACIÓN CON LAS ALEGACIONES SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES POR PARTE DE LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA Y SOBRE ALEGADAS PERSECUCIONES Y AMENAZAS DE LAS QUE HABRÍAN SIDO OBJETO LOS PETICIONARIOS, LA CIDH OBSERVA QUE ESTOS NO PRESENTARON INFORMACIÓN SOBRE AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS INTERNOS. 29. RESPECTO DE LA CASACIÓN 669-1, PRONUNCIADA DENTRO DEL PROCESO 2714, QUE SEGÚN LOS PETICIONARIOS RECONOCERÍA SUS DERECHOS DE PROPIEDAD, LA COMISIÓN OBSERVA QUE LOS PETICIONARIOS NO FUERON PARTE DE DICHO PROCESO Y POR TANTO NO TIENE IMPLICANCIA JURÍDICA AL MOMENTO DE DETERMINAR EL AGOTAMIENTO DE LOS RECURSOS. 34. EN EL PRESENTE CASO, LOS PETICIONARIOS ALEGAN QUE HABRÍAN EXISTIDO UNA SERIE DE IRREGULARIDADES DURANTE EL PROCESO DE NULIDAD DE DERECHOS HEREDITARIOS IMPULSADO POR UN TERCERO EN SU CONTRA. MANIFIESTAN QUE FUERON PRIVADOS DE SUS DERECHOS DE PROPIEDAD RESPECTO DEL FUNDO DENOMINADO EL ‘’EL CHILE O CERRO GRANDE’’ DEBIDO A UNA SUPUESTA FALTA DE INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD POR PARTE DE LOS JUECES Y LAS AUTORIDADES EN TODAS LAS ETAPAS JUDICIALES. SOBRE EL PARTICULAR, LA COMISIÓN NO CUENTA CON ELEMENTOS DE JUICIO QUE LE PERMITAN INFERIR QUE LAS ACTUACIONES JUDICIALES, ACCIONES U OMISIONES ESTATALES TIENDAN A CARACTERIZAR VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO BAJO LA CONVENCIÓN AMERICANA. CONFORME A LA INFORMACIÓN PRESENTADA, LA COMISIÓN INTERAMERICANA OBSERVA QUE LA PRESUNTA VÍCTIMA TUVO ACCESO A LOS TRIBUNALES INTERNOS QUE, SIN EMBARGO, FALLARON EN SENTIDO CONTRARIO A SUS INTERESES. 35. SOBRE TALES PLANTEAMIENTOS, LA CIDH RATIFICA SU DOCTRINA SEGÚN LA CUAL NO LE CORRESPONDE REEMPLAZAR A LAS AUTORIDADES JUDICIALES INTERNAS EN LA INTERPRETACIÓN DEL ALCANCE DE LAS NORMAS DE DERECHO PROCESAL Y MATERIAL APLICABLES . LA CIDH HA ASEVERADO QUE NO PUEDE HACER LAS VECES DE UN TRIBUNAL DE ALZADA PARA EXAMINAR SUPUESTOS ERRORES DE DERECHO O DE HECHO QUE PUEDAN HABER COMETIDO LOS TRIBUNALES NACIONALES DENTRO DE LOS LÍMITES DE SU COMPETENCIA . 36. DE ESTE MODO, LA COMISIÓN CARECE DE COMPETENCIA PARA SUSTITUIR SU JUICIO POR EL DE LOS TRIBUNALES NACIONALES SOBRE CUESTIONES QUE INVOLUCREN LA INTERPRETACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL DERECHO INTERNO O LA VALORACIÓN DE LOS HECHOS. POR TANTO, LA PROTECCIÓN JUDICIAL QUE RECONOCE LA CONVENCIÓN COMPRENDE EL DERECHO A PROCEDIMIENTOS JUSTOS, IMPARCIALES Y RÁPIDOS, QUE BRINDEN LA POSIBILIDAD, PERO NUNCA LA GARANTÍA DE UN RESULTADO FAVORABLE . ASÍ, LA INTERPRETACIÓN DE LA LEY, EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE Y LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA ES, ENTRE OTROS, EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE LA JURISDICCIÓN INTERNA, QUE NO PUEDE SER REMPLAZADO POR LA CIDH

Decisión

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE LA PRESENTE PETICIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 47.B) DE LA CONVENCIÓN. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LAS PARTES. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.094829+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.094832+00:00

Resumen del Caso

1. EL 14 DE MAYO DE 1996, LAS ORGANIZACIONES RIGHTS INTERNATIONAL, THE CENTER FOR INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW Y CENTRAL AMERICAN POLITICAL ASYLUM PROJECT AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE (EN ADELANTE “LOS PETICIONARIOS”) PRESENTARON UNA PETICIÓN ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE “LA COMISIÓN”), EN LA QUE SE ALEGA LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS (EN ADELANTE “HONDURAS”, “EL ESTADO” O EL “ESTADO HONDUREÑO”) POR LA VIOLACIÓN, DE VARIOS DERECHOS CONSAGRADOS EN LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS (EN ADELANTE LA “CONVENCIÓN” O LA “CONVENCIÓN AMERICANA”) EN LOS ARTÍCULOS 1(1) (OBLIGACIÓN DE RESPETAR LOS DERECHOS), 7 (DERECHO A LA LIBERTAD PERSONAL), 13 (LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE EXPRESIÓN) Y 24 (IGUALDAD ANTE LA LEY), EN PERJUICIO DEL SEÑOR SANTOS HERNÁN GALEAS GONZÁLEZ (EN ADELANTE “EL SEÑOR GALEAS” O “LA PRESUNTA VÍCTIMA”). 2. SE ALEGA EN LA PETICIÓN QUE DESDE 1980 HASTA 1987, EL SEÑOR GALEAS EMITIÓ DIVERSAS OPINIONES SOBRE SUPUESTOS ACTOS DE CORRUPCIÓN DE VARIOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS, TRÁFICO DE ARMAS, NARCOTRÁFICO Y EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES, ENTRE OTROS. EN 1989, EL COLEGIO DE PERIODISTAS DE HONDURAS (EN ADELANTE CPH) INICIÓ UNA ACCIÓN PENAL EN CONTRA DE ÉSTE, ACUSÁNDOLO DEL DELITO DE USURPACIÓN DE FUNCIONES Y TÍTULO EN PERJUICIO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE HONDURAS, LA CUAL CORRESPONDE, SEGÚN LOS PETICIONARIOS, A UN ACTO DE REPRESALIA POR LAS OPINIONES EMITIDAS POR EL SEÑOR GALEAS. POSTERIORMENTE SE LE CONCEDIÓ LIBERTAD PROVISIONAL A LA PRESUNTA VÍCTIMA BAJO CAUCIÓN, Y A PARTIR DE ESTA ETAPA, EL PROCESO QUEDÓ EN SUSPENSO. LOS PETICIONARIOS ALEGARON QUE DICHO PROCESO, ASÍ COMO LA OBLIGATORIEDAD DE LA COLEGIACIÓN DE LOS PERIODISTAS EN HONDURAS, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN DEL SEÑOR GALEAS. 3. POSTERIORMENTE, EL SEÑOR GALEAS FUE DESPEDIDO DE SU TRABAJO, Y EL CPH HABRÍA TRANSMITIDO, SEGÚN LOS PETICIONARIOS, UNA CIRCULAR A LOS DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DE HONDURAS, POR MEDIO DE LA CUAL SE ADVERTÍA QUE EL SEÑOR GALEAS NO ESTABA FACULTADO PARA EJERCER LABORES PERIODÍSTICAS Y SE ESTABLECÍA UNA MULTA DE 5,000 LEMPIRAS A QUIEN LE CONTRATASE. ASIMISMO, EL SEÑOR GALEAS HABRÍA RECIBIDO AMENAZAS DE MUERTE, LO QUE LE MOTIVÓ A ABANDONAR EL PAÍS. 4. SEGÚN LOS PETICIONARIOS, ENTRE 1991 Y 1992 EL SEÑOR GALEAS EJERCIÓ LA LABOR DE PERIODISTA EN VENEZUELA Y REGRESÓ A HONDURAS EN FEBRERO DE 1992, DONDE HABRÍA RECIBIDO UNA NUEVA AMENAZA POR PARTE DE UN FUNCIONARIO PÚBLICO, QUE LO HABRÍA MOTIVADO A TRASLADARSE A ESTADOS UNIDOS, DONDE SE LE CONCEDIÓ ASILO POLÍTICO EL 2 DE AGOSTO DE 1994. 5. EL ESTADO CONTRADIJO LA EXISTENCIA DE TALES AMENAZAS, Y SOSTUVO QUE LA ACCIÓN ENTABLADA POR EL CPH EN CONTRA DEL SEÑOR GALEAS HABRÍA PRESCRITO, POR LO QUE ÉSTE NO DEBERÍA TENER TEMOR DE REGRESAR AL PAÍS. EXPRESÓ, IGUALMENTE, QUE EL CPH ES UNA ENTIDAD DE ÍNDOLE PRIVADA, POR LO QUE SUS ACTOS NO ACARREAN RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL PARA EL ESTADO HONDUREÑO.

Análisis del Caso

21. AMBAS PARTES COINCIDEN EN QUE LOS RECURSOS INTERNOS NO FUERON UTILIZADOS. POR LO TANTO, LA CONTROVERSIA RADICA EN SI DEBEN O NO APLICARSE LAS EXCEPCIONES DEL ARTÍCULO 46, INCISO 2(B) AL PRESENTE CASO. 22. EL ESTADO HONDUREÑO MANIFESTÓ QUE EL SEÑOR GALEAS DISPONÍA DE LOS RECURSOS JUDICIALES DESTINADOS A DECLARAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY QUE EXIGE LA COLEGIACIÓN OBLIGATORIA DEL PERIODISTA Y DE LOS REGLAMENTOS INTERNOS DEL COLEGIO DE PERIODISTAS DE HONDURAS, LOS CUALES NO FUERON UTILIZADOS POR EL SEÑOR GALEAS. IGUALMENTE SEÑALÓ LAS AUTORIDADES COMPETENTES A LAS QUE PUDO HABER ACUDIDO. EL SEÑOR GALEAS NO CONTROVIRTIÓ ESTE HECHO, PERO ALEGA QUE NO LOS PUDO AGOTAR DEBIDO A LAS AMENAZAS QUE PRESUNTAMENTE HABÍA RECIBIDO. LA CORTE INTERAMERICANA HA EXPRESADO ANTERIORMENTE QUE “NO SE DEBE PRESUMIR CON LIGEREZA QUE UN ESTADO PARTE EN LA CONVENCIÓN HA INCUMPLIDO CON SU OBLIGACIÓN DE PROPORCIONAR RECURSOS INTERNOS EFICACES”[3] POR LO QUE, AL HABER PROBADO EL ESTADO LA EXISTENCIA DE DICHOS RECURSOS, CORRESPONDE AL PETICIONARIO PROBAR SU FALTA DE EFICACIA, LO QUE NO SUCEDIÓ EN EL PRESENTE CASO. 23. NO OBSTANTE, LA COMISIÓN OBSERVA QUE EL PETICIONARIO PRESENTÓ ALEGATOS SUBSTANCIALES RESPECTO AL IMPEDIMENTO PARA UTILIZAR LA JURISDICCIÓN INTERNA, LOS CUALES NO FUERON DEBIDAMENTE INVESTIGADOS POR EL ESTADO HONDUREÑO. 24. ASÍ, LOS PETICIONARIOS DENUNCIARON INTERCEPTACIÓN DE COMUNICACIONES TELEFÓNICAS Y AMENAZAS DE MUERTE Y ENCARCELAMIENTO POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADO, REFIRIÉNDOSE CONCRETAMENTE A TRES AMENAZAS: LA PRIMERA DE ELLAS POR PARTE DEL CORONEL AMAYA, MIEMBRO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS; POSTERIORMENTE; EL SEÑOR GALEAS HABRÍA RECIBIDO UNA LLAMADA DEL SEÑOR GILBERTO GOLDSTEIN, PRIMER SECRETARIO DEL ENTONCES PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, QUIEN LE HABRÍA HECHO LA ADVERTENCIA DE SALIR DEL PAÍS INMEDIATAMENTE, Y LA TERCERA, CON OCASIÓN DEL REGRESO DEL SEÑOR GALEAS A HONDURAS EN 1992, HABRÍA SIDO PROFERIDA POR EL SEÑOR RODOLFO IRÍAS NAVAS, QUIEN LE HABRÍA HECHO SIMILARES ADVERTENCIAS. 25. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE ESTA SITUACIÓN DE INSEGURIDAD PERSONAL HABRÍA IMPEDIDO AL SEÑOR GALEAS UTILIZAR LOS MECANISMOS JUDICIALES DESTINADOS A PROTEGER SUS DERECHOS 27. POR TANTO, LA COMISIÓN CONSIDERA QUE RESULTA APLICABLE AL PRESENTE CASO LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 46(2)(B). 28. VISTA LA APLICABILIDAD DE LA EXCEPCIÓN AL REQUISITO PREVIO DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS AL PRESENTE CASO, CORRESPONDE A LA COMISIÓN DETERMINAR SI ÉSTA FUE INTERPUESTA DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, COMO ESTIPULA EL ARTÍCULO 32, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN. A ESTE RESPECTO, LA COMISIÓN OBSERVA QUE TRANSCURRIERON CUATRO AÑOS DESDE EL ÚLTIMO SUPUESTO HECHO VIOLATORIO HASTA QUE EL PETICIONARIO PRESENTÓ SU DENUNCIA A LA CIDH, ES DECIR, LA ÚLTIMA AMENAZA FUE RECIBIDA EN FEBRERO DE 1992, TRAS LA CUAL EL SEÑOR GALEAS DECIDIÓ TRASLADARSE A LOS ESTADOS UNIDOS. A CRITERIO DE LA COMISIÓN, CUATRO AÑOS NO CONSTITUYEN EN EL PRESENTE CASO UN PLAZO RAZONABLE, YA QUE LA SUPUESTA VÍCTIMA PUDO HABER PRESENTADO SU DENUNCIA EN CUALQUIER MOMENTO A PARTIR DE SU SALIDA DE HONDURAS. AÚN ACEPTANDO EL ARGUMENTO DEL PETICIONARIO DE QUE LA FECHA DEBE CONTARSE A PARTIR DEL OTORGAMIENTO DEL ASILO EN LOS ESTADOS UNIDOS EN 1994, LA CIDH NOTA QUE TRANSCURRIERON DOS AÑOS MÁS PARA QUE LA PETICIÓN FUERA PRESENTADA EN 1996, LO QUE TAMBIÉN EXCEDE EL LÍMITE DE RAZONABILIDAD. 29. LA COMISIÓN CONSIDERA QUE EL ARGUMENTO DE LOS PETICIONARIOS DE NO HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA POSIBILIDAD DE SOMETER PETICIONES INDIVIDUALES ANTE LA CIDH HASTA OCTUBRE DE 1995 NO ES VÁLIDO EN EL PRESENTE CASO. AÚN EN LA HIPÓTESIS MÁS FAVORABLE AL PETICIONARIO DE ADMITIR SU DESCONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ANTE LA CIDH, CONSTA EN EL EXPEDIENTE QUE LA PETICIÓN FUE PRESENTADA EN MAYO DE 1996, ES DECIR SIETE MESES DESDE LA FECHA EN QUE ÉSTE O SU ABOGADO SE HABRÍAN ENTERADO DE LA POSIBILIDAD DE PRESENTAR PETICIONES INDIVIDUALES ANTE LA CIDH.

Decisión

V. CONCLUSIONES 32. TODA VEZ QUE LA CIDH HA DETERMINADO QUE LA PRESENTE PETICIÓN NO REÚNE EL REQUISITO DE PLAZO RAZONABLE DE INTERPOSICIÓN DE LA DENUNCIA, AL RESULTAR APLICABLES LAS EXCEPCIONES A LA REGLA DE AGOTAMIENTO DE RECURSOS INTERNOS, NO ES NECESARIO REFERIRSE A LOS DEMÁS ARGUMENTOS DE LAS PARTES ACERCA DE LOS ARTÍCULOS 46 Y 47 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 33. POR LO TANTO, LA COMISIÓN CONCLUYE QUE LA PETICIÓN BAJO ESTUDIO NO REÚNE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 32(2) DEL REGLAMENTO DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y ES INADMISIBLE, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47(A) DE LA CONVENCIÓN AMERICANA. 34. CON FUNDAMENTO EN LOS ARGUMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO ANTES EXPUESTOS, LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, DECIDE: 1. DECLARAR INADMISIBLE EL PRESENTE CASO. 2. NOTIFICAR ESTA DECISIÓN A LOS PETICIONARIOS Y AL ESTADO. 3. PUBLICAR ESTA DECISIÓN E INCLUIRLA EN SU INFORME ANUAL A LA ASAMBLEA GENERAL DE LA OEA.

Fecha de Creación

2024-02-06 04:04:21.096625+00:00

Fecha de Actualización

2024-02-06 04:04:21.096628+00:00